Esteban Mercatante
Ideas de Izquierda, 24-12-2023
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El miércoles por la noche, después de una jornada signada por la movilización de sectores de los movimientos sociales y la izquierda en rechazo al ajustazo de este gobierno, se difundió un mensaje grabado de Javier Milei. El presidente aparecía sentado en el centro, rodeado de todos sus ministros. A su derecha, parado y sonriente, vestido como maestro de ceremonia, se ubicaba un personaje que no tiene ninguna cartera ministerial ni otro cargo conocido hasta el momento en este gobierno. Se trata de Federico Sturzenegger, el autor del texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) cuya oficialización Milei se disponía a anunciar. Poco después, cuando acaba de emitirse el dictamen, un sonido metálico invadía las calles de la ciudad de Buenos Aires, La Plata, y otras urbes del conurbano: las cacerolas, que volvían a recordarnos que era 20 de diciembre (el jueves la protesta se replicaría y ampliaría notablemente en el resto del país, con Rosario y Córdoba como lugares destacados). Para el presidente, era “síndrome de Estocolmo”; había gente que no sabía apreciar las libertades que se les otorgaban y prefería seguir en un “modelo empobrecedor”. ¿Será eso, o será que bastaron las breves explicaciones sobre el contenido del DNU para que fuera claro que gracias a esta norma algunos serán “más libres” que otros, por parafrasear una célebre frase de Rebelión en la granja de George Orwell?
Fuera de Sektor
La exposición duró algo menos de veinte minutos, de los cuales más de la mitad estuvo dedicada a repetir los terribles (y cargados de imprecisiones) diagnósticos sobre la situación heredada que ya había descerrajado en su asunción (y que Luis Caputo repitió cuando largó su paquetazo de ajuste), y a despotricar sobre el comunismo y otros “colectivismos”, con las afirmaciones sin fundamento a las que ya nos tiene acostumbrados hace tiempo. Menos de diez minutos le alcanzaron para presentar (a modo de titulares) una norma de 366 artículos y más de 80 páginas con la cual pretende introducir modificaciones en los más diversos ámbitos de la regulación económica y la operatoria estatal. Con este DNU, el Ejecutivo se mete claramente en áreas que son de exclusiva competencia del Poder Legislativo. Esta injerencia fue facilitada por la reforma Constitucional de 1994. Y, desde 2006, una norma presentada por Cristina Fernández cuando era senadora amplió las facultades legislativas de la presidencia limitando la capacidad que tiene el Congreso para rechazarlos (si una sola cámara legislativa no los rechaza quedan en pie, y no hay plazos obligatorios para que los DNU sean sometidos a tratamiento para su aprobación y rechazo). Estas herramientas son utilizadas ahora de manera extrema por el “liberal libertario” que pasó de proclamar el Estado mínimo a afirmar que “el Estado soy yo”. Con su sola firma en este mamotreto, pretende introducir un reseteo generalizado. Y sentar las bases, desde el comienzo de su gobierno, para legislar sin tomarse la molestia de pasar por el Congreso excepto cuando el Presidente lo considere conveniente.
El DNU, publicado ese mismo 20 de diciembre en el boletín oficial, deroga de manera completa 30 leyes (de manera parcial otras 27) y 8 decretos, y reemplaza 237 artículos e incisos en reglamentaciones existentes. Sin ninguna pretendida modestia, la norma se publicó con el título “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. Los temas sobre los que regla, divididos en 16 títulos (que a su vez se subdividen en capítulos) van desde cuestiones de simplificación administrativa en terrenos como el aduanero o el registro automotor, hasta la pretensión de introducir modificaciones profundas en las relaciones laborales y los sindicatos, la política aerocomercial, el sistema de salud, las empresas del Estado (para habilitar su privatización), los clubes de fútbol, y el sistema de jubilaciones y pensiones (abriendo con la declaración de la emergencia previsional el camino para suspender la movilidad y otras medidas que afecten ya deteriorados los haberes, e incluso para que se vuelvan a privatizar el sistema). No queda ámbito sin abarcar: elimina la ley de alquileres; otorga “libertad” a las entidades financieras para fijar las tasas punitorias de tarjetas de crédito sin restricciones, y a las empresas de salud privada para fijar sus cuotas como consideren (a fines de la semana las prepagas enviaron a sus clientes la notificación de aumentos del 40 % en la próxima factura).
Entre tanto hachazo legislativo, encontramos lo que para el presunto autor de la norma –así lo llamamos porque no faltan los indicios de que varias manos interesadas intervinieron en la redacción de partes del mismo para asegurarse la introducción de artículos que tienen nombre y apellido de beneficiario– es la clave del decreto: los cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación que permiten realizar contratos en otras monedas que no sean el peso argentino, a ser cumplidos en la moneda pactada, sin que pueda la justicia imponer la obligación contraria de que se salden en pesos. Una puerta abierta para una dolarización de la que Milei ya no habla, pero que, como Conan, conserva una fantasmal existencia en numerosas decisiones de estos primeros días de gobierno.
1, 2, ultraviolento
“Solo una crisis –real o percibida– da lugar a un cambio verdadero”, afirmaba Milton Friedman, uno de los próceres de Milei, en el prefacio a la reedición de 1982 de Capitalismo y libertad. Friedman se refería a las disrupciones de magnitud como eventos capaces de romper la “inercia –una tiranía del status quo–”. Es uno de los primeros autores en proponer lo que Noemí Klein definiría como la “doctrina del shock”, a través de la cual se aprovechan (y se estimulan) eventos disruptivos para facilitar la imposición de políticas que en otras condiciones encontrarían fuerte resistencia. En igual sentido viene utilizando Milei la crisis, cuyos alcances magnifica aún más con cifras estrafalarias (al menos todavía hoy) como la inflación anual de 15.000 %. En otra vuelta de tuerca, también con el DNU, que se impone sin debate y de manera inmediata, pretende imponer un shock, cambiar las reglas antes de que nadie pueda siquiera atinar a entender lo que se propone esta nueva legislación en todas sus facetas.
Lo laboral es uno de los terrenos donde, DNU mediante, Milei mete su motosierra. Las modificaciones abarcan distintos niveles. Un primer nivel son las condiciones de contratación. Se reduce las indemnizaciones por despido, y al mismo tiempo se crean condiciones para impulsar su reemplazo por fondos de cese laboral como el que se aplica en la UOCRA (Obrera de la Construcción de la República Argentina). Se amplía el período de prueba, de los tres meses que rigen hoy hasta ocho meses. Se plantea que un patrón con cinco empleados puede pasar a ser un “trabajador independiente” con colaboradores, abriendo las puertas a un nuevo régimen laboral para pequeños patrones cuyos alcances y consecuencias serán motivo de alguna ley (o DNU) que el Ejecutivo dará a conocer más adelante. También se abre de par en par la puerta al fraude laboral: se pone límites a la presunción de existencia de contrato de trabajo “cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente”. Esta “contratación de obra”, a través de la cual el empleado se convierte en monotributista, es una de las formas más típicas bajo las que se encubre una relación laboral fraudulenta. Además, se eliminan las multas por empleo no registrado. Toda una invitación a que florezca el empleo precario con impunidad asegurada para los empleadores. Hay mucho más: las licencias por maternidad pueden ser reducidas “voluntariamente” por las empleadas. Se abre la puerta para que regresen con furia las tercerizaciones laborales que florecieron en los años ‘90. Se modifica en perjuicio de los trabajadores la regulación del principio de norma más favorable y de irrenunciabilidad, abriendo la puerta a que empleador y empleados acuerden acogerse a reglamentaciones desventajosas para los segundos.
Un segundo nivel son los convenios colectivos. La norma fija límites a la llamada “ultraactividad”, condición que asegura la vigencia de las condiciones de los convenios aunque estén vencidos. Aclaremos que en los hechos esta “ultraactividad” venía bastante relativizada porque las burocracias sindicales dieron lugar a amplias revisiones regresivas de los mismos [1]. De acuerdo al DNU, las cláusulas sobre condiciones de trabajo mantienen la ultraactividad, pero todas las demás no. Esto afecta a muchísimas disposiciones de los convenios colectivos que se van a caer si se vence su plazo y no se renueva. También se imponen límites a las asambleas, que solo podrán llevarse a cabo “sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. La norma también pone obstáculos para que los sindicatos continúen percibiendo las cuotas sindicales y establece que cada trabajador y trabajadora debe dar su aval para los descuentos, una medida que busca apoyarse en el descrédito generalizado de la burocracia sindical para dar un guiño demagógico.
Un último nivel, es el de los conflictos, donde el DNU también mete la cola. El principal límite al derecho a huelga viene dado por la extensión de los servicios considerados esenciales o “de importancia trascendental”. En los primeros, que incluyen el sector salud, educación hasta nivel secundario, transporte, servicios públicos, telecomunicaciones, aeronáutica comercial y control de tráfico aéreo, y servicios de aduana, se exige una cobertura mínima de 75 %. Las actividades “trascendentales”, que incluyen a vastos sectores de la economía como bancos, radio y televisión, industria alimenticia, sectores exportadores, y actividades industriales que se deben realizar de manera continua, tienen una exigencia de cobertura mínima de 50 %. Además, los bloqueos a empresas y “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza” serán pasibles de sanción, incluyendo despido con causa. Esto abre las puertas a todo tipo de arbitrariedades y despidos por luchar, a los que ya la patronal apela con la legislación vigente, y buscará hacerlo más aún si hay condiciones legales más favorables.
La pretensión de “desregular” las condiciones de contratación es un grosero eufemismo para establecer en realidad una regulación en favor de la parte de por sí más fuerte, los patrones. El liberalismo, amante de aquellas abstracciones que le permiten mostrar la cara supuestamente más amigable del orden social capitalista, considera que la relación laboral se basa en un contrato entre iguales. Es cierto, hay dos partes que ejercen su voluntad al incurrir en la relación empleado-empleador. Supuestamente ocurre un contrato sin ninguna coerción, en el que ambas partes tienen obligaciones y derechos. Si nos quedáramos en este terreno, no podríamos más que darle la razón a aquellos entusiastas de la libertad (económica) que quieren imponer (con toda la violencia del Estado detrás) la menor regulación entre las partes. Pero esta igualdad formal implica una desigualdad material fundamental. El que compra la fuerza de trabajo, solo pone en juego ganar más o menos. Quien vende la fuerza de trabajo, se juega literalmente la vida, poder comer y satisfacer todas las necesidades. Esta es la asimetría constitutiva de esta sociedad de clases, donde una minoría es poseedora de prácticamente toda la riqueza social. Es que, mientras una parte establece esta relación respaldada por su condición de propietaria de los medios de producción con los que se confeccionan las mercancías que satisfacen las necesidades sociales o que sirven de insumo a otros sectores de la producción, la otra parte ingresa “liberada” de todo lo que no sea la propiedad sobre su propia capacidad de trabajo. En estas condiciones, por supuesto, la fuerza de trabajo es “libre”: libre de elegir entre morirse de hambre sin recibir ingresos o de obtener un salario a cambio de ser explotada por un patrón, que la hará trabajar mucho más de lo que haría falta para reponer sus necesidades, porque sólo así, de ese tiempo excedente de trabajo, surge la ganancia. Por eso, si trasponemos el umbral de la “libre contratación”, y nos adentramos en la “morada oculta” donde se llevan a cabo los procesos de producción y prestación de servicios, el panorama es muy distinto a esa imagen idílica. Permítasenos citar a Marx en El capital para ver cómo se trasponen las cosas en ese pasaje:
La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, un verdadero Edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. ¡Libertad!, porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo de la fuerza de trabajo, sólo están determinados por su libre voluntad. Celebran su contrato como personas libres, jurídicamente iguales. El contrato es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común. ¡Igualdad!, porque sólo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías, e intercambian equivalente por equivalente. ¡Propiedad!, porque cada uno dispone sólo de lo suyo. ¡Bentham!, porque cada uno de los dos se ocupa sólo de sí mismo. El único poder que los reúne y los pone en relación es el de su egoísmo, el de su ventaja personal, el de sus intereses privados. Y precisamente porque cada uno sólo se preocupa por sí mismo y ninguno por el otro, ejecutan todos, en virtud de una armonía preestablecida de las cosas o bajo los auspicios de una providencia omniastuta, solamente la obra de su provecho recíproco, de su altruismo, de su interés colectivo.
Al dejar atrás esa esfera de la circulación simple o del intercambio de mercancías, en la cual el librecambista vulgaris abreva las ideas, los conceptos y la medida con que juzga la sociedad del capital y del trabajo asalariado, se transforma en cierta medida, según parece, la fisonomía de nuestras dramatis personæ [personajes]. El otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista, el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero; el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo curtan. [2].
Pues bien, en sus proclamas de libertad, el minarquista Milei apunta con sus (des)regulaciones a reducir la relación laboral a esta expresión esencial, en la cual se creen las condiciones más favorables para que las patronales “curtan” el cuero de la fuerza de trabajo. Si el derecho laboral fue una concesión a las sucesivas luchas de clase trabajadora que amenazan al orden social capitalista, aunque en ocasiones también se reglamentó “desde arriba” para crear aspectos de “ciudadanía” (burguesa) que aseguraran mayor consenso para el dominio del capital, el DNU se propone desandar ese camino. Los liberales que abjuran del Estado, apelan acá a toda la fuerza del mismo para reforzar la dictadura del capital contra el trabajo que se perpetúa en todos los lugares (fábricas y empresas) donde tiene lugar la valorización del capital. El capítulo laboral del decretazo se propone estimular los animal spirits de la inversión capitalista, expresión más prosaica de las “fuerzas del cielo” a las que tan reiteradamente menciona el presidente. Estas reformas forman un combo inseparable con el paquete de Caputo, cuyo efecto puede resumirse en una “desposesión” en gran escala a través del ajuste fiscal, la devaluación y licuación. Lo que pierden la clase trabajadora y los sectores populares genera transferencias en favor de la clase capitalista, a un paso más acelerado de lo que esta logró durante los gobiernos anteriores bajo el régimen del FMI.
El shock de la desregulación ultraviolenta no deja sector sin atender. Y casi cada norma tiene beneficiarios concretos (empresas, ni siquiera sectores). Veámoslo. Se elimina la ley de Góndolas (Coto, Carrefour) y la ley de Abastecimiento. Se abre las puertas para que las empresas de salud privadas avancen todavía más en su dominio de las partes más rentables del sistema de salud (Belocopitt). Se facilita el recetado de genéricos, y a la vez se desregula la comercialización de medicamentos para que puedan ser despachados en kioscos y cualquier otro comercio. También se abre las puertas para la extensión del modelo de farmacias como sociedades anónimas sin restricciones (Quintana, ex “ojos” de Macri en su gabinete). Se facilita la introducción de cambios en subsidios energéticos, y en las condiciones de generación energética (Rocca). Se restablece la política de cielos abiertos en beneficio de las grandes aerolíneas internacionales y las de vuelos baratos y precarios (Eurnekián).
El DNU también elimina de un saque la Ley de Tierras con sus límites para que los extranjeros puedan seguir adquiriendo las apetecibles parcelas del país (Lewis, Benetton). También impulsa un mayor desarrollo de la minería limpiando algunas reglamentaciones. Los extractivistas multinacionales ya festejan el banquete que Milei les ofrece, en continuidad potenciada con las administraciones precedentes en este terreno.
Ellos son
Para no perderse en el abigarrado articulado de la norma, y captar el sentido general en el que apunta (aunque muchas de las decisiones no se pierden en sutilezas y son ya bastante diáfanas) puede ser recomendable mirar quienes aplaudieron en estos días la normativa.
“Es absolutamente necesario reducir el déficit fiscal y el tamaño del sector público, permitiendo que las fuerzas productivas liberen lo más pronto posible su potencial, para poder atenuar lo más que se pueda las consecuencias del ajuste”, señaló el viernes un comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Esta entidad integra la CRA, una de las cuatro patas de la llamada Mesa de Enlace que protagonizó el lockout de las patronales agrarias de 2008. Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, también sumó su apoyo en otro comunicado.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a un puñado de los dueños de firmas más grande, celebró que “el gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior, y a amenazas como la Ley de Abastecimiento. Desde AEA estamos convencidos que la eliminación de dichas anomalías y la revalorización del sector privado que propugna el gobierno, redundará en mayores inversiones productivas, en crecimiento del empleo y en un aumento de las exportaciones, todos ellos aspectos cruciales para volver a colocar a la Argentina en la senda del desarrollo económico y social sostenido”. Descorchan champagne.
Las firmas siguen. La UIA (Unión Industrial Argentina) observó, puntualmente sobre lo laboral, que las modificaciones “implementadas muestran un camino para entender las nuevas realidades laborales y sientan las bases para que cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles”. Su titular, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, tuvo que hacer malabares para hacer creer que, si bien el estudio que lo sigue teniendo como socio intervino en alguna instancia de redacción/modificación de la norma, no metió ninguna mano en favor de los intereses de sus representados.
IDEA, el club de los CEO que se reúne todos los años en Mar del Plata, también saludó el shock desregulatorio. También la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Amcham, la cámara que nuclea a las empresas de capitales estadounidenses en la Argentina, publicó este viernes un comunicado que sostiene que las medidas que tomó Milei van en línea con el “desarrollo económico y social”.
No hay ningún misterio en el motivo de estos amplios apoyos. El DNU los beneficia en todos los niveles. Ata de manos al Estado contra cualquier atisbo de intervención, dejando todo librado a las fuerzas del mercado. Otorga simplificaciones administrativas que abaratan costos. Interviene activamente para favorecer a las patronales contra la clase trabajadora, y crea condiciones para que las empresas más fuertes impongan todo el peso competitivo sobre las más débiles (al mismo tiempo que esquiva la vista de las tendencias monopolistas de estas mismas firmas que coluden para imponer precios altos a sus clientes evitando que cualquier competidor se aparte de libreto, como dejó en evidencia desprevenidamente Claudio Belocopitt al admitir el jueves que el aumentazo de la salud privada lo concertarían entre todas las empresas). Los ganadores de siempre, que vieron siempre sus beneficios engordados con el paso de las regulaciones y desregulaciones, ahora celebran la “libertad” para seguir haciendo más de lo mismo de siempre. Que de esto resulte el prometido capitalismo de las “fuerzas productivas” liberadas, es otro cantar. Una promesa siempre incumplida, porque se hace haciendo abstracción de las condiciones del capitalismo periférico argentino, que son las que explican, más que cualquier desatino regulatorio, la continua trayectoria decadente de las últimas décadas.
El FMI, acreedor privilegiado de la economía argentina y veedor desde que regresó con Mauricio Macri, también sumó su apoyo al camino trazado por el decreto. Otra señal clara de que estamos condenados al éxito.
Violadores de la ley
“Fuera de la ley nada, dentro de la ley todo”, es el mantra de Milei y sus ministros. Ahora deberían revertirlo, dado que este DNU excede las atribuciones para las que se supone fue previsto. Retoma y profundiza una práctica que han realizado todos los gobiernos desde la restauración democrática, de manera cada vez más recurrente. Lo hace, claramente, para mostrar la vocación “decisionista” del Ejecutivo. Es otra muestra de los rasgos bonapartistas –aunque débiles– con los que un gobierno con minorías legislativas quiere mostrar fortaleza.
El diagnóstico de los constitucionalistas consultados en los medios periodísticos fue prácticamente unánime. La pretensión normativa del Ejecutivo se ubica fuera de los márgenes de lo que podría reglarse por DNU. Por empezar, la Necesidad y Urgencia resultan difíciles de justificar para todas las materias tratadas. Todavía no concluyeron las sesiones ordinarias, y además, puede convocarse a extraordinarias, como de hecho hizo el Presidente el viernes último. Ninguna de las modificaciones justificaría la necesidad de reglamentar ya. Además, la norma excede con creces las atribuciones del Ejecutivo para modificar leyes y decretos.
Pero este diagnóstico tiene efectos limitados. La norma entrará en vigencia a 8 días de publicada. A partir de entonces, el Ejecutivo tiene diez días para enviarla al Congreso. Una cámara bicameral, todavía no constituida, deberá dictaminar sobre el mismo, y entonces quedará sometido a tratamiento parlamentario. Pero, como dijimos más arriba, gracias a una ley de 2006 impulsada por Cristina Fernández, si una de las cámaras no rechaza el decreto, este queda en pie. Esto da margen de maniobra al ejecutivo para evitar que los legisladores hagan caer el DNU. De hecho, ningún DNU fue rechazado por el Congreso desde 1994. Hoy el juego de los números muestra una mayoría a favor del rechazo, pero el oficialismo tiene una herramienta clave –los recursos federales– para realizar un toma y daca con los gobernadores.
Ante la eventualidad de que los cálculos fallen y el DNU sea rechazado en el Congreso, la UCR (Unión Cívica Radical) ya salió a ofrecerle al presidente que cambia las formas para preservar el mismo contenido del shock desregulatorio contra las mayorías: que se presente el texto del DNU, tal como está, como proyecto de ley (por eso lo llaman “ley espejo”). Esto permitiría que la norma se pueda modificar, y no solamente la disyuntiva aceptación/rechazo de conjunto que se impone para los DNU. Si juzgamos por los pronunciamientos políticos de estos días, la mayor parte de los rechazos por parte de sectores del radicalismo, el PRO (Propuesta Republicana) e incluso de varios peronistas, apuntan más a la forma que al contenido. Aunque esta salida se daría de bruces con la pretensión bonapartista de Milei de ubicarse por encima de la “casta” y por fuera de la “rosca” –quien de hecho ya salió a descartar esta variante–, abriría la puerta para que casi todos los ataques incluidos en la norma pasen con una amplia aprobación legislativa.
Si bien ya hay presentaciones para declarar la inconstitucionalidad de la alegada “Necesidad y Urgencia” en la Justicia, hay que ver si prosperan, y qué alcance pueden tener. La “casta” judicial, de la cual Milei nunca emitió opiniones explícitas, es proclive a acomodarse según corran los vientos. En el mejor de los casos, según opinaron distintos especialistas, pueden producirse fallos que rechacen partes del DNU. Resulta menos probable que este sea rechazado en su conjunto. Si fuera así, quedarían en pie partes de lo reglado y se impondría el mecanismo de avanzar en legislaciones fundamentales por decreto.
Obviamente, no es solamente en este toma y daca legislativo y judicial donde se vaya a definir la partida. La calle, como se vio esta semana ya, juega, y todos los actores palaciegos deberán tomarla en cuenta. El rechazo al DNU, que sería un hecho inédito porque no tiene antecedentes, y que abriría una gran crisis para Milei, podría definirse como respuesta a la movilización obrera y popular contra el ataque. El ajuste del “caputazo” y el shock del DNU conforman un arco muy amplio de agraviados. El ultracapitalista hizo campaña diciendo que iba a ajustar solo a la “casta”, pero resulta que al final en esa casta están los asalariados formales de conjunto, los precarios que seguirán siéndolo, quienes (mal)viven de un plan Potenciar que se congela con inflación galopante, y también los sectores menos privilegiados de la clase media golpeadas por los tarifazos. Todos los nombrados, sin excepción, afrontan además la carestía por las remarcaciones aceleradas por supermercadistas y sus proveedores al grito de “viva la libertad” carajo. Es fundamental articular estas fuerzas en un rechazo al DNU y el conjunto del programa mileísta. La burocracia sindical apenas ha llamado a una tímida movilización para descomprimir. Se vuelve fundamental poner en pie comités de lucha y coordinadoras para superar los límites que imponen, uniendo a trabajadores ocupados con el movimientos sociales y el conjunto de sectores que salen a luchar.
* Los subtítulos de este artículo están tomados de los nombres de canciones de Los violadores, banda de punk argentina de los años ‘80 y ‘90.
Notas
[1] Para un panorama de estas modificaciones durante parte del período reciente, ver Paula Varela, “Framentación institucionalizada”, Ideas de Izquierda N.° 5, noviembre 2013.
[2] Karl Marx, El capital. Crítica de la Economía Política, Tomo I, Vol 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, p. 214.
