Le Monde Diplomatique
La decisión del gobierno de José Antonio Kast de remover de sus funciones al Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, parece algo absolutamente legítimo y razonable en un gobierno que recién asume su mandato, más aún, si éste respondía a la anterior administración. Sin embargo, las verdaderas razones parecen estar gatilladas por la investigación que la superintendencia estaba realizando contra la Universidad San Sebastián.
En efecto, desde que estalló el escándalo por el inmoral pago de 17 millones a Marcela Cubillos, la Universidad San Sebastián adquirió notoriedad, no justamente por destacarse en el campo de la investigación científica, la calidad docente o el mejor nivel de su alumnado, sino porque, a partir de ese escándalo se pudo saber que la máxima autoridad de la casa de estudios era Andrés Chadwick, ex ministro del Interior de Piñera, quien hubo de renunciar por su alta responsabilidad en la represión y violación de los derechos humanos durante el estallido de 2019.
Chadwick junto a Luis Hermosilla efectuaron gestiones para contratar los servicios del exfiscal Manuel Guerra, por un sueldo de 6,3 millones de pesos por media jornada. Hermosilla se desenvolvió como abogado externo de esa Casa de Estudios. Él, junto a Andrés Chadwick y Manuel Guerra se encuentran siendo investigados por la justicia, este último en prisión preventiva desde el jueves 19 de marzo.
Durante la gestión de Chadwick la casa de estudios sirvió de guarida para varios militantes y cercanos a la UDI, muchos de ellos de dudosa calidad moral y, otros, abiertamente vinculados a actos reñidos con la probidad de quien ha ejercido cargos públicos. Felipe Ward, ex ministro de vivienda imputado por presuntas irregularidades en la tramitación de permisos inmobiliarios; Arturo Squella actual Senador y Pdte. del Partido Republicano, también bajo investigación por irregularidades, y otros personajes destacados de la UDI como Rodrigo Ulloa y Enrique Paris, también encontraron cabida en esa casa de estudios.
Cuando detonó el escándalo, Marcela Cubillos, esposa de Andrés Allamand, con su peculiar personalidad, no guardó silencio, mucho menos arrepentimiento, con la prepotencia de quien se siente con respaldo, contratacó con miles de explicaciones, sin embargo un calificativo sobresalió y logró instalarlo como parte de un relato que después la derecha en general, acuñó para descalificar las demandas sociales levantadas en octubre de 2019 y que, en términos concretos, le dio buenos resultados al punto de inhibir a quienes entonces dirigían el país. Sostuvo que, tratándose de una Universidad Privada ésta podía decidir cuánto pagar y a quién contratar, que eso estaba en al marco de las atribuciones propias de una empresa privada y embistió, instalando la descalificación de los “octubristas” como los responsables de querer acabar con el derecho de propiedad y la empresa privada.
Cabe recordar que mientras recibía esa escandalosa suma de dinero, dedicaba su tiempo no a efectuar clases, sino a desempeñarse como convencional constituyente, tarea por la cual el Estado también le pagaba, algo completamente ilegítimo y que devela que un sector no menor de la derecha extrema vocifera contra el Estado, pero es quien más lo exprime.
Lo que no se dijo y la prensa obsecuente con el poder obvió denunciar, es que esta Universidad con 55 mil estudiantes recibe el 45,5% de sus ingresos ordinarios de parte del Estado, ya sea directa o indirectamente. Comparada con una Universidad pública como la Universidad de Chile que recibe solo el 40%, resulta indignante conocer estas desigualdades. Se ha estimado que por concepto del CAE y becas arancelarias esta Universidad recibe más de 100 mil millones anuales, además de participar en licitaciones públicas para capacitación y servicios educativos. Es la universidad que mayor controversia provoca por la alta proporción de su presupuesto que se genera con dineros públicos a pesar de ser una universidad que no está adscrita a la gratuidad.
Por tanto, es evidente que quienes convirtieron esta universidad en una suerte de caja pagadora para quienes son parte de la UDI y de la extrema derecha, sintieran que la actual investigación que llevaba adelante la Superintendencia podía develar responsabilidades donde aparecieran involucrados personajes del actual gobierno como ya se ha mencionado.
La decisión de Kast de remover en estos momentos al Superintendente Salazar es una señal clara. En este caso habrá impunidad. No se puede seguir investigando, aunque sean dineros públicos los que están involucrados. Es una señal peligrosa, y de paso, confirma que por sobre las declaraciones y promesas de campaña lo que prima es la posición doctrinaria, ideológica en que se sustenta el actual gobierno y en especial el propio José Antonio Kast, un hombre de extrema derecha, que frente al saqueo del cual ha sido víctima el Estado por media década, desde los tiempos de la dictadura, no hará nada que complique mucho.
Lo que importa como ha señalado su ministro de Hacienda, es reducir al máximo el gasto del Estado e imponer su filosofía de que los derechos sociales no existen, que son una mera mercancía por la que hay que pagar y en eso, ha resultado completamente coherente este gobierno, al punto que la reducción exigida a todos los ministerios del 3% por igual, devela la concepción que se esconde detrás de su ideología. No es lo mismo rebajar el 3% a los ministerios de Salud, Educación o Vivienda, que rebajarlo a ministerios, generalmente parasitarios como el de Defensa, o burocráticos como Hacienda, que solo engrosan las arcas fiscales sin reportar ningún beneficio para el país y los contribuyentes.
El gobierno de Kast ha mostrado sus cartas. Lo anunció en la campaña, él venía a jibarizar el Estado en su lógica monetarista. Quizá, como siempre, los más sorprendidos son los partidos y militantes que dirigieron el gobierno en estos últimos cuatro años, pues junto con la mediocridad y cobardía que mostraron para enfrentar a la derecha, hoy, parecen más desconcertados sin saber que hacer.
Como siempre, enfrentar la corrupción e impunidad que se consolida en el país será tarea de muchos, quizá tomará más tiempo; pero, al final, se impondrá la moral de las mayorías, pues mientras sigan pretendiendo igualarnos aquellos que no trepidan en saquear al Estado, crecerá la conciencia de miles que viven solo de su trabajo.
En esta ocasión, José Antonio Kast consigue un objetivo, blindar a sus compinches será tarea de las mayorías que en un tiempo razonable esa situación sea revertida en beneficio de la justicia.
23 de marzo de 2026
