Náufragos del tiempo
Antes de que empezara el invierno, Montevideo registró la primera muerte del año por hipotermia, la de un hombre en situación de calle. La sospecha es que el número de personas que duermen a la intemperie está creciendo y la administración apura medidas para enfrentar el problema, reanimando polémicas irresueltas.
Enzo Adinolfi/Camila Zignago
Brecha, 26-6-2020
“La vida es de encierro, pero con ciertas libertades”, dijo a Brecha Eduardo Cabrera, vocero del colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido (Nitep). Cabrera habita el centro Creciendo, que a consecuencia de la pandemia pasó de ser diurno a ser de tiempo completo. Cabrera habla de encierro y de libertades: cada una hora puede salir a fumar y martes, miércoles y sábados puede hacerlo para hacer mandados, acompañado de un educador. Para cumplir con el distanciamiento físico, los educadores hacen esta tarea en etapas, saliendo con cuatro o cinco personas cada vez.
Salir a caminar no es una opción, menos lo es para quienes viven en el hotel Urban Express, instalación alquilada hasta setiembre para personas en situación de calle mayores de 65 años. En el hotel, según Cabrera, si no vuelven a las tres horas, ya no se les permite el ingreso. En este caso, las personas se trasladan a hacer las compras sin acompañante, y en otros, es el educador solo quien las hace. Para Cabrera, a pesar del “encierro”, a Nitep se lo escuchó: las instalaciones de los centros de contingencia son “adecuadas” y “cómodas”, con las cuatro comidas diarias y la atención necesaria.
“Las personas en situación de calle tienen una expectativa de vida mucho menor que el promedio, tienen problemas muy graves desde hace mucho tiempo atrás”, afirmó a Brecha Fiorella Ciapessoni, socióloga que actualmente está realizando un doctorado en la Universidad de York, en Inglaterra, sobre personas en esta situación. Ciapessoni explicó que “las personas que duermen a la intemperie son las más castigadas y enfrentan problemas de salud o de adicción”.
A su vez, manifestó preocupación por la presencia discursiva del argumento de que las personas en situación de calle “están relacionadas con un tema de inseguridad, cuando la evidencia muestra que la mayoría de ellos no sólo no cometen delitos, sino que además son victimizados”. Para la socióloga, estas personas cometen delitos en “un porcentaje bajísimo y sin violencia”. En cambio, “tienen más probabilidad de sufrir abusos policiales que otros”, sostuvo Ciapessoni.
Entre lo que quiero y puedo
El gobierno tiene como meta que ninguna persona duerma en la calle y para eso aplicará a rajatabla la ley de faltas, aprobada durante la administración de José Mujica. Empero, hasta el momento no hay plazas suficientes en los refugios para albergar a todas las personas. La ley dice que quien “ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos será castigado con pena de siete a treinta días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma”. De aprobarse en Diputados la modificación de la norma contenida en la ley de urgente consideración, alcanzará una intimación para que el advertido que no la acate se las tenga que ver con la Justicia.
Para Ciapessoni, “penalizar” no es la solución efectiva. “La evidencia lo demuestra: es costosa, tiene severos impactos sobre las personas, para nada tiene de efectos positivos sobre la persona o la comunidad. Lo único que hace es evitar que pensemos en respuestas que estén lejos de los prejuicios, de los estereotipos, que reconozcan la complejidad de las vulneraciones por las cuales atraviesan las personas en calle, sobre todo desde su infancia”, argumentó.
Por su parte, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), Santiago González, expresó a Brecha que las autoridades ministeriales quieren que los espacios públicos sean para el “disfrute de las familias” y anunció que con ese fin pusieron a disposición del Mides la cantidad de patrulleros que se necesiten. “El ministerio planteó que no es justo que cientos de vecinos tengan un camping en la puerta de la casa. Está el derecho de uno y de otro, y queremos velar por los de ambos con la premisa de que ningún uruguayo tenga la necesidad de pasar sus noches a temperaturas bajo cero, con posibilidad de morir, como pasó el otro día en Paso Molino”, agregó.
Además, González recordó la ley dictada durante el primer año del gobierno de Mujica que habilita a la internación compulsiva de las personas en situación de calle en caso de que exista riesgo de muerte, la valoró como “muy correcta” y aseguró que también se prevé hacer efectivo su cumplimiento.(1)
Integrantes de la administración anterior aseguran que hasta el 29 de febrero la ley de faltas se aplicó todos los días. En conversación con Brecha, Micaela Melgar, exdirectora de la División Programas de Personas en Situación de Calle del Mides, dijo que lo que se hacía era conducir a las personas a una Puerta de Entrada. “Allí se le hacía una entrevista al usuario y, cuando aceptaba, se le ingresaba a un dispositivo. Siempre tuvimos cupos disponibles para la ley de faltas, de forma de asegurar que si la persona quería ingresar, pudiera hacerlo esa noche. Eso funcionó todos los días en el último período de gobierno”, indicó.
En caso de que este invierno los cupos no alcancen, “se verá” qué hacer, manifestó por su parte el director de Convivencia y Seguridad. Exfuncionarios policiales confesaron a este semanario que, antes de la creación del Mides, a las personas en situación de calle se las llevaba al “calabozo” de alguna comisaría para que pasaran la noche. Consultado González sobre si está previsto hacer esto, aseguró que no es lo que se quiere. Por su lado, Gabriel Cunha, nuevo director de Calle del Mides, expresó a Brecha que la Policía está procediendo en la medida en que “nosotros les decimos que tenemos capacidad de responderle a esta gente”.
Por otra parte, González reconoció que no es suficiente que una persona tenga una “cama calentita, una comida y atención de salud” para que deje de habitar la vía pública. Por eso el MI está formulando con el Mides un “protocolo de acción”. Un aspecto de este sería trabajar en los problemas de salud mental y los consumos problemáticos en los centros penitenciarios, puesto que de allí viene parte de la gente en situación de calle.
“Queremos que en los centros penitenciarios esté el Mides, que la familia pueda estar con el preso dentro de la cárcel para poder vincularlo con el afuera, y además trabajar con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado para que genere oportunidades de trabajo. Trabajaremos adentro para generar nuevos hábitos saludables y sanos”, aseguró. “Por supuesto que no es una tarea de corto plazo –admitió González–, pero al día de hoy no hay absolutamente nada y el problema mayor de la gente en situación de calle es su salud mental”, afirmó.
Por otro lado, Ciapessoni opinó que el MI debe formar a un equipo de policías especializado en la aplicación de la ley de faltas, un equipo que “debe saber distinguir entre problemas de salud y de delito”, pues “generalmente, cuando ocurren interacciones entre la Policía y la gente en calle, tienden a ser negativas”. Para la socióloga, esas intervenciones deberían ser la última opción. “A esas personas no es necesario que la Policía les esté arriba permanentemente, moviéndolas de lugar, sino que tiene que haber vías claras de derivación, a cargo de personas que trabajen sensiblemente con ellas desde otro lugar, como trabajadores sociales”, ejemplificó.
“La Policía parece no estar equipada para enfrentar este problema”, observó Ciapessoni, aludiendo al caso del cuidacoches de La Blanqueada cuyo perro fue ultimado por funcionarios policiales la semana pasada y contra el cual los uniformados habrían cometido nuevos abusos..
Sin evidencia
Entrevistado por el periodístico Séptimo Día, de Canal 12, Pablo Bartol, titular del Mides, dijo que su estrategia apuntará a que la persona que esté en situación de calle y tenga problemas de adicción a los estupefacientes logre llegar al consumo cero. Para Ciapessoni es un camino equivocado porque la evidencia empírica demuestra que alcanzar esa meta no es posible. “Parecería ser una respuesta que en la realidad no funciona. Creo firmemente que hay que trabajar en soluciones que sean diversas, es decir, trabajar en la reducción de riesgos y daños”, puntualizó.
La exdirectora de Calle coincidió con la académica. Según Melgar, las políticas que más exitosamente han abordado conjuntamente situación de calle y uso problemático de drogas son las que apuntan a la reducción de riesgos y daños. “Uno puede proyectar desde lo que uno piensa o quiere. Pero que las personas no usen más drogas es algo que no pasa casi nunca”, subrayó.
“Uno no puede confundir lo que quiere que pase con lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es que las personas sufran el menor daño posible. La responsabilidad del Estado debería ser esa, si no, se confunde con la autosuperación y con la idea de que el que quiere puede”, concluyó Melgar.
Primero la casa
Las nuevas autoridades del Mides buscan extender las experiencias inspiradas en el modelo Housing First, de las que ya había algunos ejemplos en la administración anterior (Incubar, Alzáibar, Fincas). El modelo parte de la premisa de que dotar a las personas de viviendas individuales que puedan experimentar como un hogar es clave para su recuperación. El director de Calle señaló a Brecha que “más allá del modelo puntual que desde el punto de vista del branding tiene Housing First, (2) que es una vivienda en solitario para una persona inserta en la sociedad, nosotros estamos tratando de garantizar ese acceso a un lugar donde poder estar y que sienta suyo”.
Cunha puntualizó que sobre esa base abordarán el resto de los problemas que pueda tener la persona y se definirán qué otros soportes requiera para poder reinsertarse en la sociedad. “Es un modelo que en varios lugares ha funcionado y que tenemos que adaptar a nuestra realidad”, agregó.
Para eso, el Mides firmó el 28 de abril un convenio con la Agencia Nacional de Vivienda (Anv). Ese acuerdo consiste en que la Anv dispondrá de determinados inmuebles que se encuentran bajo su órbita a efectos de alojar a personas en situación de calle. Una comisión que estará conformada por dos representantes de cada organismo administrará el funcionamiento de estos espacios.
Tras suscribir el convenio, Bartol explicó que sus beneficiarios serán seleccionados de acuerdo a “su capacidad de convivencia con otros, para generar una comunidad de salida”. “Es para que vayan saliendo de la tutela del Estado, que se les dé un lugar de residencia donde puedan convivir, pero donde vayan teniendo un proceso de salida, buscar que la vivienda sea el puntapié inicial para su proceso de autodeterminación”, añadió.
Según el ministro, “hay mucha gente que tiene un trabajo informal, son vendedores ambulantes o cuidacoches. Si bien tienen su actividad, su ingreso no les da para pagar una pensión, pero sí tal vez pueden con ese dinero conseguirse su alimentación, cubrir sus necesidades. Eso es lo que se espera, darles primero la vivienda para que con ese ingreso vayan viviendo con autonomía”.
Por su parte, el vocero de Nitep celebró que el Mides avance en esta línea. “Queremos otro estilo de vida, queremos casas, viviendas, la etapa de refugios quedó en la historia. Agradecemos que se quiera mejorar, los refugios no son lugares para vivir”, expresó Cabrera.
Al interior
“Es bastante deplorable, no tienen tantas oportunidades como Montevideo”, comentó Cabrera consultado sobre las personas en situación de calle fuera de la capital del país. “Me animaría a decir que por lo menos en todas las capitales departamentales hay” gente en la calle, afirmó por su parte el subsecretario del Mides. Armando Castaingdebat, que viene de ser intendente de Flores, reconoció que ese es uno de los departamentos donde no hay refugios ni centros de contingencia, por ende, cuando se presenta una persona en esa situación, es trasladada, hisopado de por medio, a otro departamento que tenga lugar disponible.
Castaingdebat argumentó que en muchas capitales departamentales el número de casos existente “no justifica abrir un refugio”. “Y lo caro no es el alquiler, es que tenés que asegurarles salud, seguridad, alimentación, higiene”, explicó.
A su vez Cunha aclaró que en el Interior la situación es atendida conjuntamente por las oficinas territoriales del Mides y las intendencias, que –por la pandemia– está interviniendo también el Centro Coordinador de Emergencias Departamantales (Cecoed) y que la respuesta no necesariamente supone derivar la persona a un refugio. En muchas ocasiones es posible “buscar una solución puntual habitacional que le permita a esa persona reactivar alguna posibilidad laboral”, afirmó Cunha, y señaló que “la lógica del Interior es distinta a la de Montevideo”.
Mirna Guadalupe, la directora territorial del Mides del departamento de Florida, que se hizo conocer esta semana por sus “poco felices” declaraciones –según las definió Bartol– acerca de la “peligrosidad” de las personas en situación de calle, comentó que en ese departamento son cerca de veinte. Castaingdebat informó que algunas fueron derivadas a Montevideo, aunque se está buscando un edificio en la capital de ese departamento para atender a esta población.
Pero Maldonado seguramente sea la ciudad del Interior con más personas durmiendo a la intemperie. Irene Goncálvez, concejala por el Frente Amplio del municipio, desde abril reclama al Cecoed local por estas situaciones y aún no ha recibido respuesta. En diálogo con Brecha,contó que el departamento tiene un único refugio con capacidad para 38 personas y que en abril dieron cuenta de que 68 estaban quedando afuera. Este refugio, según Goncálvez, atiende prioritariamente a los nacidos en Maldonado.
Castaingdebat aceptó que habría unas cien personas en situación de calle, entre Maldonado y San Carlos. El refugio “está enclavado en un lugar en el que el entorno no es favorable para la reinserción” y que “comunitariamente no funcionaba bien”; por eso se lo trasladará a lo que era el hotel Boulevard, informó por su parte Cunha, quien añadió que la semana que viene se abrirá un nuevo centro nocturno con capacidad para 50 personas. Funcionará en una casa, con un “salón grande”, que se se ubica en Bulevar Artigas esquina Colonia.
Y qué vendrá
“Entendemos que la respuesta que tenemos que dar no es un refugio, sino que tenemos que conseguir una solución más permanente que le permita a esa persona proyectarse y tener herramientas para salir adelante, con nuestro apoyo o, el día de mañana, sin nuestro apoyo”, insistió Cunha. Las líneas programáticas apuntan a la diversificación de respuesta –dependiendo de las distintas necesidades– y a transformar los centros de emergencia en lugares que ofrezcan soluciones a largo plazo.
El mes próximo abrirán un centro para que las personas puedan ir con sus mascotas y otro que alojará parejas. “Estamos buscando generar nuevos centros que contemplen situaciones que antes no se tenían en cuenta”, acotó a Brecha Nicolás Martinelli, director general del Mides. Recientemente, las instalaciones de emergencia existentes en el Palacio Peñarol y en Defensor Sporting fueron sustituidas por un centro para 80 personas en Sayago, con habitaciones para dos personas y un equipo técnico. La intención es que sea un centro permanente. “Tenemos planificado ir elevando la cantidad de cupos de aquí a finales de julio o mediados de agosto”, contó Cunha.
Si bien los cupos van en aumento, no se sabe exactamente cuántas son las personas en situación de calle. Un censo del Mides de 2019 daba cuenta de que entonces 2.038 personas estaban en esa situación, 1.043 a la intemperie y 995 en refugios. La pandemia y la crisis socioeconómica ha instalado la percepción de que el número se ha acrecentado, y a finales de julio se espera tener los resultados de un censo que viene realizando el Instituto Nacional de Estadística.
Notas
1) Ley 18.787, de prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle.
2) “Branding” es un anglicismo de la jerga del marketing referido al proceso de construir una marca.
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El caso de La Blanqueada
Peligros del policiamiento
A las 11 de la mañana se llevaron a Pablo, el cuidacoche en situación de calle que la semana pasada había sufrido abuso policial y al que le habían matado a Compa, su perro. De noche, 12 horas después, fue liberado. En ese interín, los policías lo “maltrataron” e hicieron alusión a que lo hacían debido a los hechos recientes, según fuentes cercanas a Pablo que se comunicaron con la organización Plataforma Animalista. A los tres efectivos involucrados en el abuso policial hacia Pablo de la semana pasada y en el asesinato de su perro se les había abierto un sumario y se los separó preventivamente del cargo. “El tiro no era para el perro, era para vos”, le habría dicho a Pablo uno de ellos, según este narró a Plataforma Animalista.
A Pablo lo detuvieron por la presunta rapiña de un acolchado. Silvia Pérez, la fiscal del caso, afirmó a Brecha que no encontraron “las pruebas suficientes para una formalización”. Las filmaciones del lugar dieron cuenta de que Pablo deambulaba por la zona, pero las cámaras no llegaban a captar el episodio denunciado. A su vez, Pérez contó que una testigo se comunicó con Fiscalía y aseguró que Pablo tenía el acolchado “desde hacía días”.
“Él tenía muchas cosas donde pernocta, pero la varilla no”, dijo la fiscal, consultada sobre la supuesta varilla metálica que se anunció como incautada y con la que Pablo habría violentado a la denunciante. Según señaló la fiscal, “en principio” no hay elementos que vinculen la detención con los sumarios. “Es raro que tres patrulleros detengan a una persona por una discusión por un acolchado”, dijo, sin embargo, a Brecha el abogado Juan Ceretta. Durante la detención, Ceretta se mantuvo al tanto –a título personal– “porque ni bien pasara un minuto de los plazos constitucionales íbamos a presentar un hábeas corpus”, manifestó. Por el momento, la fiscal anunció que el caso está cerrado, “sin perjuicio de que pueda haber nueva información”.
Sin embargo, Karina Kokar y Patricia Durán, integrantes de Plataforma Animalista, contaron al semanario que están trabajando con dos abogados honorarios para llevar a la Justicia “los malos tratos, el abuso policial y la violencia ejercida contra el perro”, dijo Kokar, y añadió que, si bien no hay tipificación por este último punto, sí la hay contra la propiedad. Además, solicitaron una reunión con el Mides –sin respuesta aún– para dialogar sobre posibilidades de amparo para Pablo, en particular, y para las personas en situación de calle con perros, en general.
