por Jano Ramírez
La situación política y social en Chile
Chile atraviesa un momento de crisis política y social. La desconfianza hacia las instituciones y los partidos tradicionales es total, la gente no cree en el Congreso, ni en el Gobierno, ni en los candidatos que se presentan como “nuevos”, porque todos ofrecen administrar el mismo modelo. Las elecciones se transforman en un ritual vacío, mientras la corrupción, el acomodo y los pactos entre políticos y empresarios se repiten. En paralelo, la situación social se agrava, la vida se hace cada vez más cara, los sueldos no alcanzan y los derechos básicos siguen siendo un negocio.
Lo más grave es que esta situación abre paso a un peligro evidente, que el descontento de millones, en lugar de transformarse en organización popular, termine canalizado por la ultra derecha pinochetista, que busca volver con más represión y más precariedad. Esa es la amenaza que tenemos enfrente.
Salud, negocio con la enfermedad
El sistema de salud es una máquina de exclusión. Quien tiene dinero accede a clínicas privadas, quien no, espera meses o años en el sistema público. El derecho a la salud se transforma en un privilegio. Miles de familias se endeudan para pagar operaciones, tratamientos o medicamentos. La vida de las y los trabajadores está en manos del lucro.
Pensiones, condena a la miseria
Después de toda una vida trabajando, la mayoría recibe pensiones de hambre. El sistema de AFP no asegura dignidad, asegura utilidades para los grupos económicos. Los gobiernos hablan de “reformas” que nunca cambian lo esencial, las pensiones seguirán siendo insuficientes mientras el ahorro de los trabajadores financia negocios privados.
Educación, títulos que no garantizan futuro
La educación en Chile sigue siendo un negocio. Universidades, institutos y colegios lucran con los sueños de miles de familias que se endeudan para darle un “mejor futuro” a sus hijos. El derecho a estudiar se convierte en mercancía, y el resultado es que la calidad depende del bolsillo.
Pero el problema va más allá del lucro. En un país sin industria propia, sin desarrollo tecnológico y con una economía dependiente de la exportación de materias primas, muchos jóvenes terminan sus carreras para descubrir que no tienen dónde ejercer su profesión. Miles de profesionales sobreviven en el subempleo, en call centers, en trabajos informales o derechamente en el desempleo.
La desigualdad comienza desde antes, en la educación primaria y secundaria. Escuelas y liceos en comunas populares funcionan con recursos mínimos, mientras colegios privados concentran la calidad, la infraestructura y las oportunidades. A esto se suma la exclusión del ramo de Historia como asignatura obligatoria en la enseñanza media, lo que refleja el intento consciente de borrar la memoria crítica y de formar generaciones sin conciencia de su pasado ni de las luchas que los anteceden.
El resultado es una generación marcada por la frustración, quienes estudiaron y se endeudaron no logran estabilidad, y quienes no pudieron hacerlo quedan aún más marginados. Lo que se promete como “movilidad social” termina siendo una trampa que reproduce la desigualdad y profundiza la precariedad
Vivienda, el país de los campamentos
Mientras los precios de arriendos y créditos hipotecarios se disparan, miles de familias no tienen dónde vivir dignamente. El crecimiento de los campamentos en todo el país muestra el fracaso total del modelo. Se multiplican las ciudades de la carencia, donde el Estado sólo llega con represión o asistencialismo insuficiente.
Costo de la vida, todo sube menos los sueldos
La inflación golpea duro, alimentos, transporte, servicios básicos. El IPC oficial maquilla la realidad porque no mide el peso de las deudas. En la práctica, millones de familias trabajan solo para pagar intereses y sobrevivir. Vivimos en un país donde es más caro endeudarse que alimentarse.
Migración, el doble discurso de la derecha y el empresariado
Mientras la derecha levanta un discurso populista prometiendo “mano dura” y expulsión masiva de migrantes irregulares, el verdadero rostro del capital no puede esconderse, cuando necesitan mano de obra precarizada y barata, la aceptan y la promueven sin problemas. Lo reconocen ellos mismos. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, ha señalado que “no tenemos trabajadores nacionales suficientes” para el agro y ha propuesto regularizar migrantes con vínculos laborales. El ex presidente de la SNA, Luis Mayol, fue aún más directo, sin trabajadores migrantes el sector agrícola simplemente no funciona. En otras palabras, la migración irregular se transforma en un recurso funcional al empresariado, que utiliza a miles de trabajadores sin derechos como temporeros explotados, y luego permite que la derecha agite el miedo y la criminalización para mantener dividida a la clase trabajadora.
Seguridad y el rol de los medios
El miedo se ha convertido en la principal herramienta política de la derecha y de los defensores del modelo. Los noticieros y la prensa hegemónica repiten una y otra vez portonazos, asaltos y crímenes, generando una sensación de inseguridad permanente. Pero nunca muestran con la misma fuerza los fraudes de cuello y corbata, la evasión tributaria de los grandes empresarios, ni la corrupción política que roba millones a diario.
De esta forma, la “inseguridad” se convierte en un producto mediático, sirve para criminalizar la pobreza, justificar la represión y desviar la atención de los verdaderos responsables de la precariedad. En vez de discutir por qué no hay salud digna, pensiones justas o salarios suficientes, se instala la idea de que todo se resolverá con más carabineros, más cárceles y más militarización.
Estado, garante del capital, no de los derechos
El Estado se presenta como neutral, pero siempre actúa en favor de los grandes empresarios. Privatizó lo esencial, entrega subsidios millonarios a privados y criminaliza la protesta social. En vez de garantizar derechos, garantiza la propiedad de unos pocos.
Pueblos originarios, resistencia frente al despojo
El pueblo mapuche y otros pueblos originarios siguen enfrentando el despojo histórico de sus tierras y culturas. Se les reconoce en discursos, pero en la práctica se les reprime con militarización, persecución judicial y cárcel. No hay derechos reales, solo promesas incumplidas.
A esto se suman hechos gravísimos como las desapariciones forzadas, entre ellas el caso de Julia Chuñil, que no es el único. Estos crímenes muestran hasta dónde llega la violencia del Estado contra quienes se organizan y resisten.
La necesidad de construir desde abajo
La conclusión es clara, ningún candidato ofrece una salida distinta. Cambian los nombres, cambian los colores de campaña, pero el modelo se mantiene. Por eso es urgente levantar una alternativa desde abajo, construida por trabajadores, pobladores, jóvenes, mujeres y pueblos originarios. Una alternativa que no se contente con administrar la precariedad, sino que luche por terminar con ella de raíz.
Chile necesita organización popular, un programa que parta de nuestras necesidades y un proyecto político que no le rinda cuentas a los poderosos. Solo desde ahí podremos romper con el círculo de frustración y evitar que la rabia social sea capitalizada por los mismos de siempre o, peor aún, por una ultraderecha pinochetista que amenaza con volver.
