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El golpe de Estado en Chile: las piezas del puzle

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La Jornada, Perfil 13 de septiembre de 2021

Marcos Roitman Rosenmann

Chile en el contexto latinoamericano: los años 60. Tras la revolución cubana, no hubo tregua. La derecha latinoamericana fomentó la intervención de las fuerzas armadas, patrocinando golpes de Estado, bajo la doctrina de la seguridad nacional. Un nuevo régimen político, fundado en el asesinato y tortura a militantes de izquierda, se levantó bajo la tutela de Estados Unidos (EU). Entre 1963 y 1966 se desarticulan cinco gobiernos democráticos. El 25 de septiembre, en República Dominicana, el coronel Elías Wessin toma el poder, derrocando al presidente Juan Bosch. En Honduras, el 3 de octubre, Ramón Villeda Morales es depuesto por el general Oswaldo López Arellano. El 15 de abril de 1964, el presidente de Brasil, Joao Goulart, es derribado por el mariscal de campo Humberto Castelo Branco; en Bolivia, el 6 agosto de ese año, Víctor Paz Estenssoro sucumbe ante el general René Barrientos. En 1965,
40 mil marines estadunidenses invaden República Dominicana para frenar el levantamiento popular del coronel Francisco Caamaño, quien pedía el regreso de Juan Bosch a la presidencia. Y en Argentina, el 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía lidera el putsch militar que derroca al presidente Arturo Illía, poniendo en práctica la concepción del enemigo interno. Bajo el paraguas de la OEA y el TIAR, la doctrina de la seguridad nacional, diseñada por el Pentágono, las oligarquías criollas y las fuerzas armadas latinoamericanas, adoctrinadas en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, sito en la zona del canal de Panamá, se convierte en la estrategia para llevar a cabo los golpes de Estado.1
Pero no fue la única opción. EU buscó alternativas, patrocinando gobiernos reformistas. Las burguesías locales debían comprometerse. La Alianza para el Progreso sirvió de cobertura. El entonces secretario de Defensa estadunidense, Robert McNamara (1961-68), declaró que el apoyo económico a gobiernos reformistas, formaba parte del liderazgo geopolítico y militar de EU en la región. El sostén a los gobiernos desarrollistas fue la cara amable de John Kennedy para frenar el avance de los movimientos insurreccionales; su frase: “aquellos que
imposibilitan la revolución pacífica hacen que la revolución violenta sea inevitable” sería utilizada por el embajador de EU en Chile para avalar al naciente partido Demócrata Cristiano fundado en 1957, en las elecciones presidenciales de 1964. “Revolución en libertad” será el lema de campaña.
La seguridad hemisférica, la industrialización dependiente, bajo una democracia vigilada fue el reverso de los golpes nacidos al amparo de la doctrina de seguridad nacional. Así, se financiaron partidos, sindicatos, medios de comunicación e investigaciones, como el Proyecto Camelot para frenar la revolución violenta. El miedo al comunismo se trasformó en arma electoral. Cuba fue el chivo expiatorio. Tras la invasión a Bahía Cochinos, la expulsión de Cuba de la OEA, el bloqueo económico y comercial a la isla, EU mira hacia Chile. Pronto
serán las elecciones presidenciales. Patrocinar un candidato y hacer viable su triunfo sería la mejor ventana para contrarrestar la influencia de la revolución cubana en el continente. El elegido, será Eduardo Frei Montalva. Kennedy y, tras su asesinato, Lyndon Johnson apoyaron con decenas de millones de dólares su postulación. Llegaron fondos a mansalva. Muchos se destinaron a potenciar la campaña del miedo. “El informe Covert Action precisa que la CIA ‘ayudó’ a los democratacristianos a dirigir la campaña […], que incluía encuestas, registro de votantes, autodivulgación de votos, además de propaganda
secreta […]. Así, se publicarán cientos de miles de folletos, afiches, programas radiofónicos, destinados a infundir el miedo al ‘comunismo’. Proyectan la imagen de una izquierda manipulada por los comunistas y a éstos como seres abyectos que obedecen a un plan siniestro para implantar el totalitarismo: arrebatarán propiedades, incendiarán iglesias y arrancarán a sus hijos de sus madres para enviarlos a Cuba.”
Eduardo Frei se siente cómodo en esta batalla. Es anticomunista por convicción, lo demostrará años más tarde siendo protagonista del golpe que derrocará al presidente Salvador Allende. Ya en 1964 lo explicita en su discurso: “La izquierda propone al pueblo el camino del marxismo leninismo, de violencia moral y política; de la omnipotencia del Estado en todas sus manifestaciones de la vida nacional; la colectivización y la desviación del porvenir de Chile hacia la órbita del mundo comunista”.2
En esta cruzada, tampoco faltan voces extranjeras

La derecha chilena y el golpismo: 1964-70
Siempre hubo en las fuerzas armadas quienes llamaron al golpe militar. Las voces crecieron en los años 60 a medida que la izquierda avanzaba. Fruto de la derrota electoral de 1964, los partidos conservador, liberal y acción nacional se unifican. La derecha amplifica y potencia la idea de un gobierno militar. En 1966, nace el Partido Nacional. Sus dirigentes no ocultan sus intenciones de derrocar el régimen constitucional.
Las corrientes neoliberal antidemocrática y la gremialista se unen para demandar la refundación del orden. Ya no se trata de cambiar un gobierno, sino de trasformar Chile. Su oportunidad llegará el 11 de septiembre de 1973.
Para los dirigentes del Partido Nacional, la Democracia Cristiana (DC) representaba la puerta de entrada al marxismo y la destrucción de los valores patrios. Así, llaman a “todos los chilenos a participar en una gran lucha para vencer la sensación de inferioridad y fracaso, que lleva al país a vivir del socorro extranjero, a entregarse a ideologías foráneas y sustituir el trabajo y el riesgo personal por un estatismo deprimente”. En su ideario se recalca: “El Partido Nacional es un movimiento renovador que se propone restablecer la unidad nacional y el recio estilo que forjó el alma de la chilenidad […], se inspira en los valores espirituales de la civilización occidental y rechaza, por artificial y limitada, la interpretación materialista de la historia. Se opone al marxismo y a toda forma de colectivismo […]; lucha por instaurar una democracia orgánica”.
Las semillas del golpe de Estado se han sembrado. Será cuestión de tiempo que germinen. En 1969 el Partido Nacional avala un putsch para derrocar el gobierno de Frei. Los vínculos políticos entre la derecha golpista y los militares descontentos con el gobierno demócrata cristiano se estrechan. Los bajos salarios de los uniformados y lo obsoleto del armamento son el caldo de cultivo para alentar asonadas. Ya en 1966, la Marina solicita al gobierno la compra de un portaviones; Frei lo rechaza. Las desavenencias se hacen públicas.
El comandante en jefe de la Armada, almirante Jacobo Neumann, escribe a Frei sobre el “carácter permanente de las
fuerzas armadas y lo transitorio de los regímenes políticos”.
Algunos oficiales, redactan el Manifiesto de los tenientes, deslizando la opción de un gobierno militar. Frei será objeto de ataques y señalado como “filocomunista”. Buena excusa para avivar el intervencionismo de las fuerzas armadas. En Argentina, se edita el libro Frei, el Kerensky chileno. Será distribuido en todo el continente. Su autor, el dirigente de la Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad Privada, Fabio Vidigal Xavier Da Oliveira, enfatiza: “Nos proponemos hacer evidente que la Democracia Cristiana chilena y sus hombres son izquierdistas y están conduciendo a Chile hacia el marxismo. En este orden de ideas, procuraremos demostrar que el presidente Frei está desempeñando en Chile el papel que tuvo Kerensky en Rusia: servir de jefe de un gobierno que, ya socialista, hace la transición desde un orden contrario al marxismo hacia una estructura totalmente
marxista”.5
En 1975, Frei, aludiendo a dicho texto, se queja amargamente: “Sería interesante averiguar quién paga en el
extranjero la edición suculenta del libro del brasileño, que se ha repartido por toda América Latina, quiénes tienen tanto dinero como para importarlo y obsequiarlo en forma gratuita en todo el país […]. Sería digno de preguntarse por qué este libro y esos folletos […] logran hacerse circular, y más aún se envía a las fuerzas armadas”.6
El golpismo se adueña de parte de la oficialidad. El gobierno de Frei concede subidas salariales a la tropa y a la oficialidad. Cambia ministros y derechiza la acción de gobierno.“Pero no basta. Una parte de los oficiales está al borde de la insubordinación por motivos de índole política, en concordancia con el discurso nacionalista. Aparecen dos oficiales dispuestos a encabezar un golpe: Arturo Marshall y Roberto Viaux.”7

Un año más tarde, el 21 de octubre 1969, Viaux lidera un fallido golpe de Estado. Salvador Allende, presidente del Senado, condena abiertamente la intentona y se dirige a La Moneda para apoyar a Frei, desautorizando que algunos miembros de su partido, el diputado Erick Schnake, se reuniese con los alzados. Por su parte, el Partido Nacional adopta una actitud pasiva frente la asonada. Ya nada será igual. Las fuerzas armadas entran en la arena política. El gobierno militar se contempla como una salida que evite un posible triunfo de la izquierda. El último año de gobierno, la Democracia Cristiana se fractura. Un sector se declara partidario de profundizar las reformas en la vía no capitalista, otro mira a la derecha, al autogolpe, para frenar la candidatura de Allende. En mayo de 1969, el llamado grupo de los rebeldes, abandona el partido, y crea el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Entre sus dirigentes destaca Jacques Chonchol, artífice de la reforma agraria de Frei, y Rodrigo Ambrosio, ex secretario de las Juventudes.

Mil días de conspiración.
El camino hacia el golpe de Estado


El triunfo electoral de Salvador Allende y la Unidad Popular fue inesperado, acelerando la trama cívico-militar para romper el orden constitucional e impedir su acceso a la presidencia. Para la derecha fue una sorpresa. EU y los empresarios contaban con el triunfo de su candidato, el conservador y ex presidente Jorge Alessandri. Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, huido de la justicia, se reúne en EU con el jefe de la CIA, Helms, Nixon y Kissinger, para urdir la trama. Primero, buscarán que Allende no sea ratificado presidente por el Congreso pleno. Tendrán mes y medio para lograrlo. La sesión solemne está convocada para el 24 de octubre. En esta vorágine, sectores de las fuerzas armadas apoyan un golpe de Estado, entre otros, están implicados el jefe de Carabineros, Vicente Huerta; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Guerraty Villalobos, y el recién nombrado comandante en jefe de la Marina, vicealmirante Hugo Tirado. Sólo el general en jefe del Ejército, René Schneider, llama a reconocer los resultados electorales, emprendiendo una visita a los cuarteles para desanimar cualquier ruido de sables. Su conducta lo convierte en un objetivo para la derecha. Mientras, Frei traslada al embajador estadunidense Korry ser partidario de frenar la llegada de Allende a La Moneda. Se pone en marcha la maquinaria. El primer plan contará con el aval del Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA, y lleva el nombre de una jugada de ajedrez, la estrategia del gambito: ofrecer piezas a cambio a cambio de obtener una ventaja en el desarrollo del juego. La pieza ofrecida será Jorge Alessandri, quien obtuvo la segunda mayoría relativa.

“El primer plan para desconocer el resultado de la elección lo esboza el general Camilo Valenzuela al día siguiente. Este antiguo miembro del grupo Línea Recta, que en 1955 planeó dar un golpe, es ahora el principal contacto de los servicios estadunidenses en el Ejército. La maniobra: el PDC y el PN elegirían a Alessandri, este designaría un gabinete militar y dimitiría. Los militares organizarían elecciones en sesenta días en las que Frei sería electo.”8

Entre tanto, el Comité de los 40, grupo de operaciones encubiertas, en el cual participan miembros del Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca y los embajadores de los países implicados, se reúne el 14 de septiembre en Washington con la presencia de Kissinger y el embajador Edward Korry. Están de acuerdo en impedir la presidencia de Allende a través del gambito, apoyando la renuncia de varios ministros y la formación de un gabinete militar que reprimiría las protestas.

Para eso montarán campañas de prensa para desprestigiar a Allende, fabricarán dificultades económicas y eventualmente comprarán votos de parlamentarios. Todo con el asentimiento de Frei.9

Al día siguiente, Nixon convoca a Kissinger, Mitchell y Helms, en el Despacho Oval. Deciden hacer todo lo posible por evitar un gobierno de Allende. Nixon ordena que la CIA organice un golpe de Estado. El director de la CIA, Helms, lo apunta en sus notas que serán entregadas a la Comisión Church en

1975: “Aunque haya una oportunidad sobre 10, ¡salvar a Chile!; gastar duro, no importan los riesgos, no involucrar a la embajada; 10 millones disponibles, más, si es necesario; trabajar a tiempo completo, con los mejores hombres disponibles; elaborar un plan; hacer aullar la economía; un plan en 48 horas”.

El plan fracasará. Entre otros motivos, se encuentra la firma del acuerdo de garantías constitucionales entre la UP y la DC. En ellos, se establece el respeto a las libertades políticas, de prensa, expresión y la salvaguarda de los derechos constitucionales. El presidente mantendrá su rol como general en jefe de las fuerzas armadas. Eso decanta el voto de la Democracia Cristiana en favor de Allende. Otro factor en contra es el intento fallido de asesinato de Allende que debía producirse el 17 de octubre. Allende destapa una conspiración, gracias a la información proporcionada por marinos constitucionalistas. Y tal vez el más destacado sea el asesinato del general René Schneider, el 22 de octubre.

Proclamado Salvador Allende presidente constitucional por el Congreso pleno, el Partido Nacional, los militares golpistas, los empresarios, un sector de la Democracia Cristiana, junto a la embajada de EU emprenden el único camino que les queda: inducir un golpe de Estado que derroque el gobierno legítimo e instaure una dictadura militar afincada en los principios de la doctrina de la seguridad nacional. Para logarlo, movilizará todo el arsenal político. El gobierno Nixon-Kissinger da el visto bueno. Habrá dinero, se apoyarán las huelgas empresariales, se fomentará el mercado negro, el desabastecimiento, se quemarán cosechas y alentará la fuga de capitales. El primer punto de inflexión se produce 2 de diciembre de 1971. Las mujeres de la derecha convocan una manifestación contra el gobierno. Se recordará como la marcha de las cacerolas vacías. El 28 de diciembre, la Democracia Cristina interpone acusación constitucional para inhabilitar del cargo al ministro de Interior, Jose Tohá. Al ser concedida, Allende lo nombrará ministro de Defensa. La derecha se desconcierta, la democracia cristiana sella el pacto golpista. El año 1972 será crucial en la estrategia desestabilizadora. A principios dela primavera, l a confederación de dueños de camiones llama al paro patronal, que irá del 9 de octubre al 5 de noviembre.

Lentamente se suman la Confederación de Comerciantes Minoristas, la Confederación de la Producción y el Comercio, la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses. Se adhieren los colegios profesionales de ingenieros, médicos, dentistas y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, entre otros. Se levanta el pliego por Chile y se convoca un paro general para el 24 de octubre. El trabajo dentro de las fuerzas armadas se intensifica. La campaña de miedo se recrudece. La prensa de derecha llama día a día al golpe de Estado. Allende, no sin debates internos en la Unidad Popular, decide incorporar en el gabinete a miembros de las fuerzas armadas.

Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército, será nombrado ministro de Interior; el contralmirante Ismael Huerta ocupará el Ministerio de Obras Públicas, y el general de Aviación Claudio Sepúlveda, la cartera de Minería. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Ismael Huerta será ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura y embajador en Naciones Unidas. Restaba eliminar los sectores constitucionalistas de las fuerzas armadas. La campaña de acoso se intensifica en 1973. En la Democracia Cristiana, Frei, Aylwin y los más acérrimos anticomunistas dictan la política del partido. Las piezas del puzle encajan.

Aquello que era tabú en Chile, pensar en un golpe de Estado militar y que la derecha llamase directamente a las fuerzas armadas a tomar el poder, dejó de serlo. El Partido Nacional y la Democracia Cristiana hablan el mismo idioma, sin el concurso de las fuerzas armadas, el golpe de Estado era inviable. Había que derrocar al gobierno, la última oportunidad para un golpe blando sería conseguir los dos tercios de congresistas en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo. Pero, al igual que en la estrategia del gambito, vuelven a fracasar. Los partidos de la Unidad Popular obtienen 44 por ciento de votos, la opción de un impeachment se desvanece. La derecha denuncia fraude electoral.
La única salida, incrementar el asedio a las fuerzas armadas y provocar el golpe de Estado. El 29 de junio, se realiza
un primer intento general, el tanquetazo es neutralizado. Miles de partidarios de la UP salen a las calles y desfilan por horas frente a La Moneda. Pero no será suficiente. Los siguientes dos meses hasta el 11 de septiembre se completan las piezas del puzle. La Contraloría General de la República, en manos de la DC, declara parcialmente inconstitucional el decreto que conformaba las tres áreas de la economía, social, mixta y privada. El 8 de julio, los presidentes del Senado, Eduardo Frei Montalva, y de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, redactan un comunicado subrayando que el gobierno “pretende imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza”. A continuación, el Colegio de Abogados manifiesta que se ha roto el ordenamiento jurídico. El 27 de julio, la ultraderecha asesina al capitán de Navío y edecán del presidente, Arturo Araya Peeters. El 5 de agosto, marinos constitucionalistas son torturados por denunciar las maniobras de golpe. “Entre 1970 y 1973 varios centenares de marinos intentan oponerse al golpe de Estado que ven prepararse. Sargentos, cabos y marineros, organizan grupos antigolpistas en las cuatro secciones de la Marina: la Escuadra, las escuelas de especialidades, la Unidad de Aviación Naval y los astilleros. Establecen contactos con dirigentes políticos próximos al gobierno para informarles de la conspiración en marcha y se organizan para enfrentarla.

Son descubiertos por los servicios de inteligencia. La primera detención se efectúa el 15 de junio de 1973; las siguientes a fines de julio y a partir del 5 de agosto se desata una verdadera razzia dentro de la Marina […]. Más grave aún: la facción golpista de la Armada organiza y equipa los primeros grupos de torturadores, ocultando su existencia al comandante en jefe y a otros oficiales.”

El 22 de agosto la Cámara de Diputados, en manos de los golpistas, redacta el siguiente comunicado: “Es un hecho que el actual gobierno de la república, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta […], violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la república y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del estado de derecho”. A continuación hace un llamado explícito a las fuerzas armadas, “que en razón al grave quebrantamiento del orden institucional… les corresponde poner de inmediato término con el fin de […] asegurar el orden constitucional de nuestra patria”. Mujeres de Poder Femenino, militantes de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y Patria y Libertad, acompañan, el 21 de agosto, como preámbulo de la carta, a las esposas de generales a la casa del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, convaleciente de un ataque al corazón y un proceso gripal. Desde la acera, tildándolo de cobarde, lanzan plumas de gallinas, insultan y solicitan la intervención de las fuerzas armadas. Al día siguiente, el general Prats presenta su dimisión. En la carta se lee: “Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del Ejército, he estimado un deber de soldado, de sólidos principios, no constituirme en factor de quiebre de la disciplina y de la dislocación del estado de derecho, ni de servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno constitucional […] he estimado un deber de soldado presentarle la renuncia indeclinablemente de mi cargo de ministro de Defensa Nacional, y a la vez, solicitarle mi retiro absoluto de las filas del Ejército, al que serví con el mayor celo vocacional durante más de 40 años”.

Guillermo Pickering, comandante de las Escuelas Militares, y Mario Sepúlveda, comandante de la segunda división (Santiago), generales con mando en tropa, renuncian en solidaridad con Prats. El director general de Carabineros, Jose María Sepúlveda Galindo, se mantiene firme. Estará con el presidente en La Moneda, el 11 de septiembre.

Abandona su puesto cuando Allende se lo ordena. El subdirector del cuerpo de Carabineros, Jorge Urrutia, y los generales Rubén Álvarez y Orestes Salinas tampoco se pliegan al golpe, los alzados recurren a un general mediocre, sexto en la cadena de mando, César Mendoza. En la Armada, su comandante, Raúl Montero, será retenido en su casa. Los almirantes Daniel Arellano, Hugo Poblete Mery, el capitán René Durandot y el teniente Horacio Larraín, constitucionalistas, son separados del mando; se autoproclama jefe de la armada José Toribio Merino.

Pinochet, desactiva el 10 de septiembre el Plan Hércules, dispositivo antigolpe que debía funcionar el 11 de septiembre. Allende convocaría a referendo y la redacción de una nueva Constitución, cuyo borrador estaba siendo redactado y daría en un nuevo marco jurídico, nacido por primera vez en Chile, por votación popular. La alocución de Allende nunca se producirá. Los golpistas son alertados. La DC, el Partido Nacional y quienes participan de la trama civil son alertados de las intenciones del presidente. El discurso de Allende no podía ver la luz. El 10 de septiembre, en medio de la Operación Unitas con la Marina de EU, la Armada desplaza sus acorazados hacia Valparaíso. Buques de guerra estadunidenses la apoyan. La aviación controla los aeropuertos civiles y desplaza los aviones Hawker Hunter. Serán utilizados en el bombardeo de La Moneda. El Ejército toma ministerios, medios de comunicación, fábricas, sedes de los partidos y universidades. Se inicia la detención, el asesinato de dirigentes y militantes de la Unidad Popular. La tiranía se cierne sobre Chile. Serán tiempos de oscuridad. El puzle está completo.

  • Los administradores del golpe,
    48 años de Constitución pinochetista

  • El gobierno cívico-militar nacido del golpe de Estado del 11 de septiembre no es restaurador. Es fundante de un nuevo orden. Se adhiere a los principios de la doctrina de la seguridad nacional, pero rompe con la concepción
    política del Estado. Sus principios provienen de los llamados neoliberales, proporcionados por la Sociedad de Mont Pellicer, bajo la batuta de Hayek, Von Mises y la escuela de Ginebra, cuna del neoliberalismo. Entre sus principios encontramos las bases del gobierno militar, posteriormente reflejados en la Constitución vigente en Chile desde 1980. “La democracia es una amenaza potencial para el funcionamiento del orden del mercado. Por
    tanto, hace falta establecer salvaguardias frente a su potencial nocivo. […] El peligro de la democracia es que legitima las exigencias de redistribución. Las leyes surgen de manera espontánea, no se construyen. Las sentencias de jueces y académicos son preferibles a la legislación creada por los parlamentos. […] El derecho debe garantizar la previsibilidad como guía para la futura acción humana. De manera específica, debe proteger el papel de los precios en la trasmisión del conocimiento sobre el futuro […]. Las instituciones internacionales deberían actuar como mecanismos para proteger y fomentar la competencia, sin ofrecer espacios donde la gente
    pueda formular reivindicaciones […] La soberanía del consumidor prevalece sobre la soberanía nacional. La distinción público/privado es más importante que la distinción extranjero/nacional. El orden económico mundial depende del derecho de propiedad frente a la extralimitación del derecho de los estados.”10

    Con esas piezas, el nuevo orden social chileno se fue articulando. La Constitución de 1980 le dio carta de ciudadanía. Elaborada por un grupo de notables, sigue vigente. Nunca fue refrendada ni consultada. Pero, además, tras la salida del tirano, existió un consenso en administrarla. El golpe se reditaba a partir de 1989. Los presidentes que fueron electos, lo han sido por la Constitución pinochetista. Primero, Patricio Aylwin, el articulador del golpe de 1973, luego se siguieron Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo de Frei Montalva, también golpista; tras ellos vinieron sus socios de la Concertación, más tarde reconvertida en Nueva Mayoría, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet; por último el representante de la derecha tradicional y acólitos de Pinochet, de la Coalición Vamos Chile: Sebastián Piñera. Todos han seguido sus dictados, sólo maquillajes y parches. Las raíces del neoliberalismo son profundas. Hayek, en su visita a Chile en 1977, señaló que prefería “un dictador liberal antes que un gobierno democrático sin liberalismo”. Esas palabras se complementan con los argumentos de Von Mises refiriéndose “al fascismo italiano y
    los movimientos similares que aspiran a instaurar dictaduras están cargados de buenas intenciones y su intervención ha salvado, por el momento, a la civilización europea. El valor que de ese modo ha demostrado tener el fascismo pervivirá para siempre en la historia”.11 Qué coincidentes son estas declaraciones con las pronunciadas por Alejandro Foxley, ex presidente de la Democracia Cristiana, ex ministro de Exteriores en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, entre 2006 y 2009, y antes ministro de Hacienda con el golpista
    Patricio Aylwin. Veamos: “Pinochet realizó una trasformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante
    que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo, descentralizar, desregular. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado por todos los sectores. Además ha pasado el test de la historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien y no para mal. Eso es lo que yo creo, y
    eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar”.
    Ha sido con la rebelión popular de octubre de 2019 cuando el edificio neoliberal se ha resquebrajado. Pero los
    mismos que la construyeron ayer, lo defienden hoy. Es el llamado partido del orden, donde habitan desde los socialistas hasta los pinochetistas. Sus acuerdos buscarán impedir el nacimiento de una Constitución democrática, refrendada por el pueblo en votación universal, libre y secreta. Es la primera pieza de un puzle que busca reditarse con otra figura. El fantasma de un golpe se agita nuevamente. Ese es el dilema que enfrentan los convencionales que redactan una nueva carta magna. ‹

Notas

1 En este periodo se producen otros dos golpes de Estado, pero no responden a la doctrina de la seguridad nacional, son antioligárquicos y antimperialistas. Me refiero a los gobiernos del general Velasco Alvarado en Perú que destituye al presidente Belaúnde Terry el 3 de octubre de 1968 y el golpe de Estado en Panamá, el 11 de octubre de ese año contra Arnulfo Arias, instaurando una junta provisional de coroneles. Posteriormente Omar Torrijos será su rostro más visible.

2 Magasich Airola, Jorge. Historia de la Unidad Popular. Tiempos de preparación: de los orígenes al 3 de septiembre de 1970 (vol. I). Editorial LOM, Santiago de Chile, 2020.

3 Ibídem, op.cit., p. 57 y sig.

4 Citado por Magasich, Jorge. Op. cit., p. 59.

5 Da Silveira, Fabio. Frei, el Kerensky chileno. Editorial Cruzada. Buenos Aires, 5a edición, 1968, p. 13.

6 Frei, Eduardo. El mandato de la historia y las exigencias del porvenir. Editorial Democracia y Humanismo. Buenos Aires, 1975, p. 21.

7 Magasich, Jorge. Op. cit., p. 169.

8 Magasich Airola, Jorge. Historia de la Unidad Popular. De la elección a la asunción: los álgidos 60 días del 4 de septiembre al 3 de noviembre de 1970.

Editorial LOM, Santiago de Chile. 2020. Vol. II, p. 22.

9 Ibídem, op. cit., vol. II, p. 47.

10 Slobodian, Quinn: Globalistas. El fi n de los imperios y el nacimiento del neoliberalismo. Edit. Capitán Swing. Madrid, 2021, p. 408 y sig.

11 Von Mises, Ludwig. Liberalismo. La tradición clásica. Unión editorial, 5ª edición, Madrid, 2007, p. 87.




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