_“Amando lo más útil, animada de lo más justo, y aspirando a lo más perfecto al separarse Venezuela de la Nación Española, ha recobrado su Independencia, su Libertad, su Igualdad, su Soberanía Nacional. Constituyéndose en una República Democrática, proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios; declaró los derechos del hombre, la Libertad de obrar, de pensar, de hablar, y de escribir”_.
_*Simón Bolívar, Discurso de Angostura, 15 de febrero de 1819*_
Por: *Elías José Jaua Milano*
_Vicepresidente Ejecutivo del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías_
El Libertador Simón Bolívar y la generación que lo acompañó sacrificadamente en la Guerra de Independencia, nos legaron un ideario republicano que ha inspirado a buena parte de la nación a lo largo de las décadas subsiguientes a esa gesta. Generación tras otra se ha pasado el testigo, la llama que nos anima en la búsqueda de una sociedad libre de dominio, que construya el bien común y donde sea la soberanía popular la que determine nuestra propia forma de gobernarnos, de conducirnos, de desarrollarnos, una República democrática. Ésa ha sido, es y seguirá siendo nuestra inspiración. No todos los intentos han sido exitosos, pero en cada uno de éstos, aun en los fracasos, hemos acortado camino y acumulado fuerzas para seguir intentándolo.
El pasado 3 de enero de este año 2026, hace tres meses exactos, próximo a las dos de la madrugada, Venezuela fue atacada militarmente por las fuerzas armadas estadounidenses, bajo órdenes de su actual gobierno, en un acto de guerra no declarado, no provocado, no justificado, desproporcionado, en abierta violación del artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas:
_“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”_.
Las bases del mundo civilizado que se intentó construir tras la segunda guerra mundial descansan sobre este principio, vulnerado aquella madrugada. Así lo confirma el informe de los expertos de Naciones Unidas en Ginebra, del 7 de enero de 2026 *(1)*, sobre el ataque militar a nuestra nación:
_“Estas acciones representan una grave, manifiesta y deliberada violación de los principios más fundamentales del derecho internacional, establecen un precedente peligroso y corren el riesgo de desestabilizar toda la región y el mundo (…) este ataque sin precedentes contra Venezuela no debe verse como un incidente aislado, sino como parte de un patrón más amplio y profundamente preocupante de desconsideración sistemática por la paz, el derecho internacional y las instituciones multilaterales”_.
Esta agresión militar, que dejó un saldo lamentable de heridos y muertos, poblaciones enteras aterrorizadas, así como la captura ilegal del Jefe de Estado en funciones y su esposa, cualquiera sea la valoración política que se tenga, debemos convenir que constituye además una violación al derecho internacional humanitario, como también quedó sentando en el referido informe de Naciones Unidas.
Los aviones, drones, helicópteros y sistemas electrónicos de última generación que violaron nuestro espacio aéreo, los misiles y demás proyectiles disparados sobre suelo venezolano, además de la invasión de decenas de tropas especiales, infligieron un agravio histórico a una nación que tiene una tradición de paz, de lucha por la libertad y la independencia, y abrió las puertas a consecuencias más graves para nuestra soberanía y para el derecho internacional. De inmediato, el actual Presidente de Estados Unidos y sus principales voceros anunciaron un plan de tutelaje sobre un Estado soberano, bajo amenaza de nuevos ataques militares, que incluye, según sus declaraciones y acciones, el control sobre la comercialización del petróleo, oro y otros minerales estratégicos así como de los ingresos que se generen; la administración de esos recursos; los planes de inversión en diversos sectores, para lo cual han incidido en reformas legislativas favorables a sus intereses. De igual manera se han arrogado el derecho a generar procesos políticos e institucionales de exclusiva competencia de la soberanía popular venezolana y a condicionar la política exterior de paz e integración.
Este tutelaje en desarrollo viola abiertamente la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. _“Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía”_, de 1965:
*1.* Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas;
*2.* Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden.
La violación a estos principios también la confirman los relatores de Naciones Unidas en el informe al que se ha hecho referencia en párrafos anteriores:
_«Los vastos recursos naturales de Venezuela, incluidos las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, no deben ser explotados cínicamente a través de pretextos disfrazados para legitimar la agresión militar, la ocupación extranjera o estrategias de cambio de régimen»_.
Lamentablemente esto es lo que ocurre todos los días desde el 3 de enero de este año 2026. Colocados en esta situación que atenta contra los derechos soberanos que tenemos como Nación, como Estado, como República, los y las que sentimos y amamos a esta Patria, la tierra donde están enterrados nuestros ancestros, estamos obligados y obligadas a no naturalizar, ni a disimular esta condición de tutelaje y a promover mediante la política, la diplomacia y la solidaridad internacional, la conciencia y la opinión publica necesarias sobre el deber que tenemos de recuperar el pleno ejercicio de los derechos soberanos de Venezuela.
Que las divisiones, los temores, los cálculos y las ambiciones políticas, incluso el odio instalado en sectores, por suerte minoritarios, no estén por encima del amor que le debemos a nuestra Patria Venezuela.
Solo un acuerdo nacional que incluya a todos los factores, corrientes, organizaciones políticas y sociales podrá presentarnos como un Estado cohesionado y legítimo que sensibilice a la comunidad internacional y a las corrientes democráticas del propio Estado y nación estadounidenses, sobre la inadmisibilidad de esta situación que no sólo agravia a Venezuela, sino a la civilización internacional que hemos construido laboriosamente entre todos los seres humanos.
Ese acuerdo nacional debe demandar los derechos y deberes del Estado venezolano:
A gobernar en el marco de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999.
A recuperar la soberanía sobre la comercialización y sobre los ingresos que generen sus principales recursos naturales de exportación.
A administrar esos ingresos nacionales en función de las necesidades más sentidas de la población venezolana: salarios, educación, salud, servicios, entre otras, así como para la promoción del desarrollo económico, bajo estricto cumplimiento de los sistemas de control fiscal establecidos en la Constitución y las leyes nacionales.
A promover y facilitar la reconstitución del espacio político democrático que permita una regulación pacífica, democrática y electoral del conflicto interno, sin interferencia extranjera y con plenas garantías del ejercicio y goce de los derechos humanos.
A desarrollar una política exterior a favor de la paz internacional y de recuperación de buenas relaciones con todas las naciones del mundo, incluyendo a Estados Unidos, sin coacción, sin amenazas, bajo el principio del respeto mutuo.
Debemos tomar conciencia de que la única estabilización y recuperación posible para Venezuela pasa hoy día por el pleno ejercicio de su soberanía, a partir de estas cuestiones básicas para el funcionamiento del país, que facilite además acuerdos estratégicos más amplios entre venezolanos y venezolanas para avanzar hacia una sociedad donde podamos vivir todos y todas con igualdad, justicia, dignidad y libertad. Donde todos y todas nos sintamos cobijados bajo nuestra bandera tricolor.
El mayor error cometido como generación política ha sido nuestra incapacidad o falta de voluntad para gestionar de manera nacional y democrática el conflicto político. Ese grave error abrió las puertas a una intromisión extranjera que ha puesto en riesgo la seguridad y la dignidad de la Nación entera. Esa intromisión extranjera nunca ha perseguido el bienestar de nuestra Nación, sino el control de nuestros recursos energéticos y mineros, y se aprovechó de nuestros desacuerdos irreconciliables para lograrlo. Esperamos eso esté claro hoy para propios y extraños.
No se trata de salvar responsabilidad alguna: que cada cual asuma la que le corresponda, en mayor o menor grado, por acción u omisión, en el contexto de esta contienda fratricida. Se trata de dar la cara por el error cometido, uno que ha lesionado nuestra soberanía, y de transitar un camino de enmienda que satisfaga las demandas de la familia venezolana de paz, reencuentro, desarrollo económico, bienestar social, pluralismo político, reconocimiento a nuestra diversidad cultural y, sobre todo, preservación de nuestra dignidad como Nación.
Debemos manifestar al mundo que la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas no aceptamos ser un Estado tutelado, ni una colonia. Manifestar que no renunciaremos nunca a nuestra condición de República para fusionarnos con ningún otro Estado. Manifestemos que reafirmamos nuestra Independencia proclamada el 5 de julio de 1811, en cuya acta quedó plasmado que somos un estado libre y como tal estado libre tenemos derecho a darnos nuestra propia forma de organización y gobierno. Debemos proclamar con la frente en alto y con voz de pueblo libre que queremos y tenemos el derecho inalienable de seguir siendo un Estado libre de toda dominación.
Estamos a tiempo, compatriotas, de recuperar la República. Nos asiste el derecho internacional, nuestra historia, nuestros fundamentos republicanos y la comprensión de la mayoría de la comunidad internacional que comparte con nosotros y nosotras los valores de la civilización humana. De nosotros y nosotras depende. ¡Venezuela está primero!
_En Caracas, a 3 de abril del año 2026_
*(1)*
https://www.ohchr.org/es/
