Por Héctor Vega
Los Bienes Públicos evocan dos grandes temas del siglo XXI: el calentamiento global y el envejecimiento de la población en el mundo. Desconocerlos pone en riesgo la continuidad de la humanidad. En el IV Congreso del Futuro celebrado en Santiago de Chile (enero 20151) se planteó que la humanidad no sobreviviría si se superara el umbral de 450 ppm[1] en el 2050. Se subrayaba una meta ambiciosa para asegurar la sobrevivencia.
Según una hipótesis de crecimiento del PIB per cápita del 2 % y unapoblación estimada de 9000 millones de habitantes, la intensidad de carbono debería ser cercana a cero. Meta difícil de alcanzar teniendo en cuenta la falta de compromiso con los acuerdos internacionales en las últimas décadas. Es más, se hacía hincapié en la imperiosa necesidad de abandonar la civilización del petróleo y pasar a una era poscarbónica.
El cambio climático y la demografía del mercado laboral no son temas puramente económicos. En la interpretación de las medidas adoptadas, podría argumentarse que a nivel de los Estados no se ha hecho lo suficiente. Podría agregarse que las medidas adoptadas han apuntado a una dirección equivocada.
Cabe una tercera alternativa: aceptar que los gobiernos y el sector corporativo se han negado conscientemente a asumir las inversiones para evitar los costos del cambio climático.
En nuestra percepción este no-compromiso o evasión de costos necesarios ha significado una ganancia virtual incalculable o Cuasi-renta para los sectoresdominantes de la sociedad. Pues al final de cuentas será la sociedad toda la que deberá hacerse cargo de las externalidades negativas. Pues el mercado –carente de regulaciones, o bien manifiestamente insuficientes– ignora Bienes Públicos tales como, salud, medio-ambiente, calidad de vida, salud del planeta. En definitiva hay una cuestión de poder que no ha sido resuelta.
La magnitud y el alcance de los problemas ligados al cambio climático y al mercado laboral muestran la necesidad de soluciones de recambio orientadas hacia una sociedad social-solidaria. El problema reside en saber cómo se inicia una transición hacia esa sociedad. La observación inicial más evidente es el costo que implica el fracaso de la economía de mercado.
Si buscáramos una solución de recambio, los fundamentos de esa economía serían completamente trastornados. Se plantea entonces la evaluación crítica de los daños y las soluciones.
La constatación central es que los costos sociales de la actividad económica no son asumidos por los actores dominantes del sistema. Es más, impuestos y subsidios regulados por el Estado son insuficientes para reparar la Deuda Social que se genera.
En el contexto de riqueza y poder, –en medio de grandes desigualdades– lo que interesa dilucidar es la realidad del mercado global de Bienes Públicos. Me refiero a los recursos naturales vitales; entre los que surgen: el agua; el clima; los alimentos; el hábitat; la educación; la salud; las pensiones; la ciencia, la tecnología, etcétera. Estos bienes Públicos se transan a precios de mercado , generan externalidades o costos que no son asumidos , y por ese hecho son compensados por el Estado a través degasto social y subsidios, o simplemente son ignorados.
En conclusión, sin cambios estructurales y regulaciones efectivas no se logra recuperar la Deuda Social que se genera.
Cuasi-renta y salario social
Las fallas de mercado (situación en que el mercado no reconoce el Bien Público) se expresan en una Cuasi-renta que se agrega a la ganancia obtenida en el mercado. Esa ganancia, es una ganancia virtual puesto que no aparece en ninguna contabilidad de empresas, debería ser tributable, para que el Estado, a través de impuestos y regulaciones, recupere los Bienes Públicos, y que estos sirvan de base a un salario social de los trabajadores; salario en el que se asumen gastos indispensables eneducación, salud y vivienda social.
El salario fijado por el mercado hace caso omiso de lo que el trabajador, o el Estado, invirtieron en la formación por la que se le contrata. Por eso planteamos un salario social que toma en cuenta los Bienes Públicos que entraron en la formación del trabajador. La valoración social no es aquella que consagra el mercado, pues no asegura necesariamente su reproducción. La regulación necesaria para incorporar los Bienes Públicos mencionados a la remuneración de los trabajadores es parte de un proyecto político, pues reconocer la legitimidad social del salario implica asignarle el carácter de factor de distribución del ingreso.
Un ejemplo basta para entenderlo. La cuarta revolución industrial del siglo XXI ha implicado una revolución en los tiempos del trabajo, su reducción y la incertidumbre que acarrea en las organizaciones de los trabajadores; pensemos además en la automatización, en la robotización. Estos fenómenos han profundizado imperfecciones insalvables en el mercado laboral y diferenciales importantes en los ingresos. Los niveles de desempleo son crecientes. Las lagunas salariales impiden asegurar fondos de pensiones según las reglas de la capitalización individual y por tanto tasas de reemplazo mínimas. Una esperanza de vida mayor agrava las consecuencias delenvejecimiento de la población, sobre todo cuando la población joven retarda su entrada al mercado laboral. Por eso, resolver pensiones justas y viables retrotrae el problema al empleo, las remuneraciones que se pagan y la administración regulada de los fondos de pensiones, eliminando las comisiones a todo evento.[2] Chile es uno de los nueve países en el mundo que adoptó el sistema de capitalización. En 1980 cuando se implantó el sistema se prometió una tasa de reemplazo de 80 %. Hoy, la realidad en nuestro país nos demuestra una tasa de reemplazo de 35 %.[3]
En conclusión, el objetivo del salario social es asegurar la reproducción social del trabajador. Deviene así un regulador de los costos asociados al trabajo, los que actualmente se ignoran. Constituye, por lo tanto, un factor de distribución del ingreso.
La Cuasi-renta del capitalista es la contrapartida de la remuneración del trabajador. Su reflejo en externalidades negativas describe las consecuencias de la actividad productiva y los desafíos que plantea en la realización de los Bienes Públicos.
Salario social y productividad
En el sistema de mercado la productividad influye en la rentabilidad de bienes y servicios, en la medida que esta se traduce en innovaciones, con lo cual adquiere un nivel superior de competitividad. Las remuneraciones de los trabajadores no concuerdan necesariamente con el alza de la productividad. La sustentabilidad del salario social como factor de distribución del ingreso se corresponde con el reconocimiento de las productividades y su influencia en el mercado. Esta correspondencia, dados otros factores constantes, implica que la inflación se mantiene. Si los costos por unidad de trabajo son constantes en una economía global los tipos de cambio son también constantes.
En tiempos de crisis global la relación productividad-salarios no se mantiene. Esto no es sino el resultado de la acumulación desenfrenada de capital ficticio bajo fórmulas especulativas (titularización de la deuda). La cuasi-renta es la contrapartida de los Bienes Públicos no asumidos en el ejercicio productivo. En ese ejerciciodeben tenerse en cuenta las reglas de la productividad y los costos de formación del trabajador. Si no se resuelve la validación de los Bienes Públicos en el mercado, no queda otra solución que la Deuda. Recuperar la Cuasi-renta constituye el proceso inicial de una nueva economía social-solidaria pues con ello el crecimiento económico se articula con el desarrollo de los Bienes Públicos.
Al factor productividad en las remuneraciones deben agregarse los costos de formación del trabajador. Ambos factores posibilitan la validación/valorización de los Bienes Públicos y su importancia central en la reproducción social del trabajador.
Una regla esencial se impone al incorporar los Bienes Públicos en el cálculo económico: los efectos en los fundamentos de la economía de mercado se reflejarán en la recuperación de la cuasi-renta , el nivel de las inversiones, el consumo, el comercio internacional y el crédito interno.
[1] 450 ppm corresponden a 450 partes de CO2 por cada millón de moléculas concentradas en la atmosfera. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero de larga duración, al que se suman otros como el metano y el óxido de nitrógeno. Se ha comprobado que la última vez que los niveles de CO2 estuvieron regularmente por encima de los 400 ppm fue hace cinco millones de años. El CO2 provoca un aumento de los niveles globales de vapor de agua, lo que incrementa todavía más el efecto invernadero. Los estudios muestran que aproximadamente un cuarto de las emisiones totales de CO2 son absorbidas por el océano y otro cuarto por la biósfera, con lo cual se reduce la cantidad de gas en la atmósfera.
[2] Es decir se entiende que el cotizante paga comisión sólo en la medida que se obtienen ganancias. En caso de pérdida no se paga comisión. En Chile la Administradora de Fondos de Pensiones percibe comisión a todo evento.
[3] La dictadura cívico-militar (1973-1990) dictó los Decretos leyes 3500 (13 de noviembre de 1980) y 3501 (18 de noviembre de 1980) los que reformaron el sistema previsional transformándolo en un sistema de capitalización para pensiones de vejez, invalidez y supervivencia
