por Jano Ramírez
En Chile no existe una justicia neutral. Existe un aparato judicial al servicio del orden, diseñado para garantizar impunidad a los agentes represivos del Estado y a las élites, mientras despliega toda su fuerza contra el pueblo organizado. La reciente absolución de Claudio Crespo y la detención de familiares de Julia Chuñil no son hechos aislados, son parte de una misma lógica represiva y de clase.
Por un lado, Claudio Crespo, ex carabinero responsable de mutilaciones y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, queda absuelto. No pese a las pruebas, sino aun existiendo registros, testimonios y víctimas directas. El mensaje del Poder Judicial es inequívoco, los agentes del Estado que reprimen al pueblo están protegidos.
Por otro lado, en el caso de Julia Chuñil, dirigenta mapuche y defensora del territorio, el Estado avanza con detenciones espectaculares de familiares, intentando instalar rápidamente la idea de “caso cerrado”. No es justicia, es control político del relato. Es el intento de transformar un crimen atravesado por un contexto histórico de despojo, militarización y persecución, en un simple hecho policial desprovisto de toda dimensión política.
Este contraste no es casual.
Es la justicia de clase operando con absoluta coherencia.
Cuando el acusado es un carabinero que mutiló al pueblo en las calles, la justicia absuelve.
Cuando el caso involucra al pueblo mapuche, el aparato estatal criminaliza, estigmatiza y realiza montajes.
La historia del Wallmapu es clara y brutal.
despojo territorial, exterminio, represión militar, persecución judicial y montajes. Desde la ocupación militar del territorio hasta las causas armadas de las últimas décadas, operación Huracán, testigos falsos, pruebas fabricadas, prisiones preventivas como castigo, el Estado chileno ha utilizado sistemáticamente el sistema judicial como herramienta de guerra interna.
En ese marco, lo que hoy ocurre con el caso de Julia Chuñil no puede leerse de forma aislada. La detención de familiares aparece como un nuevo intento de criminalización, funcional a cerrar el conflicto, desactivar la solidaridad y reinstalar el viejo relato, no hay Estado responsable, no hay despojo estructural, no hay represión. el problema estaría “al interior” del propio pueblo mapuche.
Ese relato es falso y profundamente reaccionario.
Sirve para lavar la imagen del Estado, legitimar la militarización del territorio y justificar futuras persecuciones.
La absolución de Crespo termina de desnudar el cuadro completo.
En Chile, la justicia protege a los asesinos del pueblo y persigue a quienes luchan. No es una desviación del sistema, es su funcionamiento normal.
Por eso denunciamos con fuerza este doble estándar.
impunidad para los represores, criminalización para el pueblo mapuche.
Protección para el uniforme, castigo para la comunidad.
Blindaje para el poder, persecución para quienes resisten.
No aceptamos montajes.
No aceptamos criminalización.
No aceptamos una justicia al servicio del capital y la represión.
Fin a la criminalización del pueblo mapuche.
Basta de montajes del Estado chileno.
Abolición de la propiedad privada de la tierra, el fin de todos los males: de la pobreza, del hambre, de la ignorancia, del racismo, del clasismo, de la explotación, de la oligarquía, de la represión, y del fin del sistema capitalista como régimen dictatorial.