en Revista Posiciones
El proyecto de reforma constitucional que permitirá el retiro del 10% de los fondos de pensiones ha vuelto a abrir el debate público sobre la insuficiencia del sistema de AFP para entregar jubilaciones dignas. Esta insuficiencia responde, entre otras cosas, tanto a la lógica de capitalización individual como a la intermediación, basada en la ganancia privada, que llevan a cabo las AFP.
Quisiera argumentar aquí que el problema que más debe preocuparnos de la crisis previsional, sus soluciones y las fuerzas sociales capaces de empujarlas, es aquél de la relación entre focalización del gasto, universalidad de las políticas públicas y la lucha de la clase trabajadora en Chile por una experiencia de vida y una experiencia de lucha cada vez menos fragmentada.
Cuando el gobierno y los sectores consecuentes de la transversal bancada pro-AFP vieron que era inevitable la aprobación del proyecto, la táctica se desplazó hacia limitar el retiro. Por ejemplo, Ricardo Lagos Weber (PPD) anunció una indicación para que no pudiesen acceder al 10% de sus fondos quienes no habían sufrido una merma en sus ingresos. José Miguel Durana y David Sandoval (ambos UDI) presentaron indicaciones en la misma línea: una que cobraría impuestos a quienes retiren los fondos y hubiesen tenido un ingreso superior a UF 70 (cerca de $2 millones) el mes previo a la aprobación de la ley; y otra que limitaría el retiro a quienes hayan quedado desempleados o con contrato suspendido. Afortunadamente, ninguna fue aprobada.
Estas ideas se basan en un argumento de supuesta progresividad, al que la retórica de la derecha ya nos tiene acostumbrados: no puede ser que los que más tienen reciban los mismos beneficios que los que tienen menos. Es lo que nos decían con respecto a la gratuidad en la educación, o la solidaridad en un sistema de salud basado en lo público. Para la derecha, y sus aliados concertacionistas, la universalidad es regresiva, porque un beneficio que se aplica para todas las personas pasa por alto que hay desigualdades entre ellas. Para esta lógica, la desigualdad es un dato natural, algo dado, y no el resultado de un conjunto de políticas públicas ni de los rasgos estructurales de una sociedad determinada.
Lo que ocurre es que, para estas visiones, la única universalidad que imaginan es la de aplicar el mismo rasero para todas las personas y grupos, una universalidad plana, homogénea, en el fondo, vacía. Y lo que hacen con esa universalidad vacía, sin distinciones, es precisamente ocultar la posibilidad de un sistema tributario progresivo, o un sistema de solidaridad intergeneracional.
Pero la desigualdad no es algo natural, porque resulta de condiciones sociales que pueden ser modificadas. Y es perfectamente posible una universalidad más compleja, que reconozca y aborde las diferencias y desigualdades existentes. Por lo mismo, lo que defiende la derecha y sus amigos de la Concertación no es la progresividad de las políticas públicas, sino la focalización de las mismas, como un modo de asegurar que sus ganancias sean intocables.
Hay diversas razones para respaldar políticas universales. Una de ellas ha sido introducida por el movimiento feminista en el marco del amplio y duradero debate en torno a las pensiones. Como resultado del Encuentro de Mujeres y Pensiones organizado en el marco de la Iniciativa Popular de Ley NO+AFP de la Coordinadora NO+AFP, se concluyó que un nuevo sistema de pensiones no solo debía asignar una pensión mínima universal para quienes no hubiesen cotizado a lo largo de su vida (contemplada en la Propuesta de la Coordinadora), sino además reconocer como años trabajados el tiempo dedicado a labores de crianza y cuidados. Esto implicaría un vuelco radical en la seguridad social, introduciendo una concepción extendida del trabajo, abordando de manera directa una de las fuentes de la desigualdad de género: la privatización no mercantilizada del trabajo de crianza y cuidados, puesto mayoritariamente en manos de mujeres, en el ámbito privado-afectivo de la vida doméstica.
Esta universalidad es más precisa, y por lo mismo es un complemento a la de la pensión mínima universal, porque distingue entre no cotizar y no trabajar. Una persona que por razones de salud no pueda participar en actividades productivas o reproductivas tiene todo el derecho a que se garantice su supervivencia, pese a no trabajar, como parte de un mínimo ético. Pero es incomprensible que se diga que “no trabaja” una mujer que ha estado activa toda o casi toda su vida en tareas que van desde cuidar a sus parientes desde pequeña hasta acompañarles en sus últimos momentos, pasando por lavar, planchar, cocinar, ordenar, educar, transportar, y la serie infinita de labores emocionales que implican los cuidados. ¿Por qué tendría que recibir solamente una pensión mínima solo por no cotizar en un sistema que se basa en un concepto restringido del trabajo?
Hay algo que caracteriza la vida de la clase trabajadora en Chile hoy: la fragmentación. Tanto por la reorganización del mercado laboral durante y después de la dictadura, como por la segmentación del ingreso y del acceso a vivienda, alimentación, educación, salud y pensiones, la vida de los y las trabajadoras en Chile parece estar cruzada por fronteras que nos dividen una y otra vez. Pese a las tremendas similitudes, vivimos como si fuéramos esencialmente distintos. Esta realidad, reforzada permanentemente por las políticas de gasto focalizado, nos lleva a vivir y luchar de maneras fragmentarias. Esto explica en parte la infinidad de tipos de organizaciones sociales y políticas que abordan cada aspecto de la realidad para ir haciéndole frente a las injusticias. Del mismo modo, la fragmentación laboral y productiva lleva a que los sindicatos solo puedan negociar colectivamente a nivel de empresa, multiplicando al mismo tiempo la cantidad de sindicatos y la brecha entre ellos.
El efecto de esta fragmentación en la subjetividad colectiva de la clase trabajadora es la dificultad para identificar la propia unidad como la principal fuerza para conquistar sus aspiraciones. Esa unidad es sustituida ya sea por una acción política reducida a los partidos y al Estado, ya sea por una respuesta individual a los problemas. Lo anterior nos lleva a un “sálvese quien pueda”, consigna a la que estamos habituados producto de la capitalización individual, de los altos niveles de endeudamiento y de la competencia general por la supervivencia.
Todo lo anterior nos obliga a pensar en que el ataque a la fragmentación debiese ser un eje fundamental de un programa de transformaciones estructurales. Y esto implica abordar la fragmentación tanto a nivel de las experiencias de vida como en las experiencias de lucha. Por lo mismo, las políticas universales en derechos sociales como salud, vivienda, educación y pensiones deben ir de la mano de transformaciones que hagan posible la negociación por rama y la socialización del trabajo no remunerado, entendido como trabajo propiamente tal, con todas sus implicancias como derecho a la sindicalización y acceso a seguridad social. Los derechos sociales universales permiten unificar la experiencia de vida; la negociación por rama y la socialización del trabajo no remunerado nos permiten unificar la experiencia de lucha.
Un programa contra la precarización de la vida requiere que exista una firme unidad social y política en la clase trabajadora, que pueda combatir la precariedad y garantizar su superación. Por lo mismo, para poder proyectar un cambio fundamental no basta con políticas públicas que reorienten la forma y el fondo de las prestaciones sociales, sino que hace falta sobre todo atacar la fragmentación de las formas de vida y las formas de lucha. Solo así tendrá sentido visualizar una universalidad que elimine las desigualdades y reconozca las diferencias.
