Proyecto de ley aprobado por el Congreso cede las tierras raras a las multinacionales, y genera críticas por atentar contra la soberanía del país
CSP-Conlutas, 9-9-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 11-9-2026
El proyecto de ley 2780/2024, aprobado en el Senado el pasado miércoles (2 de septiembre), que instituye la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos (PNMCE), solo está pendiente de la firma presidencial de Lula. El proyecto era una de las prioridades del gobierno para que fuera aprobado durante la denominada «semana de esfuerzo concentrado» del Congreso y se presenta como un triunfo político y electoral. Sin embargo, el texto es objeto de críticas y advertencias sobre graves riesgos por parte de expertos del sector, ecologistas, pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
El proyecto crea el CIMCE (Consejo Nacional de Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos), un consejo vinculado a la Presidencia de la República, y el CMCE (Comité de Minerales Críticos y Estratégicos), encargado de definir y actualizar la lista de minerales críticos y estratégicos, así como de analizar las operaciones societarias sensibles del sector.
Además, crea un generoso paquete de incentivos que prevé: un régimen aduanero especial, la exención del impuesto sobre la renta (IR) para los royalties extranjeros y la ampliación del REIDI (Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de las Infraestructuras) y de la Ley do Bem (que otorga incentivos fiscales a las empresas brasileñas que invierten en investigación, desarrollo e innovación tecnológica), prioridad en las subastas de la ANM (Agencia Nacional de Minería) y la limitación a la exportación de mineral en bruto.
Asimismo, se crea el Fondo de Garantía de la Actividad Minera, con una aportación pública inicial de 2 000 millones de reales (de hasta 5 000 millones de reales en crédito fiscal), para reducir el riesgo de los inversores privados, y el Certificado de Minería con Bajas Emisiones de Carbono, un sello voluntario sin obligación de evaluar las emisiones en toda la cadena.
Falta de protección ambiental y de las comunidades
El Observatorio del Clima, una red integrada por unas 200 organizaciones medioambientales, calificó la nueva ley como un «fomento de la extracción disfrazado de estrategia minera». La entidad denuncia que el texto agiliza la concesión de licencias, debilita las protecciones socioambientales y no exige contrapartidas climáticas o sociales proporcionales a los incentivos multimillonarios.
Entre los problemas señalados, destaca que no se asegura ningún puesto de trabajo para la población afectada en el CIMCE; el riesgo de que se concedan licencias medioambientales especiales sin una consulta rigurosa; la aceleración de proyectos sin un refuerzo de personal en los organismos medioambientales y en la ANM (Agencia Nacional de Minería), y la posibilidad de que el Fondo Climático financie la explotación a cielo abierto (la etapa más degradante de la minería), que actualmente queda fuera del ámbito de aplicación del fondo. El certificado de bajas emisiones de carbono, sin exigir un análisis completo del ciclo de vida, se considera un claro caso de «greenwashing» (una estrategia de marketing para aparentar ser sostenible, pero que, en la práctica, hace lo contrario).
AMIG Brasil (Asociación Brasileña de Municipios Mineros, CdP), que representa a los municipios mineros, también criticó el proyecto de ley y destacó que el país no ha resuelto los pasivos de la minería tradicional, como el desastre de Mariana (MG, Minas Gerais), ni cuenta con una supervisión a la altura de la expansión prevista, y que la licitación de 5.000 millones de reales lanzada en 2025 por el BNDES y la Finep para minerales estratégicos, con 56 proyectos preseleccionados, aún no ha liberado fondos ni ha generado ni una sola planta industrial.
El Inesc (Instituto de Estudios Socioeconómicos) destacó que el sector minero ha facturado casi 2 billones de reales desde la catástrofe de Mariana (MG) y que el proyecto de ley amplía los incentivos sin exigir transparencia ni evaluar el beneficio para la sociedad.
El Observatorio de la Minería calificó el texto como una «repetición de los errores del modelo minero, con riesgos para el medio ambiente y para los derechos de los pueblos y las comunidades tradicionales, una ampliación sin límites de los incentivos fiscales para la minería, la falta de conexión con los planes de la agenda climática y el riesgo de que las empresas hagan propaganda sin que se produzca una reducción real de las emisiones de gases de efecto invernadero».
Lula le dice «no» a TerraBras y «sí» a las multinacionales
Los minerales críticos, entre los que se encuentran las denominadas «tierras raras», son el centro de una disputa mundial, principalmente entre EE. UU. y China, ya que son esenciales y estratégicos para la producción de bienes y tecnologías de la denominada transición energética, como baterías, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y redes eléctricas. Brasil posee la segunda mayor reserva conocida de minerales críticos del mundo y, por ello, también se encuentra en el centro de esta disputa.
Sin embargo, mientras el proyecto de ley 2780/2024 avanzaba en el Congreso, otro proyecto, el 1733/2026, proponía la creación de una empresa estatal, TerraBras, para controlar el sector en el país, que fue descartado inmediatamente por el gobierno de Lula.
El argumento oficial de que el proyecto de ley aprobado garantizará la industrialización al exigir el procesamiento en territorio brasileño es falaz. Aunque se procese aquí, el mineral será extraído por empresas extranjeras, que explotarán a los trabajadores brasileños y transferirán los beneficios al extranjero.
El contraste también queda explícito en los recursos previstos inicialmente: los mismos 2.000 millones de reales públicos del Fondo de Garantía y otros 5.000 millones de reales destinados al tratamiento y la transformación en territorio nacional, que servirán para reducir los riesgos de los inversores privados, podrían financiar la creación de una empresa estatal.
Recientemente, la empresa Serra Verde, de Goiás —única productora de tierras raras a gran escala fuera de Asia—, fue vendida por unos 3.000 millones de dólares a la empresa estadounidense USA Rare Earth, comprometiendo el 100 % de la producción a un fondo del Gobierno de EE. UU., en coordinación directa con Washington por parte del entonces gobernador Ronaldo Caiado [Partido Social Democrático. Ocupa el 4° puesto de los gobernadores más ricos de Brasil, CDp], actual candidato a la presidencia. Una operación que vulnera la legislación nacional, que llegó a ser criticada por el gobierno de Lula, pero sin que hubiera ninguna reacción práctica. Y es que, al rechazar la creación de TerraBras, el gobierno de Lula acepta, en la práctica, seguir el mismo camino que Caiado.
Para la CSP-Conlutas, el proyecto de ley 2780/2024 supone la oficialización de la entrega de las tierras raras brasileñas al capital extranjero, sobre todo al imperialismo estadounidense, un acuerdo que ya se había pactado como moneda de cambio entre el exministro Fernando Haddad y el Gobierno de Trump en las negociaciones sobre los aranceles. Una negociación que mantiene al país en el papel semicolonial de exportador de materias primas de bajo valor agregado, lo que se traduce en salarios bajos, sobreexplotación y falta de soberanía.
«Estamos ante un capítulo más de la histórica entrega de las riquezas nacionales al capital extranjero. El gobierno de Lula y el Congreso optaron por renunciar a cualquier control efectivo sobre un sector estratégico para el futuro del país, garantizando a las multinacionales un acceso privilegiado a las tierras raras y a los minerales críticos», afirma Atnágoras Lopes, miembro de la Secretaría Ejecutiva Nacional de CSP-Conlutas.
«Defendemos que esta riqueza debe estar bajo monopolio estatal, a través de una Terrabras pública, con control de los trabajadores y participación de las comunidades afectadas. No se trata únicamente de una cuestión económica, sino de soberanía nacional. Un país que cede sus recursos estratégicos renuncia a decidir su propio destino. Por ello, es fundamental que la clase trabajadora y sus organizaciones se movilicen para impedir este nuevo saqueo y defender que estas riquezas se pongan al servicio de las necesidades de la población, y no de los beneficios de las grandes corporaciones internacionales», defendió.
