David Ellis, Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)
El impacto de la contaminación atmosférica no se percibe por igual en toda la población. Estudios previos han demostrado que quienes viven en las zonas más desfavorecidas también sufren los peores niveles de contaminación atmosférica, a pesar de poseer menos coches y conducir menos que quienes viven en zonas más prósperas.
El informe del RCP llega un mes antes de que un grupo multipartidista de diputados vuelva a presentar un proyecto de ley que busca convertir el aire limpio en un derecho humano y exige a las autoridades locales cumplir con los estándares mínimos de contaminación atmosférica establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La ley se llama «Ley de Ella», en honor a Ella Adoo Kissi Debrah, de nueve años, quien en mayo de 2022 se convirtió en la primera persona en Inglaterra en tener la contaminación atmosférica como causa de muerte tras fallecer a causa de un ataque de asma.
Sin embargo, como señala el informe, no existe un nivel seguro de contaminación atmosférica. El sistema capitalista es incapaz de impulsar el cambio radical en la calefacción, el transporte y la manufactura necesarios para garantizar nuestra seguridad. Y mucho menos de hacerlo de forma justa y equitativa. Los vehículos motorizados son una de las principales fuentes de tres tipos de contaminación atmosférica: monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión.
Muchas ciudades han implementado zonas de aire limpio para combatir los niveles de contaminación atmosférica en el centro de la ciudad, prohibiendo los vehículos diésel más antiguos y los más contaminantes. Estos planes han logrado reducir los niveles de óxido de nitrógeno, y estudios realizados en Bradford sugieren que, como resultado, menos personas acuden al hospital. Sin embargo, estas políticas suelen cargar con la responsabilidad de mejorar la calidad del aire a los trabajadores, que no pueden permitirse comprar coches nuevos, mientras que los ricos pueden simplemente pagar las multas. Además, dado que la mayor parte de las partículas proviene de los neumáticos y las pastillas de freno, el cambio a coches de bajas emisiones o incluso a vehículos eléctricos no reduce este tipo de contaminación.
Para reducir significativamente la contaminación atmosférica causada por el transporte, necesitamos un transporte público gratuito y conveniente para todos. Esto requeriría la nacionalización total del ferrocarril y los autobuses bajo control obrero democrático, con los recursos necesarios para ampliar y mejorar los servicios.
Invertir en transporte activo, como caminar y andar en bicicleta, no solo mejora la calidad del aire, sino que también fomenta la actividad física. Sin embargo, los ayuntamientos, con problemas de liquidez y controlados por los principales partidos, no están dispuestos a luchar por la financiación necesaria para hacerlo posible.
Una economía planificada democráticamente permitiría una distribución más eficiente de bienes y productos para reducir, por ejemplo, el número de camiones en circulación. El control obrero democrático de la industria manufacturera también contribuiría a garantizar que los contaminantes se monitoricen y controlen de forma transparente y aceptable para las comunidades donde se ubican las fábricas.