EL CIUDADANO
Un fallo judicial histórico reconoce al Estado de Chile como responsable de la muerte de la niña de seis años, Alicia Marcela Aguilar Carvajal, quien resultó baleada por efectivos militares en la Plaza Panamá de Santiago una semana después del golpe de Estado de 1973.
Casi 52 años después de que un disparo de fusil del Ejército del dictador Augusto Pinochet segara la vida de Alicia Marcela Aguilar Carvajal, de apenas seis años de edad, la justicia ordenó que el Estado de Chile deberá indemnizar a su madre y hermana por el daño irreparable causado por este crimen.
La mañana del martes 18 de septiembre de 1973 amaneció con una aparente normalidad para la familia Aguilar Carvajal, residentes en avenida Mapocho. El mecánico René Germán Aguilar Flores y su esposa, la dueña de casa María Hortensia Carvajal Molina, salieron a pasear con sus dos hijas pequeñas, María Cecilia, de siete años, y Alicia Marcela, de seis. La sentencia la describe como “una niña inquieta, muy activa, alegre y desordenada, que era la regalona del padre” y alumna de kínder en la escuela pública 141 (actual Escuela Dr. Luis Calvo Mackenna).
Tras un desayuno en casa de los abuelos y un paseo por la Plaza de Armas, donde immortalizaron el momento con una fotografía, la familia regresó a almorzar. En la tarde, René Aguilar llevó a sus hijas a jugar a la plaza Panamá, ubicada en Martínez de Rozas con Maturana, a solo dos cuadras de su hogar.
La aparente calma era un espejismo, ya que las calles de Santiago estaban repletas de efectivos militares debido al reciente golpe de Estado del 11 de septiembre. Ese día, la presencia era aún mayor en el sector, pues, como detalla el fallo, poco antes se había efectuado un Te Deum en la Iglesia de la Gratitud Nacional –a 10 cuadras de distancia– al que asistieron el dictador Augusto Pinochet y los demás miembros de la Junta Militar.
Alrededor de las 17:30 horas, el juego de las hermanas se vio interrumpido brutalmente. María Cecilia relató a la justicia el momento del horror: se escuchó un ruido extraño y al levantar la vista vio un vehículo blindado, aparentemente un tanque, seguido de dos camiones con barandas de madera, que venían con militares apuntando sus fusiles y avanzaban en contra del tránsito por la calle Martínez de Rozas.
Lo que siguió fue una acción inexplicable y letal. El fallo del juez Franulic señaló que “los vehículos se instalaron en diversos sectores de la plaza y comenzaron a disparar al parque, generando una verdadera estampida de los vecinos que se encontraban en el lugar, los que por el terror ocasionado comenzaron a arrancar hacia el oriente, donde se encontraban ambas niñas jugando”.
En el caos y el pánico, las dos hermanas se soltaron de las manos, perdiéndose entre la multitud y de la vista de su padre. María Cecilia, en medio de los gritos de la gente que corría para salvar su vida, logró escapar. El texto judicial narra su huida: “la gente gritaba que corriera, porque los iban a matar, todo mientras sentía los zumbidos y chispazos de las balas a su lado. Cuenta que en ese momento y emulando el comportamiento de otra persona, María Cecilia se escondió bajo una camioneta estacionada, para luego salir hacia un pasaje en el cual una vecina la ocultó en el interior de su casa, junto a otras personas que también arrancaban de los efectivos”.
Búsqueda angustiante y el asesinato de una niña de seis años
René Aguilar inició una búsqueda frenética de sus dos hijas, Horas después, y ya con las manos en alto bajo custodia de un militar, logró encontrar a María Cecilia en la casa donde se refugiaba. Al ver a su hija, suplicó al soldado que los dejara irse. El fallo recoge que el uniformado se negó, gritándole que solo uno podía irse. “Tras ello, golpeó a la niña con la culata de su fusil, luego de lo cual le apuntó y le dijo que tenía 30 segundos para escapar y que si la ‘pillaba la iba a matar’”. Obedeciendo a su padre, María Cecilia corrió y logró llegar a su casa.
Según relató a su esposa, después de ser detenido el mecánico fue obligado a arrojar cadáveres al río Mapocho en el sector del Puente Bulnes, junto a otros detenidos, antes de recuperar su libertad en la madrugada, golpeado y sangrando y sin saber nada de su hija más pequeña.
Sin embargo, a las pocas horas tuvo las peores noticias, un vecino había encontrado con vida Alicia Marcela n en el parque, tras ser baleada y aplastada por la multitud en estampida. La llevó de inmediato al hospital San Juan de Dios, desde donde fue trasladada al San Borja Arriarán. Sin embargo, como estableció la justicia, a las 20:15 horas del 18 de septiembre durante el trayecto la niña de seis años “falleció sola, sin sus padres ni su hermana que la acompañaran”, a causa de un disparo de fusil en el tórax.
Un dolor que nunca cicatrizó
El asesinato de Alicia Marcela no solo arrebató su vida, sino que destruyó la dinámica familiar para siempre. El fallo judicial dedica un extenso apartado a las secuelas psicológicas permanentes. María Cecilia relató que “su padre nunca volvió a ser el papá cariñoso que había conocido, puesto que, salvo monosílabos, no le dirigía la palabra, y cuando necesitaba algo de ella lo hacía a través de la mamá”. Este comportamiento silencioso y distante se mantuvo hasta poco antes de su muerte en mayo de 2015, a los 83 años.
“Postula que una parte de su padre se fue con su hermana, y que la llegada de un nuevo hijo dos años después de la tragedia no cambió su carácter, convirtiéndose definitivamente en una persona retraída y poco comunicativa, que nunca más habló de su hija y menos del dolor que dejó su partida”, señala la sentencia, que consignó el periodista Carlos Basso Prieto, en un artículo publicado por El Mostrador.
Su madre, María Hortensia, hoy de 79 años, tampoco superó el trauma: “no trata el tema y evita que lo hagan delante suyo”.
El fallo y la apelación del Estado
En su dictamen, el magistrado Franulic estableció que la participación de agentes del Estado en el crimen es un “hecho no controvertido”, lo que lo cataloga como un delito de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible. El fallo determina que “el daño producido no solo se identifica con el espacio temporal en que se producen los hechos, sino que involucra las secuelas que acompañan a las demandantes hasta la actualidad, ya que no solo les arrebataron los 6 años de Alicia Marcela, sino que también una historia familiar que nunca fue”.
En consecuencia, condenó al fisco al pago de una indemnización de 80 millones de pesos para la madre, María Hortensia Carvajal, y 40 millones para su hermana, María Cecilia Aguilar, como “víctimas por repercusión, con ocasión de la muerte de Alicia Marcela”. Además, se otorgaron 10 millones de pesos adicionales a María Cecilia por su condición de víctima directa de la violencia ejercida por el soldado que la golpeó con su fusil.
