Esa trayectoria, iniciada en los primeros años del siglo pasado y conducida por la FOCH de Recabarren, logró arrebatar importantes derechos al poder de la época.
Estas demandas se tradujeron en normas esenciales de protección para los trabajadores, las cuales finalmente se plasmaron en el Código del Trabajo durante el régimen de Carlos Ibáñez del Campo. Si bien la promulgación de dicho código buscaba descomprimir la presión social, el Estado se vio obligado a reconocer las históricas exigencias del mundo obrero que se materializaron en varias leyes laborales.
De ahí en adelante, por más de 40 años, la clase trabajadora fue conquistando derechos y mejoras, un proceso que nunca estuvo exento de costos altísimos. Nuestra historia, no una sino infinidad de veces, se tiñó con la sangre de los trabajadores en la pampa salitrera y en la zona del carbón: la Escuela Santa María de Iquique en 1907, la matanza de San Gregorio en 1921, La Coruña en 1925, Ránquil en 1934, la matanza del Seguro Obrero en 1938, y tantas otras que la historia oficial, de manera premeditada, busca que el pueblo no conozca y que quienes las conozcan, las olviden.
Con el golpe de Estado de 1973 se produjo una ofensiva brutal contra los trabajadores, quienes habían logrado acceder a una participación del ingreso nacional superior al 60%; un porcentaje que jamás volverían a recuperar. De ahí que la dictadura cívico-militar tuviera como principal objetivo desmantelar la estructura político-jurídica construida a lo largo de ese medio siglo de avances y retrocesos donde, a pesar de todo, la clase obrera siempre logró avanzar.
La promulgación del Plan Laboral en 1979, dictado a seis años de instalado el régimen de Pinochet, buscaba cristalizar una doctrina inspirada en las concepciones más reaccionarias del pensamiento moderno. Aquella visión acentuaba el foco en el desarrollo de las naciones favoreciendo exclusivamente la iniciativa privada, otorgándole al capital poderes plenipotenciarios para actuar sin ningún tipo de trabas ni contrapesos. Esto exigía, como condición sine qua non, desarmar a las organizaciones de los trabajadores y disminuir al máximo sus fuerzas, arrebatándoles un instrumento histórico que ayudaba a corregir la desigualdad en las relaciones laborales: la negociación colectiva. Se trataba no solo de jibarizar y diezmar al movimiento sindical, sino de reducirlo al punto de dejarlo como algo meramente decorativo, permitiéndole al régimen de la época mostrar una falsa fachada de respeto al ejercicio sindical.
Ha pasado mucho tiempo. Ninguno de los gobiernos postdictadura intentó derribar ese andamiaje construido, entre otras concepciones, bajo una lógica civilista que acabó con el principio rector del derecho laboral: el principio in dubio pro-operario; es decir, aquel que dicta resolver siempre a favor de proteger a la parte más débil de la relación: el trabajador.
Los gobiernos siguientes a la dictadura fueron más lejos y consolidaron la flexibilidad de manera grosera. Introdujeron mecanismos que debilitaron significativamente la fuerza de las organizaciones sindicales: la ley de subcontratación y las normas de negociación colectiva -como los pactos de adaptabilidad y los servicios mínimos- son, en realidad, herramientas que esconden una profunda desprotección. Esto ha convertido a Chile, dentro de la región, en el país que otorga las mayores facilidades a la clase empresarial.
Hoy, la historia se repite con las nuevas reformas impulsadas por el Gobierno, sin que se escuche una voz contundente y firme de rechazo de parte de los sectores autodenominados de “oposición”. En efecto, el debate de la Sala Cuna Universal se deforma por completo. Las indicaciones presentadas al proyecto revelan un diseño inaceptable: financiar el beneficio disminuyendo la cotización destinada al Fondo de Cesantía Solidario. Esto significa, en los hechos, desvestir a un santo para vestir a otro. El propósito subyacente de esta maniobra es que el empresariado asuma costo cero en la reforma, debilitando el seguro que protege al trabajador desempleado y gravando, una vez más, a la parte más débil de la relación.
Tan grave como lo anterior es el intento de acabar con las indemnizaciones por años de servicio. Esta conquista, que ni la dictadura se atrevió a conculcar completamente, responde a una matriz no solo jurídica, sino filosófica. Dicha noción era compartida -a regañadientes por la derecha- por los distintos sectores políticos del país: se trataba, simplemente, de asignar y reconocer al trabajo la condición de derecho inalienable del trabajador. El atropello a esta garantía genera una obligación absoluta de reparación. Si el empleador extingue este vínculo, provoca un daño que se resarce mediante la indemnización. Eliminarla destruye una institución histórica y significa un retroceso civilizatorio. Lo más grave es que, al suprimirla, el trabajo deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía de la cual la clase patronal puede disponer sin otorgar garantías; pasa a ser una mera dádiva del patrón, algo absolutamente contrario a la doctrina del derecho laboral.
Como se apreciará, se avanza en desmantelar lo que queda al mundo del trabajo. Existe una continuidad absoluta de la filosofía que se mantiene intacta desde el Plan Laboral de 1979: favorecer a como dé lugar al empresariado bajo la premisa de que así habrá inversión y crecimiento. Siguen atrapados en el mito de que el trabajo lo otorga el capital y no la fuerza del trabajador.
En este cuadro, parece urgente plantearse cómo el movimiento social y los trabajadores logran representarse adecuadamente para tener voz en este debate legislativo. De no mediar cambios estructurales en la manera de concebir las relaciones laborales, las cosas seguirán por un derrotero gravísimo para quienes viven de un salario, legitimando reformas que precarizan los fondos de seguridad social y golpean el bolsillo del mundo del trabajo.
22 de junio de 2026
