por Franco Machiavelo
Desde los albores del movimiento obrero chileno, las protestas han sido la voz del pueblo frente a la sordera del poder. No nacen del capricho ni del caos, sino de la injusticia estructural que atraviesa la historia del país desde sus cimientos. Las luchas del norte, donde los obreros del salitre enfrentaron la brutalidad patronal y el plomo del Estado, fueron el primer grito de dignidad colectiva contra el modelo de explotación impuesto por las élites y el capital extranjero. Aquellos trabajadores, organizados en sindicatos y mancomunales, entendieron que sin unidad y protesta no hay avance social ni conquista posible.
El sistema siempre ha intentado domesticar al pueblo, convencernos de que el orden existente es natural, que los abusos son inevitables, y que el deber del ciudadano es obedecer. Pero la historia enseña lo contrario: toda conquista social —el derecho a huelga, la educación pública, la jornada de ocho horas, la previsión social— nació de la protesta, de la rebeldía, de la ruptura del “orden” que sólo favorece a los poderosos.
Las protestas son la expresión visible del conflicto invisible: la lucha de clases. No se trata de simples descontentos, sino de una respuesta consciente ante un sistema que concentra la riqueza en pocas manos mientras endeuda y empobrece a las mayorías. La protesta social rompe la ilusión de consenso fabricada por los medios y el discurso político dominante, desenmascarando la verdadera naturaleza del poder: la defensa de los intereses del capital sobre la vida de las personas.
El 18 de octubre de 2019, Chile volvió a gritar. Fue la continuidad de una larga cadena histórica, una rebelión contra la privatización de lo esencial: el agua, la salud, la educación, la vejez. El pueblo, cansado de ser tratado como consumidor y no como sujeto político, salió a las calles para recuperar su dignidad. Aquella movilización no fue un “estallido” espontáneo: fue la acumulación de décadas de abuso, la conciencia de una clase que comprendió que el cambio no vendría desde arriba.
La protesta social, por tanto, no es un delito: es una forma legítima y necesaria de resistencia. Es el lenguaje de los sin voz, la herramienta del pueblo para reequilibrar una sociedad construida sobre la desigualdad. Cada marcha, cada barricada, cada consigna es una lección política: que la historia no se escribe con decretos ni discursos de palacio, sino con la fuerza organizada de quienes se niegan a vivir de rodillas.
El pueblo chileno ha demostrado que cuando se levanta, nada lo detiene. Las protestas no destruyen la patria; la reconstruyen desde abajo, desde la conciencia y la dignidad. Porque sólo cuando el pueblo se moviliza, la historia avanza.
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