Diario Red
El 4 de marzo inició la fase final del juicio contra Pedro Castillo por el supuesto delito de rebelión. El maestro rural y campesino, electo presidente con el voto de los sectores más empobrecidos, enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión en un proceso a todas luces viciado. Desde el momento en que detuvieron a Castillo se desconocieron todos los procedimientos y fueros que le asistían como mandatario en funciones confinándolo rápidamente a una ilegal prisión preventiva. Hoy, con la misma celeridad e irrespeto al debido proceso, buscan encerrarlo por más de tres décadas. Quieren imponer una condena ejemplar; para que nunca más alguien de abajo se salga de “su lugar” y se atreva a llegar a Palacio atendiendo al pueblo y amenazando los privilegios de las elites.
En un país agobiado por la permanente crisis política y convulsionado por el alarmante incremento de la criminalidad, el juicio a Pedro Castillo es sumamente representativo del colapso del sistema político peruano. Aquí tres aristas de este proceso que evidencian la pantomima de juicio con condena anunciada, avalada por una farsa de democracia, donde la mayoría de las instituciones responde a mafias y la voluntad popular es pisoteada.
Un primer aspecto a resaltar es lo actuado contra Pedro Castillo previo a este juicio. La destitución de Castillo fue orquestada el día en que lo proclamaron presidente, configurando un golpe de estado de nuevo tipo que empezó con la narrativa del “fraude” inexistente y no paró hasta derrocarlo. El fujimorismo y la ultra derecha desde el Congreso, junto a la Fiscalía de la Nación, los gremios empresariales y los grandes medios de comunicación organizaron una coalición golpista que actuó de forma coordinada para destituir al presidente. Abusaron de mecanismos como la “vacancia por incapacidad moral” amañaron la ley para terminar con el equilibrio de poderes y abrieron decenas de carpetas fiscales en un claro caso de lafware. La coalición consiguió la pieza faltante para consumar el golpe con la traidora de turno y el 7 de diciembre de 2022 juramentó a Dina Boluarte como presidenta por “sucesión constitucional”. Las fuerzas armadas y policiales hicieron su parte en el operativo neogolpista, masacrando a la población que protestaba contra la usurpación. “Esta democracia ya no es democracia” coreaban los manifestantes que pedían la renuncia de Dina y la libertad de Castillo…más claro ni el agua.
Desde el momento en que detuvieron a Castillo se desconocieron todos los procedimientos y fueros que le asistían como mandatario en funciones confinándolo rápidamente a una ilegal prisión preventiva
El segundo aspecto a resaltar, tiene que ver con lo viciado del juicio contra Pedro Castillo, un proceso plagado de irregularidades, con jueces que ya adelantaron opinión condenatoria. Como bien anotan los juristas Zaffaroni y Croxatto, “Lo que sobresale en el proceso contra Castillo es la irregularidad, la inconstitucionalidad, la omisión de pasos legales indispensables para una vacancia legítima, conforme a derecho”. El 7 de diciembre, el Congreso votó una moción de vacancia inexistente y ni siquiera logró los votos requeridos desconociendo su propio reglamento. Ese solo hecho vicia el proceso de destitución, pero hay más. El poder judicial acusa a Castillo de tentativa de rebelión, delito que el código penal define como alzamiento en armas. Es de conocimiento público que la rebelión de Castillo consistió en pronunciar un discurso. De hecho, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese entonces, Manuel Gómez de la Torre confesó que desde el 6 de diciembre ya no obedecía a Castillo sino a la fiscal Patricia Benavides. No hubo levantamiento en armas ni conspiración militar-policial necesaria para una “rebelión”. La sala penal está forzando la figura y está actuando de forma express. Mientras los juicios de otros políticos como Keiko Fujimori duran casi dos décadas, aquí buscan culminar el proceso en menos de tres años, rechazando todos los argumentos de la defensa para condenar de modo ejemplar tanto a Castillo como a sus coinculpados Aníbal Torres y Betssy Chavez, sacándolos de carrera política las elecciones del 2026.
El juicio a Pedro Castillo es sumamente representativo del colapso del sistema político peruano
Hoy en Latinoamérica y el mundo las clases dominantes buscan imponerse a toda costa. Sin ningún pudor, la ultra derecha de Colombia, Argentina o España, alienta la violencia contra toda oposición, conspira contra gobiernos legítimos y/o dispara contra el pueblo cuando exige sus derechos. Así actuaron en Perú y hoy gobiernan sin ganar las elecciones llevando al país a un despeñadero de corrupción, inseguridad y pobreza. En ese marco, el juicio a Pedro Castillo debe generar amplias solidaridades, no puede ser el “elefante en la sala” ante el cual sectores políticos que se dicen democráticos prefieren callar. Incluso agrupaciones de izquierda y progresistas prefieren mirar a otro lado porque expresarse del tema es reconocer lo viciado de la democracia liberal en la que finalmente se han acomodado. Que la postura asumida en esta farsa de juicio sea un parteaguas en la defensa de la voluntad popular y la lucha por la refundación de la patria, con el protagonismo de quienes llevan 500 años despreciados y hoy pueden tener su revancha.
