por Juan Fran Torres
Un juez federal que fue designado por los propios Republicanos, dictaminó que el Secretario de Estado, Marco Rubio conspiró ilegalmente para arrestar y encarcelar a personas que ejercían derechos protegidos por la Primera Enmienda: Libertad de religión, Expresión, Prensa, Reunión pacífica y el Derecho de petición al gobierno, libertades que el Gobierno y el Congreso no pueden restringir.
El fallo señala además a Rubio como el funcionario de mayor rango involucrado en una conspiración de esta naturaleza. A esto se suma que el propio Marco Rubio reconoció ante un juez que la administración de Donald Trump deportó ilegalmente y sin debido proceso a venezolanos hacia El Salvador y que hoy ni siquiera sabe dónde se encuentran.
Estos hechos se agregan a innumerables y graves violaciones al Derecho Internacional. Expulsar personas sin juicio, perder su rastro y luego escudarse en que cualquier audiencia de este tipo “arriesgaría un daño material a los intereses de la política exterior de Estados Unidos con Venezuela”, constituye una arbitrariedad de Estado.
Cuando un país admite que no puede responder por la vida y la libertad de quienes deporta, estamos frente a prácticas que configuran desaparición forzada. Los derechos humanos no son opcionales ni dependen de la geopolítica.
Lo dicho y hecho por Marco Rubio es inaceptable y conforme avanza la investigación, será denunciado.
Finalmente, el propio Rubio reconoció ante el juez que la administración Trump se encuentra en una posición política y jurídica compleja tras el secuestro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros.
