Saúl Escobar Toledo, México
Este 2 de octubre, una vez más, México recordó aquel miércoles de hace 55 años. Lo hizo,
lo hicimos, para honrar a las víctimas; para volver a preguntarnos quienes tomaron la
decisión de cometer ese crimen masivo, cuándo y porqué lo hicieron y, de esta manera,
tratar de evitar la impunidad; y para seguir levantando las banderas de aquel movimiento.
En esa memoria, el ejército aparece constantemente. Estuvo desde el principio en el
bazucazo contra la prepa de San Ildefonso, luego en las tomas de Ciudad Universitaria y el
Politécnico y, finalmente, en la Plaza de las Tres Culturas.
La represión militar a los movimientos sociales no comenzó en 1968. Durante buena parte
del siglo XX y sobre todo desde la presidencia de Alemán (1946-1952), el ejército fue
utilizado por los gobiernos en turno para sofocar a los inconformes e incluso asesinar a
sangre fría a los dirigentes sociales, como a Rubén Jaramillo. Recordemos que las fuerzas
armadas y las policías asaltaron los locales sindicales en 1948 para deponer a los
dirigentes electos por los trabajadores e imponer a aquellos que fueran dóciles a las
autoridades, iniciando la etapa del charrismo sindical. También estuvieron en la represión
a las huelgas ferrocarrileras y magisteriales de 1958-59, y en la represión que terminó con
el movimiento electricista en 1976. El ejército fue utilizado, asimismo, para reprimir las
tomas de tierras de los campesinos y para ahogar protestas por motivos electorales.
Aparece, como actor principal, en los registros de la guerra sucia de los años setenta.
Fueron, de la misma manera, las fuerzas armadas las encargadas de combatir el
levantamiento del EZLN en 1994 y de mantener un cerco permanente en torno a sus bases
sociales.
Aunque es indudable que el ejército recibió, en estos casos, órdenes de civiles, los mandos
militares no están exentos de responsabilidad. La “obediencia debida” tiene como límite
el respeto a los derechos humanos los cuales, evidentemente, fueron objeto de graves y
masivas violaciones.
Ya en el siglo XXI, el Ejército reforzó sus labores en otro ámbito: la seguridad pública. Y,
aunque ese nuevo empuje comenzó con Zedillo y la creación del Sistema de Seguridad
Pública en 1995, fue Calderón quien ordenó el viraje “catastrófico” que sacó a combatir al
ejército a las calles, carreteras y plazas del país en su llamada “guerra” contra la
delincuencia organizada. Los resultados, de esta política militarista, son evidentes: cientos
de miles de víctimas mortales y personas desaparecidas en una escalada de pesadilla que
parece no tener fin.
En ese proceso de militarización, definido como el “aumento progresivo de la presencia,
poder y facultades de las fuerzas armadas en funciones propias de las autoridades civiles”
(Cf. Sánchez, Lisa y Gerardo Álvarez, 2022: “Militarización y militarismo en México”), el
ejército ha asumido, cada vez más, tareas policiacas, lo que le ha permitido adquirir
mayor influencia política.
De esta manera, la participación de las fuerzas armadas se ha convertido en un factor
“insustituible” para velar por la vida y el patrimonio de los mexicanos. Y así, los plazos
para regresar a sus cuarteles y dejar que las policías se ocupen de esas tareas se van
alargando y alargando al mismo tiempo que el número de efectivos militares y recursos
públicos va creciendo (tomando en cuenta la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional).
Bajo la presidencia de López Obrador, el Ejército y la Marina han adquirido nuevas tareas,
mismas que nunca habían tenido: la construcción y administración de obras y servicios
públicos. Desde aduanas, puertos marítimos y aeropuertos hasta el Tren Maya. Desde
empresas creadas para producir y distribuir medicinas hasta aerolíneas y la construcción
de sucursales bancarias (del Bienestar).
De esta manera, el Presupuesto previsto por Hacienda para 2024 ( en miles de millones de
pesos), destinado a las secretarías de la Defensa (264.4), Marina (71.9) y Protección
Ciudadana (105.8 ), en su conjunto, tendrán un alza de 64% en términos reales al pasar de
266 a 442.1 miles de mdp. Si tomamos en cuenta 2019, el aumento representa 180% en
términos reales. (El Economista, 11 de septiembre de 2023). Lo anterior incluye el anexo
16 destinado al cambio climático; en este rubro, la secretaria la Defensa absorberá más
de la mitad de los recursos , 125 mil mdp, bajo dos programas: Servicio Público de
Personas y Carga Tren Maya, y Proyectos de Transporte de Pasajeros.
La justificación de estos nuevos encargos reside, según el presidente, en la misma lógica
que justifica su papel en tareas de seguridad: son menos corruptos, más eficientes, más
dedicados y confiables que los civiles.
Esta imagen, creada desde el poder, no checa con la realidad. Ahí están las acusaciones de
violación de los derechos humanos, de implicaciones de altos mandos en el tráfico de
drogas con el crimen organizado, y el fracaso de la militarización de la seguridad pública.
Los hechos de Ayotzinapa revelaron la cara del ejército que hoy se trata de cubrir con
adjetivos benévolos.
Sin embargo, esa imagen ha servido para sostener, ideológicamente, el dramático vuelco
político de este gobierno. El fondo parece residir en la intención presidencial de tratar de
controlar a los altos mandos castrenses y asegurar su lealtad mediante su conversión en
empresarios del sector público.
Ahora tenemos un ejército con mayor poder político y presencia en la sociedad y la
economía del país. Lo hace cobijado por una nueva ideología, concebida desde el
gobierno: su pretendida superioridad en comparación a los civiles. El extremo de esa
ideología militarista, es decir, la exaltación de la intervención de militares en las tareas de
gobierno ha llevado a MORENA proponer, aún como precandidato a la Jefatura de la
Ciudad de México, a un personaje que hace tiempo decidió ser policía, desde que
especializó sus estudios en Harvard, el FBI y la DEA, y que en su carrera profesional ha
trabajado y se ha formado en esa área, desde 2008, cuando ingresó a la Policía Federal
Preventiva.
Se argumentará que un policía no es lo mismo que un militar. Sin embargo, ambas
corporaciones, especialmente en los mandos altos, responden a lógicas, valores y
entrenamientos similares. Además, en este caso, García Harfuch, representa o pretende
representar esa imagen de honestidad y eficiencia que se confiere a los militares, frente a
Clara Brugada, formada en el activismo social, vinculada a las causas de los sectores
populares más depauperados de la ciudad y sin duda una gobernante ejemplar que, se
alega falsamente, ha administrado una demarcación en la que no predominan las “clases
medias”.
Los proponentes de García Harfuch suponen, probablemente, que, gracias a esa
formación y a su desempeño como secretario de Seguridad Pública, resultará más
confiable y atractivo a los votantes. Queriendo o no, MORENA está haciendo competir dos
imaginarios políticos distintos, casi opuestos; lamentablemente, el discurso dominante en
el gobierno favorece al que supuestamente representa el imperio del orden y la
protección de los ciudadanos.
Se trata de una forma de pensar y jugar a la política muy peligrosa: encargarle a García
Harfuch la Ciudad, haciendo a un lado a un personaje tan meritorio como la Alcaldesa de
Iztapalapa, significaría ceder más poder al Ejército, que lo ven como uno de los suyos,
fortalecer la idea de que se requieren gobernantes que den resultados en materia de
seguridad pública y, por desgracia, también abandonar una de las banderas de la lucha del
68, pues la democracia, aquella que imaginamos en las marchas que cimbraron al país
entre julio y octubre de ese año, debería ser construida con los militares en los cuarteles y
la policía en sus respectivas tareas, no al frente de los gobiernos y la administración
pública. Una democracia progresista, como la ha llamado Cuauhtémoc Cárdenas, que
promueva la justicia social por encima de todo lo demás.
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