por Franco Machiavelo
La llamada “ley miscelánea” revela una transformación silenciosa pero profunda del Estado chileno. Mientras se reducen impuestos a grandes empresas y se flexibilizan condiciones para el capital, simultáneamente se endurecen las herramientas de control sobre la población común. Esa es la verdadera lógica del proyecto: menos presión sobre los poderosos y más vigilancia sobre los sectores vulnerables.
No es casualidad. Cuando un modelo económico aumenta desigualdades, necesita también aumentar mecanismos de disciplinamiento social. El poder económico jamás opera solo mediante el mercado; necesita un aparato político, jurídico y comunicacional que garantice obediencia. Por eso, mientras se habla de libertad económica para las élites, se multiplica la fiscalización sobre trabajadores informales, manifestantes, vendedores ambulantes y ciudadanos endeudados.
El discurso oficial presenta estas medidas como defensa del “orden”, pero el problema es preguntarse: ¿orden para quién?
Porque en sociedades profundamente desiguales, el orden suele significar la protección de privilegios. El pequeño comerciante recibe multas; el ciudadano común enfrenta fiscalización; el manifestante es registrado y vigilado. Sin embargo, la gran evasión tributaria, la concentración económica y el poder corporativo continúan operando con enorme influencia dentro del aparato estatal.
La aprobación en Comisión de Hacienda es particularmente simbólica. Allí se consolida una visión donde el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y comienza a ser tratado como potencial infractor, sospechoso o carga fiscal. El lenguaje tecnocrático intenta ocultar que detrás de cada “ajuste”, “sanción” o “modernización” existe una decisión política: trasladar el peso del control social hacia abajo mientras arriba se protege la acumulación de riqueza.
La paradoja es brutal: el mismo Estado que declara no tener recursos suficientes para fortalecer derechos sociales sí desarrolla nuevas capacidades de fiscalización y castigo. La austeridad desaparece cuando se trata de vigilancia, control y sanción.
Así emerge un modelo peligroso: un país donde la ciudadanía es observada con desconfianza permanente mientras el gran poder económico se presenta como salvador nacional. Un modelo donde el miedo reemplaza a la solidaridad y donde la estabilidad social se construye no sobre justicia, sino sobre obediencia.
Y cuando la política convierte la desigualdad en norma y la protesta en amenaza, la democracia empieza lentamente a vaciarse desde dentro.
