Mientras jubilados y trabajadores de diversos gremios de Paraguay rechazan la medida, la Cámara aprobó la reforma, que pasará a la Cámara de Senadores para continuar trámite legislativo.
TeleSur
Imagen: La reforma ha generado amplio rechazo entre los trabajadores paraguayos. Afecta directamente a gremios que antes no tenían edad mínima establecida, como los docentes, militares y policías, y mantiene bajo (5%) el aporte estatal a la caja fiscal. Foto: EFE.
6 de febrero de 2026
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este viernes en una sesión extraordinaria y con 41 votos a favor de los legisladores del gobernante Partido Colorado el proyecto de la reforma laboral, mientras manifestantes rechazan la decisión de la instancia legislativa.
Cientos de jubilados y trabajadores de diversos gremios paraguayos se movilizaron en Asunción, concentrándose frente al Congreso para expresar su firme rechazo a la reforma de la ley de jubilaciones del sector público, conocida como «caja fiscal».
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Este fue el primer paso para reformar la ley de pensiones del sector público, en medio del receso parlamentario, iniciativa planteada por el presidente del país, Santiago Peña, y que desfavorece a los trabajadores, incluidos los de varios gremios que antes no tenían edad mínima establecida, como docentes, militares y policías.
La oposición abandonó el debate después de que su solicitud de posponer la discusión fuera denegada por el oficialismo. Con esta media sanción, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Senadores para continuar su trámite legislativo.
El Gobierno del presidente Santiago Peña justifica la reforma señalando un grave déficit financiero en el sistema de pensiones público, el cual proyecta que alcanzará los 380 millones de dólares en 2025, equivalente a cerca del 0.8% del producto interno bruto del país.
El Ejecutivo advierte que, de no implementarse cambios, los pagos de jubilaciones se volverán insostenibles en el futuro, argumentando que solo podría aumentar su aporte al nivel demandado por los gremios (un 14%) mediante una subida de impuestos, una opción que estos rechazan. A la par, los gremios advierten que el aporte estatal propuesto del 5% a la «caja fiscal» es muy inferior a los estándares internacionales y las necesidades.
Las críticas han sido inmediatas y severas. Desde el ámbito político, el diputado opositor Diosnel Aguilera calificó la iniciativa como «insensible, inmoral y violatoria de la constitución», acusando al Estado de haber generado el déficit al desentenderse históricamente de su obligación como empleador de pagar los aportes patronales correspondientes.
Los trabajadores corearon consignas contra lo que consideran una medida injusta. Manifestantes y representantes gremiales argumentan que la reforma es insuficiente y perjudicial.
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Por su parte, la docente Isabel Gómez, en proceso de jubilación, afirmó que la medida «va contra todos» los trabajadores.
El militar retirado Felipe Mercado señaló que el aumento del aporte estatal sigue siendo muy bajo comparado con estándares internacionales, que según él oscilan entre el 15% y el 20%, y tildó la reforma de ser apenas “un parche” al problema de fondo del sistema.
El debate se enmarca en las cifras del propio Ministerio de Economía y Finanzas, que revelan que la caja fiscal tiene actualmente 232.631 aportantes y paga 74.339 jubilaciones y pensiones.
Un dato clave es que el número de aportantes crece a un ritmo anual del 4.85%, mientras que el de los pensionistas lo hace a un 3.77%, una dinámica que, pese a todo, no logra contener el déficit según la visión oficial. El destino final de la polémica reforma ahora dependerá de lo que decida la Cámara de Senadores.
Autor: teleSUR – lvm – DE
Fuente: Agencias
