El Porteño
por Gustavo Burgos
La absolución de Claudio Crespo no constituye un error judicial ni una anomalía del sistema: es la consagración jurídica de una política de Estado contrainsurgente. El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio por acreditado que fue Crespo quien disparó el proyectil que dejó ciego de ambos ojos a Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019, pero resolvió que esa conducta no es punible al amparo de una eximente de responsabilidad que colisiona frontalmente con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado chileno. No se negó el hecho. Se negó la responsabilidad. La impunidad fue elevada a norma.
Como toda resolución judicial relevante, este fallo no es algo aleatorio. Es el resultado coherente de una orientación política contrainsurgente adoptada por el conjunto del régimen y, de manera particularmente activa, por la pretendida “izquierda” institucionalizada —FA y PC— que asumió el lenguaje, las categorías y los reflejos de la extrema derecha: enemigo interno, seguridad como valor supremo y derecho penal del enemigo. Sin la batería de legislación represiva y sin la práctica sistemática de respaldo político a la violencia estatal desplegada bajo el gobierno de Gabriel Boric, este aberrante fallo absolutorio —que de paso vuelve a exhibir a un Poder Judicial al servicio de los violadores de derechos humanos— no habría sido posible. En este marco, las cínicas declaraciones de el senador PC Daniel Núñez, del diputado frenteamplista Gonzalo Winter y el humanista Tomás Hirsch, alzando la voz contra la impunidad sin hacerse cargo de su propia responsabilidad en haber creado el marco normativo para que esta impunidad tenga lugar, no hacen más que evidenciar el miserable papel reaccionario y contrainsurgente de la política que hasta hoy llevan adelante.
La disputa actual ya no gira en torno a cómo transformar Carabineros de Chile, sino a quién los apoya de manera más incondicional: si la derecha tradicional o el propio oficialismo. La discusión sobre la “reforma” fue archivada; los tuits que denunciaban violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular fueron enterrados; y las críticas a proyectos nacidos del piñerismo —como la llamada infraestructura crítica— quedaron convenientemente en el olvido. Hoy el objetivo es acumular gestos públicos, mediáticos y legislativos de respaldo irrestricto a la institución policial.
El resultado ha sido una completa normalización del discurso del uso letal de la fuerza. Desde arengas presidenciales que garantizan “todo el respaldo” a Carabineros en fechas cargadas de memoria popular, hasta afirmaciones oficiales que justifican el disparo como herramienta ordinaria de persecución. La derecha presiona desde el Parlamento, otros “toman palco” y varios se posicionan electoralmente; pero el balance es inequívoco: el gobierno impulsa la agenda de la derecha y quien capitaliza es la derecha. Aquello que se prometió como un dique para “frenar al fascismo” terminó por abrirle la puerta a una escalada autoritaria, securitaria y represiva que golpea a los sectores populares, a la juventud y a quienes se organizan y luchan.
La Ley Naín Retamal es el ejemplo más acabado de esta deriva. Presentada como un instrumento para “proteger la función policial”, en los hechos instala privilegios penales y procesales que incentivan el uso de la fuerza, alteran la carga de la prueba, restringen medidas cautelares y consagran una legítima defensa privilegiada para agentes estatales, incluso en contextos de orden público. Diversas advertencias técnicas y de derechos humanos —incluidas las provenientes de organismos especializados— fueron ignoradas. La ley fue asumida como propia por el Ejecutivo, con la promesa de “perfeccionarla” mientras se la aplicaba.
La experiencia comparada es elocuente. El “gatillo fácil” no reduce la delincuencia ni mejora la seguridad: al contrario, multiplica las víctimas y la impunidad. Estados Unidos ofrece imágenes reiteradas de violencia policial con consecuencias letales; Argentina exhibe cifras persistentes de muertes a manos de fuerzas de seguridad. En Chile, la evidencia nacional demuestra que el aumento de penas, la expansión carcelaria y los estados de excepción no resuelven el problema de la seguridad: 2020 —pandemia, toques de queda, presencia militar— registró una de las tasas de homicidios más altas de la historia reciente. Y la dictadura mostró, durante 17 años de excepción casi permanente, que la represión convive con la expansión del narcotráfico y la descomposición social.
Los problemas de seguridad no se explican por falta de castigo, sino por la explotación, la desigualdad, la deserción escolar, la precariedad habitacional y la exclusión estructural propias del modelo capitalista. Responder con más represión y más privilegios para las policías desplaza el conflicto hacia quienes protestan y se organizan, y consolida la impunidad del poder como regla.
En efecto, la ley Naín-Retamal no opera sola. Forma parte de una batería de más de una setenta de proyectos transformados en ley orientados a aumentar penas, expandir facultades policiales, restringir garantías y militarizar territorios, incluidos los prolongados estados de excepción en Wallmapu y los llamados a extenderlos a la zona central. A ello se suma la infraestructura crítica y la aprobación exprés de agravantes penales sin deliberación sustantiva. El gobierno decidió jugar con las reglas y el lenguaje de la derecha, y ese juego solo puede traducirse en peligros concretos para comunidades mapuche, trabajadores y movimientos sociales.
La propia arquitectura jurídico-penal de la Naín-Retamal —con presunciones favorables a agentes estatales, restricciones a la prisión preventiva de policías y un estatuto de protección penal excepcional— desarma principios básicos del Estado de derecho liberal burgués, como la igualdad ante la ley y la rendición de cuentas. Estos rasgos han sido analizados críticamente desde la política criminal, subrayando su carácter punitivista, populista y tensionado con el garantismo y los derechos fundamentales.
El veredicto que absuelve a Crespo, leído con pasión fascista por el tribunal hoy en la mañana, sintetiza este proceso. Reconoce que el disparo provino de su arma, pero declara “justificada” la acción en un contexto redefinido como “agresión letal” de manifestantes que amenazaban «asesinar» a los policías y amparado por reglamentos laxos o inexistentes sobre direccionamiento y distancia. La eximente se impone incluso cuando la consecuencia es una lesión gravísima e irreversible. Así, la ley y su interpretación premian la violencia y castigan la protesta.
La represión del desalojo de la Toma Centinela en San Antonio ofrece el correlato material de esta doctrina. Operativos de fuerza desmedida contra familias trabajadoras muestran cómo el discurso que criminaliza al “enemigo interno” se traduce en práctica cotidiana. No son excesos: es el método.
Lo que presenciamos no es un desliz coyuntural, sino la culminación de un proceso que instala una dictadura civil: sin clausurar el Parlamento ni suspender elecciones, juridiza la violencia estatal, neutraliza a las víctimas y convierte la impunidad en política pública. El lenguaje celebratorio del propio Crespo —que presenta el disparo como defensa del orden frente a un “estallido delictual”— coincide con la narrativa oficial que legitima la fuerza como solución. Cuando ese discurso se vuelve ley y jurisprudencia, el “nunca más” se vacía de contenido.
La absolución de Crespo abre una época. Una época de cinismo en la que el Estado puede cegar legalmente, reprimir puede ser “progresista” y se puede desalojar a pobladores con «respeto a derechos fundamentales». Con la absolución de Crespo la impunidad ha sido elevada a doctrina del Estado.
Nada sería más funcional al régimen que transformar este fallo en desaliento privado. No corresponde desmoralizarse ante la absolución de Crespo ni ante la impunidad convertida en doctrina: corresponde, por el contrario, practicar una indignación política activa, lúcida, organizada. Cuando el Estado legaliza la violencia y el Poder Judicial la bendice, la respuesta no puede limitarse a la lamentación, ni a la espera de una corrección institucional que no vendrá. La tarea es redoblar los esfuerzos de organización y movilización, en sindicatos, poblaciones, centros de estudio y todo espacio donde la clase trabajadora pueda levantar fuerza colectiva para enfrentar la ofensiva patronal en curso.
Porque lo que está en marcha no es solo un ataque contra una víctima emblemática como Gustavo Gatica: es una feroz ofensiva patronal que pretende imponer el terror contra el pueblo, paralizar la protesta, disciplinar la pobreza y convertir la calle en un campo de castigo. En ese cuadro, los discursos jactanciosos de la derecha —llamando a “celebrar” la impunidad— y el propio Crespo ofreciendo este fallo como plataforma para profundizar el ataque contra toda forma de protesta social, no deben ser leídos como simple provocación: son la confesión de una estrategia. Quieren que el veredicto se convierta en precedente cultural, en permiso práctico para disparar, mutilar y criminalizar.
Por eso, este episodio debe operar como un punto de apoyo para alzar las banderas de la clase trabajadora: la defensa irrestricta de las libertades democráticas —el derecho a a toda forma de huelga y paralización, a manifestarse, a organizarse, reunirse y resistir— y la lucha consecuente contra el dispositivo represivo, venga envuelto en retórica derechista o en el miserable maquillaje progresista. Debemos ser capaces de nombrar el fondo del problema: la impunidad policial no es un accidente, es un engranaje del oprobioso orden social capitalista, que necesita violencia para sostener explotación, desigualdad y la miseria. Frente a esa maquinaria, la única respuesta realista es la acción colectiva: organizarse, movilizarse y combatir, en todo escenario, hasta quebrar el régimen de impunidad y abrir paso a una salida propia de los explotados.
En exclusiva dejamos a disposición de nuestros lectores el Acta de Deliberación del 4° Tribunal Oral de Santiago
