por Franco Machiavelo
En Chile, la discusión pública suele presentarse como un enfrentamiento moral entre derecha y pseudo izquierda progre continuista, como si una representara el orden y la otra la justicia social. Sin embargo, cuando se observan los hechos concretos —la represión de manifestaciones, los desalojos forzados, la persecución a comunidades mapuche y el control policial sobre pobladores y estudiantes— emerge una realidad menos cómoda: la violencia institucional no es monopolio de un sector político, sino una práctica estructural del Estado chileno, administrada por distintos gobiernos, con distintos estilos, pero con fines similares.
1. La derecha: el uso explícito de la fuerza como herramienta de orden social
Los sectores de derecha en Chile suelen defender un modelo donde la estabilidad del mercado se impone como valor supremo. Bajo esta lógica, toda protesta que interrumpe la normalidad económica se lee como una amenaza.
Por eso justifican con naturalidad:
El uso extensivo de Carabineros para contener movilizaciones sociales.
Desalojos violentos de tomas de terreno en poblaciones periféricas.
La militarización del Wallmapu, amparándose en discursos de “seguridad interna”.
Esta visión asume que la sociedad debe ser moldeada por la disciplina, la vigilancia y la obediencia, y que la fuerza pública existe para garantizar el derecho de propiedad por sobre cualquier otro derecho. El resultado es conocido: mutilaciones oculares, golpizas, torturas, detenciones selectivas, desapariciones temporales y una larga lista de violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas nacional e internacionalmente.
2. La pseudo izquierda progre continuista: el poder que absorbe y adapta las mismas herramientas
La pseudo izquierda progre continuista, cuando llega al gobierno, suele prometer transformación social. Sin embargo, en la práctica termina administrando la misma maquinaria represiva. Aunque lo haga con un discurso progresista, las acciones concretas reflejan continuidad:
Desalojos de tomas en plena madrugada, incluso cuando existen familias con niños.
Represión policial contra estudiantes que protestan por educación gratuita o por seguridad alimentaria.
Persecución penal contra dirigentes territoriales en poblaciones.
Intervención policial en comunidades mapuche, incluso bajo gobiernos que prometieron diálogo.
No se trata simplemente de “traiciones”, sino de un fenómeno más profundo: el aparato estatal está diseñado para controlar, no para liberar. Y quien administra ese aparato, incluso con buenas intenciones, queda atrapado en la lógica de la seguridad como excusa para limitar derechos. Con un lenguaje más amable, pero con las mismas manos armadas.
3. El patrón que se repite: disciplinar, vigilar y castigar
Cuando se analizan las políticas de seguridad a lo largo de distintos gobiernos, surgen patrones:
La protesta se trata como un acto criminal, no como un ejercicio democrático.
Las comunidades mapuche se abordan como un “problema”, no como pueblos con derechos históricos.
Los jóvenes son vistos como sujetos peligrosos, especialmente si viven en sectores populares.
Carabineros actúa con impunidad, sin importar quién ocupe La Moneda.
Esto demuestra que el Estado chileno opera bajo una lógica de control que trasciende los colores políticos. La represión se convierte en una herramienta para mantener la estabilidad de un modelo económico y social profundamente desigual. Derecha y pseudo izquierda progre continuista administran el mismo marco: proteger la estructura, no transformarla.
4. Consecuencias sociales y políticas
La represión tiene un efecto acumulativo:
Deslegitima a las instituciones: cuando el Estado golpea, mutila y encarcela a quienes protestan, pierde autoridad moral.
Genera trauma colectivo: miles de personas viven las secuelas físicas y psicológicas de la violencia policial.
Criminaliza la pobreza: en las poblaciones, la intervención estatal se siente más como amenaza que como apoyo.
Radicaliza posiciones: cuando el diálogo se reemplaza por gases lacrimógenos, las soluciones políticas se vuelven cada vez más difíciles.
Refuerza la desigualdad: quienes más sufren la represión siempre son los mismos: mapuche, estudiantes, pobladores, trabajadores precarizados.
Así, el Estado chileno se comporta como un administrador del control social, donde el uso de la fuerza se activa no por justicia, sino por conveniencia.
5. Hacia una comprensión más profunda del poder en Chile
Para entender la represión en Chile, no basta con culpar a un sector.
La derecha la utiliza abiertamente.
La pseudo izquierda progre continuista la utiliza en nombre de la “gobernabilidad”.
Pero ambas reproducen un mismo principio:
El poder, cuando no es vigilado por la ciudadanía, se transforma en un mecanismo de dominación que protege a los poderosos y disciplina a los vulnerables.
En otras palabras, la represión no es un accidente:
es la forma en que el Estado chileno gestiona el conflicto social.
