Radio Universidad de Chile, Marco Kremerman
Miércoles 7 de septiembre 2016
Recientemente, el ex presidente Ricardo Lagos, después de manifestar que está disponible para una candidatura presidencial, ha dicho que hubo un “error de cálculo garrafal” en la instauración del Crédito con Aval del Estado (CAE) y aseguró que si él fuera joven “estaría contra el CAE”.
El CAE, instrumento que opera bajo la lógica mercantil del subsidio a la demanda (los establecimientos van recibiendo recursos en la medida que se matriculan estudiantes), se crea el año 2005 en el gobierno de Lagos y se comienza a implementar a partir del 2006. A partir de esta fecha, el Estado de Chile será garante de créditos entregados por la Banca a todas las personas que estudien en establecimientos de la educación superior acreditados. La excusa utilizada para tomar tal decisión, se atribuyó a la escasez de recursos estatales y a la importancia de aumentar el acceso a la educación Superior.
La promesa del aumento del acceso a la Educación Superior, se cumplió ampliamente. En los últimos 10 años, la matrícula total pasó de 663 mil 679 a un millón 232 mil 701 estudiantes. Sin embargo, el 70 por ciento de este aumento se concentra en sólo 20 instituciones que pertenecen a los siguientes grupos educacionales: i) Laureate International; ii) Santo Tomás; iii) INACAP y iv) Pontificia Universidad Católica. Adicionalmente, en este listado, se encuentran algunas universidades investigadas por lucro, tales como la Universidad San Sebastián, Autónoma, del Desarrollo, entre otras.
Precisamente es en estas instituciones donde se concentra el 66,5 por ciento de los alumnos que acceden al CAE y 67,4 por ciento de los recursos que por esta vía ha recibido desde el año 2006 todo el sistema de Educación Superior chileno. A modo de ejemplo, sólo el Grupo Laureate International, a través de las Universidades Andrés Bello, Las Américas, Viña del Mar y el AIEP, ha captado casi 600 mil millones de pesos a través del CAE.
Por otro lado, en este mismo período, la matrícula de los 16 establecimientos estatales sólo aumenta 17 mil 321 alumnos y su participación se reduce a sólo 15 por ciento, convirtiéndose en un apéndice del sistema de Educación Superior.
En cuanto al argumento de la insuficiencia de los recursos estatales, se puede decir lo siguiente:
El total de recursos entregados por los Bancos entre 2006 y 2015, a través del CAE, a las instituciones de educación superior acreditadas, es de 3,44 billones de pesos (millones de millones). Sólo cinco bancos se han adjudicado el 95 por ciento de los créditos: Scotiabank, Corpbanca, Estado, Itaú y BCI.
Para hacer este negocio aún más atractivo para la Banca, el Estado se comprometió originalmente a subsidiar a los bancos participantes, comprando cada año el 25 por ciento de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6 por ciento. Sin embargo, entre 2006 y 2015, el Fisco ha recomprado un 48 por ciento de los créditos (principalmente los más riesgosos) con un sobreprecio promedio de 27,4 por ciento. En total, el Estado ya ha destinado 2,1 billones de pesos al CAE.
Es importante destacar que el Banco Estado (¿El banco de todos los chilenos?) registra un sobreprecio de 32,5 por ciento y el BCI lidera con un 55,5 por ciento.
Para que se haga una idea, si la Banca entrega un crédito para financiar una carrera cuyo arancel anual es 3 millones 140 mil pesos, el Fisco chileno, en promedio, se lo compra rápidamente en 4 millones de pesos. En el caso del Banco Estado se lo compra a 4 millones 160 mil pesos y para el BCI en 4 millones 883 mil pesos
Así, mientras en 2006 el CAE representaba el 2,4 por ciento del presupuesto de la partida de Educación Superior, hoy ya supera el 35 por ciento, lo que equivale a 610 mil 087 millones. En cambio para la glosa “aún ambigua” de la Gratuidad se asignaron 467 mil 939 millones de pesos.
Claramente, el argumento de la escasez de recursos para acudir a la Banca, no es válido. El Estado sí tenía y tiene recursos.
Finalmente, es importante constatar que actualmente, el 74 por ciento de los alumnos que han desertado de alguna carrera y un 36 por ciento de los egresados que deben pagar el CAE están morosos. Por tanto, el CAE, más que una inversión, parece tomar la forma de un gasto para el Estado.
En resumen, con la creación y la profundización del CAE, se privatizó y mercantilizó aún más el sistema de Educación Superior chileno, se estableció un lucrativo nicho de negocio para la Banca asistido por el Estado y se implementó un dispositivo de control social y vital sobre el presente y futuro de muchos estudiantes a través de la deuda.
Esto, más que un error de cálculo garrafal, evidencia una responsabilidad política de proporciones que debe ser asumida por quienes crearon esta política y por quienes no la eliminaron en los años posteriores.
