Escribe: Milciades Ruiz, Perú
Conocer el Perú, es mucho más que conocer su territorio. Es conocer a la población que lo habita y, la situación en que se encuentran todos los peruanos de las diversas regiones y localidades. Los que aspiran a gobernar el país, ¿Conocen el Perú? Tal parece que no totalmente, porque ignoran el sentir político de grandes sectores sociales. La mayor parte del Perú, es desconocido por los partidos políticos y por eso, no figuran en sus plataformas, las aspiraciones de los pueblos.
Según el último censo del 2017, el Perú, es un conglomerado social que incluye 55 pueblos indígenas. Cada cual, con su propia lengua, cultura ancestral y distinto grado de desarrollo. De ellos, 51 son amazónicos y 4 andinos que, son los más antiguos y de mayor cobertura territorial. En un 60,2%, la población nacional se considera mestizo. Es que, decirle “indio” a una persona, es una ofensa despectiva que denigra. Es común escuchar a gente que se considera de raza superior decir: ¡Fuera de aquí chola de miércoles!, o también, “indio ignorante”.
No obstante, el 22.3% se identifica como quechua, 3,6% afroperuano, 2,4% aimara y, menos del 1% en otros tipos de autoidentificación étnica (mochicas, tallanes, etc.) Solo el 5,9% se considera de raza blanca (incluyendo indígenas del nororiente peruano de tez blanca). En total, los nativos andinos suman la cuarta parte de la población, pero en conjunto con los nativos amazónicos, cholos y mestizos suman más del 90%. Sin embargo, la república siempre ha estado bajo el dominio de una pequeña minoría blanca.
En teoría, todos somos peruanos y tenemos los mismos derechos, pero en la práctica no es así. En una república racista y segregacionista, no se reconoce como peruanos a los oriundos, ni tienen todos iguales derechos de gobierno, laborales, educativos, sanitarios, económicos, etc. Los nativos ancestrales son ignorados en todos los poderes públicos, terreno primordial de descendencia española. Aunque tengan capacidad y títulos universitarios, no se admite a los nativos andinos y amazónicos, en la oficialidad de las fuerzas armadas, cuerpo diplomático, poder judicial, etc.
Esta mentalidad gubernativa, viene desde los inicios de la república bicentenaria, en que peruanos eran solo los criollos colonialistas y los autóctonos no. Estos, eran solo “indios” o naturales. El primer congreso de la república, el 10 de octubre de 1822, con la firma de Javier de Luna Pizarro, Presidente. José F. Sánchez Carrión y, Francisco Javier Mariátegui, Diputados secretarios, publicó una proclama con el siguiente título: “El Congreso Constituyente del Perú. A los indios de las provincias interiores” que, entre sus párrafos decía: (…) “Vosotros indios, sois el primer objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que habéis padecido, y trabajamos por haceros felices en el día”. Todo era hipocresía, como ahora en que las promesas electorales son un engaño.
Fue con la nobleza colonial que, se hizo ese Congreso Constituyente. El Acta de independencia del Perú, fue firmada por el Conde San Isidro, Conde de la Vega del Ren, Conde de Las lagunas, el Marqués de Villafuerte, Marqués de Monte Alegre, el Conde de Torreblanca, Conde de Vista Florida, Conde de San Juan de Lurigancho, Marqués de Corpa, Marqués de Casa Dávila y otros. Todos tenían esclavos africanos y vasallos nativos.
También, fueron fundadores de la república otros miembros de la nobleza sin título honorífico, como el arzobispo Xavier de Luna Pizarro, José de la Riva Agüero, Manuel Agustín de la Torre, Tomás e Ignacio Ortiz de Cevallos, Antonio Boza, Hipólito Unanue, José y Miguel de la Puente, Luis A. Naranjo, Mateo de Pro, Lorenzo Zárate, Francisco Moreyra y Matute, Manuel y José Ferreyros, Francisco Xavier Mariátegui, Antonio de Bedoya, José Pezet, Pedro Olaechea, Manuel Tudela y, otros “notables” con esclavos y vasallos nativos. Esta hipocresía política que, oculta la segregación sistemática, persiste en pleno siglo XXI.
Pero es bueno saber que, según el censo del 2017, el mayor número de peruanos autoidentificados como indígenas u originarios de los Andes está en el departamento de Lima (1 330 894), seguido de Puno (857 312), Cusco (716 013), Ayacucho (390 209), Arequipa (387 623), Junín (346 504), Ancash (290 323), Apurímac (273 938), entre otros. La población autoidentificada como indígena u originaria de la Amazonía, muestra mayor concentración en los departamentos de Loreto (51 722), Ucayali (36 774), Junín (35 920), Amazonas (34 958), Lima (15 505), Pasco (12 284), Cusco (6 969), San Martín (4 764).
Estas mayorías están al margen de las decisiones de gobierno. No tienen autoridad ni para proteger su hábitat. Muchos líderes indígenas son asesinados por defender su territorio ancestral frente a los depredadores de la Amazonía, narcotráfico, inversionistas de hidrocarburos, mineros, madereros, palma aceitera. La protesta nativa es permanente, pero no hay justicia. Los que piden justicia son perseguidos. Más del 20 % del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras superpuestas al 47,8 % del territorio de las comunidades campesinas. En la Amazonía peruana las concesiones de hidrocarburos cubren el 75 % de la selva, afectando a casi todos los pueblos nativos.
Lo insólito del caso es que, los pueblos indígenas tienen un marco legal mundial que les otorga derechos y que Perú, ha suscrito ratificando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT. Allí, se establece el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias y, su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y, a las tierras que ocupan. Además, derecho a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
El Perú, ratificó este convenio en noviembre del 2014 y, al hacerlo, se comprometió a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las medidas pertinentes, pero la hipocresía republicana persiste en sus políticas segregacionistas. También el Perú es firmante de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta Declaración consta de 46 artículos en los que se establecen los derechos de los pueblos indígenas, a la propiedad de sus tierras, recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la consulta previa.
Bueno pues, si tienen derechos legítimos, acreditados por las normas internacionales, ¿Por qué, se les niega estos derechos en su propio país? Porque en Perú, el poder, prevalece sobre los derechos de las personas. Los que tiene poder de gobierno, tienen el derecho de gobernar conforme a sus intereses particulares. Toda la legislación peruana y la administración de justicia, tienen el sello de los intereses dominantes. Por consiguiente, la justicia social, es un asunto de poder.
Un poder prevalece, mientras no encuentre resistencia. Solo cede ante otro poder de igual o mayor capacidad. Se trata entonces de empoderar a los pueblos indígenas, para que vayan ganando capacidad de hacer prevalecer sus derechos. La marcha de los 4 suyos fue una experiencia histórica que, hizo huir a la dictadura militarizada. Fue más espontánea que organizada y no se aprovechó la oportunidad para cambiar la estructura de dominación. Tener organización popular es de suma importancia. Una federación de pueblos amazónicos podría llegar a tener poder de negociación para alcanzar la anhelada reivindicación. Un movimiento andino autóctono podría hacer prevalecer sus derechos si se lo propone.
Pero también, un movimiento político popular que se organice sobre la base de los pueblos indígenas podría expandirse si se propone luchar por los derechos de los segregados, asumiendo la concreción de los derechos reconocidos por la ONU y la OIT. En un año electoral como el que se avecina, no solo se necesita conocer la ideología de los sectores mayoritarios, sino también formular propuestas que recojan las aspiraciones de los olvidados.
Salvo mejor parecer.
13 junio/2025
