Tras ocho años de tramitación, que incluyeron dos apelaciones admitidas ante la Cámara Federal de Casación Penal por parte de la defensa, el 26 de diciembre la Sala 1 de dicha instancia -integrada por los jueces  Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques- resolvió, en un fallo dividido, reducir la condena impuesta en dos oportunidades por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 (a cargo de Javier Feliciano Ríos) de 3 años y 4 meses de prisión a 3 años a César Arakaki por los supuestos delitos de lesiones e intimidación pública, ya que se declaró prescripto el tercero por el cual fue condenado, a saber, atentado contra la autoridad. También en fallo dividido, Casación resolvió sobre la modalidad en que debe cumplirse la pena, quedando en minoría Mahíques sobre la ejecución condicional, imponiéndose el cumplimiento efectivo de la condena a 3 años de prisión. El fallo será apelado por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia.  

En un comunicado el Partido Obrero señaló que “la insistencia en condenar a Arakaki por el delito de daños tiene el propósito de justificar una pena de cumplimiento efectivo, más aun cuando el delito de resistencia a la autoridad ya se encuentra prescripto. Los dos jueces que votaron por mantener la pena de cumplimiento efectivo, a pesar de que la condena es solo por 3 años, invocan como razón que Arakaki lesionó un policía siendo que el propio policía Escobar lo niega. Esta aberración jurídica, que contradice el sentido común, pone en evidencia que estamos ante una condena de naturaleza enteramente política. Es lo que admite uno de los jueces, Diego Barroetaveña, cuando afirma que la pena de prisión efectiva se debe a que la movilización ‘impactó de manera nociva en la regular marcha del gobierno de ese entonces’. Siguiendo esta lógica Arakaki sería el responsable del fracaso del gobierno de Macri y por eso debe ir a la cárcel”.

Se llega a esta instancia tras un proceso que se caracterizó por las arbitrariedades, donde la condena y la ratificación de la misma por parte del Tribunal no tiene sustento probatorio: resulta que la supuesta víctima, un efectivo de la policía, retiró la acusación que llevaba adelante mediante una querella ante la evidencia presentada en las audiencias de que sus lesiones no fueron provocadas por compañero Arakaki. En el caso de la imputación del delito de “intimidación pública” resulta aún más forzado pues no se pudo comprobar durante el juicio que su accionar, en circunstancia de movilizaciones masivas, haya podido generar miedo a la población y una afectación a la tranquilidad pública. Lo que se busca en realidad es sentar un precedente contra el movimiento popular. 

Las masivas movilizaciones contra la reforma previsional de Macri constituyeron una reacción popular ante la comprensión de que pretendía consagrar un monumental robo contra las jubilaciones. Esta reacción provocó la suspensión del tratamiento legislativo de la reforma por las movilizaciones que, con el transcurso de las horas, lejos de cesar, se acrecentaban para rechazar otro saqueo a los jubilados.

La tranquilidad pública, en realidad, estaba siendo gravemente afectada por la feroz represión que se desataba contra las columnas de manifestantes. Esta causa significó una respuesta a esa gran movilización en defensa de millones de jubilados. Que haya sobrevivido estos años bajo los gobiernos de Macri y de los Fernández se explica por su funcionalidad política contra el pueblo trabajador movilizado. Con Milei en el gobierno, la amenaza latente de una condena ejemplificadora pretende ser concretada. Esta condena es una afrenta contra toda la clase obrera que lucha y se organiza y, por lo tanto, no puede pasar.