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Rumania – Las más grandes protestas callejeras desde 1989

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Protesters take part in a demonstration against government plans to grant prison pardons and decriminalize some offences through emergency decree, in Bucharest, Romania, January 22, 2017. Inquam Photos/Liviu Florin Albei via REUTERS

¿Qué posición debe tomar la izquierda?

Mâna de Lucru (CIT en Rumania), 04/02/2017

Las manifestaciones callejeras masivas estallaron a finales de enero en varias ciudades rumanas en protesta de los planes del nuevo gobierno socialdemócrata de aprobar dos órdenes ejecutivas que debilitarían la legislación anticorrupción. Las protestas alcanzaron su punto más alto esta semana, el miércoles, con aproximadamente 400.000 personas tomando las calles de todo el país en las mayores manifestaciones masivas desde la Revolución. A pesar de algunos de los rasgos de derecha de las protestas, la izquierda necesita intervenir y plantear una alternativa correcta al gobierno y a las fuerzas que tratan de capitalizar la indignación popular.

El Partido Socialdemócrata (PSD) ganó las elecciones generales de diciembre pasado con un confortable 45%. Sin embargo, ese triunfo tuvo menos que ver con su agenda (un híbrido de medidas económicas neoliberales y proteccionistas) que con la falta de una alternativa real para abordar los problemas socioeconómicos a los que se enfrentan millones de rumanos; Por lo tanto, la baja participación de menos del 40%, con sólo el 18% del electorado votando por PSD.

La primera medida del nuevo gobierno fue aumentar el salario mínimo, que sigue siendo el más bajo de la UE después de Bulgaria. El aumento se produjo principalmente para apoyar a los capitalistas nacionales, cada vez más preocupados de que se les acaba la mano de obra barata, que prefieren ir a trabajar por el salario mínimo en los países occidentales. De esta manera, PSD quería dar cierta tranquilidad a las capas más pobres de la clase obrera (parte de su base social tradicional), al mismo tiempo que servía los intereses del capital nacional que realmente representan.

Pero el PSD también representa los intereses de gran parte de las burocracias centrales y locales, incluyendo a los miembros del partido que actualmente están siendo investigados o ya han sido condenados por corrupción. El propio líder del partido, Liviu Dragnea, está cumpliendo una sentencia suspendida de dos años por fraude electoral en el referéndum presidencial de 2012, por lo que no pudo convertirse en primer ministro esta vez, pero dio la posición a un fiel compañero de partido, Sorin Grindeanu. Además, actualmente está siendo investigado por presuntamente malversar 108.000 lei (aproximadamente 24.000 euros) y una condena en este caso también lo enviaría a prisión por ambas penas.

Es por eso que en enero el gobierno anunció su plan para pasar por dos órdenes ejecutivas que no habían sido estipuladas en absoluto en el programa electoral de PSD. Uno llevaría amnistía a algunos de los que cumplen condenas en prisión o suspensión por corrupción y el otro descriminalizaría los abusos de cargos que implicaran pérdidas por debajo de 200.000 lei, lo que evidentemente beneficiaría a Dragnea en caso de que se le encuentre culpable en su juicio en curso. A pesar del intento de justificar estas órdenes ejecutivas como una reforma muy necesaria del derecho penal y una forma de abordar la superpoblación de las cárceles rumanas, provocaron protestas callejeras en varias ciudades importantes y una gran presión sobre el gobierno, tanto por parte de los manifestantes como de la oposición de derechas, para revocar sus planes o al menos someterlos al debate público.

Después de unas precipitadas consultas públicas a principios de semana, el gobierno decidió enviar la propuesta de amnistía en el Parlamento para el debate, pero todavía pasó por la orden ejecutiva en relación con el abuso de cargo, que hicieron a la medianoche, el 1 de febrero. Esto provocó enormes protestas el miércoles por la noche, las más grandes en Rumania desde 1989, con 150.000 personas en Bucarest y 400.000 en todo el país demandando la anulación de la orden e incluso la renuncia del gobierno y rápidas elecciones.

La indignación popular está totalmente justificada. Bajo el pretexto de cuestiones legítimas, como la reforma del derecho penal o la superpoblación de prisiones, la orden ejecutiva del PSD en relación con el abuso de cargos tiene claramente por objeto proteger a su líder de la prisión. De hecho, el cambio implicaría una amnistía de todos los ya condenados por abusos de cargos que resultaron en pérdidas por debajo de 200.000 lei. Pero quizás la disposición más preocupante de la ley modificada es la despenalización de aquellos que crean o implementan leyes que violan los derechos humanos o que discriminan a las personas en base a su género, etnia, religión, orientación sexual, ingreso o afiliación política. Eso básicamente significa que podríamos tener leyes racistas en Rumania sin que nadie tenga que ir a prisión por crearlas o implementarlas.

Con esta orden ejecutiva, el PSD demostró una vez más que no es un partido de izquierda, que representa los intereses de la clase obrera y de los grupos sociales oprimidos, sino un partido para los oligarcas corruptos y los burócratas, un partido cuyas medidas sociales son tomadas en beneficio del capital nacional. En lugar de reformar la legislación laboral, que es una de las leyes más anti-laborales de Europa, PSD se preocupa por reformar el derecho penal en beneficio propio.

En lugar de defender a millones de rumanos explotados y maltratados en sus lugares de trabajo (como los trabajadores de la fábrica De’Longhi cerca de Cluj, que están siendo obligados a firmar cartas de despido debido a la huelga en diciembre por sus bonos sin pagar), el PSD defiende burócratas corruptos – esta es su prioridad número uno en un país lleno de pobreza y desigualdad.

Algunos de los medios de comunicación que defienden la orden ejecutiva argumentan – al igual que los defensores de Trump estos días – que la democracia requiere que les permitamos gobernar como quieran porque han ganado las elecciones democráticamente. Pero la democracia no se limita a elegir un partido capitalista u otro cada cuatro años. Democracia también significa el derecho a protestar contra el gobierno, especialmente cuando ese gobierno planea hacer cambios abusivos que no fueron incluidos en la agenda sobre la  la cual ganó las elecciones.

Sin embargo, la situación es más compleja de lo que parece y las protestas muestran varios límites que reflejan las condiciones subjetivas actuales en Rumania. Estas deficiencias no se aplican a todos los manifestantes sin embargo y la caracterización del desarrollo futuro de las protestas también depende de cómo la izquierda se posicionará hacia las protestas.

En primer lugar, hay una tendencia a demonizar a todo el electorado del PSD, a menudo en términos de clase, ya que son considerados como “mendigos de subsidios ” que “venden” su voto al PSD, a pesar de que tenemos el menor porcentaje de personas con subsidios en la UE y que muchos de los manifestantes son los propios votantes del PSD, que en diciembre no votaron por la amnistía de los políticos corruptos. De hecho, esta demonización viene llena de una perezosa narración sobre “las dos Rumanias”: por un lado, la mitad urbana, de clase media, educada que quiere un país democrático y moderno y que ahora está en las calles; Por otro lado, la mitad rural, pobre, sin educación que nos retiene votando por partidos corruptos como el PSD. Una de las tareas de la izquierda ahora es precisamente rechazar esta falsa dicotomía y demostrar que la mayoría de los rumanos, ya estén en la calle o en casa, tienen intereses comunes como clase, como tener mejores salarios, vivienda asequible, servicios públicos de calidad y, menos corrupción institucional.

En segundo lugar, las protestas tienden a pasar por alto los abusos cometidos en la lucha contra la corrupción en sí, en particular por la Dirección Nacional de Anticorrupción (DNA), que ha utilizado métodos de investigación semi legales, incluyendo testimonios hechos bajo presión, amenazas contra familiares de sospechosos y los testigos, la detención preventiva como una forma de apalancamiento, etc. (véase el informe de la Sociedad Henry Jackson). De hecho, esto ha ocurrido a menudo con la ayuda del Servicio de Inteligencia Rumano (SRI), el heredero de la anterior Securitate stalinista, con muy poca supervisión de funcionarios estatales elegidos y que, a pesar de algunas restricciones legales, se ha infiltrado en todos los estratos de la sociedad rumana, desde políticos y periodistas hasta el entorno empresarial. Por otra parte, la lucha contra la corrupción en Rumania se ha limitado a la corrupción política y burocrática, alimentando así la percepción de que se ha convertido parcialmente en un instrumento de la lucha por el poder entre diferentes sectores de la clase dominante. De hecho, en particular en un país tan pobre y desigual como Rumania, una verdadera lucha contra la corrupción también debe apuntar a la corrupción del capital, como las sombrías privatizaciones que han arruinado la industria del país o las prácticas bancarias abusivas que el jefe del banco central está defendiendo sin vergüenza mientras escribimos. Por lo tanto, aunque claramente se oponga a la corrupción del PSD, la izquierda también necesita llamar la atención sobre otras formas de corrupción que el DNA y el SRI han estado ignorando.

En tercer lugar, la izquierda también debe exponer los rasgos de derecha que han caracterizado en parte las protestas hasta el momento, como eslóganes que glorifican el abuso sexual en las cárceles o que llaman al PSD “la peste roja” (término usado por los fascistas rumanos en los años treinta para describir a los comunistas). De hecho, algunas de las fuerzas políticas de derecha, incluido el Presidente Klaus Iohannis, han asistido a las protestas y están claramente tratando de capitalizarlas, aunque estas fuerzas forman tanto parte del problema como el PSD. Por eso es importante que, al igual que en los anteriores movimientos callejeros de 2012 y 2013, los manifestantes expresen su oposición a todo el establishment político por su responsabilidad colectiva de hacer de Rumania un país donde el 40% de la población vive al borde de la pobreza .

Sin embargo, a pesar de estos límites -que en parte indican el nivel de conciencia en la sociedad rumana, pero también la pobre organización de la izquierda aquí- estas protestas son perfectamente legítimas en su indignación. La izquierda no puede quedarse a un lado sólo por los eslóganes de derecha o por las fuerzas de la derecha que tratan de beneficiarse de las protestas. De hecho, la izquierda tiene que intervenir no a pesar de estos matices derechistas, sino precisamente a causa de ellos, porque tiene que proponer una voz alternativa de clase para la indignación anti-PSD y la ira anti-establishment más amplia. De hecho, sólo al intervenir en las luchas populares la izquierda puede desarrollarse políticamente y, al mismo tiempo, exponer al PSD aún más claramente como el partido de derecha que es. De lo contrario, la derecha seguirá monopolizando esos estallidos de desilusión popular en el futuro.

Por lo tanto, como señaló Mâna de Lucru (partidarios del CIT en Rumania) en una declaración publicada el viernes, la izquierda tiene que denunciar categóricamente al gobierno del PSD por todos sus abusos no democráticos y su agenda de derecha, al tiempo que llama la atención hacia los límites de la lucha contra la corrupción, así como los rasgos de derecha de las protestas, en particular la demonización de los votantes del PSD y la falsa dicotomía de las “dos Rumanias” sobre las que descansa. Pues tal narrativa de división sirve bien a todos los partidos políticos, precisamente porque oscurece nuestros intereses comunes como trabajadores y la ausencia de una representación política real de estos intereses. La tarea principal de la izquierda en estos días es destacar estos intereses comunes de nuestra clase y la necesidad de construir una alternativa política socialista que genuinamente luche por ellos.

El sábado por la noche, el primer ministro Grindeanu anunció que habrá una reunión del gobierno el domingo, donde la orden ejecutiva será retirada y reenviada al Parlamento para el debate, con el umbral de 200.000 lei para la criminalización de abusos de cargo. Queda por ver si las protestas continuarán o no.

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