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El asesinato de dos niñas por los militares paraguayos

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¿Qué pasó en Yby Yaú?

Desde comienzos de mes, el gobierno de Paraguay intenta ocultar un grave crimen cometido en el departamento de Concepción. Pero la presión de los familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la cancillería argentina permitió revelar la verdad: las fuerzas armadas ejecutaron a dos niñas y las hicieron pasar por «guerrilleras» abatidas.

Maximiliano Manzoni

Brecha, 11-9-2020

¿Cómo empezó todo?

El 2 de setiembre, Mario Abdo anunció por Twitter un «operativo exitoso» contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Habló de un enfrentamiento entre militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y miembros del grupo armado en la estancia Paraíso, en Yby Yaú, departamento de Concepción, entre las 10 y las 10.30 de la mañana.

A las 12.38 de ese miércoles, el fiscal Federico Delfino declaró, primero, que había una persona «abatida», una mujer cuya identidad se desconocía. También que un integrante de la FTC se encontraba herido, pero no de gravedad. Hasta ahora se desconoce quién es, qué le pasó o dónde está, al contrario de otros casos de militares heridos en combate. El ministro de Asuntos Internacionales, Federico González, aseguró que el enfrentamiento se dio «como resultado de un trabajo de inteligencia, [gracias al que] se pudo llegar al campamento principal del grupo criminal EPP».

Luego, la versión oficial pasó a ser que las «caídas» en el enfrentamiento eran dos mujeres. Así lo publicó el diario Última Hora en su tapa al día siguiente. Abdo escribió su tuit, se reunió con el fiscal Delfino, con el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, y se tomó un avión al norte del país, donde posó para una foto con los militares. Durante todo el día se especuló en redes sociales que las abatidas eran Magna Meza y Liliana Villalba, conocidas dirigentes del grupo armado.

¿Quiénes eran?

El 3 de setiembre, en conferencia de prensa, el forense de la Fiscalía de Horqueta, Cristian Ferreira, dijo que tras analizar los cuerpos concluyeron que uno «tenía una edad aproximada de 17 a 18 años y el segundo cuerpo, una edad aproximada de 15 años». No eran Magna Meza ni Liliana Villalba.

Pero el relato oficial, amplificado y validado por grupos empresariales de medios, pronto empezó a caer en contradicciones. Primero, el general Héctor Grau, de la FTC, y Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía, dijeron que se destruyeron evidencias como la ropa y se enterraron los cuerpos sin autopsia por protocolo sanitario, debido a la pandemia de coronavirus. Fuentes del Ministerio de Salud desmienten que exista tal protocolo. La guía oficial actual sólo se aplica a personas fallecidas con sospecha de covid-19 y, aun en esos casos, se permiten autopsias, de ser necesarias.

La FTC dijo que no había videos del enfrentamiento. El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Giuzzio, dijo, el 4 de setiembre, que sí había. Luego, la abogada Daysi Villalba denunció que los familiares se contactaron con ella para reclamar los cuerpos de las fallecidas. Aseguró que tenían 11 años y que eran ciudadanas argentinas. Mostró sus documentos de identidad, pero el ministro González negó ese mismo día que las abatidas fueran niñas. El general Grau rechazó también la idea diciendo que «la conclusión del médico forense es muy clara y eso está a la vista, claramente sabemos que no tienen 10 y 11 años, biológicamente y fisiológicamente la ciencia puede explicar eso con mucha exactitud». También dijo que los documentos argentinos eran falsos y que el vecino país era una «guardería de soldados del EPP».

El 4 de setiembre por la tarde, sin embargo, la cancillería argentina emitió un comunicado oficial en el que demandaba al gobierno paraguayo «el esclarecimiento y la identificación de los responsables por la muerte de dos ciudadanas argentinas de 11 años de edad». También rechazó las declaraciones del general Grau.

Tras la presión de las autoridades del vecino país y los organismos de derechos humanos, el gobierno paraguayo exhumó a las víctimas de las fosas anónimas donde las había enterrado y llevó sus cuerpos a Asunción. No permitieron que el embajador argentino y la abogada representante de las familiares fueran testigos de la toma de ADN realizada por Pablo Lemir. El forense es el mismo que había dicho que las autopsias no eran necesarias con las víctimas del caso Curuguaty (1) porque «las causas de muerte eran evidentes».

Lemir comunicó el 5 de setiembre por la tarde los resultados: en el «operativo exitoso» los militares asesinaron a niñas de 11 años. El gobierno de Abdo había mentido. Esas niñas tenían nombres: María Carmen, conocida como Aurora, y Lilian. Eran ciudadanas argentinas.

¿Cómo llegaron ahí?

Oficialmente, las niñas son hijas de Miriam Viviana Villalba Ayala y Laura Mariana Villalba Ayala. Fueron registradas en Clorinda en 2010. Según publica el periodista Andrés Colmán el 7 de setiembre en Última Hora, con base en diversas fuentes y testimonios, María Carmen (Aurorita) sería hija de Manuel Cristaldo Mieres y Liliana Villalba, mientras que Lilian Mariana sería hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, todos miembros del EPP. Y habrían nacido en la clandestinidad, en el norte de Paraguay.

Esto no significa que los documentos argentinos sean falsos. La convención de la ONU sobre personas apátridas de 1954 indica que si las niñas nacieron en Paraguay, pero no pudieron ser inscritas debido a la situación de sus padres, tienen derecho a ser registradas en otro país, en este caso, Argentina.

Al confirmarse la identidad y la edad de las niñas, la comunicación del gobierno dio un giro para depositar toda la culpa en los padres, por exponerlas al peligro. Siempre según la pericia oficial, sólo una de las niñas dio positivo a la prueba de parafina. Supuestamente hizo disparos con una pistola 9 milímetros.

Pero la abogada Sonia Von Lepel explicó al canal Vozes Latinas que la prueba no acredita que necesariamente haya disparado. «Una de ellas ni siquiera disparó ni estuvo cerca de gente que haya disparado. Esta prueba es limitante. Pudieron estar cerca de alguien que haya ejecutado disparos porque es un polvo muy volátil y se impregna con facilidad. Entonces, lo que se acredita plenamente es que una de ellas no estuvo cerca de personas que disparaban ni tampoco pudo haber disparado. Sólo una de ellas dio positivo.»

La pericia oficial también documentó otros disparos: los que había en sus cuerpos. Los disparos venían de frente, de costado y también por la espalda. Pero sobre ello no se puede saber más debido a la destrucción confesa de evidencias por parte de las autoridades, admitida por el fiscal Delfino al programa televisivo La lupa.

La abuela de las niñas, entrevistada por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Género y Justicia (Argentina), dijo que vivían y estudiaban en el vecino país y que viajaron a Paraguay para pasar sus cumpleaños con sus padres, a quienes no conocían. Antes del comunicado de la cancillería argentina, la oficina de migraciones de Paraguay había negado tener registro del ingreso de las niñas. Luego se desdijo. Las niñas ingresaron legalmente. El Estado paraguayo sabía, de manera oficial, que se encontraban en su territorio desde finales de 2019.

El Estado paraguayo también sabía desde hacía años que el EPP y sus derivaciones, como la Agrupación Campesina Armada, tienen como práctica reclutar niños, niñas y adolescentes. En 2014, la abogada Diana Vargas y el abogado Jorge Rolón Luna, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizaron un informe especial, «Actuaciones de la FTC, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la zona norte del país», cuya primera parte estudia las actas de imputación de adolescentes que fueron detenidos y procesados sin que se considerara que eran víctimas.

En 2015 hacen otro informe sobre un caso similar de una adolescente reclutada, en el que bien claro dice que Paraguay, como Estado firmante desde 2002 del Protocolo de las Naciones Unidas sobre la Participación de los Niños en los Conflictos Armados, tiene la obligación de «adoptar todas las medidas posibles para impedir que grupos armados recluten y utilicen para sus fines a niños, niñas y adolescentes». Los abogados solicitaron al Ministerio Público, al Ministerio de la Niñez y a la propia Presidencia de la República que adoptaran medidas respecto al reclutamiento de adolescentes.

Si este fue el caso de Aurora y Liliana, y si, como dijo el ministro de Asuntos Internacionales, el supuesto enfrentamiento se dio luego de un «trabajo de inteligencia», el Estado paraguayo falló en su obligación de prevenir evitando los reclutamientos. La única respuesta que ha dado el Estado hasta ahora –posterior, represiva y letal– incumple obligaciones internacionales. «Es una doble victimización», dice la abogada Vargas. «Es un absurdo que ahora el Ministerio de la Niñez diga que no sabía. Hay recomendaciones en ese sentido y hubo hasta espacio de diálogo con el ministerio.»

Vargas explica que entre las medidas concretas para prevenir el reclutamiento, el Estado debería invertir más en salud y educación en San Pedro y Concepción, y hacer especial seguimiento a niños, niñas y adolescentes de la zona con programas de atención, como arte y apoyo pedagógico. Y si se constata que existe reclutamiento, deben ser protegidos, no entregados al sistema penal.

Luna, coautor del informe de 2015, lo describió de manera similar en una entrevista en Telefuturo, comparando sus casos a secuestros. Las niñas debían ser rescatadas por el Estado, no asesinadas.

Nota

1) El 15 de junio de 2012, la Policía paraguaya atacó una estancia ocupada por 70 campesinos en la localidad de Curuguaty. Murieron 11 ocupantes y seis uniformados. El hecho fue usado como pretexto por la entonces oposición para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el presidente Fernando Lugo. En 2016, la Justicia paraguaya condenó a entre cuatro y 30 años de cárcel a 11 campesinos por homicidio doloso y asociación criminal, tras una investigación en la que sólo se tomó en cuenta la versión policial y no hubo peritajes balísticos. El caso fue criticado por la ONU, la CIDH y otros organismos. Finalmente, en 2018, la Suprema Corte anuló las condenas, pero aquella masacre sigue impune (Brecha).

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