por Franco Machiavelo
No se trata de una “desviación moral” ni de un fenómeno aislado. El aumento brutal de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Chile es una consecuencia directa de un orden social que convierte todo en mercancía, incluso los cuerpos más vulnerables. Cuando el mercado gobierna sin límites y el Estado renuncia a su deber de protección, la infancia pobre queda expuesta como botín.
Desde una mirada crítica y materialista, este crimen no puede explicarse solo por la existencia de redes delictuales. Esas redes prosperan porque operan sobre un terreno fértil: pobreza estructural, desigualdad extrema y abandono institucional. En los barrios donde el salario no alcanza, donde la cesantía y la precariedad son la norma, la infancia crece sin garantías reales. Allí, la “libertad” que promete el modelo económico se traduce en desamparo.
El neoliberalismo no solo precariza el trabajo; también fragmenta la vida social. Destruye lo comunitario, debilita la escuela pública, reduce la protección social a programas mínimos y focalizados. En ese contexto, las familias empobrecidas cargan solas con una violencia que las sobrepasa. La explotación sexual infantil aparece entonces como una de las formas más extremas de la lucha de clases: los cuerpos de los hijos del pueblo puestos al servicio del consumo clandestino de quienes tienen poder económico, político o simbólico.
Existe además una dimensión ideológica. La sociedad que normaliza la competencia salvaje, el éxito individual y la indiferencia frente al dolor ajeno, termina anestesiándose ante estos crímenes. Se habla de “casos”, de “situaciones complejas”, pero se evita nombrar al sistema que los produce. Así se construye una hegemonía del silencio: se condena en abstracto, pero no se cuestiona la raíz del problema.
La infancia explotada es el espejo más cruel de un país dividido en clases. Mientras unos acumulan riqueza y protección, otros sobreviven en la intemperie social. No es casualidad que la mayoría de las víctimas provenga de los sectores populares, de niños y niñas bajo tutela estatal, de migrantes, de comunidades excluidas. Allí donde el Estado llega tarde o no llega, el mercado ilegal avanza.
En definitiva, el aumento de la explotación sexual de menores no es una falla del sistema: es una expresión coherente de él. Un modelo que tolera la pobreza infantil, que mercantiliza la vida y que subordina la dignidad humana a la ganancia, crea las condiciones para este horror. Enfrentarlo de verdad exige algo más que discursos y castigos aislados: requiere una transformación profunda de las estructuras económicas, sociales y culturales que hoy siguen sacrificando a la infancia del pueblo en el altar del lucro.
Desde una mirada crítica y materialista, este crimen no puede explicarse solo por la existencia de redes delictuales. Esas redes prosperan porque operan sobre un terreno fértil: pobreza estructural, desigualdad extrema y abandono institucional. En los barrios donde el salario no alcanza, donde la cesantía y la precariedad son la norma, la infancia crece sin garantías reales. Allí, la “libertad” que promete el modelo económico se traduce en desamparo.
El neoliberalismo no solo precariza el trabajo; también fragmenta la vida social. Destruye lo comunitario, debilita la escuela pública, reduce la protección social a programas mínimos y focalizados. En ese contexto, las familias empobrecidas cargan solas con una violencia que las sobrepasa. La explotación sexual infantil aparece entonces como una de las formas más extremas de la lucha de clases: los cuerpos de los hijos del pueblo puestos al servicio del consumo clandestino de quienes tienen poder económico, político o simbólico.
Existe además una dimensión ideológica. La sociedad que normaliza la competencia salvaje, el éxito individual y la indiferencia frente al dolor ajeno, termina anestesiándose ante estos crímenes. Se habla de “casos”, de “situaciones complejas”, pero se evita nombrar al sistema que los produce. Así se construye una hegemonía del silencio: se condena en abstracto, pero no se cuestiona la raíz del problema.
La infancia explotada es el espejo más cruel de un país dividido en clases. Mientras unos acumulan riqueza y protección, otros sobreviven en la intemperie social. No es casualidad que la mayoría de las víctimas provenga de los sectores populares, de niños y niñas bajo tutela estatal, de migrantes, de comunidades excluidas. Allí donde el Estado llega tarde o no llega, el mercado ilegal avanza.
En definitiva, el aumento de la explotación sexual de menores no es una falla del sistema: es una expresión coherente de él. Un modelo que tolera la pobreza infantil, que mercantiliza la vida y que subordina la dignidad humana a la ganancia, crea las condiciones para este horror. Enfrentarlo de verdad exige algo más que discursos y castigos aislados: requiere una transformación profunda de las estructuras económicas, sociales y culturales que hoy siguen sacrificando a la infancia del pueblo en el altar del lucro.
Bien. Entiendo la lucha de clases como algo que funciona solo dentro de una sociedad burguesa, porque dentro de ella existe la explotación de unos contra otros. Eso no pasa en una sociedad homogénea, como en un pueblo originario, y si pasa pronto deja de pasar. Tampoco ocurre en las comunidades de una misma idea, donde el trabajo es siempre voluntario. La sociedad burguesa no tiene una cultura definida, menos una idea estadar, y la separación en individuos la hace vulnerable; se entiende en ese caso la lucha de clases. Pero en una comunidad culturalmente homogénea no existen las clases, y las luchas son en defensa del medio ambiente, su lengua, su tierra, y su cultura. En esos casos la agresión siempre viene desde afuera; no así en la sociedad burguesa donde el enemigo de los oprimidos convive dentro de ella. Entonces la liberación en la sociedad burguesa pasa necesariamenre por definir una identidad cultural de los oprimidos. Mientras no se encuentre esa identidad, la lucha de clases seguirá eternamente. En una sociedad como la chilena se observa ese fenómeno muy dificil de solucionar, pero tampoco imposible. Y el problema de la sociedad burguesa es que todo pasa por la plata, los que tienen y los que no tienen, los que saben y los que no saben, los propietaros y los proletarios. en cambio en una sociedad homogénea el dinero, si bien es cierto, es necesario, no divide a sus miembros, porque la cultura está por encima de todo. Además en las sociedades homogéneas no existe el racismo, ni el clasismo. Por eso que el problema en Chie es político-cultural, porque no todos los chilenos son iguales. El cambio pasa primero por definirse culturalmente, porque chileno puede ser cualquiera. Kast y Juan Perez son chilenos. ¿Le parece correcto que estos dos personajes pasen toda su existencia peleando? Eso no es sano.