escribe Mauricio Vargas
Más que preguntarnos por el lapsus de David Bravo, convendría preguntarnos cómo fue posible que durante treinta y cinco años aceptáramos, sin discutirlas, las categorías desde las cuales se diseñó buena parte de nuestra política laboral. Tal vez el verdadero lapsus nunca fue el suyo. Sino el de toda una época.
Hay palabras que no irrumpen en una conversación: ni aparecen porque alguien decida pronunciarlas, sino porque durante demasiado tiempo han permanecido protegidas bajo un lenguaje que las vuelve aceptables, invisibles o simplemente irreconocibles.
Hasta que un día ese lenguaje falla. La traducción se rompe. El vocabulario técnico pierde, por un instante, la capacidad de disimular aquello que contiene.
Entonces aparece la palabra desnuda. Sin eufemismos. Sin gráficos. Sin notas metodológicas. Sin PowerPoint.
Eso fue, probablemente, lo que ocurrió la semana pasada cuando el economista David Bravo, presidente de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el gobierno de José Antonio Kast, intentaba explicar los incentivos que enfrentan las empresas al momento de contratar trabajadores.
En medio de una demostración en televisión sobre indemnizaciones por años de servicio, costos de despido y decisiones empresariales, terminó pronunciando una frase que recorrió el país con la velocidad que sólo alcanzan aquellas expresiones capaces de condensar, en pocas palabras, una discusión mucho más antigua.
“Cada persona es un cacho”.
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Después llegaron las precisiones. Las aclaraciones. La contextualización. Las explicaciones acerca de que hablaba desde la perspectiva de un empleador y no desde una valoración personal del trabajador.
Todo puede ser atendible. Pero resulta, al mismo tiempo, insuficiente para explicar por qué aquella expresión produjo una reacción tan inmediata y transversal.
Porque el problema nunca fue únicamente la palabra.
Fue el mundo que esa palabra dejó entrever.
Hay quienes interpretaron la frase como un exabrupto desafortunado. Otros, como un lapsus freudiano. Ninguna de esas lecturas alcanza a describir lo ocurrido.
Lo interesante no es preguntarse qué pensaba David Bravo en ese instante. Esa es una discusión imposible de resolver y, además, secundaria. Lo relevante es preguntarse desde qué lenguaje estaba hablando.
Porque David Bravo lleva más de treinta y cinco años hablando un idioma muy particular.Es el idioma de los costos de contratación, de las tasas de reemplazo, de la productividad marginal, de los incentivos económicos, de la elasticidad del empleo, de la eficiencia de los mercados laborales.
Un lenguaje extraordinariamente tecnificado, respaldado por evidencia empírica; construido sobre décadas de investigación académica y que ha terminado convirtiéndose en la lengua franca de gran parte del diseño de las políticas públicas chilenas desde el retorno a la democracia.
Ese idioma posee una característica fascinante.
No suele percibirse como una visión del mundo.
Se presenta como si fuera simplemente la descripción objetiva de la realidad.
Quizás ahí reside su mayor fortaleza. Y también su mayor poder.
Durante más de tres décadas, Chile aprendió a escuchar esas mismas expresiones de “flexibilización laboral”, “modernización del mercado del trabajo”, “reducción de rigideces”, “costos de contratación” o “mecanismos de ajuste”, sin detenerse demasiado a pensar que toda forma de describir la realidad implica también una determinada manera de comprenderla.
Ningún lenguaje es inocente. Todos iluminan ciertas dimensiones de los hechos y dejan otras inevitablemente en penumbra.
El lenguaje jurídico observa derechos.
El lenguaje médico observa enfermedades.
El lenguaje militar observa amenazas.
Y el lenguaje económico observa incentivos, recursos escasos, productividad y costos.
No hay algo reprochable en ello.
El problema comienza cuando uno de esos lenguajes deja de reconocerse como un punto de vista entre otros y pasa a ocupar el lugar de la realidad misma.
Eso fue lo que ocurrió con buena parte de la tecnocracia chilena nacida durante la transición.
Economistas, ingenieros, especialistas en políticas públicas y expertos en regulación adquirieron progresivamente un prestigio que trascendía los cambios de gobierno.
Mientras la política se dividía entre izquierdas y derechas, ellos parecían habitar un territorio superior, donde las ideologías se suspendían y sólo permanecían los datos.
David Bravo representa probablemente esa tradición, como pocos.
No es un economista identificado con una sola coalición ni con un único proyecto político. Su trayectoria constituye casi una biografía paralela de la tecnocracia chilena contemporánea.
Desde los primeros gobiernos de la transición, partiendo por el de Aylwin, comenzó a desempeñar funciones de asesoría en materias laborales y previsionales.
Más tarde fundó y dirigió el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, transformándolo en uno de los principales espacios de producción de evidencia estadística sobre empleo y pobreza. Luego, encabezó el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica, participó durante décadas en investigaciones vinculadas a la Encuesta CASEN y a estudios de ocupación y desocupación, presidió la comisión presidencial sobre pensiones durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet -la conocida Comisión Bravo-, colaboró con iniciativas impulsadas durante los gobiernos de Sebastián Piñera y continuó siendo una referencia permanente para la discusión previsional y laboral incluso durante la administración de Gabriel Boric, cuyos propios dirigentes destacaban con frecuencia la necesidad de sostener las reformas sobre evidencia y no únicamente sobre consignas.
Pocas trayectorias condensan con tanta claridad esta característica singular de la política chilena: Los gobiernos cambiaban. Los ministros cambiaban. Las coaliciones se sucedían unas a otras prometiendo inaugurar un nuevo ciclo. Pero determinados expertos permanecían. No porque fueran operadores políticos. Precisamente porque parecían no serlo.
Su legitimidad provenía de otro lugar.
No hablaban en nombre de un partido.
Hablaban en nombre de los datos.
Y cuando alguien habla en nombre de los datos, resulta mucho más difícil advertir que esos datos siempre necesitan un marco conceptual para adquirir significado.
Los números nunca hablan solos. Siempre hay alguien que formula la pregunta, selecciona las variables relevantes, decide qué medir, qué comparar y qué objetivo optimizar.
La evidencia puede informar extraordinariamente bien una decisión. Pero jamás reemplazarla.
Porque antes de preguntarnos cuál política genera más empleo, siempre existe otra pregunta, inevitablemente política: ¿qué entendemos por trabajo?, ¿qué derechos consideramos irrenunciables?, ¿qué nivel de protección estamos dispuestos a sacrificar en nombre de una mayor eficiencia?, ¿qué tipo de sociedad queremos construir?
Son preguntas de valores. No de regresiones estadísticas.
Y, sin embargo, durante gran parte de los últimos treinta y cinco años se actuó como si ambas fueran equivalentes.
Ese barniz de neutralidad es el que contribuyó a que la lógica de fondo -la persona como costo, el despido como variable de ajuste, el trabajador como pasivo contable cuando deja de ser rentable- se fuera instalando sin ruido, comisión tras comisión, informe tras informe, durante más de tres décadas, protegida siempre por el prestigio técnico de quien la enunciaba.
La frase “cada persona es un cacho” no inaugura esa lógica: la destapa.
Quizás por eso produjo un efecto tan perturbador.
No porque revelara necesariamente el pensamiento íntimo de David Bravo. Sino porque rompió, por un instante, la traducción habitual entre el lenguaje técnico y el lenguaje cotidiano.Hasta ese momento la discusión transitaba por conceptos abstractos: costos de despido, incentivos a la contratación, rigideces del mercado laboral. De pronto apareció una palabra que ningún economista habría incluido en un informe técnico.
“Cacho.” Conviene detenerse en ella. Tampoco un pasivo financiero. Ni siquiera una carga.
Porque en Chile no designa simplemente un costo.
“Cacho” es una palabra profundamente corporal. Nombra aquello que estorba. Lo que ocupa espacio. Lo que dificulta avanzar. El trámite interminable.
El problema del que uno quisiera desprenderse cuanto antes.
Por eso produjo tanta incomodidad.
No porque modificara el contenido técnico de la explicación.
Sino porque tradujo ese contenido a un lenguaje que cualquiera podía comprender de inmediato.
Obviamente, la discusión pública y mediática, se concentró casi exclusivamente en determinar si Bravo había querido decir exactamente eso… O si la frase había sido injustamente sacada de contexto.
Pero mientras el país -vía inundar la zona- debatía la intención del economista, pocas personas se detuvieron a examinar aquello que verdaderamente importaba: el contenido e impacto de las propuestas que su mesa acababa de entregar al Ministerio del Trabajo.
La Mesa de Reactivación Laboral no fue convocada para producir un ensayo académico.
Fue convocada para formular política pública. Durante cuarenta y nueve días reunió a representantes del mundo empresarial, académico y laboral, y terminó entregando veintidós recomendaciones destinadas a enfrentar uno de los problemas más persistentes de la economía chilena: un mercado del trabajo incapaz de recuperar el dinamismo perdido y un desempleo que, al momento de conocerse el informe, alcanzaba el 9,4 %, la cifra más alta desde, Piñera, a mediados de 2021.
No era un ejercicio intelectual. Era una hoja de ruta.
Entre esas recomendaciones apareció una que estaba en el programa original de Kast: estudiar el reemplazo gradual de la indemnización por años de servicio por un sistema de indemnización “a todo evento”, financiado mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía y aplicable inicialmente a los nuevos contratos.
Otra propuso ampliar el horizonte temporal sobre el cual pueden promediarse las jornadas laborales, bajo el argumento de otorgar mayor flexibilidad a empresas y trabajadores para adaptarse a ciclos productivos variables.
Se puede discutir seriamente cada una de esas propuestas.
Hay argumentos económicos para defenderlas. También existen argumentos jurídicos, sociales y políticos igualmente sólidos para rechazarlas.
Ese no es el punto.
Lo verdaderamente relevante es advertir que todas descansan sobre una misma pregunta inicial: ¿cómo reducir aquellos elementos que desincentivan la contratación?
La pregunta parece inocente. Sin embargo, contiene ya una determinada forma de mirar el problema.
Porque sitúa el centro de gravedad en la decisión del empleador. El trabajador aparece entonces como parte de la ecuación de costos que condiciona esa decisión.
No es una caricatura. Es el tipo de análisis que utiliza la economía laboral contemporánea cuando estudia los efectos que determinadas regulaciones producen sobre la creación de empleo.
Desde ese punto de vista, la indemnización por años de servicio puede transformarse en un costo esperado que algunas empresas internalizan antes de contratar.
La conclusión técnica es conocida: si disminuye el costo potencial del despido, aumenta el incentivo a contratar.
Pero la discusión no comienza allí. Comienza un paso antes.
Porque todavía queda pendiente decidir si ése debe ser el único objetivo que optimice una
política laboral.
Una sociedad puede valorar simultáneamente la creación de empleo y la estabilidad en el trabajo.
Puede considerar legítimo que despedir tenga un costo precisamente porque el empleo no constituye una mercancía cualquiera.
Puede estimar que la incertidumbre empresarial merece protección. Pero también que la incertidumbre del trabajador merece una protección equivalente.
Ninguna de esas decisiones puede resolverse sólo mediante una hoja de cálculo.
Todas implican una determinada concepción acerca de la relación entre economía y sociedad.
Y aquí es donde David Bravo deja de ser solamente un economista prestigioso para transformarse en un símbolo de algo mucho más amplio.
Porque su historia profesional permite recorrer, casi como una línea continua, la evolución de la tecnocracia chilena desde el retorno a la democracia.
Fue la primera vez, en treinta y cinco años de carrera transversal, en que el lenguaje técnico dejó ver lo que durante décadas había permanecido oculto bajo su propio vocabulario. Lo que estuvo ahí desde el asesoramiento a Cortázar en 1990: que en esta arquitectura de política pública, moderna en lo instrumental y republicana en su legitimidad democrática, la persona que trabaja siempre fue, en el fondo, una línea de costo que había que optimizar.
Su nombre aparece una y otra vez allí donde el Estado necesita vestir de evidencia decisiones particularmente sensibles.
Empleo.
Pensiones. Mercado laboral.
Capacitación.
Productividad.
Protección social.
Gobierno tras gobierno. Administración tras administración. Coalición tras coalición.
No importa demasiado el color político de La Moneda.
Importa que exista alguien capaz de producir el lenguaje que convierte decisiones profundamente políticas en decisiones aparentemente inevitables.
Ése ha sido, probablemente, el mayor triunfo de la tecnocracia chilena. No convencer al país de determinadas políticas.
Convencerlo de que esas políticas no pertenecen al terreno de la política. Que son simplemente la consecuencia natural de “lo que muestran los datos”.
Allí reside una diferencia fundamental que rara vez discutimos.
Los datos no contienen ideología. Pero las preguntas que hacemos con esos datos sí.
La evidencia puede demostrar que una determinada regulación reduce la contratación. No puede demostrar que esa regulación carezca de valor social.
Puede estimar cuánto cuesta una indemnización. No puede calcular cuánto vale la seguridad de saber que perder el empleo no significará caer inmediatamente en la indefensión.
Puede evaluar productividad. Pero no puede medir dignidad.
Y cuando olvidamos esa diferencia, la política comienza a delegar sus propias responsabilidades en quienes nunca fueron elegidos para ejercerlas.
Durante décadas aprendimos a admirar esa figura.
El experto.
El técnico.
El profesional que aparentemente observa la realidad desde ninguna parte. Sin intereses. Sin preferencias. Sin ideología.
Como si existiera un lugar desde el cual pudiera contemplarse la sociedad sin participar de ella.
Pero ese lugar no existe. Nunca existió.
Todo experto selecciona un marco conceptual.
Toda disciplina privilegia determinadas preguntas.
Todo modelo deja inevitablemente aspectos fuera de su campo de visión.Esto no constituye una descalificación. Constituye una condición inevitable del conocimiento.
Lo equívoco comienza cuando ese recorte deja de reconocerse como un recorte y pasa a presentarse como la totalidad.
Quizás por eso la trayectoria de David Bravo resulta reveladora. No porque haya servido a gobiernos de distinto signo. Eso, en sí mismo, habla bien de su prestigio profesional.
Lo llamativo es que ninguno de esos gobiernos pareciera haber considerado necesario interrogar el marco desde el cual ese prestigioso hombre producía sus respuestas.
Se discutieron porcentajes. Se discutieron mecanismos. Se discutieron cronogramas. Se discutieron modalidades de implementación. Pero casi nunca se discutieron algunas preguntas previas.
¿Desde qué concepción del trabajo estamos pensando estas reformas? ¿Desde qué idea de ciudadanía? ¿Desde qué comprensión de la empresa? ¿Desde qué noción de persona?
Cuando esas preguntas desaparecen del debate, la técnica comienza a ocupar el lugar de la deliberación democrática.
Y entonces ocurre un fenómeno curioso, que hemos vivido, una y otra vez, desde el retorno a la democracia.
Las diferencias entre gobiernos parecen enormes durante las campañas electorales. Pero disminuyen considerablemente cuando llega el momento de diseñar instituciones.
Ahí reaparece el mismo vocabulario. Las mismas categorías. Las mismas métricas. Los mismos indicadores de éxito.
Como si el horizonte posible de la discusión ya hubiera sido definido mucho antes de que comenzara la discusión misma.
Es en ese punto donde la frase “cada persona es un cacho” deja de ser una anécdota. Ya no importa si fue un error verbal. Ni siquiera importa demasiado, si reflejaba exactamente lo que Bravo quiso expresar.
Lo relevante es que hizo visible, durante unos pocos segundos, el tipo de traducción que normalmente permanece oculta bajo el lenguaje de la experticia.
Y cuando esa traducción se vuelve visible, la conversación… Deja de ser una discusión sobre indemnizaciones. Empieza a ser una discusión sobre la forma en que una sociedad decide mirar y considerar a quienes trabajan.
Durante más de un siglo, las disputas laborales nunca giraron solamente en torno al salario.
Detrás de la jornada de ocho horas, del descanso dominical, de la seguridad social, de las vacaciones, de las indemnizaciones o de la negociación colectiva había una convicción mucho más profunda: impedir que el trabajo terminara reducido a una simple mercancía y que quien trabaja pudiera ser tratado como una variable más dentro del proceso productivo.
Ésa fue, probablemente, una de las mayores conquistas políticas de las democracias modernas. No porque resolviera definitivamente esa tensión. Todo lo contrario: Porque la hizo permanente.
Desde entonces, cada generación ha debido volver a responder la misma pregunta: ¿qué parte de la vida puede quedar entregada exclusivamente a la lógica del mercado y qué parte merece una protección que ningún cálculo de eficiencia puede sustituir?
Las respuestas cambian.
Las economías cambian.
Las tecnologías cambian.
Lo que no cambia es la pregunta.
Por eso la controversia provocada por David Bravo importa mucho más de lo que parece. No porque haya utilizado una expresión desafortunada. Tampoco porque una comisión proponga modificar las indemnizaciones.
Esas discusiones son legítimas y seguirán existiendo mientras existan economías abiertas y mercados laborales complejos.
Lo que creo que merece atención es otra cosa.
Que una sola palabra haya sido suficiente para recordarnos que el lenguaje nunca es neutro.
Siempre revela qué aspectos de la realidad aprendimos a mirar… y cuáles dejamos lentamente de ver.
Durante treinta y cinco años aceptamos discutir el trabajo con técnica creciente. Aprendimos a hablar de productividad, de incentivos, de flexibilidad, de tasas de reemplazo, de capital humano y de costos asociados. Todo ese conocimiento es indispensable. Sería absurdo renunciar a él.
La pregunta es si, mientras incorporábamos ese vocabulario, dejamos también de escuchar otro.
El que no pregunta cuánto cuesta un trabajador. Sino qué significa una persona para una comunidad política.
Porque una república puede permitirse muchos desacuerdos. Puede discutir impuestos, crecimiento, regulación, gasto público o reformas laborales.
Lo que no debería perder nunca es la capacidad de distinguir entre el precio de una relación laboral y el valor de quien la sostiene.
Lo que importa, no es haber dicho una palabra. Es haber confundido un lenguaje con la realidad.
Y haber olvidado, que antes de toda estadística, antes de toda productividad y antes de todo costo, siempre aparece una persona.
Tal vez ése sea, después de todo, el verdadero lapsus de estos treinta y cinco años.
No el de David Bravo.
El nuestro.
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