Luego del brutal despliegue represivo de la semana pasada, el Gobierno Nacional cambió de estrategia frente a la nueva marcha en favor de los jubilados. Desde la Casa Rosada les ordenaron a las fuerzas de seguridad que no avanzaran contra los manifestantes y se quedaran en todo momento detrás del gran vallado que montaron temprano en las inmediaciones del Palacio Legislativo y la Casa Rosada. Para combatir la protesta social eligieron esta vez la intimidación y las amenazas, que llevaron a la práctica a través de requisas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, operativos de control sobre los transportes de pasajeros, promesas de represión en los carteles de las estaciones de trenes y en declaraciones en los medios de comunicación. Pese a los intentos por desactivarla, la marcha fue multitudinaria y pacífica. 

Desde temprano, el presidente Javier Milei estuvo en la Casa de Gobierno monitoreando lo que ocurría tanto afuera como adentro del Congreso. Con 129 votos a favor, la Libertad Avanza logró blindar en la Cámara de Diputados el nuevo acuerdo con el FMI, sin dar detalles sobre su contenido ni sus implicancias. «Nos sirve que tiren piedras porque eso los va a dejar expuestos ante la sociedad», aseguraban desde temprano en el oficialismo. Sin embargo, sus deseos no se hicieron realidad. Los intentos de aquellas personas que buscaban tirar piedras o derribar el vallado fueron rápidamente apartados por los propios manifestantes que estaban cerca. Los funcionarios cercanos a Milei, que la semana pasada aseguraban que quienes habían movilizado eran «barrabravas y delincuentes», esta vez tenían otro libreto: «Barras o no, son todos kukas».

Por más que desde el oficialismo sostuvieron que la represión del miércoles pasado fortalecía a su núcleo duro de votantes y los posicionaba mejor en las encuestas, esta vez tuvieron que revertir el accionar. Las imágenes de la gendarmería disparando una granada de gas a la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo significaron un golpe que desde la Casa Rosada buscaron morigerar. Con el argumento de que no haya «excesos», le ordenaron a todos los efectivos se queden detrás de las vallas. «El operativo es para desincentivar la violencia y mantener el orden público», repetían cerca de Milei más allá de los deseos de Bullrich que, previo a la marcha, amenazaba: «Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán». Según datos oficiales, el costo del depliegue de seguridad fue de 600 millones de pesos. Mucho menor al de la semana pasada, ya que no se produjo el avance represivo. Entre los gastos se computaban viáticos especiales, comida, movilización y reemplazos de los agentes que habián participado de la jornada.

Si bien estuvo a cargo de la ministra, el operativo de seguridad esta vez fue intervenido por el «triángulo de hierro», conformado por los Milei y Santiago Caputo. Desde la semana pasada la titular de Seguridad organizó reuniones en su ministerio, pero también en la Casa de Gobierno con diferentes funcionarios, incluso de la SIDE, para planificar los pasos a seguir. Desde la oposición, tal como contó este diario, exigieron en el marco de la Comisión Bicameral de Inteligencia que citen a Bullrich, al titular de la SIDE Sergio Neiffert, a su segundo, Diego Kravetz, y al titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer, porque, al participar de esas reuniones, consideran que los funcionarios incumplieron con la ley 25.520 de Inteligencia.

El miércoles por la mañana se comenzó a conocer cómo sería el operativo que Bullrich preparó junto a los funcionarios de la Casa Rosada. Tanto la Plaza de Mayo como el Congreso amanecieron vallados y, desde temprano, hubo controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires con gendarmes que pedían documentos, revisaban bolsos y preguntaban a dónde iban los pasajeros. Llegaron a utilizar inspectores de la agencia de recaudación tributaria ARCA para controlar documentación de los choferes y transporte. 

También pasaron amenazas por altoparlantes en las estaciones de trenes en las que repetían: “Protesta no es violencia. La policía va a reprimir cualquier atentado contra la República”. El mensaje, que además aparecía escrito en las pantallas, se replicó tanto en las estaciones de Once como en la de Constitución y era reproducido por la empresa estatal Trenes Argentinos. Bullrich, como parte de la provocación, el miércoles temprano publicó en sus redes un escrito en el que decía que el ministerio iba a pagar una recompensa de 10 millones de pesos a quienes, por teléfono, «brinden datos útiles que permitan identificar y capturar a los responsables de los disturbios y delitos».

Milei y su hermana estuvieron en Balcarce 50 todo el día. Cerca del mediodía Karina recibió a Bullrich para seguir los detalles del operativo –ella es secretaria general de la Presidencia y tiene a su cargo Casa Militar–. Por la tarde llegó a Balcarce 50 el ministro de Economía, Luis Caputo para esperar junto a los Milei la votación. Una vez que se aprobó, el ministro subió a sus redes sociales una foto en la que él y Karina estaban  sonriendo y Milei aparecía serio con sus pulgares en alto. «129-108 VLLC!!», escribió. Milei compartió la misma foto y también puso «Viva la libertad carajo».

El jefe de gabinete Guillermo Francos, que en la previa de la marcha había dicho que «si hay una situación de uso de la violencia, se utilizará la represión», no estuvo siguiendo el minuto a minuto del operativo, como sí los Milei, Santiago Caputo y Bullrich. Francos y el titular de Interior, Lisandro Catalán, se encargaron de las negociaciones para conseguir los votos y que se apruebe en Diputados el acuerdo con el FMI. El día anterior a la votación, Francos se reunió con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, de Tucumán, Osvaldo Jaldo y de Salta, Gustavo Saénz y el día de la sesión con el gobernador de Neuquén, Rolado Figueroa.