Condena al amedrentamiento e intimidación contra Fundación Libera y Ecoceanos por denunciar trabajo forzado en sectores exportadores de Chile
Las organizaciones y personas suscribientes, comprometidas con la vigencia de los estándares internacionales de derechos humanos y empresas, y el combate a la trata de personas y al trabajo forzoso, manifiesta su más enérgica condena ante la campaña de amedrentamiento e intimidación que se ha desatado en redes sociales, y que ha sido alentada por declaraciones de figuras públicas del Estado y del empresariado, en contra de las organizaciones “Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas” y “Ecoceanos”.
Ambas organizaciones tienen una larga trayectoria en la documentación, denuncia y exigencia de rendición de cuentas frente a vulneraciones de derechos humanos laborales, lo que las llevó a participar en las investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos y otros mecanismos de debida diligencia y trazabilidad de cadenas de suministro. De esta forma, en el contexto de las recientes sanciones arancelarias impuestas por Estados Unidos a Chile -y 38 otras economías del mundo-, diversos sectores han aprovechado la contingencia para ilegítimamente vincular estas denuncias de incumplimiento de estándares internacionales con las decisiones de la actual administración norteamericana. Esto no es solo falaz y éticamente reprochable, sino que también alimenta un ambiente de desconfianzas y odiosidad hacia las organizaciones de la sociedad civil, evadiendo la seriedad del problema y aprovechándose de una contingencia geopolítica que está fuera de la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en toda democracia. Documentar, investigar, alertar sobre posibles vulneraciones de derechos humanos y recurrir a los mecanismos nacionales e internacionales disponibles para ello constituye una actividad legítima, protegida por la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos. Estos principios forman parte de los compromisos asumidos por Chile en el ámbito internacional y son esenciales para fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas.
La estigmatización de quienes denuncian vulneraciones de derechos humanos no solo pone en riesgo la seguridad de las organizaciones y de las personas que las integran, sino que también debilita el espacio cívico, desalienta la denuncia de abusos y erosiona las condiciones necesarias para que empresas y Estados puedan prevenir y remediar impactos negativos sobre los derechos humanos.
Como organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, hacemos un llamado tanto a figuras políticas como representantes de gremios e industrias y a la opinión pública a:
● Terminar con toda campaña de desprestigio, hostigamiento y amedrentamiento contra Fundación Libera y Ecoceanos, así como contra cualquier organización o persona defensora de derechos humanos que denuncie situaciones de explotación laboral en Chile.
● A las autoridades del Estado y a los representantes del sector empresarial a abstenerse de declaraciones que estigmaticen la labor de denuncia y a responder al fondo de las evidencias presentadas, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
● Solicitar al Estado de Chile adoptar medidas concretas y verificables de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, en línea con la Declaración de Naciones Unidas de 1998 y las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas que han visitado el país.
● Reiterar la necesidad de que el Estado chileno avance, sin más dilación, hacia una política de debida diligencia obligatoria en derechos humanos aplicable a los sectores exportadores, en particular agricultura y salmonicultura, que responda a décadas de evidencia acumulada y no reconocida.
La labor de quienes documentan y denuncian violaciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial no es un obstáculo al desarrollo económico del país: es una condición necesaria para que ese desarrollo sea compatible con la dignidad humana.
