por Daniel Quilaipan
Alex Smith Leay fue condenado a 12 años de presidio (con casi 7 años ya abonados), mientras que el excapitán de Carabineros Leonardo Osses Sandoval recibió 10 años de cárcel (con más de 3 años abonados). Ellos son los únicos que deberán cumplir penas efectivas tras el escándalo de la “Operación Huracán”.
En contraste, Gonzalo Blu Rodríguez y Patricio Marín Lazo ambos condenados a 5 años de presidio no pisarán la cárcel, ya que cumplirán sus penas bajo libertad vigilada intensiva. A ellos se suman Marcelo Teuber Muñoz, condenado a 3 años y un día más 100 días adicionales, y Manuel Riquelme Mardones, con penas de 100 y 21 días, quienes también cumplirán sus condenas en el medio libre. Para muchas comunidades, estos últimos representan la cara de la impunidad en uno de los montajes más graves contra el pueblo mapuche.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco confirmó así lo que por años denunciaron dirigentes y comunidades: la “Operación Huracán” fue un montaje. Durante el juicio se acreditó que nunca existieron las supuestas herramientas tecnológicas para interceptar WhatsApp ni geolocalizar comunicaciones.
Más grave aún, se comprobó que se implantaron conversaciones falsas en los celulares de dirigentes mapuche, con el objetivo de vincularlos a hechos de violencia y justificar detenciones en 2017. En total, más de 17 personas fueron involucradas en informes que resultaron ser completamente falsos.
Este fallo no solo establece responsabilidades individuales, sino que deja en evidencia un actuar sistemático desde organismos del Estado para criminalizar la causa mapuche, utilizando pruebas manipuladas y procesos irregulares.
Desde la defensa de los dirigentes afectados también surgieron críticas, especialmente por la decisión de condenar en costas a los querellantes tras la absolución de otros acusados, lo que ha sido calificado como una señal contradictoria dentro del mismo proceso judicial.
A pesar de las condenas, en el territorio queda una sensación amarga: se confirmó el montaje, pero no todos los responsables enfrentarán la cárcel. Para las comunidades mapuche, la herida sigue abierta.
