Prisión y enfermedad psiquiátrica: Torturas e impunidad en las cárceles chilenas

Esta situación fue abordada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que sesionó el pasado 14 de julio para conocer los protocolos y la respuesta institucional frente a la población penal con enfermedades psiquiátricas. En la instancia participaron representantes de Gendarmería de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura y organizaciones de familiares. El Ministerio de Salud, que también había sido convocado, no asistió a la instancia. 

Tras la sesión, Tamara Madariaga, vocera de Madres y Familiares de Personas Privadas de Libertad con Enfermedades Psiquiátricas, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile y sostuvo que existe una “cadena de impunidad” frente a una situación que, a su juicio, involucra responsabilidades de distintas instituciones del Estado.

Madariaga apuntó a la responsabilidad del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Ministerio de Justicia. Sostuvo que las dos primeras instituciones deben gestionar los cupos en recintos psiquiátricos, mientras que al Ministerio de Justicia le atribuyó la falta de supervisión al interior de las cárceles.

“La primera institución responsable es el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, porque es la subsecretaría encargada justamente de realizar las gestiones necesarias para los cupos en instituciones de salud psiquiátricas. Pero al mismo tiempo no es posible minimizar bajo ningún punto de vista la responsabilidad enorme que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, afirmó.

“El hecho de que se cometan torturas, tratos degradantes e inhumanos dentro de la cárcel, no solo con las personas con discapacidad psicosocial o enfermedades mentales graves, sino con todo el resto de la población penal, obedece a la falta de supervisión del Ministerio“, complementó Madariaga.

Uno de los antecedentes que expuso fue la situación del módulo 88 de Santiago 1. Allí, según indicó, permanecían 80 personas privadas de libertad, de las cuales 63 padecían enfermedades psiquiátricas. Las condiciones que enfrentaban, lamentó, configuraban un escenario inhumano.

“Ellos estuvieron durante más de un mes comiendo en el suelo con aguas servidas, sin luz, sin agua, con dos inodoros inservibles para 80 personas. Fueron sometidos a golpizas brutales todos los días, a un hacinamiento que en sí mismo constituye un acto de tortura. En una celda habilitada para una persona tenían que dormir cinco o más. Había enfermedades contagiosas como tuberculosis y sarna sin tratamiento“, relató.

La denuncia fue parte del recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La acción derivó en una audiencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que ordenó el traslado de las personas que permanecían en el módulo 88 hacia otro sector del penal y dispuso una investigación por los presuntos delitos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La situación de las cárceles

Durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado del pasado 14 de julio, Gendarmería entregó antecedentes sobre la situación de la población penal con diagnósticos asociados a salud mental.

El director nacional de la institución, Rubén Pérez, informó que actualmente mantienen bajo custodia a más de 64 mil 800 personas privadas de libertad y proyectó que la cifra alcanzará las 65 mil antes de fin de año.

Además, señaló que durante 2025 se registraron más de 3 mil diagnósticos asociados a patologías de salud mental dentro de los recintos penitenciarios.

La jefa del Departamento de Salud de Gendarmería, Beatriz de Gregorio, explicó que la población penal presenta una prevalencia de trastornos psicológicos y psiquiátricos superior a la de la población general y que actualmente cerca de 250 personas privadas de libertad esperan una evaluación psiquiátrica o un cupo de internación.

Los jueces indican internación provisoria sabiendo que la capacidad es limitada. “Gendarmería recibe a la persona, la lleva al hospital, el hospital le da una atención de urgencia y lo devuelve a la unidad penal“, explicó.

Madariaga cuestionó la cifra entregada por Gendarmería y apuntó a la falta de información disponible sobre las personas con enfermedades psiquiátricas graves que permanecen privadas de libertad.

“Gendarmería no comparte en ningún caso la información que se le solicita. Esa cifra a mí me hace ruido, porque no se sabe con claridad cuántas personas con enfermedades psiquiátricas graves permanecen privadas de libertad”, afirmó.

La vocera agregó que la situación en Santiago 1 refleja esa falta de información. “En Santiago 1 se concentra más de la mitad de la población en internación provisional y ni siquiera existe un catastro preciso“, aseguró.

Madariaga explicó que algunas personas permanecen en internación provisoria en Santiago 1, con sus causas suspendidas bajo el artículo 458 del Código Procesal Penal, mientras esperan cupo en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. Afirmó que mantenerlas en un recinto penitenciario constituye una privación de libertad ilegal.

La vocera sostuvo que esta situación vulnera normas nacionales e internacionales. Mencionó la Regla 109 de Mandela, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y disposiciones del Código Procesal Penal que establecen que las personas con enfermedades mentales graves deben recibir una respuesta terapéutica y no permanecer en cárceles.

“La Regla 109 de Mandela establece claramente que no deberán permanecer en prisión las personas a quienes se les diagnostique una enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión. El artículo 457 del Código Procesal Penal prohíbe las medidas de seguridad en cárceles y el artículo 464 establece que el procedimiento debe ser estrictamente terapéutico. Todo eso hoy se incumple“, detalló.

Madariaga cuestionó que funcionarios públicos no hayan denunciado hechos que podrían constituir delitos, pese a la obligación establecida en el artículo 175 del Código Procesal Penal. “El artículo 175 obliga a todos los funcionarios públicos y, en particular, a los fiscales, a denunciar los delitos de los que toman conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Y eso no se ha hecho”, señaló.

Entre los casos que mencionó estuvo el de Jorge Soto, quien, según relató Madariaga, falleció mientras esperaba una pericia psiquiátrica. La vocera afirmó que el caso refleja las vulneraciones que enfrentan personas con enfermedades mentales privadas de libertad.

“Jorge Soto fue torturado brutalmente y resultó muerto a la espera de la pericia. Son situaciones de la máxima gravedad que dan cuenta de un trato inhumano, indigno y brutal hacia las personas y también hacia las familias, que también somos víctimas dentro de las cárceles“, afirmó.

La perspectiva de los Derechos Humanos

La exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, sostuvo que mantener a personas con enfermedades psiquiátricas en recintos penitenciarios implica una vulneración de derechos fundamentales. “Particularmente el derecho a la salud, a la integridad física y psíquica de personas que están con problemas de salud mental y que, sin embargo, están en cárceles que no son espacios que tengan cubiertas las necesidades de personas con este tipo de problemas”, señaló.

Fries apuntó a la falta de infraestructura sanitaria especializada, pero descartó que esa situación pueda justificar el incumplimiento de las obligaciones del Estado: “Claramente la falta de hospitales psiquiátricos públicos atenta contra el derecho que tienen esas personas a ser atendidas porque la situación en la que están no es de culpabilidad, sino de una situación que impide que estén en la cárcel“.

La diputada agregó que las deficiencias estructurales no pueden transformarse en una justificación para mantener vulneraciones de derechos humanos. “Ninguna deficiencia estructural puede justificar la violación de derechos humanos. Lo que tiene que hacer el Estado es generar las condiciones para garantizar el respeto de esas personas“, sostuvo.

Fries también planteó que la discusión sobre infraestructura pública debe incorporar la salud mental. “Chile tiene cuatro hospitales psiquiátricos públicos y, al mismo tiempo, existe un plan carcelario que pretende de aquí a un tiempo máximo de 10 años contar con más cárceles para incorporar a personas. Yo creo que una medida podría ser perfectamente bajar el número de cárceles y sumar un psiquiátrico para que efectivamente las personas tengan acceso a la salud“, señaló.

El caso de Camilo, con el que comenzó esta historia, continuó agravándose mientras permanecía en Santiago 1 a la espera de una internación. Madariaga recordó que la última vez que lo visitó, el 11 de junio, encontró lesiones graves en sus pies y tobillos.

“Las lesiones que él tenía eran indescriptibles. Era pus por todas partes. Todos los internos me dijeron de inmediato que él estaba muy mal”, recordó.

Tras esa visita, explicó que envió antecedentes al Ministerio de Justicia, Gendarmería y otras autoridades para informar el estado de salud de su hijo. Días después fue trasladado de urgencia a un hospital debido al deterioro de su condición física y psiquiátrica.

“Cuando llegué a verlo tenía los pies negros. Los dos pensamos que se los iban a cortar. Afortunadamente recibió el tratamiento adecuado y hoy está mucho mejor”, relató.

Madariaga también recordó el caso de José Sandoval, una persona con esquizofrenia que, según denunció, fue golpeado por funcionarios de Gendarmería y posteriormente trasladada a una celda inundada.

“Lo apalearon. Después lo mojaron y lo llevaron a una celda inundada. Lo dejaron durante dos días ahí mientras gritaba pidiendo que llamaran a su papá. Lo sacaron con hipotermia. Estuvo semanas en riesgo vital en la Posta Central“, denunció.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2026/07/19/una-cadena-de-impunidad-familias-denuncian-vulneraciones-a-personas-con-enfermedades-psiquiatricas-recluidas-en-santiago-1/

Reproducido de Correo de los Trabajadores