Mientras siguen las idas y vueltas con la ¿expropiación? de Vicentin, es un buen momento para preguntarse qué hacer con todo el comercio exterior que hoy es un verdadero monopolio privado que concentran menos de 100 empresas.
Esteban Mercatante *
Ideas de Izquierda, 14-6-2020
https://www.laizquierdadiario.com/
La disponibilidad de divisas es un problema crítico para el funcionamiento de la economía argentina. La estructura productiva está configurada en todas las ramas de tal forma que la mayor parte de los sectores, sobre todo de la industria, requieren para funcionar un alto porcentaje de componentes importados. La dependencia de insumos importados existió desde los comienzos del desarrollo industrial del capitalismo dependiente argentino, y siempre operó como un freno para la producción, dado que por cada punto porcentual de aumento del producto las compras al exterior crecen por encima de ese 1 %; pero se agravó en los ‘90 como resultado combinado de la destrucción de numerosas cadenas de proveedores por el esquema económico imperante y por la reconfiguración de cadenas globales o regionales de valor que reemplazaron proveedores locales por otros extranjeros, como es el caso paradigmático de la industria automotriz. Desde entonces los rasgos del aparato productivo se mantuvieron sin cambios sustanciales; durante los primeros años después de la salida de la convertibilidad creció la industria en participación en el PBI pero con la misma estructura desarticulada heredada. El “cambio estructural” del que hablaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández no se verificó en los hechos.
Pero la demanda de divisas para la producción quedó sobrepasada en las últimas décadas por la captación de divisas que realizan los acreedores de la deuda pública y el comportamiento de los grandes empresarios, ya sea locales o extranjeros, de casi todos los sectores de la producción o servicios, que se vienen caracterizando por convertir en dólares y girar al exterior buena parte de las utilidades que obtienen por sus operaciones en el país, restando así los recursos disponibles para la inversión en ampliar la capacidad productiva. Los servicios de la deuda en moneda extranjera, la remisión de utilidades de las empresas multinacionales al exterior, y la fuga de capitales se han vuelto una carga cada vez más pesada sobre la economía nacional, que excepto en momentos excepcionalmente favorables para la exportación del país como fue con altibajos el período 2003-2013, no puede sostenerse con los dólares que entran de la exportación.
Pero determinar de manera racional el destino de los dólares del comercio, de acuerdo a un plan que tenga que ver realmente con las necesidades fundamentales de la sociedad y no con el lucro privado, y evitar cualquier maniobra de fraude o especulación con la liquidación de divisas de la exportación, es elemental para evitar los recurrentes trastornos económicos. Tanto como lo es poner fin a la sangría de recursos que imponen los acreedores, especuladores, las firmas imperialistas y la gran burguesía “nacional”.
El monopolio privado del comercio exterior
Hoy existe un monopolio privado del comercio exterior, que consiste en unas pocas decenas de empresas que concentran entre la mitad y dos tercios de las exportaciones del país. Son las comercializadoras de cereales y derivados, petroleras y mineras, y en el sector manufacturero algunas grandes firmas de la agroindustria, las automotrices, el aluminio y otros metales. En este reducido grupo encontramos algunas de las principales empresas imperialistas que actúan en el país junto a grupos económicos locales como Aluar o Techint. A diferencia de lo que ocurre con la economía nacional tomada como un todo, este sector de grandes firmas registra de manera habitual holgados superávit en su balanza comercial. Como observan Andrés Wainer y Paula Belloni:
Estos actores, en tanto grandes proveedores de divisas, cuentan con un importante poder de veto, por ejemplo, poniendo límites objetivos a la capacidad que tiene el Estado de apropiar renta y/o modificar los parámetros del comercio exterior. Y, por el tipo de sectores en los que se encuentran insertos, se caracterizan por no reinvertir sus ganancias en la esfera productiva y enviarla al exterior en forma de remisión de utilidades o fuga de capitales [1].
El “poder de veto” del que hablan los autores se manifiesta de múltiples maneras. Con el desarrollo de cadenas de valor globales, en las cuales la Argentina solo tiene una integración significativa en el caso del sector agroalimentario, el automotriz (en las etapas finales orientadas para la venta en el Mercosur y otros países de América Latina y solo excepcionalmente en la producción de componentes de cierta importancia para proveer mundialmente como son las cajas de cambio que fabrica en el país Volkswagen para proveer a varias de sus plantas en el mundo) y algunos pocos más, las multinacionales realizan un comercio administrado entre sus filiales. A través de las operaciones intra-firma ubicadas en distintos países, estas trasnacionales se han especializado en el manejo de los precios de transferencia, que les permiten aumentar los costos en las jurisdicciones de alta tributación y transferir las utilidades a las casas matrices, muchas veces a través de guaridas fiscales, las cuales ofrecen el beneficio de tener bajas o nulas tasas imponibles y un elevado nivel de secretismo. Con maniobras opacas de este tipo es como estas firmas terminan imputando el grueso de las utilidades en las filiales localizadas en los paraísos fiscales (donde no se produce nada y sin embargo son sede de grandes firmas industriales, como es el caso de Techint argentina, con sede social en… Luxemburgo), eluden impuestos por sumas multimillonarias. Los mecanismos exceden desde ya lo comercial, los créditos entre filiales también pueden permitir encubrir giros de ganancias hacia países con menor presión impositiva a los fines de reducir los pagos de impuestos. Son el tipo de mecanismos que se desarrollan en la Argentina cada vez que se aplican restricciones a las operaciones cambiarias, para saltearlas. En todos los casos, apropiación de este recurso escaso que son los dólares y escape al pago de impuestos van de la mano.
Las consecuencias de este “monopolio privado” del comercio exterior también son una vía para agujerear el control de las operaciones de compra-venta de divisas. Ocurre que los grandes vendedores al exterior son muchas veces también los grandes compradores. Como informó el periodista Alejandro Bercovich, del cruce de datos entre Aduana y el Banco Central se puso de manifiesto que en solo dos meses (abril-mayo) de este año, las importaciones fueron de USD 5.800 millones, pero los importadores accedieron a divisas por U$S 7.500 millones; una diferencia fenomenal de 30 %. O estamos ante la habitual sobrefacturación de importaciones o ante una declaración de operaciones no concretadas para obtener divisas. Es decir, que vemos un aprovechamiento de los canales legales para la compra de dólares para inmovilizar, léase atesorar, dólares, a la espera de algún ajuste del tipo de cambio o para volcarlos provechosamente a la venta en los canales paralelos. Ante tamaña evidencia de defraudación, la respuesta de las autoridades no pasó por exigir una devolución de dólares; apenas si apretaron un poco más el torniquete para acceder a divisas, algo que por estos días el titular del Banco Central, Miguel Pesce, está evaluando nuevamente relajar, ante los reclamos de los importadores.
Un 40 % del comercio exterior de la Argentina corresponde al comercio de cereales y oleaginosas con sus derivados, y un 25 % es el complejo sojero. En la campaña anterior 2018/19 los cinco principales exportadores de granos y subproductos del agro concentraron el 57 % de las ventas totales al exterior. Las multinacionales Cofco, Cargill, ADM-Toepfer, Bunge, y la argentina Aceitera General Deheza (AGD) fueron las 5 empresas que lideraron las exportaciones de granos y derivados, con una participación del 14, 12, 11, 10 y 9 %, respectivamente. Vicentin se ubicó en un sexto lugar con casi el mismo volumen que AGD. Situaciones semejantes se observan en el resto de las exportaciones argentinas, donde multinacionales mineras y automotrices ocupan posiciones líderes.
La privatización del comercio exterior se agravó desde la década de 1990, cuando algunas empresas extendieron su control en la logística de los despachos al exterior. Las cerealeras manejan sus propios puertos, desde que estos fueran privatizados. Sobre el río Paraná tienen sus puertos Cargill, Bunge, AGD, Vicentín, Dreyfus, Toepfer (Alemania), Molinos Río de La Plata y Nidera. Cargill posee una flota propia y opera la Terminal 6 de Puerto San Martín. En condiciones similares se encuentra Bunge.
Con todo este complejo entramado operando a escala internacional y priorizando sus oportunidades de negocios y sin que entre ni mínimamente en sus consideraciones el requerimiento de divisas de la economía argentina, nada podría ser más ilusorio que la idea de que haciéndose cargo de Vicentin, una empresa vaciada y quebrada, para operar a través de ella en el comercio de granos, alcanzará para hacer un “mini IAPI” y poner en caja a todos estos jugadores.
Sustraer el manejo del comercio exterior de los caprichos de estos conglomerados capitalistas es una medida elemental de autodefensa nacional ante los vaivenes económicos globales y la rapacidad imperialista. Las decisiones de compras y ventas, resolver qué necesita importar el país y qué no, qué se puede exportar sin desabastecer a la población, son decisiones que no pueden quedar en manos de un puñado de capitalistas. Por eso una medida fundamental para terminar con el recurrente estrangulamiento de divisas es imponer la estatización de este comercio exterior; siendo el Estado quien centralice las compras y ventas al exterior y determine la oportunidad de realizarlas.
Una medida con historia
En los países dependientes y semicoloniales la necesidad de defenderse del ahogo del imperialismo ha llevado incluso a gobiernos burgueses a avanzar hacia la nacionalización parcial del comercio exterior en determinadas circunstancias. Un ejemplo es Perón en su primer gobierno, con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Creado en mayo de 1946 apoyado en el antecedente de la Junta Nacional de Granos que existía desde la década anterior [2], tuvo varias funciones: comerciales; financieras; de regulación del mercado interno; promoción y fomento; abastecimiento de bienes importados, y ejecutora de subsidios para la provisión de algunos productos de consumo masivo [3].
En materia comercial, compraba a los productores los cereales para venderlos al exterior. En el caso de varios cereales (avena, cebada, centeno y maíz) solo adquiría los cupos necesarios a la exportación, dejando en manos privadas la comercialización del resto de la cosecha que iba dirigida al mercado interno. En el caso del trigo adquiría casi toda la producción, para exportar una parte y destinar otra /a la venta local para la molienda. Lo mismo ocurría con las oleaginosas, de las que adquiría todo el grano que luego entregaba por cupos a los industriales para que la procesaran. El aceite resultante del proceso era exportado también por el IAPI. Las exportaciones de carne, cueros, grasas y sebos también las realizaba el Instituto, previa compra en el mercado interno, aunque en proporciones diferentes según los años [4].
Esta nacionalización del comercio exterior implicó que el Estado tomara el manejo de las divisas de la exportación agropecuaria y se apropiara de la renta agraria. A diferencia de la década de 1930, cuando las Juntas de Granos establecían un precio sostén para beneficiar a los productores, el IAPI (que arrancó sus operaciones en un momento de elevados precios internacionales de los granos, a diferencia de la década poscrisis de 1929) fijaba un precio tope para el mercado interno. Luego vendía al exterior con una diferencia que llegó a ser del 50 %. Es decir que se apropiaba de una proporción importante de la renta agraria, como hoy hacen las retenciones, solo que en mayor medida.
Pero en 1949 las condiciones internacionales cambian: los precios agrícolas internacionales se deterioran como resultado de las abundantes cosechas en Europa, Canadá y EE. UU. La caída de ingresos aumentará la beligerancia de los ganaderos y agricultores, que desde los comienzos se opusieron al IAPI. Ante la nueva situación y los desplomes de la producción, modificará su operatoria y empezará a subsidiar a la producción rural, como hacían las Juntas en la década de 1930. La baja en los precios internacionales y el costo de los subsidios llevará a que “el IAPI decida ir privatizando paulatinamente el comercio frente al enorme déficit que debe financiar” [5]. Existirá hasta que el gobierno de facto que derrocó a Perón decrete su liquidación, pero con un rol cada vez más restringido y secundario.
Esto demuestra que cualquier nacionalización del comercio exterior debe ir acompañada de un avance sobre la gran propiedad terrateniente [6] y los entramados del “agropower”.
Un programa de conjunto
Un monopolio estatal del comercio exterior, para no terminar subsidiando a los grandes jugadores del agropower, debe ir de la mano de terminar con el parasitismo de la gran propiedad terrateniente. Esto permitiría administrar las divisas generadas por las exportaciones en función de las necesidades de una producción al servicio de las mayorías populares y no de las ganancias de unos pocos. Es clave para administrar las importaciones priorizando la adquisición de lo necesario para el funcionamiento productivo y la atención de las necesidades de la población.
La Argentina parte hoy de una estructura productiva profundamente desarticulada; la mayor parte de los sectores productivos que deberían ser de interés para impulsar su desarrollo porque impactan sobre el desenvolvimiento de toda la economía y/o contribuyen a elevar la calidad de vida, requieren inversiones que solo pueden llevarse a cabo si contamos con capacidad para importar medios de producción e insumos que el país no produce. El monopolio estatal del comercio exterior, unido al establecimiento de la propiedad pública de resortes productivos fundamentales que hoy están en manos de empresas imperialistas o grandes grupos nacionales para que sean gestionados por los trabajadores que diariamente los ponen en funcionamiento, permitirá definir cuáles son las prioridades del intercambio comercial, qué importaciones se puede y conviene apostar a sustituir por producción local, y en qué casos esto resulta menos viable, al menos en lo inmediato.
La fuga de capitales, los onerosos pagos de la deuda, las remesas de ganancias de las empresas multinacionales que operan en el país a sus casas matrices, y la renta agraria, muestran que el problema no es la falta de recursos potencialmente disponibles para realizar las inversiones más urgentes que permitan elevar el desarrollo de las fuerzas productivas. El problema está en cómo los actores que concentran la apropiación del excedente, hacen uso de él.
La “restricción” fundamental que explica el atraso y decadencia tiene un carácter de clase: es el resultado del gobierno de una burguesía integrada por mil lazos al imperialismo. Si cortamos con el vaciamiento nacional que producen los acreedores de la deuda, las grandes empresas y el agropower, imponiendo a través del monopolio del comercio exterior y un sistema financiero nacionalizado, terminando con el lucro que hacen los grandes bancos de la bancarrota nacional, se pueden asegurar los recursos para incrementar la capacidad de crear riqueza, para destinarse a mejorar o desarrollar las infraestructuras fundamentales, a la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, a la modernización de los transportes, y a garantizar el acceso a la cultura y el esparcimiento.
Notas
[1] Andrés Wainer y Paula Belloni, “¿Lo que el viento se llevó? Restricción externa en el kirchnerismo”, Martín Schorr (coordinador), Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista. Ensayos de economía política, Buenos Aires, Batalla de Ideas, 2018, p. 77.
[2] La Junta de Granos se había conformado con el objetivo inicial de centralizar el comercio y las exportaciones, pero con el objetivo de entregar a los productores un precio mínimo, superior al del mercado internacional. Era una vía para subsidiar desde el Estado, gobernado entonces por una coalición conservadora-liberal que tenía en los grandes hacendados su base social, la renta agraria. Eran los tiempos de la Gran Depresión, cuando se desplomaron los precios de la carne y el trigo, y los grandes terratenientes y capitalistas agrarios encontraron en esta intervención pública, y en el Pacto Roca-Runciman que buscó mantener abierto el comercio con Gran Bretaña, las vías de preservación de sus intereses.
[3] Susana Novick, “La experiencia del primer peronismo sobre comercio exterior”, Sociedad N.º 24, marzo 2012.
[4] Ídem.
[5] Ídem. Como dirá Juan Carlos Esteban, citado por Novick, ante el deterioro de los precios, “el gobierno del General Perón vacila, y es incapaz de avanzar en una reforma agraria que liquide la renta parasitaria…”.
[6] Empezando por la expropiación sin pago de los 4.000 grandes propietarios que son dueños por sí solos de más del 30 % de las tierras cultivables en todo el país, que hoy como ayer se siguen apropiando de un porción significativa de la renta agraria participando del agrobusiness. Ver Esteban Mercatante, “Han desaparecido los dueños de la tierra”, Ideas de Izquierda 1, julio 2013.
Los negocios non sanctos de Vicentin
Pablo Anino *
Ideas de Izquierda, 14-6-2020
La imagen de Gustavo Nardelli, uno de los dueños de Vicentin, paseando en yate por el Río Paraná en plena cuarentena parece ser una síntesis de la impunidad con la que se mueven los dueños de los medios de producción: las fábricas, los puertos, la tierra. Para certificar que el lujo es vulgaridad, el yate fue bautizado Champagne.
Si cualquier ser humano, sin yates ni puertos propios, se presenta ante un banco para solicitar un préstamo le pedirán hasta análisis de sangre como ceremonia previa para, muy probablemente, rechazarle la aprobación porque, lamentablemente, no cumple los requisitos.
A los Nardelli (que son una familia numerosa), los bancos los tratan distinto que a la inmensa mayoría de los seres humanos. Mucho más la banca pública: Vicentin adeuda $ 18 mil millones al Banco Nación por préstamos que obtuvo vulnerando los circuitos internos de la entidad. Con ese dinero se podrían construir 8.000 viviendas de tres ambientes. El cómplice en la operatoria fraudulenta es Javier González Fraga, ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos.
Según un relevamiento de noviembre de 2018 realizado por la Provincia de Buenos Aires, en Villa Itatí y Villa Azul [1] en Quilmes, uno de los focos del coronavirus, viven 18.270 personas distribuidas en 5.085 hogares. Con la plata que recibió Nardelli del Banco Nación sobraba para urbanizar esa zona del conurbano.
Parafraseando al filósofo expresidente, que afirmaba que “hay lugares donde falta agua y otros lugares donde sobra el agua”, hay lugares donde sobran préstamos, mansiones y yates, y otros donde falta todo.
Estado Hood Robin
Claudio Lozano, nombrado director del Banco Nación con la llegada a la presidencia de Alberto Fernández –el mismo que hoy busca una “propuesta superadora” con la gerencia de Vicentin-, supo investigar las maniobras fraudulentas de la empresa. De acuerdo a esos informes, a los que accedió Ideas de Izquierda, los negocios crecieron exponencialmente durante la gestión macrista. Todos los años para los que existen datos se observa que su facturación creció más que el promedio de la cúpula de las 200 empresas que tienen mayor facturación en el país. Dentro del ranking de esas grandes empresas, Vicentin ascendió desde el puesto 19 en 2015 al 6 en 2018.
Este crecimiento no estuvo impulsado por el espíritu emprendedor de un empresario que toma riesgos. Ni siquiera por la política de convertir a la Argentina en el “supermercado del mundo”, el gran sueño de Macri, en función del cual quitó las retenciones a todos los productos exportados y las redujo progresivamente para la soja, desfinanciando el presupuesto público. Ni siquiera por las devaluaciones sucesivas que hicieron que el dólar trepara 424 % en la era Macri mejorando los ingresos del agropower en la misma proporción. Sino que, fundamentalmente, el crecimiento de Vicentin estuvo apalancado por los préstamos oficiales y los préstamos oficiales fueron facilitados, seguramente, por el apoyo de Nardelli a Macri. En 2019, a través de distintas empresas, Nardelli aportó $ 4,5 millones a la campaña electoral del expresidente.
Vicentin facturó $ 118 mil millones en 2018, una suma idéntica al presupuesto nacional de salud de aquel año. De nuevo: una sola empresa obtuvo ingresos equivalentes a todo el presupuesto de salud. La deuda de Vicentin con el Banco Nación representa apenas el 15 % de su facturación de 2018 (al momento de elaborar el informe no estaba disponible el último balance de la empresa). Y las deudas totales en el ámbito local representan apenas el 20 % de su facturación. El ratio de deuda sobre ventas de otras empresas es más alto: Arcor tiene deudas que representan más del 50 % de sus ventas y el pasivo de YPF representa el 65 % de las ventas. Es decir, las finanzas de Vicentin no están particularmente estresadas, como dicen sus dueños.
Vicentin también tomó empréstitos en el exterior a través de Renova para financiar la molienda de soja. Renova es una empresa que produce biodiésel en la que Vicentin mantiene un joint venture (un proyecto conjunto) con la suiza Glencore, un comercializador global de granos. Renova tomó un préstamo por U$S 295 millones (o el equivalente a $ 17.700 millones) con la Corporación Financiera Internacional (IFC), perteneciente al Grupo Banco Mundial, y los bancos Natixis y Rabobank. En diciembre último, Vicentin transfirió 16,66 % de su paquete accionario a Glencore, por lo cual la mayoría accionaria queda en manos de la empresa suiza.
De toda esta información, Lozano concluye que la deuda de Vicentin con la IFC y bancos internacionales es menor que la que tiene con el Banco Nación, por lo cual destaca “el trade off en que se encuentra la firma, entre el cumplimiento de sus pasivos con actores financieros internacionales […] y la que detenta con los actores financieros del mercado doméstico, como el que detenta con el Banco Nación”. Dicho en criollo, le hace un paga dios al Banco Nación para privilegiar su deuda con el extranjero. En el camino, también, se extranjeriza el capital de la empresa.
Incluso esto ocurre aun cuando el análisis del último balance (presentado el 31 de octubre de 2018) exhibe un estado patrimonial positivo: sus activos superan sus pasivos (deudas). Es cierto, que la devaluación de la moneda agravó su situación financiera en dólares. Pero la evaluación de conjunto no alcanza a ser estresante. No solo eso, la empresa obtuvo una ganancia operativa de $ 25.745 millones, es decir el equivalente a un cuarto del presupuesto de salud de 2018, antes citado. Ahí aparece la contabilidad creativa, en tanto la empresa, a esos $ 25.745 millones, siguiendo las recomendaciones de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, le aplica una deducción porque “son el resultado de la ganancia por devaluación del tipo de cambio”. Es decir, la ganancia que obtuvo por la devaluación, un efecto buscado por todas las agroexportadoras para incrementar sus ingresos, no la consideran tal, sino casi un perjuicio que lo descuentan de su estado de resultado. Como reconoce el propio Lozano, de todo este enjuague resulta que “para colmo, el pago del impuesto a las ganancias que figura en el balance es de apenas $46,2 millones. La empresa apenas paga el 2,4 % de las ganancias que declara!!!”.
A partir de datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ideas de Izquierda construyó una serie de las exportaciones de Vicentin entre 2016 y 2019. En ese período, las ventas externas crecieron 58 % hasta superar las 10 millones de toneladas: un 74 % corresponde a aceites y subproductos; el 24 % restante a cereales. En el año 2019, para el cual todavía no se conoce el balance de la empresa, sus exportaciones alcanzaron un récord. Incluso el año pasado sus ingresos escalaron al calor de la devaluación. No parece ser que con exportaciones récord la empresa atravesara una situación que le impida pagar sus créditos.
El latrocinio no concluye ahí. Vicentin trianguló ventas externas a través de Paraguay y Uruguay para evadir el pago de retenciones y otros impuestos en Argentina. El Comité de Acreedores de Vicentin denunció esta situación en Paraguay para que se investigue, además, maniobras de lavado de dinero: por ejemplo, el producido por la venta de una parte del paquete accionario de Renova a Glencore no sé sabe a dónde fue a parar. ¿A paraísos fiscales? Es probable, Vicentin armó un esquema de mamushkas: una empresa dentro de otra, y esta otra dentro de otra más y así sucesivamente, con el objetivo que se pierda el rastro de los activos y de sus dueños. Estos esquemas societarios se utilizan para el lavado de activos.
Este prontuario delictivo no evitó que Alberto Fernández recibiera a otro de los dueños de Vicentin, Sergio Nardelli (el hermano del navegante y el cerebro del grupo económico), en la Quinta de Olivos para explicarle que el “objetivo es el rescate de la empresa”, e incluso abrir un diálogo por si se le ocurre una “propuesta superadora”. En su desfachatez, los Nardelli pueden llegar a pedir otro préstamo como “solución superadora”. En realidad, correspondía citarlos, no en Olivos, sino en los tribunales.
Con el peronismo, los rescates de empresas concluyen, como en el caso de la nacionalización parcial de las acciones de YPF, con los empresarios con las cuentas llenas de dólares. El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, comenzó diciendo que Repsol tenía que indemnizar a la Argentina por el pasivo ambiental, para terminar pagando más de U$S 5.000 millones a la empresa española, en agradecimiento por años de saqueo: en esa operación también sacó su tajada J.P. Morgan, que “facilitó” el financiamiento. Con el paso del tiempo y el pago de interés, se estima que la indemnización de Repsol terminó costando unos U$S 8.000 millones. Ni que decir que la previa y fallida argentinización de YPF con la familia Eskenazi resultó en una estafa para el libro Guinness: estos banqueros santacruceños, amigos de los Kirchner, abrieron el camino a un litigio, a través de la venta de sus “derechos” al fondo buitre Burford, que cursa en este momento en Nueva York contra el Estado Argentino y podría costar unos U$S 3.000 millones. Esa novela, concluyó con un pacto neocolonial con Chevron para que explotara, junto a YPF, Vaca Muerta.
Para evitar este devenir, el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, presentó en el Congreso un proyecto que establece la expropiación sin pago de indemnización al grupo empresario fraudulento propietario de Vicentin. Además, que la administración y explotación de los activos de las empresas pasen a manos del Estado bajo la gestión directa de sus trabajadores.
Entre otras voces empresariales, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), emitió un comunicado donde expresa que le “preocupa la seguridad jurídica y un mayor avance del Estado sobre las cadenas agroalimentarias” [2]. Un desatino que no da cuenta del avance de Vicentin en el robo del patrimonio estatal ni de la utilización de la “seguridad jurídica”, de las propias leyes burguesas, para hacer imposible el rastreo de su patrimonio.
La fábula liberal del empresario exitoso que construye su emporio por su propio esfuerzo queda desnuda con el caso Vicentin. Como aquella otra fábula que reza que en el país existe una presión fiscal insoportable, algo que, por un lado, no es cierto, y por el otro, si lo fuera, Vicentin la gambetea mejor que Maradona a los ingleses.
Agronegocios
Vicentin construyó un emporio con tentáculos en muchas ramas de la producción. La empresa reconoce sus orígenes en un pequeño establecimiento de acopio y ramos generales inaugurado a fines de la década de 1920 en la localidad de Avellaneda, Santa Fe [3]. Hoy esa localidad y su vecina Reconquista son el equivalente de General San Martín para Ledesma: allí los Nardelli manejan todo, hasta las movilizaciones de vecinos que recibieron a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.
Uno de los hitos en la historia de la empresa se ubica en 1966 cuando incorporó en la molienda el proceso de extracción por solventes. Esto le permitió consagrarse en la rama agroindustrial. Otro hito se observa en 1979, en plena dictadura cívico militar, cuando inauguró una segunda planta de molienda de soja y girasol. En aquellos tiempos en los que se ampliaban sus negocios, veintidós obreros de Vicentin fueron detenidos y desaparecidos, catorce de los cuales eran delegados. Sufrieron vejaciones y torturas en Centros Clandestinos de Detención hasta que se los “blanqueó” en cárceles comunes.
Finalizada la dictadura, en 1985, Vicentin comenzó a exportar desde su propia Terminal de Embarque en San Lorenzo. Los años 1990 fueron testigos de una gran expansión de los agronegocios: en 1997 inauguró la tercera planta de molienda de soja en el complejo portuario de San Lorenzo. La “década ganada” también lo fue para Vicentin. En 2005 duplicó su capacidad instalada de molienda con una nueva planta: Oleaginosa San Lorenzo. En 2007 comenzó las actividades Renova, la empresa ahora controlada por Glencore, que se constituyó en la principal productora de biediésel (elaborado en base a soja). En 2008, Vicentin construyó en Avellaneda una planta para procesar algodón hidrófilo y adquirió la marca Estrella. En 2010, con la integración de Molinos Río de la Plata a Renova puso en pie un nuevo puerto y una planta de “crushing” (partición de granos) con generación de energía en Timbués, Santa Fe. En 2012, Vicentin comenzó a producir bioetanol en base de maíz y sorgo, también en una planta instalada en Avellaneda.
La Ley de Biocombustibles (Ley 26.093 de 2006) del primer kirchnerismo otorgó beneficios impositivos, precios y cupos de venta garantizados por la regulación estatal para las empresas que producen bioetanol y biodiésel. En la actualidad, el diésel que se vende en las estaciones de servicio contiene un 10 % de corte de biodiésel (en base a soja) y las naftas un corte del 12 % de bietanol (producido en base a caña de azúcar, maíz o sorgo). Vicentin es uno de los principales beneficiarios del corte de bioetanol, no así del corte de biodiésel, preservado por el Estado para empresas de menor tamaño, mientras los grandes jugadores, como Renova, destinan su producción al rentable mercado mundial.
En la actualidad, Vicentin participa en el rubro textil a través de Algodonera Avellaneda, en el engorde vacuno con Los Corrales Nicanor, en la venta de carnes al mercado interno y externo a través del frigorífico Friar, en la producción de vinos con Vicentin Family Wines, en la elaboración de miel con Promiel, en la industria de agroquímicos e insumos farmacéuticos.
Si bien es una empresa de agronegocios, no está orientada principalmente a producir alimentos para el consumo humano. Con excepción de los aceites comestibles, la mayor parte del procesamiento de cereales y oleaginosas es para obtener harinas y pellets para la exportación, principalmente con destino de alimento para ganado en el sudeste asiático. Otra parte del procesamiento está destinada a la elaboración de biocombustibles: allí participa con el 8 % en la producción nacional de bioetanol y el 12 % en la de biodiésel, que mayormente exporta. En el negocio de las carnes tiene una participación menor, que se ubicó por debajo del 1 % en 2019.
La idea que formuló el presidente, Alberto Fernández, acerca de que con Vicentin se busca alcanzar la soberanía alimentaria, está floja de papeles.
Los cuatro grandes
Si hasta aquí Vicentin se ve como un gigante, cuando el “zoom” se amplía para observar más en general la configuración de los agronegocios, queda en cierta medida empequeñecido en relación a las empresas multinacionales que actúan en el país. Mal que pese, en este rubro, los cuatro grandes no son Boca, River, Independiente y Racing. Los cuatro grandes son las compañías imperialistas que hace más de un siglo dominan el comercio mundial de granos y tienen gran influencia en los precios de los alimentos. Se trata de Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, todas de los Estados Unidos, y Louis Dreyfus de Francia. Son las llamadas ABCD, por sus letras iniciales. Junto con otras empresas, dominan las cadenas mundiales de valor agroindustriales, estableciendo pautas financieras, productivas y tecnológicas. Algunas de ellas tienen sede fiscal lejos de sus casas centrales: en paraísos fiscales. Después de todo, Vicentin no inventó nada nuevo en la práctica de ocultar su patrimonio y evadir impuestos. A escala mundial son denunciadas por la deforestación, el trabajo infantil, el uso de transgénicos, entre otras maravillosas contribuciones al avance de la humanidad [4].
Aun siendo un pulpo local, Vicentin es apenas un jugador menor en el negocio global agroalimentario. Esto queda en evidencia cuando se observa la facturación de 2018: Cargill factura a nivel mundial 28 veces más que Vicentin, sumando ingresos que equivalen a una cuarta parte el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina. La empresa santafesina se inscribe bien en el derrotero distintivo de la burguesía “nacional”: es una socia menor del capital extranjero. Esto tiene raíces históricas profundas en la inserción de Argentina cómo apéndice agrario abastecedor de materias primas de las principales potencias económicas. Se trata de una relación asimétrica, donde la impronta sobre qué se produce, cómo se produce y quién se apropia de los beneficios se define a miles de kilómetros de estas pampas.
La desproporción entre las multinacionales y las empresas argentinas en la participación del agronegocio, no solo queda en evidencia en la facturación mundial, sino también en la escala local. Cuando a los cuatro grandes, se suman en nuestro país la compañía china Cofco, que se transformó en la principal empresa exportadora y la suiza Glencore, se llega al resultado de que más del 60 % del comercio está en manos extranjeras: existe en los hechos un oligopolio privado extranjero del comercio exterior. Las “manos argentinas” (AGD, Vicentin, Molinos) tampoco parecen estar comprometidas en una agricultura sostenible ecológicamente, sino que siguen el modelo del agrobusiness. Incluso dentro de las 500 grandes empresas del país, que releva una encuesta de Indec, las de alimentos, bebidas y tabaco suman 101: 44 son locales y 57 son extranjeras [5].
El investigador del Conicet, Pablo Wahren, explica que la dinámica local no puede ser escindida de las transformaciones globales en el agro y que las “firmas multinacionales fueron y son protagonistas de dicho proceso a través de diversas vías”. Señala cuatro factores que dan cuenta de ese protagonismo: la difusión del nuevo modelo basado en el paquete tecnológico; acaparan las principales capacidades innovativas y regulatorias en la perspectiva de desarrollo de nuevos productos; concentran el mercado de semillas y agroquímicos (por producción directa o cobro de regalías); detentan el control sobre los comercios locales [6].
Esto no es problema menor para poder orientar la producción en la perspectiva de la soberanía alimentaria, que según Vía Campesina, comprende el “El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. La primera parte de la definición (“el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles”) requiere, además de una reorganización de la forma de producir que la libere de la búsqueda de la ganancia, políticas que permitan que la clase trabajadora tenga los ingresos necesarios para vivir. Todo indica que en el medio de la pandemia, los pactos UIA-CGT para bajar salarios, un IFE que no llega a todos lo que lo necesitan y no alcanza más que para pocos días, la población bajo la línea de la pobreza se aproxima al 50 % del total. En relación a la segunda parte de la definición de soberanía alimentaria, que refiere a un “propio sistema alimentario y productivo”, el dominio estructural de grandes empresas del agronegocios excluyen cualquier hay posibilidad de cumplir con esa idea.
Independientemente que el Estado pueda contar con más información sobre la dinámica del agronegocio a través de Vicentin, el fundamento de contar con una “empresa testigo”, que desliza el oficialismo, tampoco trasciende el terreno de la ilusión. Ni siquiera con YPF, que tiene una participación determinante en el negocio de hidrocarburos (poder del que carece Vicentin), el Gobierno de Cristina Fernández y el actual de Alberto Fernández, quisieron sustraer el negocio de los hidrocarburos de la lógica de la ganancia. Por el contrario, siguieron las “mejores prácticas” internacionales: de nuevo, el acuerdo con Chevron está para dar un testimonio de ello. O la propuesta (ahora en crisis) del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de impulsar con todo el fracking en Vaca Muerta para obtener dólares no para desarrollar el país, sino para pagar la deuda.
En un negocio, dominado de principio a fin por grandes multinacionales, si no son afectados sus intereses, terminando con el monopolio privado del comercio exterior e imponiendo -como desarrolla Esteban Mercatante en otro artículo de este número de Ideas de Izquierda- el monopolio estatal del comercio exterior y la expropiación de los grandes terratenientes, es imposible hacer lo que corresponde: poner fin al extractivismo de la tierra, establecer un plan de producción agropecuaria racional que priorice la protección del medio ambiente y esté orientado a atender las necesidades de las grandes mayorías populares, con arrendamiento barato para campesinos pobres y pequeños chacareros que no exploten fuerza de trabajo. Este es el camino para conquistar, no solo la soberanía alimentaria, sino también para lograr una reorganización general de la economía que termine con el dominio de unos pocos.
* Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
Notas
[1] Informe Censo Villa Itatí – Villa Azul, Provincia de Buenos Aires. Fue elaborado en junio de 2019 en base a un relevamiento de noviembre 2018.
[2] El comunicado puede leerse completo aquí.
[3] Así presenta la empresa sus orígenes en su sitio web.
[4] Henry Waxman, un político del Partido Demócrata de California, en la explicación de su desencanto para convencer a Cargill que cambie sus prácticas dice lo siguientes “Las personas que han enfermado o fallecido por comer carne de Cargill contaminada, los niños que trabajan cultivando el cacao que Cargill vende en forma de chocolate por todo el mundo, los habitantes del Medio Oeste que beben agua contaminada por Cargill, los indígenas desplazados por la inmensa deforestación para dedicar esos terrenos a la alimentación de los animales de Cargill y los consumidores corrientes que han tenido que pagar más para llevar comida a la mesa debido a las malas conductas financieras de Cargill, todos ellos, han sufrido las repercusiones de este gigante de la industria agroalimentaria. Su vida es peor por haber entrado en contacto con Cargill”. Disponible en este link.
[5] Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE).
[6] Pablo Wahren (Primer semestre de 2020), “Historia de los cambios tecnológicos en el agro argentino y el rol de las firmas multinacionales, 1970-2016”, en la revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad.
