El programa, esencial para sobrevivientes de trauma estatal, atiende a una cantidad mínima de sus usuarios, mientras que el MINSAL ignora los requerimientos de más profesionales y recursos.
El Ciudadano
El programa, esencial para sobrevivientes de trauma estatal, atiende a una cantidad mínima de sus usuarios, mientras que el MINSAL ignora los requerimientos de más profesionales y recursos.
La inacción del Ministerio de Salud —MINSAL— y los sucesivos gobiernos habrían condenado a los sobrevivientes de la dictadura a una «resignación dolorosa», al negarse a dotar de los recursos y profesionales necesarios al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud —PRAIS—, lo que provocó el colapso del sistema y la negación material de la reparación prometida por el Estado chileno. La crítica se profundiza a 52 años del golpe, revelando que la burocracia administrativa es hoy un nuevo castigo que se suma a las secuelas permanentes de la tortura y el exilio.
Edmundo Jiles Fuenzalida, director del PRAIS Metropolitano Sur, es contundente en su denuncia, señalando que la inoperancia actual del programa se debe a la «falta de voluntad política» para asegurar el presupuesto adecuado que cubra las necesidades de atención. De acuerdo con la Norma Técnica N° 88, existen ochocientos mil usuarios del PRAIS en el país, pero el programa solo atiende en promedio al 4% de ellos a nivel nacional. Esta cifra desnuda el incumplimiento del Estado en su compromiso con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuya atención integral y gratuita fue formalmente reconocida.
Uno de los problemas más criticados es la demora en psiquiatría y psicología, el corazón de la reparación para quienes arrastran traumas extremos. La lista de espera se convierte en un laberinto de seis meses o un año, lo que transforma la promesa de salud en sufrimiento diario. Según Jiles, el programa no puede dar respuestas efectivas porque los 29 equipos existentes en el país están incompletos y no cuentan con los recursos financieros suficientes para contratar la cantidad de profesionales y los nuevos cargos —como gestores de red, recepcionistas, o terapeutas ocupacionales— que la normativa exige para operar correctamente.
