por Franco Machiavelo
Complicidad ideológica neoliberal (Darwinismo social – ganancia de los poderosos)
El exceso de cobros por consumo de electricidad en Chile debe explicarse con claridad, porque lo que no se entiende se termina aceptando. Aquí no hay fatalidad técnica ni error inevitable: hay una decisión ideológica que normaliza que unos pocos ganen siempre, incluso cuando el costo lo pagan millones de hogares.
La electricidad no es un lujo. Es una condición básica para vivir con dignidad. Sin embargo, el sistema la administra como mercancía financiera: lo central no es asegurar el acceso justo, sino blindar la rentabilidad. Cuando las cuentas suben sin relación directa con el consumo real, queda claro que no se paga energía, sino un mecanismo de extracción.
Gran parte de los cobros excesivos no corresponde al uso actual. Incluye deudas acumuladas, compensaciones garantizadas y ajustes automáticos diseñados para que el negocio no asuma riesgos. En la práctica, las familias pagan hoy decisiones tomadas sin su consentimiento. Eso no es responsabilidad compartida: es traspaso de costos desde el poder económico hacia la vida cotidiana.
Este esquema funciona porque el Estado lo permite y lo ordena. En lugar de defender a los hogares, valida fórmulas opacas y autoriza alzas que golpean el presupuesto familiar. La regulación, así, deja de proteger al más débil y pasa a administrar el cobro. No es neutralidad: es complicidad.
Aquí aparece el núcleo ideológico: una lógica de darwinismo social, donde quien puede pagar sobrevive y quien no, se endeuda o sacrifica. La necesidad se convierte en disciplina y la boleta en castigo. El mensaje es claro: la energía no es un derecho, es un filtro. Y el filtro favorece a los poderosos.
Cuando un servicio esencial es obligatorio, no tiene competencia real y se cobra por sobre lo justo, estamos ante un abuso estructural. Las familias no pueden dejar de pagar, no pueden negociar y no pueden elegir. Esa ausencia de alternativas transforma el sobrecobro en extracción forzada de ingresos.
Una economía orientada al bien común debería asegurar energía a precio justo porque es un recurso estratégico para el desarrollo y la cohesión social. Cuando ocurre lo contrario, se rompe el pacto básico entre sociedad, Estado y economía. El resultado es una transferencia permanente de riqueza desde los hogares hacia balances empresariales protegidos.
Este no es un debate técnico. Es un debate político y ético. Se trata de decidir si los recursos fundamentales existen para garantizar derechos o para sostener privilegios. Entenderlo es el primer paso. Organizarse y exigir cambios es el siguiente.
La electricidad no debe ser un instrumento de selección social.
Debe ser un derecho garantizado al servicio del pueblo.
