Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro más categórico rechazo frente a la creciente ofensiva represiva impulsada por el gobierno de José Antonio Kast contra quienes defienden los derechos humanos, luchan por la verdad y la justicia, protegen los territorios y ejercen el legítimo derecho a organizarse y movilizarse.
Llamamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas, territoriales, ambientales, mapuche, de derechos humanos y de la izquierda a fortalecer la solidaridad activa frente a estos ataques. La defensa de los derechos humanos, de los territorios, de la educación pública y de las libertades democráticas requiere la más amplia unidad para enfrentar la persecución, la criminalización, la militarización y las amenazas.
En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de hechos que dan cuenta de una profundización de las políticas represivas impulsadas por el gobierno. La persecución contra la abogada de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, las amenazas contra la machi Millaray Huichalaf, la detención de Jorge Huenchullán en Temucuicui, la implementación del Plan Escuelas Protegidas y las iniciativas orientadas a favorecer beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos forman parte de una misma orientación política que busca fortalecer el control social, criminalizar la organización popular y restringir derechos democráticos conquistados mediante décadas de lucha.
Denunciamos la persecución judicial y el hostigamiento contra la abogada de derechos humanos Karina Riquelme, representante de la familia de Julia Chuñil, mujer mapuche desaparecida desde noviembre de 2024. La labor de quienes ejercen la defensa jurídica de víctimas, comunidades y organizaciones sociales no puede transformarse en objeto de vigilancia, amedrentamiento o represalias. Atacar a quienes buscan verdad y justicia constituye una grave vulneración de las garantías democráticas y un intento de obstaculizar el esclarecimiento de los hechos que rodean la desaparición de Julia Chuñil.
Expresamos asimismo nuestra solidaridad con la machi Millaray Huichalaf, quien ha denunciado amenazas de muerte, hostigamientos y una creciente situación de violencia en el contexto de su labor como autoridad espiritual y defensora del territorio. Estos hechos forman parte de una larga historia de persecución y criminalización contra el pueblo mapuche y particularmente contra quienes encabezan procesos de defensa territorial frente al avance de intereses empresariales sobre espacios de significación cultural, espiritual y comunitaria.
La gravedad de esta situación ha motivado el pronunciamiento de organismos internacionales de derechos humanos. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), alertó sobre una grave escalada de violencia contra la machi Millaray Huichalaf y las comunidades del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, exigiendo al Estado chileno adoptar medidas urgentes de protección, garantizar la integridad de las comunidades afectadas e investigar los hechos denunciados. Que organismos internacionales deban emplazar al Estado chileno para garantizar derechos fundamentales demuestra la gravedad de las amenazas y la insuficiente respuesta institucional frente a estos hechos.
La reciente detención de Jorge Huenchullán, werken y vocero histórico de la comunidad de Temucuicui, se produce además en un contexto de creciente militarización y despliegue represivo en Wallmapu. Más allá de las causas judiciales en curso, resulta preocupante que el gobierno utilice estos procedimientos para reforzar un discurso centrado en la lógica del “enemigo interno”, presentando las demandas territoriales y las luchas del pueblo mapuche como problemas de seguridad. La militarización, la persecución y la criminalización no resolverán un conflicto histórico cuyas raíces se encuentran en el despojo territorial, la negación de derechos colectivos y la ausencia de una reparación efectiva hacia el pueblo mapuche.
Del mismo modo, rechazamos la implementación del denominado Plan Escuelas Protegidas, una política que profundiza la lógica punitiva y represiva en los establecimientos educacionales. Bajo el discurso de la seguridad, el gobierno busca fortalecer mecanismos de vigilancia, control y castigo sobre estudiantes y comunidades educativas, avanzando en la criminalización de la organización estudiantil y de las demandas por una educación pública digna. Lejos de resolver los problemas estructurales que atraviesan las escuelas y liceos del país, estas medidas buscan disciplinar y restringir derechos democráticos fundamentales.
A esta ofensiva se suma la preocupación por las iniciativas y presiones orientadas a favorecer con indultos o beneficios carcelarios a condenados por violaciones a los derechos humanos. En un contexto donde persisten las demandas de verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos durante la dictadura, resulta inaceptable cualquier medida que busque relativizar la responsabilidad de quienes participaron en delitos de lesa humanidad. La impunidad de ayer fortalece la represión de hoy.
La persecución de quienes buscan verdad y justicia para Julia Chuñil; las amenazas contra autoridades tradicionales mapuche; la detención y criminalización de dirigentes de comunidades en resistencia; el fortalecimiento de políticas represivas contra estudiantes; y los intentos de abrir espacio a la impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad forman parte de una misma lógica política. Se busca fortalecer el aparato represivo del Estado, disciplinar a quienes se organizan y debilitar las luchas sociales, territoriales, estudiantiles y de derechos humanos que cuestionan las desigualdades estructurales del país.
Creemos necesario avanzar en la coordinación de todas las luchas que hoy enfrentan las políticas represivas y antidemocráticas del gobierno. La defensa de Julia Chuñil y su familia, la solidaridad con la machi Millaray Huichalaf y las comunidades mapuche, la exigencia de libertad y fin de la persecución contra dirigentes y autoridades tradicionales, la defensa de la educación pública y de la organización estudiantil, así como la lucha contra la impunidad de los violadores de derechos humanos, son parte de una misma causa.
Por ello llamamos a construir la más amplia unidad de acción entre organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, territoriales, ambientales, feministas, de pueblos originarios y de derechos humanos, avanzando hacia una gran movilización nacional que enfrente la agenda represiva del gobierno y levante una salida desde la organización y la fuerza de quienes luchan.
Frente a la persecución y la impunidad, unidad y movilización. Frente a la criminalización y la militarización, organización y lucha. Verdad y justicia para Julia Chuñil. Porque defender derechos no es delito. Porque organizarse no es delito.
IMPULSAN:
Coordinadora por Palestina
Amerindia
Ecoceanos
La puebla insurgente
Werken Rojo
PTR
Pan y Rosas- Teresa Flores
Centro RUCADUNGUN
Asamblea de Pobladorxs de La Victoria
