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Uruguay – plebiscito ciudadano por la seguridad social

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Parecía una utopía, resultó un triunfo de las bases sociales

Revista Claridad, Uruguay

Karina Sosa*

Sentir orgullo de ser parte del movimiento popular organizado, es el sentimiento que más nos ha nacido, durante la recolección de firmas y hoy, visto el fruto de semejante gesta histórica.

Si bien es conocido el resultado final de llegar a un plebiscito con la suma, nada despreciable de 430.621 firmas, también hay que decir que el camino estuvo plagado de piedras que hubo que ir quitando y así avanzar y con esas mismas piedras construir el muro de contención que nos aportó un mecanismo de defensa para sentirnos seguros y tomar impulso.

Más allá de tener claro que la propuesta es más que necesaria, es una tarea que inició en el año 1996, se intentó poner a discusión en 1999 en un momento y con una sociedad que no entendía muy bien de qué se estaba hablando y fracasó con total éxito el intento de eliminar las AFAP.

Inicio por este punto, uno de los tres de la enmienda constitucional propuesta,  porque es el tema más controversial, es la piedra en el zapato, la molestia de los grandes ganadores de este sistema y es también el motivo de una feroz defensa de la oposición, de un modelo de distribución de riqueza, que sirve para unos pocos y aniquila a centenares de uruguayos y uruguayas.

Por el año 2017 se inició un estudio integral relacionado con el mercado de trabajo, para desglosar quienes pagaban qué impuestos y en comparación quiénes pagaban más y quiénes se veían perjudicados. Qué estructura tenía el sistema de Seguridad Social y qué prestaciones podían ser más eficientes en términos relativos. También se tuvo en cuenta la comparación con otras cajas paraestatales.

Así fue que se trazaron las primeras líneas de un documento que fue el marco del proceso y dio pie al inicio de una discusión, no solamente importante, sino sumamente necesaria para determinar en qué nivel de conocimiento estaba la población uruguaya y qué grado de madurez cívica tenía como base para que el movimiento popular iniciara una justa, responsable y honesta propuesta para llevar a la gran masa de trabajadores y trabajadoras a un nivel de respeto de sus derechos humanos fundamentales en el cual la redistribución de la riqueza fuese la piedra angular y el punto de partida.

A lo largo de la historia desde la creación del sistema mixto existieron algunos mojones que no se pueden menospreciar ni relativizar, ellos apuntaron a modificar aspectos que ampliaban derechos por lo tanto no son menores: ni la reforma del 2008 del sistema jubilatorio del BPS ni tampoco la Ley de cincuentones (19.590) y la de desafiliación del artículo ocho (19.162); todas estas paramétricas, que en el primer caso dieron acceso a 100,000 uruguayos y uruguayos a un beneficio jubilatorio que ahondaron en derechos en términos de políticas de género, reconociendo hijos nacidos vivos a las mujeres para completar sus historias laborales, como así también flexibilizando la edad y los años de servicio. Se crearon subsidios como el especial por inactividad compensada y el transitorio por incapacidad parcial lo cual indica que ya el Uruguay de los 2000, empezaba a pensar en mejores condiciones de acceso para problemas urgentes que debían de tratarse a los efectos de amparar al trabajador ante contingencias que no eran de su exclusiva responsabilidad, sino un efecto de los vaivenes de la vida y por tanto, allí estuvo el Estado resolviendo situaciones angustiantes para la clase obrera y el movimiento popular.

Algunos años más tardes con la política económica impulsada por el astorismo, se supo claramente que una reforma de Seguridad Social era imperiosamente necesaria pero aquí habría que hacer una salvedad y visualizar si ese vaticinio está impulsado por una cuestión netamente económica del propio país, o si estaba en su defecto influenciada por las opiniones de organismos internacionales de crédito que se expresaban coincidentes con la necesidad de una reforma que incluyera el aumento de las edades de retiro para trabajadores y trabajadoras de toda Latinoamérica y el Caribe.

Un hecho trascendente que cambió la vida del país en forma social y política para siempre y quedará en la memoria de uruguayos y uruguayas eternamente es el fin del gobierno progresista y el inicio de uno neoliberal de características más profundas sobre cambios económicos de recorte masivo, con magra inversión, importante  improvisación en las formas de ejercer sus competencias y a esto no fue ajeno el BPS, que luego de votada la Ley de Urgente Consideración, donde uno de esos artículos crea la comisión de expertos que manifestaba que durante seis meses trabajarían en un diagnóstico del sistema de Seguridad Social, trabajaron otros seis meses adicionales y sacaron conclusiones, las presentaron al poder ejecutivo y se redactó finalmente el proyecto de Ley votado el 2 de mayo de 2023 numerada como Ley 20.130.

Podríamos hablar largo y tendido de lo que significó la pandemia y la sequía dentro de este periodo de gobierno, pero podríamos hacerlo si le hubiese ido mal al sector financiero y al productivo tanto como le fue a la clase obrera.

La cuestión es que la equidad en este sentido no existió: mientras los salarios se deprimieron durante 40 meses consecutivos, las ganancias de los grandes capitales aumentaban a pasos agigantados, entonces la conclusión lógica de cualquier persona racional que vive de un salario, es pensar que en este país todavía sigue habiendo privilegios para quienes más tienen y castigo para quienes sostienen con su trabajo al Uruguay.

Ahora sí, entrando efectivamente en lo que implica esta gesta hermosa, definida como una hazaña con el apoyo de más de 430,000 voluntades, en primer lugar hacer una valoración política en el marco de una sociedad totalmente fragmentada en la que parece haber confluido la necesidad de aumentar la capacidad de compra de nuestros adultos mayores, con el hecho de mantener como mínimo la edad de 60 años para acceder a la causal jubilatoria “común”; no es esto un hecho aislado ni carece de sentido común, es una realidad que atraviesa a la comunidad en su gran mayoría y no hay nada más claro que la expresión popular respecto de temas tan sensibles, no hay que pedir permiso porque  los ciudadanos derivamos el poder a quienes aspiran a cargos de relevancia en el gobierno y después deberán rendirnos cuentas: eso debe, debió y deberá ser siempre así porque de eso se trata ser representado, de eso se trata hacerse cargo, de eso se trata conducir los destinos de un país y en ese camino lograr, para el apoyo popular que otorga esos lugares de privilegio, una reversa de esa confianza en formato de protección social, política y económica.

Dice un autor, que toda verdad atraviesa tres fases: primero es ridiculizada; segundo, recibe violenta oposición; tercero, es aceptada como algo evidente.

Deriva de la frase de este autor la primera fase donde se ridiculizó al movimiento sindical, se adjetivó y se calificó, se etiquetó de forma despectiva, menospreciando una herramienta colectiva histórica en este país sin tener en cuenta que los movimientos populares y sociales son la base constitutiva de una sociedad y lejos estaría el sentido común del aparato político si se posiciona en contra de los sectores más vulnerables.

La segunda fase que el autor menciona es la violenta oposición en la que no sólo se cuestiona sino que además se contrapone información, que en muchos casos se construye desde premisas que no son reales. Un ejemplo podría ser el hecho de proyectar una deuda pública que se aumente en cuatro o en ocho puntos del PBI, de aquí al año 2100 cuando la ciencias económicas tienen bien claro que las proyecciones a plazos de siete u ocho años podrían eventualmente y en forma casi segura, fallar en sus resultados por la dinámica de un proceso que es multifactorial y que no sólo depende de nuestro país sino también del mundo.

Antes de pasar a la tercera fase que es la convicción de la verdad y la aceptación en sí misma tal como lo plantea el movimiento sindical, reparemos en el hecho de devolver al BPS lo que por derecho corresponde a las arcas del Estado, los dineros de los trabajadores sin que estos sean motivo de lucro, mantener la edad de retiro en 60 años aunque se puede seguir trabajando más allá de esa etapa y por otro lado equiparar a un salario mínimo nacional la jubilaciones y pensiones, cuestión que debió suceder en la cuarta etapa al adicionar una cuarta BPC en el año 2020, cosa que no sucedió. Quiere decir que no se cumplió con el cronograma pactado para un piso protector para la jubilación, por tanto el movimiento sindical toma cartas en el asunto y resuelve esta propuesta de plebiscito, retomando una evolución reglada así como los adelantos de pasividades no eran descontados en enero de cada año, pero este uso y costumbre se modificó en esta última administración de Gobierno dejando a los pasivos por debajo de la línea de la pobreza en caso de las mínimas.

Hay una síntesis que no puede dejar de hacerse en el estricto sentido de la sostenibilidad del sistema y del gasto público, palabras que se mencionan muy al pasar pero que tienen una implicancia importante respecto a  lo que realmente significa.

La reforma propuesta por el gobierno en 2023, además,  por medio de una aditivo debió reconocer una pérdida de derechos a los cuarentones y crear un fideicomiso, en este sentido quiere decir que aquellos y aquellas que estuvieron de acuerdo en la reforma de jubilaciones y pensiones reconocen no sólo haber tenido errores, sino haber legislado generando pérdida de derechos para determinados colectivos.

Y seguido: ¿no habría que consultarles a los redactores, a los analistas económicos y a todo el equipo técnico qué significa la redacción del artículo 259 de la ley 20,130 misma que carga a rentas generales el 5% que por dicha ley será derivado a las cajas que hasta ahora no integraban el sistema mixto? Concretamente: ¿saben cuánto nos va a costar a uruguayos y uruguayas pagarle a la AFAP, el nuevo negocio de incluir en el sistema mixto a la caja policial, militar, profesional y bancaria durante 30 años con opción a 10 más?

Cuando los defensores de la Ley, contesten los interrogantes sin costos asociados al movimiento popular, el movimiento popular, les hará el honor de recibirlos a debatir para que la población sea parte de las decisiones de las que depende su futuro económico en el sentido estricto de lo que ello significa.

¿Será que el movimiento sindical y las organizaciones sociales tenemos la obligación de elaborar una reforma tributaria según los opositores violentos que tienen a su servicio los medios de comunicación suficientes para ser los formadores de opinión desde la comodidad de sus cargos públicos?

En muchos casos desde la tranquilidad de tener un trabajo digno y seguro y en nombre y representación de los canales de televisión, periodistas reconocidas del medio, realizan análisis al respecto; cargados de ideología, cuestión que al movimiento sindical se le ha endilgado en varias ocasiones.

Y la última observación o reflexión al respecto es que como parte del movimiento sindical tenemos claro nuestro pensamiento e ideología,  lo asumimos y la diferencia está en que nuestra ideología es: que vuelva al pueblo lo que es del pueblo, que se defiendan las empresas públicas y que el Banco de Previsión Social vuelva a recibir los ingresos que legítimamente le fueron asignados vía constitucional y que jamás debieron derivarse a ninguna empresa privada.

“Yo he nacido en este suelo
No hay más patria para mí
En este suelo crecí
Como mi padre y mi abuelo
Pero hoy estamos de duelo
Milonga, y hasta el más potro
Al ver el dolor del otro
Se ablanda, aunque sea un momento
Para mí no hay sufrimiento más grande que el de nosotros.”

Fragmento Milonga de Contrapunto (Alfredo Zitarrosa)

*Presidente ATSS

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