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IVÁN GAJARDO MILLAS
Periodista, desde Buenos Aires.
Luego de una semana complicada en la que el presidente ultraderechista argentino Javier Milei, desató un conflicto diplomático con España, se agravó una crisis social en la nortina provincia de Misiones y un inicio de corrida cambiaria tensó la economía trasandina una vez más, la que se inició este lunes tampoco se vislumbra muy tranquila.
Si bien el mandatario buscó tapar la atención del conflictivo frente interno con la presentación de su último libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en un acto que desembocó en concierto rock con él como estrella central en el emblemático “Luna Park” porteño, la eyección ayer de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su reemplazo por el hasta ahora ministro del Interior, Guillermo Francos, sacudió el tablero político, que se autopercibe líder mundial de la libertad.
El roce diplomático con Madrid, tras los comentarios ofensivos del liberatario proferidos hacia la esposa del presidente español Pedro Sánchez en el evento “Europa Viva 24”, celebrado en Madrid por la ultraderecha española, terminó con una nueva crisis diplomática y una exigencia mutua de disculpas, en un bucle que no parece encontrar cauces de solución en el corto plazo.
El fallido “Pacto de Mayo”, en tanto, como se denominó a una convocatoria del presidente a los gobernadores de las 23 provincias en busca de anudar un consenso sobre 10 puntos que cimentaran la gobernabilidad, terminó en una derrota que la Casa Rosada buscó disimular convocando un acto en el que sus seguidores apenas lograron llenar algo menos de la mitad de la cordobesa San Martín, frente al Cabildo.
Anoche, el mandatario volvió a subirse a un avión, su cuarto viaje en 5 meses de gestión, esta vez con destino a Silicon Valley, sede estadounidense de varias compañías globales de tecnología, ubicada en la bahía de San Francisco, California.
Allí lo espera una abultada agenda que incluye una reunión con el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, y otro posible nuevo encuentro con el magnate Elon Musk, muy interesado en el litio argentino.
En Buenos Aires, mientras tanto, esta semana puede decidirse el destino de la denominada “Ley Bases” y del paquete fiscal, que aún no logran dictamen en el Senado.
El panorama se completa con que desde mediados de mayo, la nortina provincia de Misiones es un polvorín iniciado por reclamos salariales de los gremios estatales, que se agravó con un campamento policial en la ciudad de Posadas.
La crisis en el norte, sin embargo, amenaza con extenderse luego que en los últimos días saltaran a la luz reclamos salariales similares en otras provincias, entre ellas Mendoza, donde los trabajadores judiciales decidieron extender un paro iniciado hace dos semanas por mejoras en los, mientras en Rosario, fueron los municipales los que encabezaron un paro con reclamos similares.
¿Fin de la luna de miel?
Si bien el ruido cambiario de la semana pasada se tranquilizó y el dólar se ubicó en los $1195 este martes, gracias a una fuerte intervención del Banco Central y tras haber llegado a $1300 el viernes pasado, una serie de sondeos sugieren que la “luna de miel” entre el libertario y sus votantes empieza a vislumbrar su final.
Un reciente informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados registra que a casi seis meses después de haber asumido la presidencia, el 53,2% de los argentinos desaprueba las medidas del gobierno de Javier Milei.
De acuerdo al sondeo, el 74% opina que «el ajuste lo estamos pagando todos» (lejos de la promesa oficial de que lo pagaría “la casta”)y un 65% se manifestó en desacuerdo con una declaración del mandatario realizada a una radio local, en la que aseguró que «los salarios empezaron a ganarle a la inflación».
Otro dato preocupante para el libertario: el 41% dice que llega a fin de mes “con lo justo”, mientras el 41% “no llega a fin de mes”.
«Parece que la constante entre tensión y esperanza son los pilares en los cuales se sustenta el gobierno. Cuando preguntamos sobre los sentimientos que genera el actual estado del país un 29% responde esperanza, pero seguido de 22,3% tristeza y un 20,7% de vergüenza», según explica el reporte realizado entre el 17 y 19 de mayo.
La “Ley Bases” choca con la voluntad popular
Otro estudio aporta evidencias que ponen un manto de dudas sobre el mantra ultra difundido en redes de que el avance contra la presencia estatal como garantía de derechos sociales cuenta con sostenes políticos y culturales firmes en la ciudadanía.
El sondeo del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC -ESA), un programa federal interuniversitario, identifica una mayoría que se expresa a favor de la presencia estatal en ámbitos relevantes de la vida social, lo que contrasta fuertemente con la dirección de los debates que los legisladores sostienen en este momento en el Congreso.
El trabajo, basado en una encuesta probabilística presencial de 1500 casos a nivel nacional, relevada entre abril y mayo y del que participaron destacados investigadores de Ciencias Sociales de quince universidades argentinas, registra que lejos de la liberalización de mercados de bienes y servicios contenida tanto en la Ley Bases, el 81 % de la población encuestada se pronuncia a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76% considera que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario poniendo tope a los alquileres y el 72% que debe garantizar el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar.
El sondeo registró asimismo fuertes niveles de rechazo a la mercantilización de los servicios sociales básicos tradicionales: salud y educación: mientras el 78% está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos, el 86 % entiende que el Estado debe garantizar la educación de nivel primario y secundario y el 83,5% está en contra de arancelar las universidades, en sintonía, esto último, con la masiva movilización universitaria federal de abril.
La sociedad argentina, concluye el trabajo, tampoco se desentiende de la responsabilidad social frente a la indigencia: el 82% considera que es obligación del Estado proveer alimentos a los comedores populares.
