por Franklin Andrade
Abusos durante la dictadura en Chile: violaciones, negocios y crímenes silenciados
La dictadura militar en Chile, instaurada tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y encabezada por el general Augusto Pinochet, dejó una profunda herida en la memoria colectiva del país. Durante los 17 años que duró el régimen, no solo se violaron sistemáticamente los derechos humanos mediante torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y exilios, sino que también se consolidó una estructura de poder marcada por la impunidad, el silencio institucional y la corrupción.
El Estado de Derecho fue suspendido: el Congreso fue disuelto, la justicia quedó subordinada al poder militar y los medios de comunicación fueron censurados o cooptados. En ese contexto, florecieron redes de negocios ilegales y prácticas inhumanas amparadas en la falta de fiscalización. Una de las más oscuras, y menos visibilizadas, fue el tráfico de recién nacidos.
Numerosas madres —en su mayoría en situación de vulnerabilidad— fueron engañadas por personal médico y funcionarios del Estado. Se les informaba falsamente que sus hijos habían muerto al nacer. Sin posibilidad de reclamar o verificar, muchas aceptaban este dolor como una tragedia más del destino. Sin embargo, la realidad era otra: estos bebés eran vendidos ilegalmente a familias adoptivas en países europeos y en Estados Unidos, en transacciones que, según algunas investigaciones, alcanzaban los 50.000 dólares por menor.
Este crimen, que se prolongó incluso más allá del fin formal de la dictadura, se vio facilitado por la descomposición institucional, el control del aparato estatal por parte del régimen y la falta total de acceso a la verdad. Muchas de estas adopciones fueron legalizadas con documentación falsa, con la complicidad de funcionarios del Registro Civil, hospitales y consulados.
Estos hechos no solo muestran el horror represivo de la dictadura, sino también su dimensión estructural de saqueo y negocio, en la que la vida humana fue convertida en mercancía. Hoy, las investigaciones siguen abiertas, con cientos de personas buscando sus orígenes o a sus hijos robados. El desafío pendiente para Chile es seguir enfrentando con valentía su historia, garantizar justicia y reparación, y construir una memoria que impida que estos crímenes vuelvan a repetirse
