Le Monde Diplomatique, edición chilena
La designación de Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel cayó como una bomba en los pasillos de la Cancillería y encendió alarmas inmediatas en todo el arco político. La decisión del gobierno de José Antonio Kast de nominar al abogado penalista Gabriel Zaliasnik como nuevo embajador ante el Estado de Israel no constituyó un nombramiento de rutina. Se trata, por el contrario, de la apertura voluntaria de un conflicto de proporciones diplomáticas, éticas y políticas que desnuda, de golpe, un severo retroceso en los estándares de la vida pública chilena.
Hace apenas un par de décadas, la sola sospecha o el murmullo de un cuestionamiento ético institucional eran suficientes para congelar de inmediato cualquier aspiración a la alta representación internacional. Hoy, los tiempos que corren parecen regirse por la anestesia moral y el pragmatismo de trinchera. Que el Ejecutivo decida enviar a Tel Aviv a una figura que enfrenta una investigación penal abierta por la fiscalía regional de Valparaíso -tras revelarse sus conversaciones privadas con Luis Hermosilla, el principal imputado del devastador «Caso Audios»- demuestra que los filtros de la prudencia estatal simplemente han dejado de funcionar. Se ha normalizado la transgresión de un principio básico y fundante de la República, o al menos de la República que existe en el imaginario colectivo: quien representa al Estado de Chile ante otro Estado, debe gozar de una idoneidad que esté absolutamente fuera de todo margen de duda.
La gravedad de los antecedentes no radica en simples conjeturas de pasillo, sino en el contenido de las comunicaciones incautadas. El cruce de mensajes entre Zaliasnik y Hermosilla, expuesto recientemente ante la luz pública, devela la maquinaria interna de una época oscura. En los chats se ventilan diálogos que apuntan directamente al corazón de la probidad pública: desde coordinaciones explícitas para intervenir en el nombramiento de ministros de cortes superiores, hasta controvertidas consultas sobre cómo acceder a los gastos reservados del Estado para financiar defensas penales corporativas.
Leer a un futuro embajador preguntar: «¿A quién le puedo pedir gastos reservados?» es brutal, reviste una gravedad inaudita. Devela el desprecio alarmante por los recursos de todos los chilenos. Asimismo, las revelaciones que lo vinculan con la gestión de honorarios irregulares financiados de manera cruzada por empresas estatales como ENAP, bajo la presunta presión de figuras de la antigua administración como Andrés Chadwick, terminan de configurar un cuadro clínico de captura institucional. La presentación de denuncias penales por parte de parlamentarios por delitos de malversación, fraude al fisco y tráfico de influencias no es un simple «fuego cruzado» de la política tradicional; es el síntoma de que el nuevo embajador cruzó hace tiempo la línea que separa el legítimo ejercicio del derecho penal de la intriga política subterránea.
Pero el problema con Zaliasnik no empieza ni termina en el teléfono celular de Luis Hermosilla. Su historial en la primera línea de las defensas del gran poder económico y político arrastra una densa estela de controversias sistémicas. Aunque el nuevo representante diplomático suele exhibir sus victorias judiciales como fruto de sus competencias profesionales, la memoria colectiva del país no olvida cómo se fraguaron algunos de esos polémicos cierres en la última década.
Es imposible no conectar su nombre con la impunidad asociada al financiamiento irregular de la política. Específicamente, en las aristas judiciales de alta complejidad que involucraban a Julio Ponce Lerou y el caso SQM, Zaliasnik no logró la paz judicial de sus representados gracias a una argumentación jurídica sólida en los tribunales, sino por las maniobras de una cúpula institucional que hoy el país sabe que estaba profundamente corroída. Fue el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, quien intervino de manera directa removiendo a los persecutores originales que lideraban con rigurosidad las indagatorias, para instalar en su reemplazo a fiscales moldeables como Manuel Guerra. Este último cumplió la ostensible función de clausurar y sepultar causas complejas, sin esgrimir fundamentos reales, un modus operandi que hoy la historia penal de Chile califica abiertamente como actos reñidos con la ética profesional. Las sucesivas filtraciones del «Caso Audios» han terminado por dar la razón a la ciudadanía: En nuestro país operó sistemáticamente una red de favores cruzados donde se nombraban jueces afines para luego solicitarles fallos a la carta.
Por todo esto, el perfil de Zaliasnik ya configuraba un problema mayúsculo mucho antes de su eventual destinación. La confirmación del profundo error político que comete La Moneda llegó desde el propio corazón del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA) rompió su habitual neutralidad burocrática para encender las alarmas públicas y manifestar su profunda preocupación ante el nombramiento.
Cuando el cuerpo profesionalizado del Estado, encargado de cuidar la continuidad y el prestigio de la política exterior chilena, advierte sobre los riesgos de conducta de un emisario, el argumento del Gobierno se cae por su propio peso. Este nombramiento no responde a una estrategia de Estado planificada ni a la cautela del interés nacional de Chile. Responde, más bien, a consideraciones de trinchera ideológica. El presidente Kast ha optado por blindar a Zaliasnik argumentando una estricta defensa de la «presunción de inocencia» y cerrando filas para que la investigación penal en Valparaíso no altere una decisión política ya tomada. Sin embargo, en la arena internacional no basta con no estar condenado; la diplomacia se nutre de la “autoridad moral”.
Enviar a un emisario con este volumen de cuestionamientos internos a un destino que, por su propia naturaleza y por la crudeza del conflicto en Medio Oriente, es un foco permanente de máxima tensión internacional, no es solo una provocación hacia las comunidades locales que ya han manifestado su absoluto rechazo. Es un acto de profunda imprudencia geopolítica. El costo de esta tozudez no lo pagará el nuevo embajador ni el gobierno de turno; lo pagará el prestigio internacional y la credibilidad del Estado chileno ante el concierto de las naciones, justamente en un momento que el conflicto del medio oriente clama por una solución urgente, que garantice paz a un pueblo que ha sufrido el horror de un genocidio llevado adelante por un régimen criminal y el silencio cómplice de muchos gobernantes.
