1.- Consideramos, en primer lugar, completamente inaceptable el uso político que el gobierno ilegítimo de Chile, encabezado por una derecha cruel y despiadada, está realizando con el impacto del COVID-19. El Estado de Catástrofe explícitamente ha sido decretado para “reestablecer el orden público” y no con una finalidad sanitaria, lo que configura un nuevo atentado a los DDHH de nuestros pueblo.
2.- Esta coyuntura que dice relación con la salud pública, se ha utilizado para desmovilizar al país en sus reivindicaciones legítimas, militarizar las calles y retomar el control y la manipulación de los procesos políticos, llegando incluso a un acuerdo global entre la clase política para retrasar considerablemente, tanto el plebiscito como las elecciones venideras.-
3.- El análisis de las medidas económicas anunciadas por el gobierno, demuestran claramente la falta de sentido social y la poca empatía con un pueblo que viene sufriendo por más de 40 años el rigor de políticas inhumanas y abusivas que solo han conducido a incrementar la desigualdad y la precariedad de la vida:
• El 2% constitucional asignado al Ministerio de Salud para paliar los efectos de la crisis, apenas supera a los más de mil millones de dólares que año tras año se transfieren desde el Estado (léase Presupuesto Público) al sector privado de salud, para dar curso al lucrativo negocio de las clínicas privadas. Por años el Estado asigna esos montos anuales para que empresarios inescrupulosos lucren con la salud; sin embargo, para enfrentar una llamada “pandemia” destina solo el 2% constitucional que se usa para casos excepcionales.-
• En cuanto a las medidas para proteger los ingresos de las familias chilenas, solo vale la pena comentar el Proyecto de Ley “Covid-19” de protección a los ingresos laborales, dado que, el bono equivalente al bono de Subsidio Único Familiar (SUF), el cual asciende a 13.155 pesos por carga familiar, es prácticamente una medida despreciable junto al Fondo Solidario de US$ 100 millones de dólares, destinado a atender emergencias sociales derivadas de las caídas de ventas del micro comercio local.-
• En relación a la protección de los ingresos laborales, lo que resulta inaceptable es que una política orientada a facilitar la caída de las remuneraciones, sea considerada como protección de los ingresos. Es francamente una deformación del lenguaje, una manipulación repugnante del sentido real de las palabras y de la verdad. Es un incentivo para las empresas a deshacerse de trabajadores en el nombre del Corona Virus y cargarle al Subsidio de Cesantía los pagos de la planilla de sueldos, sin considerar el hecho de que, en promedio mensual de salario, dicho subsidio no supera el 50%. Lo mismo ocurrirá con el Proyecto De Ley de protección al empleo que permite la reducción de la jornada laboral, compensando la disminución de la remuneración con recursos del Fondo de Cesantía Solidario. En concreto, estas medidas son de beneficio exclusivo de la parte empresarial y no de los trabajadores que verán reducidos sus ingresos y de ninguna manera apuntan a proteger los ingresos de la familia.-
• De las políticas para proteger los puestos de trabajo y a las empresas que los generan, las medidas tributarias como la suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta por los próximos 3 meses, permitirá a 700 mil empresas disponer de recursos por hasta US$ 2.400 millones de dólares en los próximos 3 meses, es decir, esto va en beneficio de las empresas y no de sus trabajadores. Lo mismo puede decirse de la reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas a 0% para todas las operaciones de crédito durante los próximos 6 meses, que reducirá el costo de financiamiento y tiene una carga para el fisco de hasta US$ 420 millones de dólares. Estas medidas son una transferencia de recursos desde el Estado hacia las empresas. Nada en estas medidas va en beneficio directo de los trabajadores y difícilmente compensarán el incentivo entregado a las empresas para deshacerse de trabajadores y externalizar el pago de remuneraciones hacia el Subsidio de Cesantía que nunca pagará las remuneraciones en forma integral.-
• Las otras medidas tributarias son exclusivamente posponer pagos: postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas menores a UF 350.000; postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta para 140.000 Pymes; postergación del pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133 millones; flexibilidad para celebrar convenios de pago de deudas tributarias con la Tesorería General de la República, sin intereses, ni multas; suspensión temporal de acciones de cobranza judicial y de remates por deudas tributarias. Todas estas medidas son exclusivamente un alivio temporal que hará más pesada la recuperación económica y más difícil que estas empresas estén dispuestas o capacitadas para la contratación de mano de obra, una vez deban realizar estos pagos junto a los venideros. Además, siguen siendo medidas orientadas a la parte empresarial y no a los trabajadores. Y sigue siendo contraproducente el uso del lenguaje intentando que se entienda como beneficio para los trabajadores, lo que es un apoyo claro y evidente a la contraparte, es decir, la clase empresarial.-
• Finalmente, respecto a las otras medidas de liquidez, como la aceleración de pagos a proveedores del Estado y el pago de facturas antes de 30 días, tanto como la nueva capitalización del Banco Estado por US$ 500 millones de dólares, siguen siendo medidas que benefician a las empresas y en ningún momento a los trabajadores ni a sus familias como hipócritamente ha sido planteado por la autoridad. Además, nos parece que pagar las facturas dentro de un plazo de 30 días, debería ser entendido como la correcta forma de actuar del Estado y no presentarse como una medida para situaciones excepcionales como las que vive el país actualmente.-
En consecuencia, proponemos y exigimos al Gobierno y a la clase política, las siguientes medidas:
1. Cuarentena total con excepción de los servicios básicos; de producción y distribución de alimentos y otros bienes esenciales; y de salud, de todas las actividades productivas y compensar económicamente a los trabajadores de las áreas que deban seguir operando, por el esfuerzo productivo que deberán asumir en estas circunstancias, valorando su trabajo como horas extraordinarias;
2. Prohibición de los despidos mientras dure la emergencia de salud, anulación de los despidos realizados desde el 1 de marzo de 2020; que el Estado asuma y garantice el 75% de los salarios del país, incrementando el impuesto a la renta de las grandes multinacionales y bancos que operan en Chile;
3. Que el Estado garantice un ingreso mínimo universal a todas las personas para cubrir también la sobrevida económica de los millones que están en el empleo por cuenta propia, cesantes etc.
4. Suspender el pago de servicios básicos, tales como, agua, electricidad, y gas; suspender el pago de las hipotecas de primera vivienda; suspender el pago de las deudas con multitiendas y créditos de consumo, para luego poner en práctica la Condonación y reprogramación de las deudas de las familias y de los trabajadores, de forma tal que la carga del endeudamiento no supere el 30% de los salarios. Como sabemos, el Banco Central estima que el endeudamiento de los hogares chilenos está peligrosamente en niveles insostenibles, siendo aproximadamente de un 75% como porcentaje del ingreso disponible. Ninguna economía puede funcionar de esta manera. Hoy los trabajadores están en quiebra y las medidas anunciadas por el Ejecutivo, solo agravarán la precaria situación de estos.-
Para materializar estos objetivos resulta imprescindible mantener cohesionadas nuestras organizaciones mediante la movilización permanente, no hay otro camino. Por lo mismo, quienes suscribimos esta declaración entendemos que la lucha en contra de la pandemia va entrelazada con la lucha en contra del gran capital y de su actual representante, el Gobierno empresarial y patronal de Piñera, que desde el primer momento ha aprovechado esta coyuntura para hacer negocios y deplegar una gran acción represiva en contra de nuestro pueblo. En este plano reivindicamos la urgente necesidad de que sean las organizaciones de trabajadores de la salud, los expertos y con conocimientos técnicos adecuados, los que conduzcan esta cuarentena. En base a esta unidad, y movilizados, enfrentaremos la crisis sanitaria y social en que estamos inmersos.
CUARENTENA GENERAL AHORA
FUERA PIÑERA ASESINO
Alejandro Ochoa, Pdte. CUT Regional Valparaíso
Dr. José Miguel Bonilla, Grupo de Trabajadores Primero de Mayo
Celso Calfullán, Coordinadora de Comunicadores Populares Werken Rojo
Esteban Silva, Fundación Constituyente XXI
Marcel Claude, Economista
Patricio Guzmán S., Economista
Nelson Aramburu, Comando Unitario de ex PP
Miguel Arriagada, Revista Oktubre
Gustavo Burgos, Revista El Porteño
Vilma Álvarez, Sindicato Jumbo La Dehesa
Cynthia Burgos, Asociación de Fiscalizadores Pesqueros
