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USAID admite que la «ayuda humanitaria» de 2019 perseguía un cambio de gobierno en Venezuela

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LaIguana.TV

Según un informe del inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), el cargamento de insumos que pretendió ingresar esa agencia estadounidense a Venezuela el 23 de febrero de 2019 usando como pretexto brindar «ayuda humanitaria» al pueblo venezolano, perseguía en realidad conseguir el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

En un trabajo periodístico del periodista Joshua Goodman para The Associated Press (AP), se detalla que el informe «plantea dudas sobre si el envío de provisiones fue motivado por el intento estadounidense de provocar un cambio de régimen más que por un análisis técnico de las necesidades y de la mejor manera de ayudar a los venezolanos que lo requerían».   

«El documento señala que el envío de provisiones de Estados Unidos respondió en parte a la campaña del gobierno de Trump para ejercer presión sobre Maduro en vez de simplemente brindar ayuda a los venezolanos que la necesitaban», sintetiza Goodman. 

Uno de los puntos más polémicos del reporte es que se cuestiona que la carga arribó a Colombia en aviones C-17 de la Fuerza Aérea «en lugar de opciones comerciales más económicas que estaban disponibles», destaca AP.  De igual modo, esa fuente sostiene que los investigadores reconocieron que se enviaron alimentos destinados a tratar la desnutrición infantil, «pese a que los propios expertos de la USAID habían determinado que la condición nutricional de los niños en Venezuela no ameritaba su uso en ese entonces». 

En el informe consultado por AP, se reconoce que la «la USAID gastó 2 millones de dólares entre enero y abril de 2019 para trasladar 368 toneladas de provisiones de emergencia a la isla caribeña de Curazao y a la frontera entre Colombia y Venezuela» para fortalecer la posición del exdiputado Juan Guaidó, a quien Washington se aprestó a reconocer como «presidente interino» –figura no existente en la Constitución venezolana–, tras su autoproclamación en una plaza a inicios de 2019. 

En el reportaje de Goodman se destaca que Guaidó debía coordinar la distribución de las provisiones financiadas por EE.UU. dentro de Venezuela, pero ello no fue posible, debido a que las fuerzas aliadas al presidente Maduro impidieron su ingreso. Previamente, Caracas advirtió que se trataba de un intento soterrado de golpe de Estado.  

La cancillería venezolana reaccionó a la publicación, recordando que «el Gobierno Bolivariano advirtió en febrero 2019 la falsedad del show de la supuesta ayuda humanitaria de EE.UU. en Cúcuta» y destacando que «la propia USAID reconoce que era parte de una operación política de cambio de gobierno».  

En opinión de las autoridades de Venezuela, esta conducta, en la que Caracas denuncia las agresiones, estas son desestimadas y luego documentos oficiales estadounidenses y de otros países comprueban su veracidad, se ha repetido en reiteradas ocasiones. Ha abarcado asuntos gravísimos como el intento de magnicidio contra el presidente Maduro y la Operación Gedeón, así como también el bloqueo de fondos y activos de la República en el extranjero.  

Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, dijo a Reuters en un comunicado enviado a través de un correo electrónico que «nunca fue una acción humanitaria, sino más bien una operación encubierta» y que «la ayuda humanitaria fue la excusa con la que intentaron quebrar nuestra soberanía territorial». 

En el texto elaborado por la USAID también se refiere que el camión que incendiaron partidarios de la oposición, contenía provisiones valuadas en el orden de los 34.000 dólares. Esta pérdida, combinada con que «en los meses siguientes», se perdió «la atención mediática» y se desvaneció «la lucha de Guaidó por derrocar a Maduro», hizo que EE.UU modificara «discretamente la ayuda».  

La agencia precisó que de aquella ayuda, que fuera promocionada mediáticamente como «el principio del fin de Nicolás Maduro», Goodman ‘dixit’, apenas ingresaron a Venezuela ocho toneladas, mientras que las restantes 360 «fueron distribuidas en Colombia y enviadas a Somalia». 

«Para impulsar a Guaidó, la USAID —creyendo que Maduro se había apropiado de las agencias de Naciones Unidas— recortó el financiamiento de la ONU pese a que algunas de las agencias de la organización contaban con la infraestructura dentro de Venezuela para distribuir las provisiones», refiere AP. En su lugar, recibió fondos «un organismo venezolano sin fines de lucro» –cuyo nombre no trascendió en el reporte–, «con base parcialmente en su alineación con la política exterior de Estados Unidos a pesar de que había dudas de su capacidad para cumplir con los requisitos legales y financieros de la agencia», lo que se compadece con las denuncias relacionadas con los manejos dolosos de los fondos recabados para prestar «ayuda humanitaria» al pueblo venezolano surgidas en el seno de la oposición.  

En el informe se reconoce que el traslado de insumos humanitarios hacia Venezuela, «no se condujo con pericia técnica ni se alineaba con los principios humanitarios de neutralidad, independencia y estar basada en la evaluación de las necesidades», razón por la cual la USAID se vio obligada a reconocer que el objetivo de su investigación –que se prolongó casi un par de años– era ofrecer insumos «para abordar los desafíos y los ‘riesgos de fraude’ en su «respuesta (…) a la crisis venezolana».  

Empero, este fracaso pudo haberse evitado si la USAID hubiera escuchado a los trabajadores especializados entrega de ayuda humanitaria, pues advirtieron a la agencia los riesgos que entrañaba la politización de la operación, que estuvo precedida por un concierto financiado por el multimillonario Richard Branson y que respaldaron con su presencia Guaidó, varios mandatarios de la región y el entonces vicepresidente estadounidense, Mike Pence.  

Así, en el reporte se señaló que, antes de escuchar a nadie, «la dirección verbal no estableció una responsabilidad clara ni ofreció una justificación para la toma de decisiones», que en ese momento estaban a cargo de Mark Green, administrador de la USAID en el gobierno de Donald Trump.  

Al divulgarse el controvertido documento, Green defendió sus actuaciones en un comunicado, usando como paraguas «la crisis venezolana», a la que calificó como «una de las mayores crisis humanitarias del mundo», ello a pesar de que reportes internos mostraban que la situación había sido deliberadamente exagerada, como se apuntó en el caso del envío de alimentos destinados a tratar la desnutrición infantil.  

Por su parte, Reuters indicó que no había podido contactar con representantes del departamento de Estado, pero que sí había recibido una respuesta por correo electrónico de un portavoz de la USAID sobre el caso.  «Damos la bienvenida a este y todos los informes que tienen como objetivo mejorar la eficacia del trabajo de USAID, especialmente en entornos operativos desafiantes», reza el texto. 

De otra parte, el trabajo periodístico de Goodman señala que «poco después del fracaso de la caravana de Guaidó para la entrega de las provisiones, la USAID empezó a trabajar tras bambalinas con agencias de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones para llevar ayuda a Venezuela, donde tales artículos suelen ser distribuidos en hospitales del gobierno y agencias controladas por Maduro», aunque no aporta detalles acerca de la procedencia y cuantía de esas ayudas.  Desde el inicio de la pandemia, Venezuela ha recibido ayuda humanitaria de países como China o Rusia y de agencias de la ONU, pero gestionadas a través del gobierno y no de organizaciones no gubernamentales financiadas por la USAID y alineadas con la Casa Blanca.  

El caso más reciente fue el acuerdo suscrito entre Caracas y el Programa Mundial de Alimentos, que se encargará de dotar comedores escolares, lo que beneficiará a 1,5 millones de niños residenciados en zonas vulnerables.  

En contraste, desde 2017, EE.UU. ha destinado más de 500 millones de dólares para «ayuda humanitaria» a venezolanos, pero tales dineros han ido a parar a las arcas de Colombia, Perú y Brasil, con base en que allí residen la mayor parte de quienes han abandonado el país en los últimos años, si bien ese dinero no se ha traducido en beneficios para ellos.  

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