El Porteño
por Gustavo Burgos
La escandalosa detención de Ángela Vivanco no puede leerse como un simple episodio de “combate a la corrupción”, ni como una rectificación moral del sistema judicial. Por el contrario, su puesta en escena —filtraciones selectivas, condena anticipada, exposición mediática y humillación pública orientada a producir consenso punitivo— responde a la lógica de un linchamiento político-institucional que anuncia, casi sin disimulo, su paso inevitable por la prisión preventiva. No se trata aquí de una anomalía individual, sino de un síntoma mayor de la crisis orgánica que atraviesa el régimen chileno. La que parece una muy evidente corrupción de Vivanco no la singulariza: la inscribe como expresión concentrada de un orden corrupto por entero, en un momento en que los pactos de protección mutua comienzan a resquebrajarse.
En efecto, el régimen surgido del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución puede caracterizarse como una forma transicional de dominación —una república de excepción o dictadura de nuevo tipo— cuyo objetivo central ha sido neutralizar la posibilidad de nuevos estallidos sociales mediante un ataque sistemático a las libertades democráticas y a conquistas sociales elementales. Este proyecto contrainsurgente, continuador del despliegue iniciado tras el 18 de octubre, no solo ha reforzado los poderes represivos del Estado; ha generado también fisuras internas en los aparatos llamados a garantizar el orden: FF.AA., Carabineros y Poder Judicial. Allí donde antes regían pactos de silencio y lealtad, hoy emergen delaciones, quiebres y sacrificios ejemplares.
La historia chilena ofrece antecedentes claros, todos asociados a a fases de restablecimiento institucional posteriores a guerra civiles o dictaduras. Tras la Guerra Civil de 1891, con la derrota del régimen presidencial de José Manuel Balmaceda, el nuevo orden parlamentario impulsó acusaciones constitucionales y expulsiones contra ministros de la Corte Suprema que habían garantizado jurídicamente al poder derrotado.A los ministros Abdón Cifuentes Espinoza, Manuel José Irarrázaval Larraín yJosé Bernardo Lira Montt —todos aristócratas— no se los persiguió como delincuentes comunes, sino como agentes del antiguo régimen, responsables de haber subordinado la función judicial al Ejecutivo en condiciones de guerra civil. El “delito” fue político-estructural: haber asegurado la legalidad de un orden que ya no existía.
Un patrón análogo —aunque limitado por el carácter pactado de la transición— se observa tras el fin de la dictadura de Pinochet. A partir de 1990, y con mayor fuerza en 2004, se produjeron destituciones y salidas forzadas de ministros de la Corte Suprema como Servando Jordán, Hernán Álvarez y Ricardo Gálvez, imputados por notable abandono de deberes debido a su rol durante la dictadura: rechazo sistemático de recursos de amparo, tolerancia frente a detenciones ilegales y desapariciones forzadas, y validación de la suspensión permanente de garantías constitucionales. No hubo condenas penales: hubo sanción política tardía, orientada a recomponer legitimidad sin desmantelar el núcleo del poder judicial. De nuevo, no se castigó una corrupción individual, sino una función cumplida en beneficio del régimen precedente.
En el presente, la caída de Vivanco —una abogada destacada de la Universidad Católica, advenediza al poder y militante pinochetista— se inscribe en una disputa abierta entre fracciones del bloque dominante. Los recientes cambios jurisprudenciales de la Tercera Sala de la Corte Suprema —particularmente los fallos gubernativos erga omnes contra las ISAPRE y contra los pobladores, la revisión de beneficios penitenciarios a violadores de derechos humanos y la relectura de estándares de responsabilidad estatal— no expresan una súbita conversión del tribunal. Son, más bien, movimientos tácticos en una pugna por fijar las coordenadas de un nuevo orden aún no cristalizado. Cada decisión judicial, cada sacrificio público de una figura prominente, opera como señal en esa guerra sorda por la hegemonía institucional.
La detención de Vivanco, así entendida, no limpia al sistema: lo desnuda. Revela que el régimen es incapaz de sostener sus propias reglas de protección interna cuando la crisis se profundiza. Estamos ante fracciones patronales que se disputan el botín del poder, en un escenario marcado por la inminente instalación de un gobierno abiertamente ultraderechista como el de José Antonio Kast, llamado a profundizar el programa contrainsurgente sin los eufemismos del progresismo.
Para la clase trabajadora, la tarea no es alinearse con uno u otro sector del régimen, ni celebrar linchamientos que solo redistribuyen responsabilidades dentro del mismo bloque burgués. La tarea es observar esta crisis con claridad, comprender que la corrupción judicial es solo una de las formas visibles de la descomposición del orden burgués, y potenciar la lucha contra el conjunto del régimen que la produce y la necesita. Cuando el poder comienza a devorarse a sí mismo, no se abre automáticamente una salida emancipadora; se abre una oportunidad histórica que solo puede ser aprovechada por la organización consciente y la intervención independiente de los trabajadores, potenciando el derrumbe de las ilusiones en la democracia burguesa —y sus tribunales— para levantar una alternativa de poder.
