Análisis de Andrea Pérez Espinoza Petrovsky Mitch
En los debates sobre Venezuela, Cuba o Nicaragua aparece una postura muy repetida, sobre todo en espacios progresistas y académicos: “No me gusta Maduro, pero estoy en contra de las sanciones y de la intervención de Estados Unidos”, pareciera ser una postura razonable, incluso equilibrada. Pero muchas veces esa posición no busca entender la realidad, sino proteger una imagen: quedar bien socialmente sin romper del todo con el discurso dominante.
El problema es que las críticas a los Presidentes Maduro, Díaz-Canel y Daniel Ortega no nacieron en un terreno neutral. Durante años se construyó una narrativa mediática que presenta a estos países como el mal absoluto de América Latina, desconectando sus problemas del bloqueo, la presión económica y la injerencia externa. Se repite tanto el mismo relato que termina pareciendo una verdad obvia, incuestionable. Pero ¿lo es realmente?
Vale la pena hacerse una pregunta: ¿Tu odio hacia Daniel Ortega, Díaz-Canel o Maduro es realmente orgánico, o es el resultado de una narrativa construida durante años? ¿En qué momento analizaste por tu cuenta los hechos, y en cuál simplemente asumiste como ciertas las imágenes, titulares y juicios morales que se repiten una y otra vez? El rechazo puede sentirse auténtico, pero eso no significa que no haya sido aprendido.
Un ejemplo claro es el caso de Venezuela y Juan Guaidó. Durante años fue presentado como “presidente interino” mientras administraba y en muchos casos dilapidaba activos del Estado venezolano en el exterior, como Citgo o cuentas bancarias bloqueadas. Esto no es propaganda: es un hecho documentado. Sin embargo, ¿cuántas de las voces que dicen criticar al gobierno venezolano pusieron el mismo énfasis en denunciar ese robo? Muy pocas. La crítica selectiva no es casual: cumple una función política.
Esta izquierda “cuidadosa” suele marcar distancia de estos gobiernos para conservar prestigio académico o aceptación social. Apoyar abiertamente a un país bajo asedio todavía se considera incómodo, casi una mancha. Pero al hacer ese gesto de distancia permanente, se termina reforzando la idea central del discurso dominante: que el problema principal es el gobierno y no la agresión externa constante.
También hay una idea muy pobre de democracia detrás de todo esto. Como si la democracia fuera solo cambiar de gobierno cada cierto número de años, sin importar si ese cambio significa perder soberanía, entregar recursos o someterse a intereses extranjeros. Bajo esa lógica, cualquier proyecto que intente tocar el poder económico real es rápidamente acusado de autoritario, mientras otros países profundamente desiguales son celebrados como ejemplos democráticos.
Las sanciones, por su parte, siguen siendo tratadas como un “mal necesario” o un error bienintencionado. Pero en la práctica castigan a la gente común: afectan salarios, acceso a medicinas, producción y condiciones de vida. Condenarlas sin defender con claridad el derecho de esos pueblos a sostener sus propios proyectos nacionales es una postura incompleta y cómoda.
Hoy la intervención no siempre llega con ejércitos, sino con bloqueos financieros, campañas mediáticas y presión internacional. En ese contexto, la ambigüedad no es neutral. Repetir críticas sin cuestionar de dónde vienen y a quién benefician es, muchas veces, funcional a los mismos poderes que se dice rechazar.
Defender la soberanía y los proyectos populares no significa negar errores propios de cada proceso en el marco de su desarrollo. Significa, primero, desconfiar del odio automático y preguntarse cómo fue construido. Porque cuando el rechazo se vuelve sentido común incuestionable, lo verdaderamente crítico no es repetirlo, sino detenerse y preguntar: ¿quién me enseñó a pensar así, y para qué?
