por José A. Amesty Rivera
En estos días han aparecido muchos artículos, análisis y comentarios sobre Peter Thiel y sobre su
empresa Palantir Technologies. Diremos una palabra al respecto, y no es casual esta aparición;
porque algo se está moviendo, algo que tiene que ver con el poder en el mundo actual, con la
tecnología y con quién termina tomando las decisiones importantes.
Veamos, porque Thiel no es una figura cualquiera, no es un presidente, no es un candidato, no es
alguien que ande en campaña buscando votos, pero no por ello, significa que tenga menos
influencia. Al contrario, representa un tipo de poder que no necesita elecciones para imponerse, es
el poder que viene del dinero, de la tecnología y de su relación directa con gobiernos y estructuras
de seguridad.
Su historia arranca en Silicon Valley, ese espacio donde surgieron empresas como Google o
Apple, pero que en el fondo es algo más que un lugar, es una forma de ver el mundo una forma
donde se cree que el futuro lo deben diseñar los que tienen capital y conocimiento técnico, sin
pasar por el filtro de la política, ni por la participación de la gente.
De ahí viene su paso por PayPal junto a Elon Musk y su inversión en Facebook. Pero el punto
donde esa visión se vuelve más clara (y más preocupante) es en Palantir.
Palantir trabaja con datos, pero no de forma inocente; Plataformas como Palantir Gotham y
Palantir Foundry procesan grandes cantidades de información, las cruzan, las interpretan y las
convierten en decisiones operativas. Tienen contratos con organismos como CIA, el FBI y el
Departamento de Defensa de Estados Unidos; es decir, no solo observa la realidad, ayuda a
organizarla y, en muchos casos, a controlarla.
Y aquí hay que ser claros, esto no es neutral, es una forma moderna de vigilancia. Lo que se
presenta como eficiencia tecnológica, también puede ser una herramienta de control social.
Porque cuando se pueden predecir comportamientos, también se pueden anticipar conflictos,
vigilar poblaciones y actuar antes de que algo ocurra. Ya no se trata solo de reaccionar, sino de
adelantarse a la gente.
Ejemplos concretos de esto ya existen. En Estados Unidos, el sistema de vigilancia masiva
revelado por Edward Snowden expuso programas como PRISM, que permitían recolectar datos
directamente de grandes plataformas tecnológicas.
También está el uso de Palantir por parte de ICE para rastrear y deportar migrantes mediante
análisis de datos.
En Reino Unido, programas de policía predictiva como National Data Analytics Solution han
intentado anticipar delitos mediante algoritmos, generando críticas por sesgos estructurales.
En Países Bajos, el sistema SyRI fue suspendido por un tribunal al considerarse que violaba
derechos fundamentales al perfilar ciudadanos.
Y aquí es donde aparece lo que algunos llaman la “guerra cognitiva”. Un escenario donde el
conflicto ya no pasa únicamente por territorios o recursos, sino por la capacidad de influir en cómo
las personas piensan, sienten y toman decisiones.
Casos como el escándalo de Cambridge Analytica, que utilizó datos de Facebook para influir en
elecciones como el referéndum del Brexit o los comicios en EEUU, muestran que esto ya está en
marcha.
Esto no surge de la nada, ya en 1980 el Informe MacBride advertía sobre la desigualdad en el
control de la información a nivel mundial. El nombre viene de Sean MacBride, quien presidió la
comisión internacional creada por la UNESCO. Esa comisión elaboró en 1980 el llamado Informe
MacBride, cuyo título original era “Un solo mundo, voces múltiples”.
La idea central del Informe era bastante directa, no puede haber justicia global si la información
está concentrada en pocas manos. MacBride venía además de una trayectoria ligada a los
derechos humanos, así que su enfoque apuntaba a democratizar la comunicación como parte de
una lucha más amplia por la igualdad.
Reiterando, este Informe planteaba que los países más poderosos concentraban los medios y los
flujos informativos, mientras el resto quedaba en una posición de dependencia. Su propuesta era
clara, democratizar la comunicación, porque sin equilibrio en la información no hay verdadera
soberanía.
Hoy esa advertencia queda corta frente a lo que está pasando, ya no se trata solo de medios de
comunicación, sino de datos masivos, algoritmos e inteligencia artificial que procesan la vida social
en tiempo real.
En este contexto, empresas como Palantir representan un salto más, no solo manejan
información, la convierten en una herramienta directa de poder, y no cualquier poder, sino uno que
mezcla intereses privados con funciones que antes eran exclusivas del Estado.
En América Latina también empiezan a verse señales concretas. En Brasil, ciudades como Río de
Janeiro han implementado sistemas de reconocimiento facial con apoyo de empresas como
Huawei.
En México, el sistema C5 integra video vigilancia masiva con análisis de datos urbanos.
En Argentina, el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos generó controversia por errores y
detenciones indebidas.
En Chile y Colombia, durante protestas sociales, se denunció el uso de herramientas de monitoreo
digital y vigilancia en redes sociales para seguimiento de manifestantes.
Por eso no sorprende que el propio Thiel haya cuestionado el valor de la democracia. Ha
planteado que votar o debatir puede frenar el progreso, dicho de forma sencilla, para esa lógica, la
participación popular es un obstáculo cuando se trata de avanzar rápido.
Desde América Latina, eso no se puede tomar a la ligera, se sabe lo que ocurre cuando el poder
se concentra y cuando las decisiones se toman sin control.
El economista Yanis Varoufakis ha hablado de un “tecnofeudalismo”, una etapa donde las grandes
empresas tecnológicas tienen más poder que muchos gobiernos, y viendo cómo se mueven estos
actores, la idea no parece exagerada.
Además, el propio discurso de Palantir es bastante explícito, su planteamiento es que la
tecnología no debe ser neutral, sino que debe servir a intereses estratégicos, especialmente de
EEUU y sus aliados.
Para América Latina, esto abre un problema serio, porque si antes la dependencia pasaba por
materias primas o por deuda, ahora puede pasar por los datos, la tecnología y la infraestructura
digital.
En la región hay sectores que miran estas ideas con simpatía. Discursos como los de Javier Milei
insisten en reducir el Estado y dejar que el mercado ordene todo; pero esa receta ya se aplicó
antes, por ejemplo, con las políticas del Consenso de Washington, y los resultados fueron más
desigualdad y más exclusión.
También fuera de la región aparecen semejanzas. En Unión Europea, leyes como el Reglamento
General de Protección de Datos y la Ley de Servicios Digitales, buscan limitar el poder de las
grandes plataformas, reconociendo que su influencia puede desbordar a los Estados.
Aquí el debate de fondo no es si queremos tecnología o no, eso ya no está en discusión. La
cuestión es quién la controla, cómo se usa y a quién beneficia.
Porque si ese control queda en manos de unos pocos, fuera de cualquier supervisión democrática,
por decir algo, el futuro puede ser muy eficiente, pero también profundamente desigual.
Por eso, más que rechazar la tecnología, el desafío es disputarla. Democratizar su uso, regular su
alcance y asegurar que responda al interés colectivo, porque sin control social y sin participación,
el poder tecnológico no libera, más bien concentra.
En fin, el punto de fondo es que Peter Thiel no es una rareza, es un síntoma, es la cara visible de
un sistema que quiere reemplazar la política, por simples reglas-formas, la democracia por datos y
los derechos por eficiencia. Y frente a esto, la única respuesta posible no es la resignación, es la
organización, la conciencia y la lucha.
