¿Ha buscado el movimiento estudiantil universitario una educación mejor para Chile, una universidad que pueda servir al interés del desarrollo nacional? Si consideramos las protestas recurrentes a lo largo de los últimos veinticinco años [2001, 2006, 2011-2012, 2015, 2019] la respuesta puede ser, de manera contundente, que NO lo ha hecho.
Los objetivos siempre se mencionan e, invariablemente, se desdibujan. Educación para todos, universidad para Chile, una universidad que atienda a las necesidades de todos los chilenos, un nuevo modelo de financiamiento de las universidades, mayor excelencia académica, mejores condiciones materiales para que los estudiantes puedan dedicarse de manera efectiva a sus estudios, acceso sin discriminación económica o cultural. Grandes, nobles objetivos. Sin embargo, una y otra vez, las movilizaciones concluyen en acuerdos destinados a mejorar el financiamiento individual de los estudios: “Fondo solidario” [1994], CAE [2005, reformado el 2012, 2015, 2020], FES [2024]. Ninguna de las “conquistas” del movimiento estudiantil tocó, en lo más mínimo, la estructura interna de las universidades públicas, la externalización de sus servicios, incluso de la docencia, ninguna mencionó las formas administrativas que hacen que las facultades sean administradas como verdaderos feudos, todas las exigencias para fiscalizar el lucro en las universidades privadas se diluyeron en promesas o iniciativas truncadas desde su inicio, ninguna mencionó siquiera la grave distorsión de la investigación universitaria que significa el sistema de evaluación de la calidad basado en la publicación de papers en revistas indexadas, o en el número de programas de post grado administrados por los mismos profesores.
Cuando se examina la retórica estudiantil a lo largo de un cuarto de siglo se ve una clara deriva desde los discursos ideológicos, que procuraban “desmontar el sistema neoliberal” en las universidades, hacia un tono de tipo reivindicativo con un fuerte énfasis individual: mejorar las condiciones en que se accede o se puede pagar la “gratuidad” [que no es sino un sistema de créditos a las personas]; aliviar la carga académica que se ve como excesiva; lograr garantías explícitas, a través de protocolos y organismos de vigilancia y apoyo, para la igualdad de género o, de manera más específica, para castigar los abusos contra personas individuales en materia de género. Una deriva en que el gran tema “una educación superior mejor, para Chile”, simplemente se pierde en medio de las angustias, económicas y psicológicas, por supuesto ampliamente comprensibles, de las capas medias, que son el único sector que tiene el privilegio de la educación superior en este país. Cuando se dice, con orgullo, que el 50% de los jóvenes chilenos en el tramo de edad entre 18 y 24 años está cursando actualmente la educación superior nadie se acuerda, por supuesto, del otro 50%, que no solo no accede a las universidades, ni a institutos de educación superior, sino que carece completamente de alternativas educacionales de tipo técnico o directamente laboral. Para el orgullo de la educación chilena con la mitad de los chilenos basta. Para el movimiento estudiantil universitario esa otra mitad simplemente no existe, ni en el discurso, ni en las demandas efectivas, ni en los compromisos a que se llega después de cada auge de las movilizaciones.
Sin embargo, en el momento de la radicalidad, el discurso del movimiento universitario siempre tiene entre sus ejes centrales al neoliberalismo. Por supuesto, la culpa la tiene el neoliberalismo. Sobre todo, cuando gobierna la derecha [Piñera, Kast] o cuando se ha asistido al desgaste del “progresismo” [segundo gobierno de Bachelet]. Curiosamente, esta radicalidad discursiva resulta en la práctica completamente vaga, genérica, sin ninguna clase de detalle sobre en qué consistiría esa culpabilidad neoliberal, salvo en dos asuntos: el lucro de las universidades privadas, y el costo… para cada estudiante…, de las universidades públicas. Ni el costo del neoliberalismo para el país [concesiones mineras, precariedad laboral, salud privatizada, pensiones miserables, elusión tributaria], ni el costo para los ciudadanos
comunes [agobio laboral, crisis de la institución familiar, medicalización de la vida], ni su efecto sobre la gestión del Estado [precarización del empleo estatal, corrupción ante la banca y las mineras trasnacionales] aparece en esos discursos. Incluso, es fácilmente constatable el hecho, recurrente, de que las movilizaciones estudiantiles han empezado siempre desde el movimiento de estudiantes secundarios, al que se ha plegado, siempre en segundo lugar, el movimiento universitario, con el único resultado, una y otra vez, de que las demandas de los secundarios desaparecen del discurso y la negociación, y la demanda general por una educación mejor para Chile se diluye en tratativas en torno al crédito universitario, al crédito… para cada uno.
Con el paso del tiempo esta dilución de la radicalidad discursiva ha dado lugar a un síntoma aún peor: el movimiento estudiantil universitario se ha convertido en una vía práctica, eficaz, hacia la cooptación de su dirigencia por el aparato estatal. Los jóvenes militantes de los partidos “progresistas” pueden acceder con anticipación y ventaja al aparato burocrático de municipios, subsecretarías y ministerios. Se convierten en candidatos potenciales, e ideales, para postular a concejales, alcaldes, diputados y, porqué no decirlo… presidente de la república.
Pero, ¿había efectivamente una radicalidad anti neoliberal por la cual luchar? ¿hay un horizonte de “desmontaje” del neoliberalismo en educación que se pueda traducir en un programa de demandas concretas? ¿o estamos suponiendo aquí simples delirios y desvaríos de una mentalidad utópica, irresponsable, irrealista?
Por supuesto que hay una vía anti neoliberal. Por supuesto que puede traducirse en un programa concreto. Desde perspectivas muy diversas, ideológica y políticamente, Carlos Ruiz Schneider, Manuel Riesco, Gabriel Salazar, Sergio Grez, Felipe Portales, entre muchos otros académicos destacados, han criticado de manera integral y profunda el sistema neoliberal en educación, y han propuesto vías para su superación. Ver, por ejemplo, de Carlos Ruiz Schneider, De la República al mercado. Ideas educacionales y política en Chile [Santiago, LOM, 2010], publicado antes de las manifestaciones de 2011. Incluso, hasta 2005, el Colegio de Profesores de Chile mantuvo una política de defensa integral de la educación chilena… antes de sumergirse hasta hoy en un silencio vergonzoso y culpable.
Desde luego, solo se puede formular una vía anti neoliberal en la educación universitaria si se entiende en qué consiste la aplicación de sistema neoliberal a las universidades.
La primera cuestión, la más visible, es el sistema de financiamiento basado en subvencionar la demanda, es decir, el sistema en que las universidades son financiadas fundamentalmente a través de las escolaridades individuales que pagan los estudiantes. Por supuesto, muy pocas familias chilenas pueden abordar ese costo. No hay problema, la banca privada puede prestarles, con intereses, ese dinero. Podemos tratar de bajar los intereses que exigen los bancos. Una exigencia, aun así, onerosa. Pero podemos hacer que el Estado actúe como aval. Pero, mejor no. Sería mejor que sea el Estado directamente el que preste el dinero… a través de los bancos. Y, aun así, podría ser difícil. Negociemos los plazos y los montos que sería obligatorio respetar. Negociemos las condiciones para acceder a estos créditos. Negociemos que no nos pongan exigencias académicas para acceder y mantenerlos. O que no nos vengan con que quedarían sujetos a nuestro comportamiento cívico general… siempre la premisa se mantiene. Se negocia sobre la base neoliberal aceptada como inevitable.
La demanda que se seguiría de esta situación para un movimiento universitario anti neoliberal es muy clara: que termine el financiamiento de las universidades a través del subsidio a la demanda. Que el Estado financie de manera directa y basal todo el presupuesto universitario en las universidades estatales.
Sin embargo, el modelo neoliberal en las universidades tiene otras dimensiones, más profundas, menos visibles. La primera es la administración interna: las universidades públicas se administran como si fuesen empresas privadas. Y el asunto no es si hay o no control desde la Contraloría General de la República. El asunto es que cada facultad maneja su presupuesto como un feudo, lo que da origen a que haya facultades “ricas” y facultades “pobres” en una misma institución. El asunto es que cada facultad maneja los recursos que obtiene por consultorías y por los estudios de postgrado y postítulo por su cuenta. Lo que produce la situación escandalosa de que la escala común de salarios se haya reducido al absurdo de ser solo una referencia completamente distorsionada por los bonos, las asignaciones, los recursos recaudados por iniciativa de los profesores a título completamente individual. Aunque la escala de sueldos es nominalmente la misma, en las universidades públicas, hay salarios reales ricos y pobres, amparados, e incluso fomentados, por la autoridad central bajo la idea peregrina de que la productividad académica puede mejorar sobre la base de la competencia por conseguir recursos entre académicos y entre facultades.
Todos lo saben, es un secreto a voces, incluso es una política formal: los académicos privilegiados pueden crear espacios de negocios personales, para todos los efectos financieros virtualmente privados, bajo el nombre de la universidad, que usualmente no solo presta su función administrativa, su personal de servicios, sus espacios físicos, a cambio de lo que se llama “over head”, que oscila entre el 15% y el 25% de lo recaudado. “Over head”, un nombre técnico para lo que sobra, para el arrendamiento de bienes públicos a un precio irrisorio, un nombre elegante para la “fortaleza de rostro” de quienes solo ven la universidad como una oportunidad de negocios. Por supuesto negocios elegantes, ese tipo de negocios que cuentan con una legitimidad tal, desde el Estado, desde las autoridades centrales, desde el “sentido común” académico, que hasta pueden ser llamados “desarrollo académico”. Hasta el grado de que el principal mecanismo de evaluación interna y acreditación de las tareas propias de la universidad ha llegado a ser la publicación de papers en revistas especializadas, y el número y tamaño de los programas de posgrado.
Pero, también, todo el mundo sabe que el que las universidades públicas se hayan convertido en centros de negocios para una elite de profesores, es el origen de la externalización del propio trabajo académico: un 46% de los profesores de las universidades públicas mantienen contratos a honorarios, el porcentaje sube al 74% en las privadas (datos del CRUNCH); para no decir nada de la externalización de los servicios.
El programa mínimo ante esto no puede ser más evidente. Que toda consultoría, que todo programa de postgrado o postítulo sea administrado directa y completamente por la universidad. Que la participación académica en ellos está completamente dentro de lo que se supone del trabajo académico regular. Que se terminen los proyectos privados, los bonos y las asignaciones. Que haya una escala de salarios única y directa para todos los funcionarios académicos o no. Que se acaben los contratos a honorarios que resultan necesarios solo porque los académicos con jornada están demasiado ocupados con sus papers o con sus iniciativas privadas de consultoría o postgrado. Que las facultades se financien a través de un fondo común universitario centralizado que distribuya los recursos según el tamaño y las necesidades de infraestructura de cada unidad. ¿Es esto demasiado difícil de imaginar? ¿Estoy diciendo algo novedoso? No, estas cosas se han dicho una y otra vez durante más de treinta años. El movimiento estudiantil pareciera, sin embargo, no haberlas escuchado nunca.
Sin embargo, periódicamente, leemos en los medios de comunicación comunes, aunque sean solo levemente críticos, que la mayoría de estos fondos estatales que se destinan a subvencionar la demanda de estudiantes individuales van a parar a las universidades privadas [el 68%] y que solo tres bancos gestionen la mayoría de estos montos [85%]. Leemos, como algo naturalizado que, curiosamente, solo
parece preocupar a los economistas neoliberales, que las deudas acumuladas por el CAE han llegado al orden de los US$ 14.000 millones de dólares, y la morosidad de los que adeudan ese mecanismo de “gratuidad” alcanza al 28% de sus usuarios. ¿Pediremos una vez más que se alarguen los plazos y se alivien las condiciones? ¿Daremos la espalda al hecho flagrante de que con esos mismos recursos se podría haber construido un sistema estatal de universidades completo y financiado? Cosa, por lo demás, que se repite de manera idéntica con los fondos estatales destinados a la subvención de la demanda en salud, en transporte y en vivienda… como si fuesen aspectos de un mismo sistema neoliberal…
El programa, directo, claro, ante esto es que se termine todo financiamiento estatal, directo o indirecto, a las universidades privadas que, por lo demás, ya han acumulado un enorme capital inmobiliario, y en sus instalaciones, gracias al Estado. Que el financiamiento directo o indirecto a las universidades privadas disminuya progresivamente, entre un 5% y un 10% cada año, hasta extinguirse. No se trata de cerrar o estatizar las universidades privadas. No se trata de limitar la libertad de enseñanza. Pero el que quiera universidad privada, que la pague. Y por supuesto la mayoría de los chilenos no podría pagarla.
Por eso la reivindicación mínima, histórica, es que el Estado garantice un cupo del 100% para la demanda posible, en un sistema universitario estatal, único, descentralizado, que atienda las necesidades de desarrollo de las regiones, las prioridades de desarrollo profesional y técnico del país. Un sistema no confesional, que esté obligado por ley al pluralismo ideológico, en que haya una amplia garantía para el debate de ideas en todos los ámbitos de la cultura, la política, las artes y las ciencias.
Es decir, una idea de universidad, un programa para los sectores críticos entre estudiantes y académicos, que pueda responder de manera progresista a esta pregunta, simple y directa, ¿queremos una universidad mejor para Chile o una universidad accesible para cada uno?
Que me perdonen los cientos de miles de estudiantes, y las decenas de miles de trabajadores, de la educación básica y secundaria: ¿y qué pasa con las escuelas, y que pasa con los liceos? Bueno, eso es otra historia que, por supuesto, es la misma historia. El detalle es que este texto está dedicado al movimiento estudiantil universitario y ellos… parecen no saberlo.
Santiago, junio de 2026, en el invierno de Chile.
El Porteño.
Los objetivos siempre se mencionan e, invariablemente, se desdibujan. Educación para todos, universidad para Chile, una universidad que atienda a las necesidades de todos los chilenos, un nuevo modelo de financiamiento de las universidades, mayor excelencia académica, mejores condiciones materiales para que los estudiantes puedan dedicarse de manera efectiva a sus estudios, acceso sin discriminación económica o cultural. Grandes, nobles objetivos. Sin embargo, una y otra vez, las movilizaciones concluyen en acuerdos destinados a mejorar el financiamiento individual de los estudios: “Fondo solidario” [1994], CAE [2005, reformado el 2012, 2015, 2020], FES [2024]. Ninguna de las “conquistas” del movimiento estudiantil tocó, en lo más mínimo, la estructura interna de las universidades públicas, la externalización de sus servicios, incluso de la docencia, ninguna mencionó las formas administrativas que hacen que las facultades sean administradas como verdaderos feudos, todas las exigencias para fiscalizar el lucro en las universidades privadas se diluyeron en promesas o iniciativas truncadas desde su inicio, ninguna mencionó siquiera la grave distorsión de la investigación universitaria que significa el sistema de evaluación de la calidad basado en la publicación de papers en revistas indexadas, o en el número de programas de post grado administrados por los mismos profesores.
Cuando se examina la retórica estudiantil a lo largo de un cuarto de siglo se ve una clara deriva desde los discursos ideológicos, que procuraban “desmontar el sistema neoliberal” en las universidades, hacia un tono de tipo reivindicativo con un fuerte énfasis individual: mejorar las condiciones en que se accede o se puede pagar la “gratuidad” [que no es sino un sistema de créditos a las personas]; aliviar la carga académica que se ve como excesiva; lograr garantías explícitas, a través de protocolos y organismos de vigilancia y apoyo, para la igualdad de género o, de manera más específica, para castigar los abusos contra personas individuales en materia de género. Una deriva en que el gran tema “una educación superior mejor, para Chile”, simplemente se pierde en medio de las angustias, económicas y psicológicas, por supuesto ampliamente comprensibles, de las capas medias, que son el único sector que tiene el privilegio de la educación superior en este país. Cuando se dice, con orgullo, que el 50% de los jóvenes chilenos en el tramo de edad entre 18 y 24 años está cursando actualmente la educación superior nadie se acuerda, por supuesto, del otro 50%, que no solo no accede a las universidades, ni a institutos de educación superior, sino que carece completamente de alternativas educacionales de tipo técnico o directamente laboral. Para el orgullo de la educación chilena con la mitad de los chilenos basta. Para el movimiento estudiantil universitario esa otra mitad simplemente no existe, ni en el discurso, ni en las demandas efectivas, ni en los compromisos a que se llega después de cada auge de las movilizaciones.
Sin embargo, en el momento de la radicalidad, el discurso del movimiento universitario siempre tiene entre sus ejes centrales al neoliberalismo. Por supuesto, la culpa la tiene el neoliberalismo. Sobre todo, cuando gobierna la derecha [Piñera, Kast] o cuando se ha asistido al desgaste del “progresismo” [segundo gobierno de Bachelet]. Curiosamente, esta radicalidad discursiva resulta en la práctica completamente vaga, genérica, sin ninguna clase de detalle sobre en qué consistiría esa culpabilidad neoliberal, salvo en dos asuntos: el lucro de las universidades privadas, y el costo… para cada estudiante…, de las universidades públicas. Ni el costo del neoliberalismo para el país [concesiones mineras, precariedad laboral, salud privatizada, pensiones miserables, elusión tributaria], ni el costo para los ciudadanos
comunes [agobio laboral, crisis de la institución familiar, medicalización de la vida], ni su efecto sobre la gestión del Estado [precarización del empleo estatal, corrupción ante la banca y las mineras trasnacionales] aparece en esos discursos. Incluso, es fácilmente constatable el hecho, recurrente, de que las movilizaciones estudiantiles han empezado siempre desde el movimiento de estudiantes secundarios, al que se ha plegado, siempre en segundo lugar, el movimiento universitario, con el único resultado, una y otra vez, de que las demandas de los secundarios desaparecen del discurso y la negociación, y la demanda general por una educación mejor para Chile se diluye en tratativas en torno al crédito universitario, al crédito… para cada uno.
Con el paso del tiempo esta dilución de la radicalidad discursiva ha dado lugar a un síntoma aún peor: el movimiento estudiantil universitario se ha convertido en una vía práctica, eficaz, hacia la cooptación de su dirigencia por el aparato estatal. Los jóvenes militantes de los partidos “progresistas” pueden acceder con anticipación y ventaja al aparato burocrático de municipios, subsecretarías y ministerios. Se convierten en candidatos potenciales, e ideales, para postular a concejales, alcaldes, diputados y, porqué no decirlo… presidente de la república.
Pero, ¿había efectivamente una radicalidad anti neoliberal por la cual luchar? ¿hay un horizonte de “desmontaje” del neoliberalismo en educación que se pueda traducir en un programa de demandas concretas? ¿o estamos suponiendo aquí simples delirios y desvaríos de una mentalidad utópica, irresponsable, irrealista?
Por supuesto que hay una vía anti neoliberal. Por supuesto que puede traducirse en un programa concreto. Desde perspectivas muy diversas, ideológica y políticamente, Carlos Ruiz Schneider, Manuel Riesco, Gabriel Salazar, Sergio Grez, Felipe Portales, entre muchos otros académicos destacados, han criticado de manera integral y profunda el sistema neoliberal en educación, y han propuesto vías para su superación. Ver, por ejemplo, de Carlos Ruiz Schneider, De la República al mercado. Ideas educacionales y política en Chile [Santiago, LOM, 2010], publicado antes de las manifestaciones de 2011. Incluso, hasta 2005, el Colegio de Profesores de Chile mantuvo una política de defensa integral de la educación chilena… antes de sumergirse hasta hoy en un silencio vergonzoso y culpable.
Desde luego, solo se puede formular una vía anti neoliberal en la educación universitaria si se entiende en qué consiste la aplicación de sistema neoliberal a las universidades.
La primera cuestión, la más visible, es el sistema de financiamiento basado en subvencionar la demanda, es decir, el sistema en que las universidades son financiadas fundamentalmente a través de las escolaridades individuales que pagan los estudiantes. Por supuesto, muy pocas familias chilenas pueden abordar ese costo. No hay problema, la banca privada puede prestarles, con intereses, ese dinero. Podemos tratar de bajar los intereses que exigen los bancos. Una exigencia, aun así, onerosa. Pero podemos hacer que el Estado actúe como aval. Pero, mejor no. Sería mejor que sea el Estado directamente el que preste el dinero… a través de los bancos. Y, aun así, podría ser difícil. Negociemos los plazos y los montos que sería obligatorio respetar. Negociemos las condiciones para acceder a estos créditos. Negociemos que no nos pongan exigencias académicas para acceder y mantenerlos. O que no nos vengan con que quedarían sujetos a nuestro comportamiento cívico general… siempre la premisa se mantiene. Se negocia sobre la base neoliberal aceptada como inevitable.
La demanda que se seguiría de esta situación para un movimiento universitario anti neoliberal es muy clara: que termine el financiamiento de las universidades a través del subsidio a la demanda. Que el Estado financie de manera directa y basal todo el presupuesto universitario en las universidades estatales.
Sin embargo, el modelo neoliberal en las universidades tiene otras dimensiones, más profundas, menos visibles. La primera es la administración interna: las universidades públicas se administran como si fuesen empresas privadas. Y el asunto no es si hay o no control desde la Contraloría General de la República. El asunto es que cada facultad maneja su presupuesto como un feudo, lo que da origen a que haya facultades “ricas” y facultades “pobres” en una misma institución. El asunto es que cada facultad maneja los recursos que obtiene por consultorías y por los estudios de postgrado y postítulo por su cuenta. Lo que produce la situación escandalosa de que la escala común de salarios se haya reducido al absurdo de ser solo una referencia completamente distorsionada por los bonos, las asignaciones, los recursos recaudados por iniciativa de los profesores a título completamente individual. Aunque la escala de sueldos es nominalmente la misma, en las universidades públicas, hay salarios reales ricos y pobres, amparados, e incluso fomentados, por la autoridad central bajo la idea peregrina de que la productividad académica puede mejorar sobre la base de la competencia por conseguir recursos entre académicos y entre facultades.
Todos lo saben, es un secreto a voces, incluso es una política formal: los académicos privilegiados pueden crear espacios de negocios personales, para todos los efectos financieros virtualmente privados, bajo el nombre de la universidad, que usualmente no solo presta su función administrativa, su personal de servicios, sus espacios físicos, a cambio de lo que se llama “over head”, que oscila entre el 15% y el 25% de lo recaudado. “Over head”, un nombre técnico para lo que sobra, para el arrendamiento de bienes públicos a un precio irrisorio, un nombre elegante para la “fortaleza de rostro” de quienes solo ven la universidad como una oportunidad de negocios. Por supuesto negocios elegantes, ese tipo de negocios que cuentan con una legitimidad tal, desde el Estado, desde las autoridades centrales, desde el “sentido común” académico, que hasta pueden ser llamados “desarrollo académico”. Hasta el grado de que el principal mecanismo de evaluación interna y acreditación de las tareas propias de la universidad ha llegado a ser la publicación de papers en revistas especializadas, y el número y tamaño de los programas de posgrado.
Pero, también, todo el mundo sabe que el que las universidades públicas se hayan convertido en centros de negocios para una elite de profesores, es el origen de la externalización del propio trabajo académico: un 46% de los profesores de las universidades públicas mantienen contratos a honorarios, el porcentaje sube al 74% en las privadas (datos del CRUNCH); para no decir nada de la externalización de los servicios.
El programa mínimo ante esto no puede ser más evidente. Que toda consultoría, que todo programa de postgrado o postítulo sea administrado directa y completamente por la universidad. Que la participación académica en ellos está completamente dentro de lo que se supone del trabajo académico regular. Que se terminen los proyectos privados, los bonos y las asignaciones. Que haya una escala de salarios única y directa para todos los funcionarios académicos o no. Que se acaben los contratos a honorarios que resultan necesarios solo porque los académicos con jornada están demasiado ocupados con sus papers o con sus iniciativas privadas de consultoría o postgrado. Que las facultades se financien a través de un fondo común universitario centralizado que distribuya los recursos según el tamaño y las necesidades de infraestructura de cada unidad. ¿Es esto demasiado difícil de imaginar? ¿Estoy diciendo algo novedoso? No, estas cosas se han dicho una y otra vez durante más de treinta años. El movimiento estudiantil pareciera, sin embargo, no haberlas escuchado nunca.
Sin embargo, periódicamente, leemos en los medios de comunicación comunes, aunque sean solo levemente críticos, que la mayoría de estos fondos estatales que se destinan a subvencionar la demanda de estudiantes individuales van a parar a las universidades privadas [el 68%] y que solo tres bancos gestionen la mayoría de estos montos [85%]. Leemos, como algo naturalizado que, curiosamente, solo
parece preocupar a los economistas neoliberales, que las deudas acumuladas por el CAE han llegado al orden de los US$ 14.000 millones de dólares, y la morosidad de los que adeudan ese mecanismo de “gratuidad” alcanza al 28% de sus usuarios. ¿Pediremos una vez más que se alarguen los plazos y se alivien las condiciones? ¿Daremos la espalda al hecho flagrante de que con esos mismos recursos se podría haber construido un sistema estatal de universidades completo y financiado? Cosa, por lo demás, que se repite de manera idéntica con los fondos estatales destinados a la subvención de la demanda en salud, en transporte y en vivienda… como si fuesen aspectos de un mismo sistema neoliberal…
El programa, directo, claro, ante esto es que se termine todo financiamiento estatal, directo o indirecto, a las universidades privadas que, por lo demás, ya han acumulado un enorme capital inmobiliario, y en sus instalaciones, gracias al Estado. Que el financiamiento directo o indirecto a las universidades privadas disminuya progresivamente, entre un 5% y un 10% cada año, hasta extinguirse. No se trata de cerrar o estatizar las universidades privadas. No se trata de limitar la libertad de enseñanza. Pero el que quiera universidad privada, que la pague. Y por supuesto la mayoría de los chilenos no podría pagarla.
Por eso la reivindicación mínima, histórica, es que el Estado garantice un cupo del 100% para la demanda posible, en un sistema universitario estatal, único, descentralizado, que atienda las necesidades de desarrollo de las regiones, las prioridades de desarrollo profesional y técnico del país. Un sistema no confesional, que esté obligado por ley al pluralismo ideológico, en que haya una amplia garantía para el debate de ideas en todos los ámbitos de la cultura, la política, las artes y las ciencias.
Es decir, una idea de universidad, un programa para los sectores críticos entre estudiantes y académicos, que pueda responder de manera progresista a esta pregunta, simple y directa, ¿queremos una universidad mejor para Chile o una universidad accesible para cada uno?
Que me perdonen los cientos de miles de estudiantes, y las decenas de miles de trabajadores, de la educación básica y secundaria: ¿y qué pasa con las escuelas, y que pasa con los liceos? Bueno, eso es otra historia que, por supuesto, es la misma historia. El detalle es que este texto está dedicado al movimiento estudiantil universitario y ellos… parecen no saberlo.
Santiago, junio de 2026, en el invierno de Chile.
El Porteño.
