Le Monde Diplomatique, edición chilena
«El crédito es uno de los mejores instrumentos de explotación que el hombre haya sabido establecer, porque algunos, fabricando papel, pueden apropiarse del trabajo y la riqueza de otro».
Gabriel Ardant en “La fábrica del hombre endeudado” de Maurizio Lazzarato
La imagen de miles de personas enfrentando embargos, retenciones de impuestos o amenazas por haber intentado acceder a la educación superior constituye una de las expresiones más brutales de la desigualdad chilena. No se trata únicamente de una discusión sobre deudas impagas. Lo que está en cuestión es algo mucho más profundo: la transformación de un derecho social fundamental en un mecanismo de acumulación financiera.
Durante décadas, se instaló la idea de que estudiar era una inversión individual y que el endeudamiento era el camino legítimo para financiarla. Bajo esa lógica, el Crédito con Aval del Estado (CAE) fue presentado como una herramienta de movilidad social. Sin embargo, los datos disponibles muestran una realidad muy distinta. El CAE no solo facilitó el acceso a la educación superior; también convirtió el derecho a estudiar en un negocio extraordinariamente rentable para la banca y las instituciones de educación superior privada, financiado en gran medida con recursos públicos.
Las cifras son elocuentes en el estudio de Fundación SOL “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2024)” (1) con los últimos datos disponibles de la comisión INGRESA. A diciembre de 2023, la deuda total asociada al CAE superaba los $7,35 billones. De ese monto, más de $4,6 billones correspondían a créditos en mora, mientras que quienes pagaban al día acumulaban alrededor de $2,7 billones. La magnitud de la morosidad revela que no estamos frente a un problema individual de irresponsabilidad financiera, sino frente al fracaso estructural de un mecanismo que prometió oportunidades y terminó generando una carga económica difícilmente sostenible para cientos de miles de hogares.
Pero existe un aspecto aún más revelador. Mientras se insiste en la necesidad de perseguir a quienes no pueden pagar, el Estado ya ha desembolsado una suma prácticamente equivalente al total de la deuda vigente. Entre 2006 y 2023, el fisco gastó más de $7,25 billones recomprando créditos a sobre precios a la banca para reducir su exposición al riesgo. Solo durante 2023, esta operación implicó un gasto superior a los $449 mil millones, incluyendo un recargo que superó los $110 mil millones. En otras palabras, cuando se argumenta que la condonación es demasiado costosa para las finanzas públicas, se omite un dato fundamental: el Estado ya ha destinado recursos gigantescos para garantizar la rentabilidad del negocio financiero asociado al CAE. No estamos frente a un sistema diseñado para proteger el derecho a la educación, sino frente a una arquitectura institucional construida para asegurar que los bancos no pierdan.
Más aún, las entidades financieras no solo lograron transferir gran parte del riesgo al Estado, sino que además obtuvieron beneficios adicionales. Los recargos pagados por el fisco a la banca superaban los $1,46 billones hasta el año 2023. Es decir, recursos públicos que podrían haberse destinado a fortalecer universidades estatales, ampliar becas o financiar investigación, terminaron convirtiéndose en subsidios indirectos al sector financiero.
Esta situación obliga a replantear la naturaleza política del problema. El principal acreedor de buena parte de estas deudas ya no es la banca, sino el propio Estado. Según antecedentes de la misma Tesorería General de la República (TGR), cientos de miles de personas tienen actualmente como acreedor directo al fisco, luego de que este ejecutara las garantías asociadas al CAE.
La pregunta entonces deja de ser financiera y pasa a ser profundamente política: ¿qué sentido tiene que el Estado persiga, embargue y castigue económicamente a quienes intentaron ejercer un derecho que el propio Estado promovió como mecanismo de ascenso social?
La respuesta se vuelve aún más problemática cuando se observa la evolución del mercado laboral. El CAE se construyó sobre la promesa de que la educación superior permitiría acceder a mejores empleos e ingresos suficientes para pagar la deuda adquirida. Sin embargo, el mercado laboral chileno ha mostrado una trayectoria muy distinta.
El subempleo profesional se ha convertido en una característica estructural de la economía chilena. Según el último Informe Mensual de Calidad del Empleo (IMCE) (2) de Fundación SOL, mientras en 2010 afectaba al 27% de las personas con educación superior ocupadas, hacia principios de 2026 alcanzaba el 33%. Desde 2017, por lo menos tres de cada diez personas que terminaron estudios terciarios trabajan en ocupaciones que no requieren dicha formación. Actualmente, de los más de 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras con educación superior completa, más de 1,2 millones se encuentra en situación de subempleo profesional.
Resulta difícil sostener que quienes no logran pagar sus deudas son simplemente individuos que no administraron correctamente sus recursos. Lo que emerge es un modelo que expandió el acceso a la educación sin garantizar condiciones laborales acordes con las credenciales obtenidas. Se endeudó a generaciones completas bajo la promesa de una movilidad social que el propio mercado fue incapaz de ofrecer.
Por eso, los embargos asociados al CAE representan mucho más que una medida de cobranza. Constituyen la etapa final de un proceso de mercantilización donde el riesgo fue socializado y las ganancias privatizadas. Primero, se convenció a miles de jóvenes de endeudarse para estudiar; luego, se aseguró la rentabilidad de los bancos mediante recursos fiscales; finalmente, cuando las promesas de inserción laboral no se cumplieron, se responsabilizó individualmente a quienes quedaron atrapados en la deuda.
La discusión sobre el CAE no puede reducirse a balances contables ni a cálculos actuariales. Se trata de decidir qué lugar ocupa la educación en nuestra sociedad. Si estudiar es un derecho, resulta inaceptable que funcione como un activo financiero sobre el cual se especula y se obtienen ganancias garantizadas por el Estado. Si la educación es un derecho, ninguna persona debería enfrentar embargos, persecuciones judiciales o décadas de endeudamiento por haber intentado acceder a ella.
El verdadero debate no es cuánto costaría terminar con este sistema. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a pagar —económica, social y moralmente— por mantener un modelo que convirtió el futuro de miles de personas en un negocio para la banca.
Andrea Sato, Fundación SOL
Notas:
1) https://escuelasol.cl/cl_luzit_herramientas/static/adjuntos/7512/CAE2024.pdf
2) https://fundacionsol.cl/cl_luzit_herramientas/static/adjuntos/7718/IMCE%20EFM2026.pdf
