La colonización israelí en Cisjordania ya no es un fenómeno marginal, sino que se ha convertido en una política de Estado declarada, dirigida desde lo más alto del poder y ejecutada a través de un sistema integral que combina decisiones gubernamentales, incitación pública abierta, armamento de los colonos y la imposición de hechos consumados por la fuerza sobre el terreno. Lo que ocurre hoy es un proyecto de anexión de facto que se reproduce diariamente en las zonas “C” y en Jerusalén ocupada, en desafío directo al derecho internacional y a costa de la seguridad humana del pueblo palestino y del futuro de cualquier solución política basada en el fin de la ocupación.
En este contexto, la colonización ya no es una mera expansión geográfica, sino una herramienta política y de seguridad utilizada para desmantelar la sociedad palestina, asfixiar ciudades y pueblos y destruir la continuidad territorial, en medio de una escalada sin precedentes de incitación oficial que convierte a la población civil palestina en objetivos y elimina, en la práctica, lo que queda del horizonte de la solución de dos Estados, mientras el silencio internacional continúa proporcionando una cobertura indirecta a estas políticas.
Decisiones del Gabinete: legalizar el saqueo de la tierra
Según reveló el canal hebreo i24, el gabinete israelí aprobó en su última reunión la creación de 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, en un paso que refleja un impulso sin precedentes para imponer hechos permanentes sobre el terreno.
Entre estos asentamientos destaca “Shdam”, cerca de Belén, tierras que estuvieron a punto de ser entregadas a los palestinos en 2016, antes de ser reincorporadas hoy al proyecto colonial, en un ejemplo flagrante de cómo se revierte cualquier compromiso político previo.
Los datos recientes revelan además que el proyecto colonial israelí ha entrado en una fase más agresiva y organizada, con el anuncio de la intención del gobierno israelí de establecer 17 nuevos asentamientos en Cisjordania, paralelamente a la asignación de unos 3.000 millones de shekels para apoyar y expandir la colonización. Este enorme financiamiento no se enmarca en la “desarrollo” como afirma Israel, sino que se destina a consolidar realidades coloniales permanentes mediante la apertura de carreteras, la construcción de infraestructuras y la expansión de puestos coloniales para convertirlos en asentamientos oficiales, en clara violación del derecho internacional. Esta decisión refleja una política estatal sistemática destinada a acelerar el control de la tierra, asfixiar a las comunidades palestinas y socavar cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino territorialmente contiguo, utilizando los fondos públicos israelíes como una herramienta directa para imponer una anexión progresiva por la fuerza.
Netanyahu: demolición de Oslo e incitación desde la cúspide
En la misma sesión del gabinete, el primer ministro Benjamín Netanyahu no se limitó a aprobar la expansión colonial, sino que lanzó un discurso de incitación que sienta las bases ideológicas de la exclusión, al afirmar:
“En Oslo introdujimos a un enemigo en casa, y cada vez que hubo un gobierno que quiso continuar el camino de Oslo, el pueblo lo derrocó.”
Con esta declaración, Netanyahu anuncia de facto el entierro de los Acuerdos de Oslo y redefine a los palestinos como un “enemigo”, en un discurso que justifica la violencia, cierra la puerta a cualquier proceso político y otorga cobertura a la continuidad del control por la fuerza.
Lo más peligroso es que Netanyahu se dirigió directamente a los ministros extremistas de su gobierno, Bezalel Smotrich y Orit Strook, diciendo:
“Es necesario crear más puntos de asentamiento, continúen su labor.”
Se trata de una invitación oficial abierta a intensificar los puestos coloniales, incluidos los ilegales, y a convertir a los colonos en un instrumento de ejecución de la política estatal.
Smotrich: el control de la tierra y el agua como “logro”
Desde el valle del Jordán, Smotrich emitió un discurso no menos peligroso, dirigido a los colonos:
“Hemos regresado a los pozos de agua y controlado todas estas áreas… ustedes son héroes, continúen.”
Esta declaración revela claramente su naturaleza colonial: el control de los recursos vitales, especialmente el agua, el despojo de los palestinos de ellos y la transformación de la colonización en un acto “heroico”, con total desprecio por los derechos de la población originaria.
Ben Gvir: armamento de los colonos e incitación generalizada
En paralelo, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, desempeña un papel central en la militarización de la colonización. A través de sus políticas, se ha ampliado el armamento de los colonos y se les ha otorgado cobertura política y de seguridad, lo que ha contribuido al aumento de sus ataques contra las aldeas palestinas.
La incitación de Ben Gvir no se limita a los palestinos en general, sino que se extiende también a la dirigencia palestina, incluido el presidente palestino, en un discurso que alimenta el odio, promueve la violencia política y transforma a los colonos en una fuerza cuasi militar que actúa bajo el amparo del Estado.
Jerusalén: 9.000 unidades coloniales para asfixiar los barrios palestinos
Dentro del plan general, Israel avanza en un nuevo proyecto para construir 9.000 unidades coloniales en la zona del aeropuerto de Jerusalén, al norte de la ciudad, en el corazón del área situada entre los barrios palestinos.
Este proyecto no apunta únicamente a la expansión urbana, sino que busca:
Separar el norte de Cisjordania de Jerusalén
Cercar los barrios palestinos
Alterar la composición demográfica de la ciudad
Impedir cualquier posibilidad de que Jerusalén Oriental sea la capital de un futuro Estado palestino.
La Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos y las Aldeas Amenazadas advirtió que el nuevo plan colonial israelí propuesto en las tierras del Aeropuerto Internacional de Jerusalén (Qalandia), al norte de Jerusalén ocupada, que pretende construir unas 9.000 unidades coloniales, constituye una peligrosa escalada en la política de colonización destinada a aislar Jerusalén de su entorno palestino. La organización explicó que el proyecto busca destruir la continuidad geográfica y demográfica entre Jerusalén y Ramala, socavar cualquier horizonte político basado en la solución de dos Estados e impedir el desarrollo de Jerusalén Oriental como centro urbano, histórico y religioso palestino, mediante la imposición de nuevas realidades coloniales dentro de un espacio urbano palestino densamente poblado que incluye Kafr Aqab, Qalandia, Al-Ram, Jaba’, Beit Hanina y Bir Nabala.
Añadió que la denominada Comisión Distrital de Planificación y Construcción tiene previsto examinar el plan número (101-0764936) en una sesión programada para el 17 de diciembre de 2025, con indicios de acelerar su ejecución mediante la asignación de presupuestos bajo el pretexto de “rehabilitación de tierras”, a pesar de haber sido congelado anteriormente. Señaló que parte de las tierras afectadas son de propiedad privada palestina y se planea someterlas a procedimientos coercitivos sin el consentimiento de sus propietarios, en una flagrante violación del derecho de propiedad y del derecho internacional, advirtiendo que la implementación del proyecto creará un enclave colonial que profundizará la fragmentación de Jerusalén, y afirmando que continuará documentándolo y denunciándolo ante las instituciones internacionales de derechos humanos.
Consecuencias sobre el terreno: los palestinos bajo asedio
En el terreno, estas políticas se traducen en una realidad sangrienta:
Confiscación de amplias extensiones de tierra en las zonas “C”
Prohibición de la construcción palestina y demolición de viviendas
Control de las fuentes de agua y los pastizales
Aumento de la violencia de los colonos bajo protección del ejército
Desplazamiento gradual de las comunidades beduinas y rurales
El palestino en las zonas “C” ya no se enfrenta solo a decisiones administrativas, sino a un proyecto sistemático de expulsión en el que participan el gobierno, el ejército y los colonos armados, en flagrante violación del derecho internacional.
Expertos en derecho internacional confirman que todas estas prácticas constituyen una violación directa de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante transferir a su población civil a los territorios ocupados, y que la incitación pública, el armamento de los colonos y el control de los recursos pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario.
Conclusión: incitación oficial y silencio internacional
Lo que ocurre en Cisjordania y Jerusalén ya no puede presentarse como una política de seguridad ni como una disputa política contenible, sino que se ha convertido en un proyecto colonial de anexión declarado, liderado por un Estado con todas sus instituciones. El gobierno de Netanyahu proporciona la cobertura política, Smotrich diseña los mapas y confisca la tierra, y Ben Gvir arma a los colonos y les garantiza impunidad, mientras se reproduce un discurso oficial de odio que legitima la violencia y convierte al palestino en un “objetivo” y no en un ser humano con derechos. Sobre el terreno, esta política se traduce en una expansión colonial frenética, una desintegración sistemática de la geografía palestina y una escalada diaria cuyo precio pagan los civiles palestinos en su seguridad, su existencia y su futuro.
En este escenario, no solo se entierra gradualmente la solución de dos Estados, sino que se la ejecuta deliberadamente con cemento, armas e incitación, mientras la comunidad internacional continúa limitándose a un lenguaje de preocupación y condena formal. La pregunta ya no es si Israel está socavando la solución de dos Estados —las pruebas son ahora públicas y documentadas—, sino cuáles son los límites del silencio internacional y hasta cuándo la impunidad seguirá siendo la norma que permite imponer realidades irreversibles y empujar a toda la región hacia una explosión abierta.
Finalmente, ante esta realidad, la pregunta ya no es: ¿Israel socava la solución de dos Estados?, sino: ¿hasta cuándo seguirá siendo la impunidad la regla?.
Dr. Rasem Bisharat es Doctor en Estudios de Asia Occidental y Comisionado de Relaciones Exteriores de la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos y las Aldeas Amenazadas – Palestina
