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Pescadores artesanales del norte de Chile propinan derrota a corrupto intento del Ministerio de Economia y Subpesca para adelantar inicio de capturas de bacalao de profundidad

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Corte de Apelaciones de Iquique acogió recuers de protección interpuesto por pescadores de la Macrozona norte contra el Ministro de Economía y el Subsecretario de Pesca, y otorgó orden de no innovar por violar Ley de Pesca, sabotear estrategia anti-coronavirus y beneficiar a un grupo de dirigentes lobbystas de la «bacalao Connecction».



Iquique, región de Tarapacá,19 de Agosto de 2020.(www.radiodelmar.cl). Ante la Corte de Apelaciones de Iquique, Gabriel Eugenio Araya Santander, pescador artesanal miembro de la Asociación Gremial de Armadores y Pescadores Bacaladeros de la I, II, III, IV y XV regiones, presentó una acción de protección de garantías constitucionales contra el ministro de economía, Lucas Palacio Covarrubias, Paola Chong, Secretaria Regional Ministerial de Economía de la región de Tarapacá, y Román Zelaya Ríos, Subsecretario de pesca y acuicultura, representado por Brunetto Sciaraffia, Director Zonal de Pesca de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

La acción legal solicitaba a la Corte de Apelaciones de Iquique que se «restaure el imperio del derecho», debido a la violación de los derechos fundamentales que se encuentran garantizados en los números 1, 2, y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, debido a que el 3 de agosto del 2020, el Ministro de Economía y el Subsecretario de pesca, dictaron de manera «express» el decreto exento 37-2020, junto a la resolución exenta 1752 respectivamente, para adelantar en casi dos meses el segundo período de captura del codiciado recurso bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides).

Esta ilegal acción de los funcionarios públicos, beneficia directamente al empresariado bacaladero semi-industrial representado por la Fenabach (Federación de Armadores Bacaladeros Artesanales de Chile), cuyas flotas se encontraban listas para zarpar este 10 de agosto, e incursionar hasta la frontera norte de Chile, por un período que finalizaría en diciembre de 2020.

Este súbito cambio en la legislación pesquera,- que violaba la Constitución de la República-, fue impuesta por el ministro Palacios y el subsecretario Zelaya de manera subrepticia, sin respetar las decisiones y los acuerdos alcanzados en las sesiones del Comité de Manejo de bacalao realizadas los dias 10 de Junio y 4 de Julio, cuyo único objetivo fue la de evaluar la solicitud enviada por Fenabach proponiendo adelantar el inicio de segundo período extractivo de bacalao en el área de pesca artesanal.

En ambas sesiones, la propuesta de la Fenabach, «no logró el consenso del Comité de Manejo, necesario para poder recomendar a la autoridad su consecuente modificación», según se expresa en las actas de las sesiones mencionadas.

Los pescadores locales de las cinco regiones del litoral norte del país fueron sorprendidos por la decisión de los funcionarios públicos, ya que suponían que el inicio de las capturas de bacalao de profundidad comenzaban el 1° de octubre, tal como había sido establecida previamente por el Comité de Manejo de esta pesquería de profundidad.

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Tanto el ministro de economía como el subsecretario de pesca, intentaron imponer su decisión administrativa, minimizando la función de los Comités de Manejo, que tal como la Ley General de Pesca y Acuicultura  lo indica, son organismos asesores de la Subsecretaría de Pesca.

Para ello, Brunetto Sciaraffia, a pesar de su condición de presidente de esta Comité y representante del Subsecretario de Pesca, señaló que las determinaciones de esta Comité de Manejo en el contexto de la actual estado de excepción constitucional por la calamidad pública provocada por Covid-19, “no eran vinculantes», por lo cual la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) había tenido que flexibilizar los períodos de captura de las pesquerías, para brindar a los “agentes sectoriales” (léase dirigentes pesqueros artesanales dedicados profesionalmente al lobby), las condiciones mas adecuadas para operar dentro de la actual contingencia sanitaria, de forma que puedan alcanzar sus objetivos sociales y económicos (sic) en el marco de esta emergencia nacional»

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Empleando la estrategia de los hechos consumados, la Subpesca emitió sorpresivamente el 6 de agosto la resolución exenta N°1753, con la cual adelantaba en casi ocho semanas el inicio de la segunda temporada de captura de bacalado de profundidad, modificando su anterior resolución N° 897 del 31 de marzo del 2020, lo cual permitiría que los pescadores artesanales se desplazaran por todo el litoral chileno capturando bacalao.

La acción de protección de las garantías constitucionales presentada por los pescadores artesanales de las cinco regiones del norte de Chile, señalaba que ésta resolución  «carece de fundamentación fáctica y jurídica suficiente», ya que vulnera entre otras normas, el articulo 11 de la ley 18.892 (Ley General de Pesca y Acuicultura), el cual consagra el principio de imparcialidad en el ejercicio de  la autoridad.

Indican que tanto en el decreto como en la resolución exenta del ministro Palacios y del subsecretario Zelaya, éstos intentaron justificar su decisión, aludiendo de manera genérica a la pandemia de coronavirus, y la compleja situación económica que vivía la flota pesquera de bacalao, siendo cuidadosos de no identificar su pertenencia regional.

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Las organizaciones de pescadores artesanales nortinos denunciaron que en el intento de imponer a cualquier costo esta arbitraria medida, el Presidente del Comité de Manejo del bacalao de profundidad, Presidente de Consejo Zonal de Pesca de las Regiones XV de Arica y Parinacota, I de Tarapacá y II de Antofagasta, y representante del Subsecretario de Pesca en esas regiones, Brunetto Sciaraffia, en la citación electrónica del 07 de agosto dirigida a los miembros del Comité de Manejo de bacalao de profundidad, omitió señalar en la agenda de trabajo de la reunión que se realizaría el 12 de agosto, que la segunda temporada de pesca de bacalao ya había sido adelantada por la Subpesca, y que comenzaría dos días antes de la citada reunión.

El decreto exento N° 37-2020, y la resolución exenta N° 1752, al adelantar el período de captura de esta especie de alto precio y creciente demanda gourmet en los mercados internacionales, vulneró los artículo 1B y 1C de la Ley General de Pesca y Acuicultura, los que señalan los objetivos de conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos del país, mediante la aplicación del principio precautorio y del enfoque ecosistémico.

Sin embargo la decisión de la Subpesca iba en dirección contraria a la ley, al permitir que durante cuatro meses fuesen capturados miles de ejemplares juveniles (inmaduros) y de hembras de bacalao en pleno período de desove.

Esto se agravaba, cuando a consecuencia de las cuarentenas y diversas medidas sanitarias, los fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), no están realizando trabajo de control presencial. Por ello, los desembarques de bacalao de profundidad que se realizarían, serían realizados sin control del Estado, no pudiéndose determinar si las capturas corresponderían a las cuotas asignadas, o serían superiores a ellas.

Además, es importante hacer notar que la investigación, el control gubernamental efectivo, y la presencia de observadores científicos capacitados, es nula al norte del paralelo 47° Latitud Sur (Golfo de Penas), donde precisamente operan estas embarcaciones bacaladeras artesanales.

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La sustentabilidad de la pesquería de bacalao de profundidad al norte del paralelo 47° L.S se encuentra en grave riesgo, ya que esta especie de aguas profundas que se encuentra en la categoría de sobre- explotación. Pese a que existen medidas formales de manejo, en la realidad éstas no se aplican, debidos a las presiones de los intereses pesqueros, y la complicidad del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca.

Entre las principales amenazas de la pesquería de Dissostichus eleginoides  destacan: a) La falta de una evaluación del actual estado del recurso bacalao de profundidad en las diferentes macrozonas del país, siendo la actual calificación técnicamente deficiente, b) La mala determinación del período de desove, por lo que al adelantar el período de extracción de ejemplares, un alto porcentaje de hembras con sus gónadas a punto de eclosionar serán capturadas, y c) La creciente presencia de altos porcentajes de ejemplares juveniles capturados, los que son desechados por las flotas al no tener mercado, situación que en la reunión extraordinaria del Comité de Manejo de bacalao de profundidad del 2 de julio, fue reconocida por el representante de la Subpesca, Brunetto Sciaraffia.

Boycoteando la estrategia anti-Covid-19 del Ministerio de Salud

Resulta paradojal que las medidas de cordones sanitarios y cuarentenas implementadas por el Ministerio de Salud para controlar los estragos de la pandemia de Covid-19, serían boicoteadas por el discrecional actuar del Ministro de Economía y del Subsecretario de Pesca y Acuicultura, afectando la garantía explícita contenida en el articulo 19 N°2 de la Constitución de la República, ya que permitía que las tripulaciones de la flota bacaladera de las zonas centro-sur  se puedan desplazar libremente por todas las regiones costeras del país durante los próximos cuatro meses del 2020.

Esta situación evidenciaba una «diferencia arbitraria» entre los intereses comerciales pesqueros, y la situación de la ciudadanía y poblaciones costeras locales, quienes se encuentran cumpliendo las medidas de confinamiento por motivos sanitarios. La medida del Ministerio de Economía / Subpesca podría haber traído funestas consecuencias, al incrementar los casos positivos a Covid-19 en los próximos meses (rebrote), debido al desplazamiento y desembarque de las tripulaciones en las diversas caletas pesqueras y puertos del país para adquirir insumos, agua y alimentos, e interactuar con las poblaciones locales.

A lo anterior se sumaría el estrecho contacto de las tripulaciones a bordo de las embarcaciones artesanales durante las faenas de pesca y descanso. Esta impresentable situación sanitaria habría ocurrido en los precisos momentos que regiones pesqueras como Atacama, Tarapacá (cuyo número de positivos ya supera las 10.000 personas), Coquimbo  Talcahuano / Bio Bio, (una de las principales áreas de concentración pesquera del país), Los Lagos y Magallanes, continúan incrementando los casos positivos de Covid-19.

Algo huele mal en la Subpesca…y no es el Covid-19

No es primera vez que el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya Ríos, es denunciado por aprovecharse del estado de excepción constitucional para emitir resoluciones que violan la Ley General de Pesca y Acuicultura y derechos constitucionales. El pasado 3 de marzo del 2020, emitió las resoluciones exentas N° 690, y el 31 de marzo la N° 910, autorizando que 75 especies marinas, y toneladas de «pesca fina» que se destinaban al consumo humano directo, fueran destinadas para su  transformación en harina y aceite de pescado, a bordo de barcos -factorías de arrastre que operan en aguas australes, y en plantas procesadoras en tierra. ¿Su destino? Ser utilizada por mega compañías  para alimentar industrialmente a salmones, truchas, cerdos, aves, ganado, y ser transformado en pellets para animales de compañía («pets»).

Entre las especies demersales destinadas para elaborar harina y aceite de pescado se encontraban: congrio dorado, merluza del sur, merluza de cola, merluza de tres aletas, lenguado, calamar, jibia, langostinos, brótula y atún. Y entre las especies capturadas por las flotas cerqueras para ser procesadas en plantas industriales terrestres, destacaban: sierra, reineta, lenguado, robalo, corvina y pejerrey de mar.

Sólo la denuncia pública del Centro Ecocéanos, y las manifestaciones de organizaciones de pescadores artesanales, hicieron política y socialmente inviable esta abusiva medida del Subsecretario Zelaya en pleno período de hambre y aguda crisis social. Por ello, un día antes de tener que comparecer a dar explicaciones ante la Comisión de Pesca del Senado, la Subsecretaría de Pesca emitió la apresurada resolución exenta N°1341 del 2 de junio de 2020, dejando sin efecto este fallido intento de la autoridad para beneficiar a grandes clanes familiares y compañías transnacionales que controlan la pesca en Chile.

Pescadores artesanales propinan una nueva derrota a la Subsecretaría de Pesca

La acción legal de los pescadores artesanales de la macrozona norte, dejó en evidencia que detrás de las estrategia gubernamental de «flexibilización de las temporadas pesqueras extractivas en tiempo de pandemia», sin consulta ni información previa, se encuentran operando las redes de poder político-empresariales instaladas en el corazón del aparato público del sector de pesca y acuicultura, dependiente del Ministerio de Economía. Frente a ello, los pescadores del norte de Chile, solicitaron paralizar inmediatamente los efectos del decreto exento N° 37-2020 y de la resolución exenta N° 1752, por vulnerar gravemente las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile.

Con fecha 14 de agosto, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió el recurso de protección presentado, por lo cual la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura debió dictar la resolución Wx N°23-2020, la que fue publicada en su página web con fecha 14-08-2020, anulando el decreto ministerial y la resolución exenta de la Subpesca,que eran las materias de este reclamo.

Hasta el momento, la orden de no innovar no ha sido apelada. Por ello suponemos que el silencio de las denunciadas instituciones púbicas, evidencia la carencia de mayores argumentos para defender sus arbitrarias actuaciones, que afectaban la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la Repúbica, cuyo inciso segundo asegura a todas las ciudadanas y ciudadanos que » Ni la ley  ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias».

Centro Ecocéanos: Control ciudadano sobre los funcionarios y agentes del Estado en el período de pandemia

Luego de este triunfo de los pescadores de la Macrozona Norte de Chile, el Centro Ecocéanos llama a las organizaciones ciudadanas, y movimientos sociales y territoriales, a redoblar su tarea de fiscalización y control del accionar de los funcionarios públicos, especialmente en los sectores de la pesca, acuicultura, obras públicas, energía,forestal, agricultura, medio ambiente y economía, así como del accionar de los sectores empresariales durante este período de confinamiento social, producto del actual estado de excepción constitucional provocada por Covid-19, y de la creciente crisis política, sanitaria, económica y social que está afectando a la sociedad chilena.

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