Por Luis Mesina
Los siglos XIX y XX demostraron que el horror de la guerra no solo se vive en las fronteras, sino también en el corazón de las propias naciones. Las guerras civiles y los conflictos fratricidas –como los sufridos durante el siglo pasado en España, Corea, Vietnam y la ex Yugoslavia- representan la máxima degradación de la convivencia humana. Estos episodios demuestran que cuando los intereses de unos pocos se sobreponen por encima de los intereses de las mayorías, los pueblos pagan las consecuencias, se destruyen a sí mismos desde dentro, dejando cicatrices transgeneracionales que evidencian una verdad absoluta: “la guerra jamás sirve a los pueblos, jamás sirve a la humanidad”. De allí que el fin de la guerra, sea una demanda que no pierde vigencia ni sentido, es en definitiva la única que en estos momentos cobra sentido.
Si las guerras civiles desarticulan la convivencia desde el interior, las guerras de invasión perpetradas por potencias extranjeras contra pueblos desprovistos de un poder militar equivalente representan una tragedia de proporciones inconmensurables. Ejemplos críticos como el drama humanitario y la devastación estructural en Palestina, o la histórica y violenta inestabilidad que asfixia al Golfo Pérsico, exponen la cara más cruda de esta asimetría. En estos escenarios, la guerra deja de ser un choque político para convertirse en una campaña de desmantelamiento total de la vida cotidiana. Los sectores más débiles e indefensos de la sociedad civil -quienes no deciden las fronteras ni comercian con la geopolítica- pagan con su vida el precio de la ambición foránea, demostrando que la invasión es la negación absoluta del derecho a vivir y mucho menos a un futuro.
El impacto más devastador de los conflictos fratricidas no concluye con el cese al fuego, sino que se prolonga a través del trauma transgeneracional. Las heridas de guerras como la española o las de la ex Yugoslavia no se sepultan con sus víctimas; se transmiten de padres a hijos a través de silencios familiares impuestos, memorias de terror heredadas e incluso alteraciones biológicas y genéticas en la gestión del estrés. Esta herencia invisible perpetúa la polarización y la desconfianza en el tejido y en la base social décadas después de la guerra, demostrando que los conflictos civiles hipotecan la salud mental y la convivencia de las generaciones, incluso de aquellas que aún no han nacido.
La oposición a la guerra desde el mundo del trabajo no responde a una simple postura ideológica, sino a una urgencia de supervivencia material. Históricamente, la violencia armada de los Estados empobrece de manera sistemática a los pueblos, descargando su costo más brutal sobre los hombros de los asalariados y los trabajadores informales precarizados. Mientras el conflicto destruye las condiciones de vida locales y dispara de forma exponencial el precio de los bienes esenciales, la riqueza se concentra en una minoría: aquellos poderosos cuyos hijos jamás pisarán el frente de batalla y las corporaciones de la industria armamentista que lucran con la prolongación del dolor. La guerra, en su dimensión económica, funciona como un mecanismo de transferencia regresiva donde la miseria de la mayoría financia la opulencia de unos pocos.
En estos precisos momentos, mientras se efectuaba la cumbre en China entre las dos potencias más grandes del planeta para “reconfigurar sus áreas de influencia”, se vuelve indispensable hacer un alto y reflexionar. La historia de los últimos dos siglos demuestra con crudeza que la guerra nunca ha sido un motor de progreso para las mayorías, sino una herramienta inmoral diseñada para saciar los apetitos geopolíticos y financieros de unos pocos, en beneficio exclusivo de esas mismas élites. Ante este panorama global, la pasividad no es una opción aceptable; es un menester ético e histórico asumir una postura firme, decidida y sin concesiones contra la guerra y a favor de la paz, rescatando la dignidad humana por encima de los intereses del capitalismo y el poder.
